DE LA EXPERIENCIA PARLAMENTARIA DEL ESEQUIB(V)O

Esequib(v)o: enunciados para una discusión

Luis Barragán J.

Introducción

Atender el problema esequibano desde una perspectiva académica y política, implica no sólo el cabal conocimiento que ha de suscitar tan delicada y compleja materia, sino la preocupación y la posibilidad creadora de hallar las respuestas más adecuadas. Las que necesariamente deben conjugarse con un tratamiento responsable por parte de todas las instancias institucionales, entre ellas Asamblea Nacional, cuya obligación fundamental es la de oír a todos los sectores del país y, específicamente, no temer a los aportes de la Academia.

Más allá de las meras circunstancias noticiosas, reconocemos un problema capaz de provocar tensiones, perturbaciones o ruidos, reales o artificiales, que ameritan  para superarlos  del concurso organizado de la ciudadanía y – sobre todo – de un enfoque que repare en el laberinto de las dificultades que pueda generar al propio sistema político. Susceptibles de  alcanzar una insospechada gravedad, remiten – explícita e implícitamente - a determinadas convicciones sobre las demandas que son o pueden hacerse extremadamente (in) sensibles, provocando no pocos riesgos y peligros, según los recursos, las oportunidades  y  las (in) decisiones adoptadas por las autoridades públicas. 

Por ello, el planteamiento del Proyecto de Ley Especial del estado Esequivo (sic)  ha de contextualizarse en una reclamación que ha sido y aún es,  histórica y en las vicisitudes actuales, sumado el debate escenificado por la Asamblea Nacional, las cuales enunciamos, conscientes de las responsabilidades que nos competen.[1]

 

I.- Una básica correlación

Redundando en la historia consolidada de la reclamación del Territorio Esequibo del cual fuimos objeto de un injusto despojo,  requerimos de respuestas inscritas en una Política de Estado, cuya formulación involucre e implique a todos los sectores de la vida nacional, institucionalizando las coincidencias y las diferencias antaño aceptadas y procesadas, en el marco de una mayor estabilidad del sistema político, a pesar de las coyunturas difíciles que confrontó. Más allá del tratamiento formal de la materia, no olvidemos a una población directamente afectada, además de la memoria de ingratas experiencias.

a) Despojo e (in) estabilidad política

Consabido, Venezuela fue víctima de un despojo deliberado y sistemático del territorio Esequibo por  Gran Bretaña, consagrado mediante el Laudo Arbitral de París de 1899, anegado de abusos e irregularidades. Resulta importante acotar que la injusta decisión afectó a un país económicamente débil, rehén de una continua inestabilidad política e institucional retratada por incontables guerras y escaramuzas civiles, dato éste que, a nuestro juicio, solemos olvidar a la luz de una historiografía que suele solamente resaltar las arbitrariedades de las grandes potencias del mundo, por entonces.

En 1949, Otto Schöenrich, en representación de Severo Mallet-Prevost, uno de los defensores de Venezuela en el juicio arbitral, reveló públicamente el contenido de un memorándum mediante el cual,  denuncia la componenda de París. Poco antes y mucho después, el dictamen no sólo propició el continuo y profundo estudio jurídico del caso, sino también la sucesión de iniciativas parlamentarias y gubernamentales que, a la postre, lo orientaron hacia una Política de Estado: enunciemos,  pronunciamientos del Congreso venezolano, 1944; denuncia ante la XIX Conferencia Interamericana de Bogotá, 1948; reafirmación de nuestras aspiraciones ante  la IV Reunión de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores en Washington, 1951; ratificación en la X Conferencia Interamericana de Caracas, 1954; posición de una delegación parlamentaria en su visita a Londres, 1960; distintos pronunciamientos de Cancillería y de la Cámara de Diputados, incluyendo la expresa solicitud de nulidad del Laudo ante el Comité Político Especial de la ONU, 1962; como otras posturas y labores sostenidas hasta 1999, pacíficamente relacionadas por la literatura existente, añadido el decisivo Acuerdo de Ginebra de 1966.[2]

Interesa acentuar tres notas esenciales: la efectiva reclamación del Esequibo coincide con un período de estabilización política e institucional del país en el siglo XX, relativamente afectada por los cambios de régimen, dándole una considerable continuidad y perfeccionamiento a nuestros alegatos jurídicos. Vale decir, hay una suficiente consolidación en los campos historiográfico y jurídico, sin que sepamos de variaciones sustanciales en uno y en otro, excepto las de naturaleza eminentemente política de los últimos años.

b) Dimensión humana del problema

Importante hito, a finales de 1968 y principios de 1969, cuaja un movimiento insurreccional en la Zona del Rupununi, cruelmente reprimido por Georgetown, con el propósito de separarse de Guyana e integrarse a Venezuela. Apenas celebrados los comicios presidenciales en nuestro país, se produjo una impacto polémico en torno a la posición adoptada por Caracas, cuyo gobierno no dio todo el apoyo abierto  y expreso que algunos sectores políticos esperaban, incluidos los insurrectos; y, a lo sumo, ceduló a los refugiados.

Transcurrido el tiempo, se diluyó el interés de la opinión pública venezolana  por la citada insurrección y, a pesar de los esfuerzos realizados por la Academia, todavía – de sobrevivir – no hay toda la documentación desclasificada  que aclare y avale a un movimiento que aún queda en la memoria histórica de los habitantes de la zona. Lo peor, ha disminuido la atención respecto a sus habitantes, con expectativas de convertirse en venezolanos y, aun formalmente, ostentando la nacionalidad, herederos de los antiguos refugiados, no gozan del mínimo interés por nuestras autoridades.

