El Ejército con el mayor número
122 altos oficiales de las FAN pasan a retiro en julio
Entre los militares que colgarán el uniforme figuran el ex ministro de la Defensa, vicealmirante Tito Rincón; y los ex comandantes del Ejército y de la Fuerza Aérea, generales de división Wilfredo Guerrero y Gustavo León
JAVIER IGNACIO MAYORCA
Un total de 122 altos oficiales de las Fuerzas Armadas Nacionales, egresados de las distintas academias en 1969, deberán pasar a retiro el próximo 5 de julio, según un sondeo efectuado por El Nacional en los 4 componentes de la institución militar.
La mayor porción corresponderá al Ejército. En este caso, los coroneles y generales de brigada y de división pertenecen a la promoción José Gregorio Monagas, surgida de la Academia Militar el 5 de julio de 1969.
Estos oficiales son los que han cumplido el tiempo estipulado por la ley para pasar a retiro. Estos números podrían variar si el presidente Hugo Chávez decide extender el tiempo de servicio de algunos oficiales, como él mismo lo ha sugerido en varias alocuciones.
El listado de quienes deberían pasar a retiro en el Ejército es como sigue:
Generales de división: Wilfredo José Guerrero Zerpa (ex comandante del Ejército, actualmente a las órdenes del Ministerio de la Defensa); Noel Martínez Ochoa (actual jefe de esa fuerza) y Raúl Salazar Rodríguez (ministro de la Defensa).
Generales de brigada: Rafael Hung, Erasmo Lara Ortega, Rubén Medina, Venancio Ortega, José Rosales y Gonzalo Santana.
Coroneles: Francisco Alvarado, José Armas, Rotislaw Boratzuk, Jeidy Cabrera, Manuel Carrasquel, Víctor Castellanos, José Coraspe, Jesús Díaz, Germán Carvajal, Carlos Espinoza, Rosendo Guerrero, Manuel Infante, Sixto Jerez, Julio Lares, José López, Edixon López, Igor Marín, Nelson Martínez, Luis Molner, Manuel Morales, Eliécer Morales, Fernando Pérez, Juan Pérez, Hernán Fuente, Pedro Quevedo, Nelson Quintero, Venoni Quintero, Edgar Rangel, Esteban Reyes, Oquerio Rivero, Oscar Rojas, Germán Romero, Teodardo Salazar, Julio Sánchez, Tomás Servitad, Orlando Silva, Nelson Sosa, Armando Suárez, Pompeyo Torrealba, Isvel Tortolero, Enrique Tovar, Nelson Urbina, Omar Velásquez y Bernardo Velazco Sánchez.
* Tenientes coroneles: Manuel Aponte, Augusto Estaba, Carlos Guirola, Luis Hernández, Víctor Pérez, Omar Ramírez, José Ramírez, Ramón Román, Guillermo Romero, Miguel Salcedo y Luis Urdaneta Barreto.
Armada: 2 vicealmirantes
En cuanto a la Marina, serán 18 los oficiales que entrarán en situación de retiro, así como 3 suboficiales. Todos ellos pertenecientes a la promoción Coronel Antonio Ricaurte.
Vicealmirantes: Tito Rincón Bravo (ex ministro de la Defensa) y Oscar Morales Martínez (ex comandante de la Armada).
Contralmirantes: Omar Quintero, José Quintero, Henry Sillie, José Bustamante, Eddie Ramírez e Hildebrando Quiroz.
Capitanes de navío: William González, Edgar Duvén, Guillermo Dam, Jesús Rojas, Antonio Díaz, Gilberto Pazos, Arturo Jarque, Félix Corrales, Jesús Grillet y Víctor Pérez.
Los 9 de la Fuerza Aérea
Por la Fuerza Aérea colgarán el uniforme nueve oficiales:
General de división: Gustavo León Campos
Generales de brigada: Angel Cataya, Félix Daliz y Jaime Padrón.
Coroneles: Alberto Caraballo, Alvaro González, Frank López, Joffre Márquez y Omar Nessi.
GN: La Batalla de Ospino
La lista más larga de personal militar que pasará a retiro este año corresponde a la Guardia Nacional, promoción Batalla de Ospino. En ella no figuran generales de división.
Generales de brigada: Joaquín Amundaraín, Daniel Delgado, Gilberto Ferrer, José Jiménez, Simón Lunar, Filiberto Ramírez, Augusto Vera y Germán Varela Araque, actual comandante de la fuerza.