Irrenunciable realidad humana, agreguemos que las comunidades indígenas de la región esequibana, soportan una calamitosa situación social, económica y de salubridad, amén del delito organizado derivado de las actividades mineras, entre otras. Por consiguiente, colegimos, no ha existido una Política de Estado para la población esequibana, en contraste con la que suscitó la reclamación territorial.[3]

c) Una clave para  la actualización del problema

El 17 de febrero de 1966, es suscrito el Acuerdo de Ginebra entre Venezuela y Gran Bretaña, meses antes que ésta le concediera la independencia a Guyana, obligando a las partes a buscar una solución para la controversia. Por cierto, lo reseña la prensa de la época, la delegación venezolana estuvo también conformada por representantes de todos los partidos, añadidos los de una inequívoca oposición al presidente Raúl Leoni, cuyo gobierno estaba sometido a las más variadas y fuertes tensiones internas, sumadas a las francamente subversivas.

La suscripción del Acuerdo gozó de un apoyo difuso que no impidió el planteamiento de las diferencias en la opinión pública y en los debates parlamentarios, sobre ésta y – con mayor razón y fuerza – otras materias afines. Breve digresión conceptual, la decisión adoptada, como toda la discusión generada, nos habla de un equilibrio constitucional en el que concursaron los actores políticos con el empleo de los recursos disponibles[4], irrepetible en el curso del siguiente siglo por lo que respecta a la separación de los órganos del Poder Público y el reconocimiento cabal de la opinión pública, así como de los grupos de interés.

Acotemos, el Acuerdo sugiere la concepción de una política pública en el ámbito exterior, por no citar su directa o indirecta relación con la gobernabilidad, clave para actualizar el problema esequibano. En tal sentido, hoy pecamos de la doble perspectiva del historicismo y del juridicismo, cultivándolos como si bastara para responder a los hechos concretos que la dinámica política impone, necesitados de soluciones creadoras.

II.- Vicisitudes, iniciativas y diligencias del tiempo presente

La conducta y posturas de la bancada oficialista que dominó el parlamento nacional hasta el 10 enero 2016, autocalificada como heredera del remoto antipuntofijismo parlamentario, aventajada por el desequilibrio de los poderes, rechazó la más modesta inquietud y, con mayor razón, el abierto cuestionamiento de las políticas vinculadas con la materia esequibana.  Desconocida hasta la visión misma que tiene de sí el vecino país, no sólo evadió el problema, sino que las respuestas que intentó la bancada opositora, cuyas diligencias y preocupaciones – sospechamos – intimida a los partidarios del régimen, les resultan «incomprensibles».

a) Heredad antipuntofijista

De tratarse de alguna novedad histórica, debemos referirnos – por ejemplo – a los debates parlamentarios de la década de los sesenta del siglo XX, subrayando las posiciones asumidas por los sectores que podemos tildar de la oposición antipuntofijista, no adscritos al pacto de 1958, supuestos o reales predecesores del movimiento liderado en la siguiente centuria por Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Particularmente,  el historiador Hernán Castillo, ilustra la subordinación de los intereses nacionales a los partidistas por el Partido Comunista de Venezuela «corta visión política», aquejados todos los congresistas por la «tradicional falta de realismo de la política exterior venezolana». Sin embargo, precisamos que, a  la predominante animadversión sentida hacia el régimen por entonces prevaleciente, se sumó una suerte de complejo: tratando de salvaguardar las convicciones anticolonialistas, por cierto, común en los parlamentarios de los más variados partidos, confundieron los procesos del reclamo esequibano y de la independencia guyanesa, sobre la cual no deseaban dejar duda alguna, impidiéndoles la consideración de otras alternativas al problema.[5]

Circunstancia paradójica, pues, décadas más tarde, los pretendidos herederos, ciertos o inciertos, tendrán que afrontar la materia y, padeciendo un complejo semejante, a pesar de las serias responsabilidades de gobierno que les compete, los integrantes de la bancada oficialista del actual período, optan por evadir sistemáticamente su planteamiento,  al igual que justifican y respaldan inequívocamente las posiciones y gestiones presidenciales. Salvo un muy reducido elenco que apela a voces históricamente significativas, en lo esencial, relacionadas con el colonialismo y el imperialismo, el resto de los diputados gubernamentales del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) corean las consignas que apuntan al entreguismo, intriga y subversión opositora, temiendo – además – concretar cualquier consideración de fondo que pueda contradecir al Ejecutivo, incapaz de consultarlos.[6]

Problemas previsibles o sobrevenidos, suscitados durante el período legislativo (2011-2016), no saben de un directo y oportuno tratamiento en las sesiones plenarias de la Asamblea Nacional, rechazadas cualesquiera mociones de modificación del Orden del Día que procuraba hasta indirectamente ventilarlos, aunque la oposición logró hacerlo a propósito de otros y diferentes puntos agendados. 

Excepto el único debate escenificado en el año 2015, luego del largo monólogo del presidente Nicolás Maduro, se evidencia el desequilibrio inconstitucional en el tratamiento de las demandas políticas que manifiesten la preocupación o, mejor, angustia por la incompetencia manifiesta de la Cancillería, las concesiones petroleras en aguas venezolanas del Atlántico, la ausencia de respuestas formales e inmediatas frente al gobierno de Georgetown, los decretos sobre la Fachada Atlántica, la delimitación de áreas pendiente con las Antillas Menores,  el fallecimiento del Buen Oficiante y el nombramiento de un representante venezolano a tiempo completo ante su oficina, el padecimiento social y económico de los habitantes del territorio reclamado y sus aledaños, las condiciones de insalubridad reinantes,  la precaria situación de los esequibanos en Venezuela, la ilegal explotación minera en la zona y otras prácticas abiertamente delictivas, la injerencia cubana, los excesos de Petrocaribe,  el peso de la Commonwealth, entre otras facetas y aristas, por no mencionar la dudosa posición del gobierno de Caracas sostenida en más de década y media sobre el propio Acuerdo de Ginebra que los guyaneses pretenden desconocer.

b) Proselitismo y realidades

Privilegiadas las relaciones bilaterales, obviando el reclamo territorial, las visitas de Chávez Frías y Maduro Moros a la vecina Guyana ha servido a los fines meramente proselitistas de una política exterior que, con escaso realismo, desea aprovecharse de sus precarias condiciones sociales y económicas, como si fuesen suficiente para enmarcarla y adscribirla a los propósitos e iniciativas contempladas en el llamado Plan de la Patria. Condiciones a la que se suma un particular sistema político que ha de responder a las ya sempiternas divisiones raciales, acentuada ahora la reclamación como causante de sus males: David Granger, mandatario guyanés, señaló ante la 36° Cumbre del Caricom, que somos una «carga insoportable», convertida en un «mono a la espalda».[7]

Es de suponer que el actual, como el anterior gobierno, procura atraer las inversiones capaces de coadyuvar al desarrollo económico de los guyaneses.  Por ello, las concesiones petroleras otorgadas en aguas del Atlántico que las intuimos como una promesa de redención, aunque – he acá el problema – también coincidentes con las áreas en reclamación.

Concesiones suficientemente denunciadas por la oposición venezolana, no recibieron la debida atención del gobierno venezolano y la de su bancada asamblearia, la cual quiso amurallar con su displicencia cualquier perturbación complementaria a las que afrontaba o, mejor, confrontaba. Será con la captura y posterior liberación del «Teknik Perdana» por la Armada, que la opinión pública apunte al bloque Stabroek y al anuncio del hallazgo de un importante yacimiento por la Exxon Mobil que condujo a la revalorización de la reclamación esequibana,  como a la torpe ofensiva del gobierno que protestó a la transnacional en lugar de Georgetown, pasando por alto las vicisitudes internas de un país que estrenó a David Granger como gobernante,  un militar de carrera menos discreto que su inmediato antecesor.

c) La inevitable relevancia de un problema

Omitida o administrada por su sucesor, quien ha intentado preservar el legado, pesa la sentencia emitida por Chávez Frías en 2004, durante su visita guyanesa: «El Gobierno venezolano no será un obstáculo para cualquier proyecto a ser conducido en el Esequibo, y cuyo propósito sea beneficiar a los habitantes del área (…) El asunto del Esequibo será eliminado del marco de las relaciones sociales, políticas y económicas de los dos países».[8]  Grave dictamen que ocasionó reacciones en la oposición parlamentaria de entonces, apagadas o diluidas luego, en el marco de una aparente normalización de las relaciones,  señalando un rumbo diferente a la política que se hizo tradicional en defensa de nuestros legítimos intereses.

La materia quedará relegada a un plano secundario, en los años siguientes, frente a las imperativas condiciones políticas internas y, luego de los comicios parlamentarios de 2010, dijo abrirse una ventana para la consideración más sobria de sus implicaciones. Por imposición de la mayoría oficialista, el nuevo parlamento no tramitó solicitud alguna para su consideración, indiferente ante la iniciativa de un grupo de parlamentarios opositores que marcaron una pauta diferente al visitar la zona esequibana.

En efecto, liderado por la diputada María Corina Machado, el grupo – integrado por otros diputados y dirigentes políticos – viajó por tierra hasta Etherimbang.[9]  E, incluso, trabajando responsable e intensamente la materia, en los días siguientes celebró una rueda de prensa frente a Casa Amarilla, sede de la Cancillería en Caracas, en demanda del nombramiento de un representante a tiempo completo por ante la Oficina del Buen Oficiante, e introdujo un Proyecto de Ley para la Defensa y Desarrollo de la Fachada Atlántica que jamás ha considerado la plenaria de la Asamblea Nacional.

III.- Trámite parlamentario

Hay suficientes testimonios de los esfuerzos realizados por la bancada opositora, como del tratamiento dispensado por el oficialismo ante el problema esequibano.  Éste, renunciando a las misiones y funciones esenciales de la Asamblea Nacional, no impide la aparición y multiplicación de nuevos problemas con Guyana, evitando que prosperen soluciones alternas.

a) La insuficiencia de un libreto

Todavía impactada la opinión pública por el anuncio de la Exxon Mobil y la captura del «Teknik Perdana», al igual que por las declaraciones impertinentes del presidente guyanés, la mayoría oficialista no permitió discusión alguna de los problemas, aunque no pudo evitar que, a propósito de los planteamientos de  una distinta naturaleza, se colaran en el hemiciclo. El día 07/04/2015, resulta expresamente negado el debate sobre el Esequibo; el 09/06/15, más de treinta diputados de la oposición infructuosamente exigen por escrito hablar en el seno de la Comisión Permanente de Política Exterior respecto al tema;   el 16/06/15, al plantear un proyecto de acuerdo en solidaridad con la reclamación argentina de Las Malvinas,  al diputado ponente y militante del PSUV, le fue inevitable la alusión esequibana; el 06/07/15, diferido varias veces el compromiso, el presidente Nicolás Maduro acudió a la Asamblea Nacional para un largo monólogo. Y, por fin, el 16/07/15, la plenaria asume la discusión de un asunto tan insólitamente postergado.

Desaparecido el enlace de las redes que remitió a la transcripción no revisada de las intervenciones, digamos que los voceros de ambas bancadas enfatizaron, amén de los antecedentes históricos del asunto, por un lado, los innumerables problemas que comprometen las relaciones venezolano-guyanesas, las diligencias pendientes en el ámbito internacional y algunas propuestas concretas; y, por el otro, denunciaron la manipulación imperialista y conspirativa del caso, cuestionaron la conducta del gobierno de Georgetown, relacionaron las acciones de la Cancillería, concluyendo en el afianzamiento de la Comisión Presidencial para los Asuntos Fronterizos.  Citemos, los voceros del PSUV y PCV, esgrimieron un folleto o libreto previamente distribuido entre ellos, con la versión presidencial del problema.[10]

 

En la bancada opositora, al exigir una Política de Estado, también surgieron tres propuestas concretas, ratificando el Proyecto de Ley para la Defensa y Desarrollo de la Fachada Atlántica, e impulsando el de creación del estado Esequivo (sic) y el de la ampliación del Consejo de Defensa de la Nación. Previendo cualquier escaramuza de sabotaje o bloqueo, los diputados proponentes del Proyecto de Ley Especial del estado Esequivo, lo consignaron por secretaría minutos después de iniciada la sesión, difiriendo la presentación del Proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación.

b) Proyectos normativos

El Proyecto de Ley para la Defensa y Desarrollo de la Fachada Atlántica, consignado a finales de 2013, por un grupo de diputados encabezados por María Corina Machado, fundado en el artículo 10 de la Constitución, tiene por objeto la «adopción de normas y medidas amparadas por el Derecho Internacional Público y el Derecho Interno» para la defensa y desarrollo del área comprendida por el estado Sucre, el estado Delta Amacuro y el territorio ubicado al oeste del Río Esequibo, añadidos los espacios terrestres e insulares, aéreo y aeroespacial, marinos y submarinos. Establece las medidas específicas para la salvaguarda de la fachada, el fortalecimiento de la soberanía y reclamo territorial, nacionalidad, desarrollo integral, la adscripción y autoridades competentes.

El Proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, versa sobre una modificación puntual del articulado, relacionada con la ampliación del Consejo de Defensa de la Nación. Demasiado evidente, la oposición al gobierno nacional, debidamente representada en la Asamblea Nacional,  no tiene ocasión de participar en tan elevada instancia, a pesar de las habituales y  gravísimas circunstancias que invoca el Ejecutivo Nacional.

El Proyecto de Ley Especial del estado Esequivo, tiene por objeto el de crear la entidad federal partiendo del municipio Sifontes del estado Bolívar, integrándole el territorio esequibano, estableciendo el Poder Público Estadal, el Poder de Control de Gestión y  la Representación Parlamentaria Nacional. Redactado por el abogado constitucionalista Sergio Urdaneta, fue impulsado por los diputados Andrés Velásquez, Freddy Marcano, Américo de Grazzia, José Manuel González, Juan Pablo García, Omar González, Leomagno Flores y quien suscribe.

c) Docilidad y servilismo de un parlamento

Es obvio el control ejercido por el gobierno sobre la Asamblea Nacional hasta enero de 2016, reprimió la abierta y libre discusión de los problemas del país. E, incluso, las comisiones permanentes, como las de Política Exterior, Política Interior y Defensa, competentes para abordar la reclamación del Esequibo, tampoco ejercieron cabalmente sus funciones en cumplimiento de una directriz política. Por ejemplo, resultó hasta impensable que la Canciller o cualesquiera funcionarios relacionados, fuesen interpelados en cámara plena o en las comisiones de trabajo.

A pesar de los obstáculos, añadidas la censura y el bloque informativo, la oposición, o un sector de la oposición, insistió e insiste en sus acciones y planteamientos. Ciudadanos de buena voluntad, especialistas o no, han contribuido a tamaño esfuerzo.

Lamentablemente, el Diario de Debates de la Asamblea Nacional no se publica desde principios de siglo, ni siquiera en el portal web inundado por una propaganda tan sectaria, como superflua. Ojalá la nueva Asamblea Nacional adopte las medidas correspondientes para la publicación convencional o no de los debates del presente período, a sabiendas que es difícil documentar todas las actuaciones asamblearias a través de las redes digitales en continuo cambio noticioso.

IV.- Ley Especial del estado Esequivo (sic)

Iniciativa concreta, el Proyecto de Ley intenta aportar a la existencia y reordenamiento de una Política de Estado, fronteras adentro, que coadyuve al esfuerzo necesario de realizar fronteras afuera. Hasta la fecha, no ha entrado en el circuito administrativo de la Asamblea Nacional.

a) Proyecto

Propuesta que debe someterse a la más amplia discusión, es necesario crear una entidad federal a la que pueda integrársele – más que anexarse – en un futuro, el Territorio Esequivo (sic), por todas las ventajas que supone la cooperación con el Poder Público Nacional para la atención y solución ordenada de sus problemas, además de reforzar el alegato de inejecutabilidad de un hipotético fallo internacional adverso a nuestros derechos. Se ha dicho que los estados Sucre y Delta Amacuro pudieran cumplir mejor el papel, pero – apartando el que ya desempeñan por su ubicación hacia el Atlántico – luce mejor alternativa otro, distinto al inmenso estado Bolívar, localizado hacia el sur que pueda asumir los retos de una región que espera reivindicar todavía los más elementales derechos humanos, añadida la seguridad personal y calidad de vida, cuyas riquezas naturales saben de una explotación frecuentemente delictiva.

Puntualicemos que no hay obstáculo jurídico alguno para elevar a un municipio o territorio a la condición de estado, pareciendo el más adecuado el municipio Sifontes del estado Bolívar al que se incorporará, cuando sea materialmente posible, el Territorio Esequivo (sic) en clara atención al principio consagrado por todas las constituciones republicanas (uti possidetis iuris). Asimismo, hay un doble elemento simbólico, pues, por una parte, el cambio de «Esequibo» a «Esequivo», constituye un tributo a Juan de Esquivel, cuyo apellido originó el nombre del río y el de toda una extensa región; y, por otra, Domingo Antonio Sifontes fue un exitoso defensor militar del lugar, frente al poderoso invasor, a finales el siglo XIX, que no merece el olvido.

El Proyecto de Ley Especial del Esequivo (sic), fue consignado en la Secretaría de la Asamblea Nacional, en fecha 16/07/2015,  y hasta la fecha no ha sido incorporado al sistema automatizado de acuerdo al artículo 103 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Previendo tan precario estatus, los diputados proponentes remitieron sendas copias al Presidente de la República y al Presidente de la Asamblea Nacional, como a los presidentes de las comisiones permanentes de Política Exterior, Política Interior y Defensa de la Asamblea Nacional, al igual que a los Ministros del Poder Popular para las Relaciones Exteriores y de Defensa, como a los comandantes generales de los distintos componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

b) Sifontes

Ascender legalmente a la estadidad al hoy municipio Sinfontes del estado Bolívar, supone el desarrollo de una faceta de la reclamación del  Esequivo (sic) como Política de Estado, orientada inicialmente al reordenamiento de los extensos y problematizados  espacios que el Poder Central no logra atender siquiera en los términos más elementales. Espacios que naturalmente forman parte del más amplio ámbito esequivano (sic), cuyos habitantes padecen las consecuencias de la precariedad económica, la insalubridad, el atraso y la criminalidad.