Coroneles: Mario Alcázar Weir, Enio Arocha, José Arriojas, Henry Avila, Adelis Campos, Landys Castillo, Nelson Daniels, José Díaz, Pablo Escalante, Diego Escorihuela, Nilo Fernández, Melvin Gallardo, Orlando Gómez, Manuel González, Rafael Guanipa, Juvencio Gutiérrez, Jesús Hurtado, Carlos Loayza, Florentino Marciales, Nelson Mata, José Matos, Carlos Méndez, Pedro Muñoz, Gilberto Paredes, Nicomedes Rincón, José Rodríguez Chaviel, Alberto Rojas Hernández, Pedro Silva, Tomás Torres, Orlando Villalobos, Pedro Villarroel, César Villegas, Francisco Yanes y Ricaurte Yanes.
Informaciones suministradas por la Guardia Nacional indican que también obtendrán la baja 15 tenientes coroneles, 2 mayores, 7 capitanes y un teniente.
Un poco de paciencia
Yeneiza Delgado Mijares
En el Palacio de Miraflores, el ministro de la Defensa, general Raúl Salazar, pidió un poco de paciencia a la prensa cuando se le consultó sobre los ascensos militares.
"Pronto, pronto van a salir", señaló.
-¿Cuándo estarán listos los ascensos para pasarlos al Congreso?
-Apenas los entregue el señor Presidente (...) Tengan paciencia, de aquí a este semana salen, no se mortifiquen tanto- recomendó En relación con la asistencia de los obreros a los campos petroleros, en atención a la suspensión del anuncio de una huelga en el sector, dijo que todo se dio "sin novedad". Afirmó que en todo el territorio nacional no se reportó anormalidad alguna, "debido a que la decisión del señor Presidente fue muy sabia, y se suspendió el paro. Todo el mundo está trabajando".
Consultado sobre la posibilidad de que lleguen nuevos desplazados colombianos a la frontera venezolana, indicó que "hasta los momentos" las Fuerzas Armadas Nacionales resolvieron el problema de los últimos refugiados. "Aspiramos a que no ocurra con tanta frecuencia", acotó.
EL NACIONAL - MIÉRCOLES 16 DE JUNIO DE 1999
Ejecutivo está retrasado en la entrega al Congreso de los ascensos militares
El presidente de la Comisión Permanente del Senado, Carlos Guyón Celis (MVR), manifestó que si la lista no llega mañana, no habrá tiempo para analizar las credenciales de los aspirantes y entregar un informe el 30 de este mes para que los ascensos se hagan efectivos el 5 de julio
EL NACIONAL - VIERNES 18 DE JUNIO DE 1999 / POLITICA
El 1° de julio serán aprobados en el Senado
El Presidente solicitó al Congreso ascenso para 268 oficiales superiores
Entre los promovidos a general de división en el Ejército se encuentra el ministro de la Secretaría de la Presidencia, Lucas Rincón Romero. A general de brigada también sería ascendido el director de la Ocepre, Guaicaipuro Lameda Montero
ALEXANDER DUARTE
El presidente de la República, Hugo Chávez, envió al Congreso nacional la lista de ascensos para 268 oficiales superiores de las Fuerzas Armadas Nacionales, que será analizada por la Comisión de Defensa del Senado a partir del lunes próximo.
La lista fue consignada ayer, a las 7:00 pm, en la presidencia del Senado por el ministro de la Defensa, Raúl Salazar Rodríguez, quien resaltó que los postulados a ser promovidos fueron escogidos con base en sus méritos. "Todas las promociones fueron reconocidas, pero en el listado pudieron haber entrado más oficiales, mas no fue así porque se trata de un problema de plazas".
El presidente de la Comisión de Defensa del Senado, Carlos Guyón, explicó que el viernes 25 de junio entrevistarán al titular castrense y a los comandantes de las cuatro fuerzas, a fin de que expliquen los criterios que privaron para la selección de los oficiales que serán promovidos a grados superiores.
El lunes 28 de junio evaluarán los expedientes de los generales de división, generales de brigada, vicealmirantes y contralmirantes. El martes 29 serán evaluados los promovidos a coronel y capitán de navío.
Anunció que los ascensos podrán ser aprobados el 1° de julio próximo y remitidos al Ejecutivo Nacional. El ministro Salazar Rodríguez añadió que el presidente Chávez tiene previsto realizar el acto de ascensos militares el 3 del referido mes.
En el Ejército fueron promovidos al grado de general de división 6 oficiales, 21 a general de brigada y 86 al rango de coronel. En la Armada fueron promovidos 2 oficiales al grado de vicealmirante, 10 a contralmirante y 30 a capitán de navío.
En la Aviación 3 oficiales optan a general de división, 11 a general de brigada y 23 a coronel, mientras que en la Guardia Nacional 4 militares esperan ser ascendidos a general de división, 13 a general de brigada y 59 al grado de coronel.
Entre los oficiales que optan a general de división del Ejército están el inspector general de esa fuerza, Ismael Hurtado Sucre; el jefe del Comando Unificado de las Fuerzas Armadas Nacionales, Germán Antonio Marín Gómez; y el ministro de la Secretaría, Lucas Rincón Romero.