Setenta mil habitantes que hablan español, pemón y portugués, con elevadísimos casos de paludismo respecto a toda América Latina, entre otras enfermedades endémicas, (sobre) viven de las actividades agrícolas y pecuarias, como de la minería (i) legal. No se trata únicamente de solventar una deplorable situación que experimentan otras localidades del país, sino de inscribir y abrir la zona en una estrategia de irradiación del desarrollo político, económico, social y cultural que coadyuve a la definitiva y pacífica integración de todo el Esequivo (sic) a nuestra vida republicana.

El reordenamiento político-territorial propuesto, ha de orientarse en los términos de lo que  constitucionalmente se entiende como  federalismo descentralizado, actualizando y respondiendo  asimismo a un innegable problema de carácter geopolítico y geoestratégico. Sugiere inaugurar una experiencia de gobernabilidad y gobernanza que, ahora, desconoce la región.

c) Afirmación trascendente

La iniciativa legislativa puede explicarse a través de la denominada tesis de la afirmación trascendente que, conforme al trabajo realizado por un equipo adscrito al Instituto de Geografía y Desarrollo Regional (Universidad Central de Venezuela), entre 1979-1988, dirigido por Isabel Sequera Tamayo, aconseja la canalización de recursos y acciones para la ocupación y desarrollo de los espacios conlindantes con el Esequibo.[11] Por supuesto, tratamos de un aspecto contrario a la asunción del problema, en los últimos años, como exclusivo a las diligencias burocráticas de la Cancillería.

La materia anuncia otras facetas pendientes, como la de las vías fluviales, el puerto de aguas profundas en la Boca del Orinoco, la salida hacia la  fachada atlántica, la delimitación pendiente de áreas marinas y submarinas con las Antillas Menores (eficazmente resuelta con el resto de El Caribe entre las décadas de los ochenta y noventa del XX), las proyecciones marítimas de los estados Sucre y Delta Amacuro, entre otras. Sin embargo, área vital, recordemos la importancia no sólo del Complejo Hidroeléctrico de El Guri o la de la Faja Petrolifera del Orinoco, sino la de los habitantes hacia el sur del país, sumados más de quince mil indígenas que aspiran de  nuestro auxilio (akawaios, makushis, wapishanas, patamonas, waiwais, lokonas, kariñas).

La estadidad de Sifontes que será la de todo el Esequivo (sic), la propiciará mejor un cambio de modelo económico y estrategia en Venezuela, como contexto. Empero, es factible económicamente el reordenamiento político-territorial de garantizarle, como entidad federal, los ingresos que ordena el artículo 167 de la Constitución de 1999.

  

V.- Política de Estado

La política exterior venezolana urge de una mínima y convincente institucionalidad interna para su formulación y control, derivando en una específica Política de Estado para la histórica reclamación del Territorio Esequibo. Supone la consideración de una materia ahora confusa como espinosa, como la de seguridad y defensa de la nación al igual que, reivindicado el Acuerdo de Ginebra, la disposición hacia fórmulas justas y pacíficas de solución de la controversia.

a) Palpable y sonante

En los últimos años, se ha evidenciado un debilitamiento del interés y la continuidad de esfuerzos respecto al reclamo esequibano, debido a los específicos objetivos del régimen prevaleciente en Venezuela que ha generado preocupación, angustia y descontento en los sectores más avisados. Y esto, no por la tardanza de una solución definitiva, rápida y contundente, sino por el tratamiento mismo que el gobierno le ha dispensado,  remitiéndonos a la deficiente o inexistente institucionalidad interna de la política exterior, presumiéndola bajo el exclusivísimo privilegio del Presidente de la República, susceptible de explicarse hasta por sus características personales.[12]

Subestimando la histórica reclamación y asimilándola a la banalidad de las consignas, los gobiernos de Chávez Frías y Maduro Moros hicieron de una alianza continental el objetivo prioritario, procurando atraer a los países que integran la Commonwealth, entre ellos Guyana, por ejemplo; desoyeron las opiniones, observaciones y exigencias de los especialistas e, incluso, activistas – esequibanos o no – caracterizados por el seguimiento tenaz del problema; y, por supuesto, desestimaron los planteamientos de los parlamentarios de la oposición que lograron una relativa articulación de las demandas. Por ello, éstos,  reivindican la necesidad de una Política de Estado, con la responsabilidad, la sobriedad y la participación que, al presumir el sentido patriótico de todos los actores, lleve a un mínimo de consenso o concertación, señalado por Easton como una premisa ética.

De un modo u otro, tímida o decidida, hubo una Política de Estado respecto a la controversia esequibana, palpable – bajo la Constitución de 1961 – en los encendidos debates de la opinión pública y del viejo Congreso de la República, bajo circunstancias políticas como las de la subversión, la austeridad económica o la crisis de las alianzas gubernamentales.  No la hay, sonante – bajo la Constitución de 1999 – en el ambiente de persecución, censura y bloqueo informativo, como el provocado por la docilidad y subordinación de la Asamblea Nacional que estuvo bajo la férula del gobierno, al amparo de la mayor concentración de poder y de los más elevados ingresos petroleros en todo nuestro historial republicano.

b) Seguridad y defensa

Quienes sostenemos que el régimen, modelo y estrategia actualmente prevaleciente encamina a la quiebra de Venezuela en todos sus niveles, advertimos asimismo del peligro que representa para la afectación y pérdida de su integridad territorial y autodeterminación nacional, derechos irrenunciables de conformidad con el artículo 1 de la Constitución de 1999. Adquirido un insólito valor de presunción, la división efectiva de los órganos del Poder Público la que remite a un sistema de pesos y contrapesos que atajen el problema, se traduce – parafraseando a Easton – en un desequilibro patentemente inconstitucional, bajo el dominio absoluto del Ejecutivo Nacional que muy bien ilustra la reclamación del Esequibo, fallando la debida retroalimentación con la adicional carga – expresa y tácita – de tensiones y agravamientos.

La nuestra no parte de una simple visión apocalíptica de la materia, sino de la constatación de una realidad que habla del nada complementario enfoque de los decisores públicos, palpablemente desarticulados,  siendo omnímoda la jefatura de la política exterior que coincide con el ejercicio de la jefatura de la institución castrense, confundida – en definitiva – la del gobierno con la del Estado, con dos severas implicaciones. Inexistente, nula o insignificante la debida retroalimentación, por una parte, hace nugatorio el principio de corresponsabilidad del Estado y la sociedad civil en el ámbito de la seguridad y defensa, establecido en el artículo 326 constitucional; y, por otra, como lo ha advertido el historiador Luis Alberto Buttó, solemos confundir las propias nociones de seguridad y defensa, o – peor – los civiles con responsabilidades de poder, por el deficiente conocimiento y manejo, sean capaces de incurrir en «errores garrafales a la hora de diseñar y poner en práctica políticas relacionadas con el sector defensa».[13]

Entre mayo y junio de 2015, levantando una justificada polémica, fue decretada la creación de las Zonas de Defensa Integral Marítimas e Insulares (Zodimain), a objeto de cubrir el espacio acuático jurisdiccional de la República, una de ellas correspondiente a la fachada atlántica, cuyo mapa hubo de corregirse otro decreto presidencial. En su largo monólogo, aireados temas aún ajenos al motivo de una obligada, inevitable y tardía comparecencia, debido a la presión de las circunstancias, Nicolás Maduro acudió a la Asamblea Nacional y ventiló públicamente el error y las correcciones realizadas, en un batiburrillo – con el cual se identificó el principal partido de gobierno – que, es lo aconsejable, debió concebirse como un mensaje lacónico, preciso y convincente que conjurara cualquier riesgo de interpretación.[14]  Y, necesaria acotación, convierte al régimen mismo, en una vulnerabilidad en términos de seguridad y defensa, por no citar un caso concreto: otrora transnacional acreditada y eficiente, hoy PDVSA no puede acometer siquiera los trabajos de exploración realizados por la Exxon Mobil en la fachada atlántica.

c) Reafirmación de un acuerdo

Entonces, la reclamación de Esequibo amerita de una Política de Estado y la consiguiente institucionalidad interna para realizar la política exterior venezolana, sin incurrir en la ya acostumbrada banalización de los más importantes problemas que nos aquejan, ofreciendo opciones reales y creadoras, discutidas y expuestas por los actores políticos, evaluadas y adelantadas por los decisores públicos sujetos al legítimo control.  A veces, tenemos  la impresión  que se plantea como novedad, la explotación conjunta de la zona por Venezuela y Guyana, o el propio historial de la reclamación, cuando – la una – fue sugerida desde el primer momento en la Comisión Mixta derivada del Acuerdo de Ginebra, con la variación de fórmulas en los años siguientes, gracias a los líderes de opinión, y – la otra – da ocasión a una repetición incansable, con una soporífera redundancia de los argumentos jurídicos que, como puede verse en la exposición de Maduro Moros en la Asamblea Nacional, tampoco tiene justificación pedagógica alguna para un ex – canciller que todavía confunde laudo y tratado, marcando un retroceso en el tratamiento del tema.

La conducta asumida por el gobierno guyanés, comprensible en pocos aspectos y, en muchos, irresponsables, puede traducirse en la pérdida de una gran oportunidad para el vecino país de alcanzar la modernización socio-económica, al acodar el desarrollo junto a Venezuela de la región, reconocida previamente nuestra titularidad. Asombra los niveles de precariedad y las contradicciones sociales que, en este lado del mundo, no las exhibimos con una gravedad alarmante – fundamentalmente – gracias a la renta petrolera, la que se asoma como promesa e ilusión del otro lado.

La vigencia del Acuerdo de Ginebra no está en discusión, fórmula indispensable para la misma Guyana que hoy, vacilante, desea retrotraer el problema a etapas que les resultarían a la postre contraproducentes, aunque despuntan escenarios que suscitaron coincidencias y discrepancias entre los venezolanos.[15] El ejercicio de sensatez e imaginación que demandamos para afrontar el problema, debidamente articulado el proceso de toma de decisión, tiene – hoy – por premisas, entre otras,  la reafirmación del Acuerdo, el nombramiento de un represente a tiempo completo ante la Oficina del Buen Oficiante, la reivindicación de instancias de asesoría especializada y plural a nivel del Ejecutivo y del Legislativo, patrullaje constante de la Fachada Atlántica amparado por una ley que lo contextualice adecuadamente, decreto de la plataforma del estado Delta Amacuro, creación del estado Esequivo (sic), normalización de las relaciones bilaterales, reconocimiento de las organizaciones de la sociedad civil interesadas en el problema.

Caracas, 16/02/2016

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[1] Easton,  apunta al desempeño  funcional de los partidos, grupos de interés y líderes de opinión para la (re) composición de las demandas, cuya síntesis y homegeneidad sean capaces de convertirlas en un «programa viable y simplificado de acción» y, procure, simultáneamente, ampliar las bases de sustentación, a objeto de competir con otras, en el marco de los más agudos e inmediatos  problemas. Vid. David Easton, Esquema para el análisis político, Amorrurtu, Buenos Aires: 1965, p. 169.-  Respecto al citado foro y otras reseñas relacionadas, pueden colocarse las voces «Esequibo» y «Esequivo» en el buscador de lbarragan.blogspot.com, incluyendo los Proyectos de Leyes para la Defensa de la Fachada Atlántica, la Especial del Estado Esequivo y la de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación.

[2] Para una relación actualizada del diferendo hasta nuestros días, vid. Manuel Donís, Bases históricas de la controversia entre Venezuela y Guyana  sobre el Territorio Esequibo. Separata revista Montalbán, Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, 2015.