Entre los aspirantes a general de brigada figuran el director de la Oficina Central de Presupuesto, Guaicaipuro Lameda Montero; el jefe de la Casa Militar, Rafael Cipriano Martínez Morales; el vicepresidente de Petróleos de Venezuela, Oswaldo Contreras Maza; y el secretario privado del presidente Chávez, Raúl Isaías Baduel.
Al grado de vicealmirante optan el inspector general de la Armada, Jorge Sierralta Zavarce, y el comandante de Operaciones, Bernabé Carrero Cuberos. Entre los promovidos a general de división de la Aviación están el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, Arturo José García, y el comandante de Defensa Aérea, Angel Machado Almeida.
Entre los aspirantes a general de división de la Guardia Nacional se encuentra el jefe de Estado Mayor de esa fuerza, Francisco Belisario Landis, y el inspector general, Gerardo Briceño García.
EL NACIONAL - DOMINGO 27 DE JUNIO DE 1999 / SIETE DIAS
historia viva
La doctrina militar del Estado democráticoJ
Jorge Olavarria
La Constitución de 1947 fue la primera que formuló la doctrina militar del Estado democrático, y dedicó su capítulo III a "las Fuerzas Armadas Nacionales". Desgraciadamente, la Constitución de 1947 tuvo una brevísima vigencia y fue derogada por el golpe militar del 24 de noviembre de 1948. La Constitución de 1961 reformuló en una forma clara, sencilla y elocuente la doctrina militar del Estado democrático. Esa es la doctrina que Hugo Chávez está de hecho derogando y su Constituyente se propone cambiar por una doctrina que establezca el carácter político y deliberante de las Fuerzas Armadas, lo cual, la obligarán a estar al servicio de una parcialidad política y de su caudillo.
A pesar de la claridad con la cual la doctrina militar del Estado democrático está consignada en la Constitución de 1961, sus antecedentes y el proceso de su formación es confuso y oscuro. No hay cuestión peor tratada por la historia, la ciencia política que la materia militar-constitucional. Todo lo que ha precedido y subyace en la formulación de la doctrina militar del Estado democrático, explícita e implícita en la Constitución de 1961 está en la oscuridad. Sin embargo, sus fundamentos son claros, y se resumen con rara precisión y elocuencia, en el artículo 132. Allí se establece que "las Fuerzas Armadas Nacionales forman una institución apolítica, obediente y no deliberante, organizada por el Estado para asegurar la defensa nacional, la estabilidad de las instituciones democráticas y el respeto a la Constitución y a las leyes, cuyo acatamiento estará siempre por encima de cualquier otra obligación". Su último párrafo hoy debería ser una campana de alarma para todo cuanto está sucediendo: "Las Fuerzas Armadas estarán al servicio de la República y en ningún caso al de una persona o parcialidad política".
Generalizada ignorancia
Es posible que sea la generalizada ignorancia de todo lo que llevó a la formulación en la Constitución de 1961 de la doctrina militar del Estado democrático, lo que hoy permite a Hugo Chávez vapulearla en la forma como lo está haciendo, sin que nadie diga una palabra para contradecirlo. Aunque no pueden decir lo que piensan, por lo que se escuchó el jueves pasado en Carabobo, los militares parecerían no entender que la conversión de las Fuerzas Armadas en un cuerpo deliberante al servicio de una persona y de su parcialidad política, las harían retroceder cien años y los llevaría a ser lo que eran las Fuerzas Armadas de los días de Joaquín Crespo.
La aparente complacencia con la cual los militares aceptan que su comandante en Jefe abuse del silencio al cual los obliga la disciplina, para escuchar sin derecho a la réplica, discursos y acciones groseramente violatorios de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y la Constitución, no puede explicarse solamente por la lacerante contundencia de las realidades que acerca del estado socio-económico de los más pobres se usan para justificar la patraña del Plan Bolívar 2000, punta de lanza de la conversión del Ejército en un partido.
Ese patético apremio es el que el jefe del Estado invoca una y otra vez para meter de contrabando la grave corrupción de las Fuerzas Armadas que constituye todo lo que implica un "Plan" que las ha llevado a ligar trompas de mujeres, limpiar quebradas y vender pollos baratos a la sombra de las estatuas de los próceres. Ese no es un plan pasajero. Su abierto propósito es convertirlo en función permanente de las Fuerzas Armadas. Con ello se corromperán seriamente sus funciones propias y se mermará gravemente su preparación militar. No sólo porque son distraídas de lo que es su misión, sino porque son de hecho convertidas en activistas políticos del partido del gobierno. Sin embargo, me atrevo a pensar que la razón del aparente acatamiento de las Fuerzas Armadas a semejante desatino y a todo lo que está implícito en la amenaza de hacer de las Fuerzas Armadas un cuerpo deliberante y politizado, se debe a la ignorancia de todo lo que costó llegar a la formulación de la doctrina militar del Estado democrático y lleva a un colosal salto atrás.