[3] Vid. Guillermo Guzmán Mirabal, Del Acuerdo de Ginebra a la Rebelión del Rupununi. Tres años del proceso de recuperación de  la Guayana Esequiba (1966-1969), Trabajo de Grado de Maestría en Historia de Venezuela, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2011, disponible en http://biblioteca2.ucab.edu.ve/anexos/biblioteca/marc/texto/AAS2262.pdf. Para un testimonio personal, cfr. Carlos E. Aguilera A., «A propósito de Guyana: La insurrección del Rupununi», El Nacional, Caracas  22/09/2015, Caracas, disponible en http://www.el-nacional.com/carlos_e-_aguilera_arteaga/proposito-Guyana-insurreccion-Rupununi_0_706129550.html;  y, en relación a las comunidades indígenas, Carlos Díaz, «Entrevista a Ronny Velásquez», La Razón, 22/07/2015, Caracas, disponible en http://www.larazon.net/2015/07/22/15-mil-indigenas-del-esequibo-estan-abandonados-en-pobreza-y-explotacion

 

[4] Un sistema debidamente retroalimentado, orientado a su auto-transformación creadora, también habilita a sus actores para «regular, controlar, dirigir, modificar e innovar» los elementos y procesos correspondientes. Vid. David Easton, op. cit., p. 182.-  La búsqueda y posibilidad para un equilibrio – además – constitucional, deriva del poder distribuido «en un grado aproximado de igualdad (…) y sólo en ese estado del sistema puede prevalecer la libertad política», aunque esa distribución no ha de ser equitativa, provocando restricciones,  sino que debe expresar la “tendencia de los elementos del sistema que interactúan a establecer algún tipo de ajuste». Supone una tácita premisa ética: la del compromiso o avenencia, concesiones recíprocas, frenos mutuos, propios de la democracia. Vid. David Easton,  «Política moderna. Un estudio sobre la situación de la ciencia política», Letras, México, 1968, pp. 292-305 ss. Cfr. David Easton, «Categorías para el análisis sistémico de la política», en: Enfoques sobre teoría política, Amorrurtu, Buenos Aires: 1973, pp. 216-231; y, para una ubicación de la obra de Easton en el contexto politológico, Gabriel A. Almond, Una disciplina segmentada. Escuelas y corrientes en las ciencias políticas, México: Fondo de Cultura Económica, 1990, pp. 117-177.

[5] Por cierto, el autor reivindica el escepticismo que produjo el Acuerdo de Ginebra entre otros parlamentarios de distinta afiliación política, quienes preguntaron sobre las consecuencias del agotamiento del lapso para que las partes concierten o de la denuncia misma del tratado por los guyaneses. Vid. Hernán Castillo, «El Congreso de la República y los problemas de seguridad y defensa en política exterior, 1959-1969», en: Problemas militares venezolanos. FANB y democracia en los inicios del siglo XXI, Caracas: Universidad Pedagógica Experimental Libertador- Universidad Católica Andrés Bello, 2009, pp. 29-64.-  Entre algunas de las constantes de la oposición antipuntofijista, en el citado período, a guisa de ilustración,  anotamos - por una parte -   la celosa defensa de las posturas anticolonialistas y de respaldo a la independencia guyanesa, acusada de entreguista la cancillería, objeto de suspicacias, como lo indicó  el diputado Raúl Lugo (Movimiento de Izquierda Revolucionaria). «Quizás a algunos Diputados del Gobierno  les parezca incómodo que nosotros tengamos que decirles que es muy raro, muy sospechoso que se escoja este momento para hacer revivir el proceso de la reclamación de límites de Venezuela», en Diario de Debates de la Cámara de Diputados de la República de Venezuela, Caracas, N° 10 del 02/04/1962).  O el intento – por otra parte – de asumir que «la lucha por la independencia en la Guayana Británica corre paralela con la lucha de Venezuela por el rescate de la Guayana Esequiba, dentro del concepto integral de lograr al final la independencia total, en lo económico y en lo político, de la América Latina», señalado por el diputado José Herrera Oropeza. Éste agrega que el «problema de la Guayana Esequiba no debe convertirse en escudo para ocultar la realidad del drama nacional, para ocultar la necesidad profunda de encontrar caminos para la solución de la crisis venezolana», en Diario de Debates de la Cámara de Diputados de la República de Venezuela, Caracas, N° 10 del 13/10/1965).

[6] El vigente Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional (2010), autoriza a la junta directiva para el exclusivo relacionamiento formal con el Ejecutivo,  cuyos integrantes no tienen la obligación de responder a requerimiento alguno de los parlamentarios, sin la expresa autorización directiva.  Suele ocurrir, se enteran por la prensa de las diferentes iniciativas gubernamentales. Por lo demás, aunque sustancialmente coincidan en las orientaciones, al comparar los discursos de la bancada afín de la década de los sesenta del siglo XX, con los de la actual bancada del XXI, por lo menos, en una existió un mejor despliegue argumental, mientras que, en la otra, se evidencia una grosera simplificación que repite las consignas en boga. Fenómeno éste que, al permitir la evasión, manifiesta otro ya generalizado, como el de una deliberada confusión que ayude a banalizar los temas. Precursoramente observó Lozada: «Las consignas actuales constituyen una sucesión de agregados, cualquier evento carece de consecuencias, está abierto a todas las interpretaciones posibles, imputaciones múltiples y aleatorias». Vid. Mireya Lozada, «¿Discurso político o ideología light?», en: El discurso político venezolano. Un estudio múltiple, Caracas: Fondo editorial Tropykos, 1999, p. 76.

[7] Vid. «Nota de prensa», en El Universal, Caracas, 02/07/2015 disponible en http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/150702/presidente-de-guyana-dice-que-venezuela-es-una-carga-insoportable  .- Luce necesaria una actualización de los estudios que particularicen a Guyana, cuya vida interna y política internacional, caracterizando al régimen político, fue de un natural interés por nuestros servicios de inteligencia y por la academia. Cfr. Guillermo Guzmán Mirabal, op. cit., p. 55 ss.; Andrés Serbin, Nacionalismo, etnicidad y política en la República Cooperativa de Guyana, Caracas: (Editorial Bruguera, 1980; y Sadio Garavini di Turno, Política exterior de Guyana, Caracas: Universidad Simón Bolívar, 1988.

[8] Theis, Reyes, «Chávez dio el giro a la política venezolana sobre el Esequibo», El Universal, Caracas, 10/09/2013,  disponible en http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/130910/chavez-dio-el-giro-a-la-politica-venezolana-sobre-el-esequibo.

[9] Theis, Reyes, «Diputados realizaron un inédito acto de soberanía», El Universal, Caracas, 12/11/2013,  disponible en http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/131112/diputados-realizaron-un-inedito-acto-de-soberania. El periodista, también parte de la expedición, suscribió otros reportajes afines.

[10] Presidencia de la República, La verdad sobre el Esequibo, [citado el 14 de febrero 2016] disponible en http://www.presidencia.gob.ve/Site/Doc/pdf/La_Verdad_del_Esequibo.pdf

[11] Vid. Isabel Sequera Tamayo, et al. Guayana Esequiba, espacio geopolítico, Caracas: Academia Nacional de Ciencias Económicas, 1992.

[12] Cierto, el Presidente de la República dirige la política exterior, pero no menos lo es que, como política pública, está sujeta al control parlamentario de acuerdo al ordinal 3° del artículo 187 de la Constitución vigente, entre otros controles. Desde una perspectiva sistémica, en un texto ya clásico, Josko de Guerón asentaba: «Para comenzar a comprender la actuación del Congreso no basta conocer sus atribuciones constitucionales: es preciso examinar los insumos que éste recibe y, en especial, las demandas o incitaciones para que el Poder Legislativo actúe o deje de actuar, de determinada manera frente a problemas de las relaciones internacionales». Vid. Eva Josko de Guerón, (1978) «El Congreso y la política exterior en Venezuela», en: Politeia, N° 7, 1978, Caracas;  Cfr. María J. Roca, (1999) «El control parlamentario y constitucional del poder exterior», en: Revista Española de Derecho Constitucional, N° 56, Madrid. Por consiguiente, constitucionalmente competentes, los diputados oficialistas y, con mayor razón, los opositores, agregadores y procesadores de demandas, legitimándolas y canalizándolas, institucionalizan el concurso de los sectores interesados en la materia, como el académico, el gremial, el de opinión pública, y el resto de la sociedad civil organizada que defienda fines específicos. Algo difícil desde el paradójico subterfugio de la «diplomacia de los pueblos» que, al restarle valor a la participación organizada desde su más elemental formulación, cree inexpugnable a todo evento la jefatura de la política exterior. Además, Nicolás Maduro carece del «carisma y capacidad de improvisación creativa del líder que ya no está» y, respecto a iniciativas como Petrocaribe, siendo Guyana uno de los beneficiarios del programa de solidaridad energética, al agotamiento de los recursos se suma – inferimos – una lamentable incompetencia para aplicar el «esquema de subimperialismo». Al respecto, vid. Félix G. Arellano P., (2013) «Política exterior bolivariana: un legado de contradicciones»,  en:  Simón Bolívar Analytic, N° 28, Sartenejas.

[13] Vid. Luis Alberto Buttó, Civiles y militares. Manual indispensable, Caracas: Negro Sobre Blanco, 2015, p. 108.  Apuntemos, el trabajo de Guzmán Mirabal, ya citado, ejemplifica un interesante proceso para la toma de decisiones respecto a la zona esequibana.

[14]«La verdad sobre el Esequibo», [citado el 14 de febrero 2016] disponible en http://www.psuv.org.ve/wp-content/uploads/2015/07/Especial_CuatroF_GuyanaEsequibo.pdf

[15] A los efectos de las presentes notas, aceptamos lo dicho por Easton: «… Hablar de la vida política como un proceso constante de desequilibrio sugiere de hecho que lo estamos comparando con una condición hipotética de equilibrio». Vid  Política moderna, p. 292.  Así, nuestra condición hipotética, como hemos visto, apunta a los viejos debates del Congreso de la República y de la libre prensa.- Tenemos que la polémica que despertó – a favor y en contra  – la suscripción del Acuerdo de Ginebra en 1966,  lo ilustra muy bien, los Diarios de Debates y los periódicos y magazines, como – décadas después -  el ciclo de conferencias que promovió la Academia Nacional de la Historia y – editándola -  la de Ciencias Políticas y Sociales, con el concurso de varios ex – cancilleres. Vid. Tomás Enrique Carrillo Batalla, La reclamación venezolana sobre la Guayana Esequiba, Caracas: Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 2008.  Por cierto, Saythenton Sawh, embajador de Guyana en Venezuela, a mediados de la década de los noventa del siglo XX, recordó el Acuerdo de Ginebra como una apertura insustituible para el diálogo, aunque observó según la versión periodística: «Sawh manifestó también su percepción de que la dirigencia venezolana no está pendiente de la controversia sobre el Esequibo. Explicó que con el fin de la Guerra Fría muchos países han cambiado y no hay bloques. Esto implica que Venezuela y Guyana no tienen los mismos enfrentamientos del pasado, sino más bien tienen más en común». Vid. Josefina Blanco, «Reportaje», El Nacional, Caracas 18 de febrero de 1976. Ahora bien, por una parte, para las dudas que produjo la citada suscripción, de acuerdo al sondeo periodístico de Néstor Mora,  lucía natural que, por ejemplo, el senador Edecio La Riva Araujo  pidiese la interpelación del Canciller (El Nacional, Caracas, 20 y 23 de febrero de 1966); y, por otra, en una rápida verificación, teniendo por muestra las ediciones correspondientes al 18 o 19 de febrero de cada año, las ediciones de El Nacional  entre 1976 y 2006, revelan el progresivo desinterés por el Acuerdo, gracias al impacto de otras noticias

Vid.

Briceño Monzón, Claudio A. / Buttó, Luis Alberto / Olivar, José Alberto (Coordinadores) "La cuestión Esequibo: Memoria y soberanía". Universidad Metropolitana - Universidad Simón Bolívar - Universidad de Los Andes. Caracas, 2015:  279-305.
Cfr.
http://www.opinionynoticias.com/opinionpolitica/28929-barragan-