¿De dónde venimos?
Lo que se ignora no duele. Sin duda, el asunto es delicado y vasto y la ignorancia de sus antecedentes no es fortuita. La carencia de estudios serios y completos que profundicen el tema militar desde los diferentes puntos de vista que éste debe ser examinado, no se debe a indiferencia de historiadores, politólogos y juristas. Se debe, ante todo, a su tremenda complejidad y a las peculiares características de peligrosidad que el tratamiento del asunto tenía y tiene. Para llegar a formular la doctrina del Estado democrático en 1961, se tuvo que despejar la cuestión de las facultades y limitaciones del mando supremo de un cuerpo que, por su propia naturaleza es y debe ser de rígida disciplina piramidal. Sin embargo, el hecho es que se ignora cómo se llegó a ello y no se valora lo que se logró. Para llegar a formular lo que reza el artículo 132 de la Constitución, fue necesario definir el objeto, propósito y razón de las Fuerzas Armadas de un Estado democrático, y las limitaciones que como ciudadanos tienen o deben tener los miembros de una rama del Estado que debe ser profesional y permanente. Ello no fue fácil. Su proceso histórico es confuso. La aparente contradicción de que fue el gobierno dictatorial de Juan Vicente Gómez el que lo inició, es apenas una de sus dificultades. Además, todo ello conforma un asunto complejo y delicado, que puede ser y de hecho ha sido, peligroso para quien lo aborde. Si la historia del Estado democrático que nace imperfecto en el siglo XVIII, tiene hitos claros en la marcha hacia su perfección evolutiva, tales como la abolición de la esclavitud o el derecho al voto femenino; en cuanto a la definición de la doctrina militar del Estado democrático sus hitos no son claros. ¿Cómo, cuándo, quiénes y por qué se pasó del partido armado del siglo pasado al ejército nacional, profesional y permanente que se inició en 1910 y que en sus aspectos fundamentales existía a la muerte de Gómez en 1935? ¿Cómo fue posible que en el Capítulo III de la Constitución de 1947, producto de un gobierno de facto, se formulara por primera vez la doctrina militar-constitucional del Estado democrático? Esas preguntas no tienen respuestas. Y por no saber de dónde venimos, no sabemos dónde vamos.
Un asunto complejo
Ningún Estado democrático, grande o pequeño, débil o poderoso, está eximido de las dificultades del caso o ha resuelto sus problemas. Ninguno está libre de los peligros que vaguedades legales o vacíos constitucionales plantean ante el posible uso abusivo o errado del supremo mando que de la fuerza armada tiene en un Estado democrático, quien lo ejerce. Desde la primera -hoy única- superpotencia del mundo, hasta Estados pequeños, débiles o subdesarrollados como Chile, Argentina o España, cuyo traumático pasado inmediato no puede ignorarse, la cuestión militar-constitucional ha sido y es un problema de primera magnitud en cuanto a su complejidad conceptual. En el pasado y el presente de cada uno de estos casos, hay más preguntas que respuestas. En Estados Unidos, la legalidad de la facultad presidencial para enviar a sus Fuerzas Armadas a invadir Panamá y arrestar a su Presidente, o lanzar bombardeos retaliatorios en Sudán y Afganistán, o actuar como vienen de hacerlo en Yugoslavia, sin autorización previa del Congreso, es un asunto de presente difuso y pasado confuso, sometido a un complejo y delicado debate, sin solución a la vista.
En Venezuela el caso es diferente pero no es distinto. Allá como aquí, el asunto tiene hoy que ver con el ejercicio abusivo de la facultad de mando que sobre la fuerzas armadas tiene quien, según la Constitución, es su comandante en Jefe. En Estados Unidos, se duda la legalidad que el Presidente pueda ordenar el envío de tropas sin la autorización del Congreso y se tiene la fundada sospecha que, más de una vez, el Presidente ha usado ese poder para distraer la opinión pública de problemas internos. En Venezuela de lo que se trataba ayer era de la corrupción de todo el aparato del Estado y la infección que ella le había trasmitido a la estructura militar, que se veía reducida a ser la guardia pretoriana de unos emperadores corruptos y disolutos. Ese es el pasado inmodificable, que no puede servir de excusa para su repetición.
El dilema, ayer y hoy
Hoy de lo que se trata es enfrentarse a la certeza que plantean los abundantes indicios de una clara política de conversión de las Fuerzas Armadas en un partido político llevado a cabo por el primer militar retirado que logra ser elegido Presidente por votación popular. El asunto está lleno de ironías y contradicciones. Ellas plantean cuestiones éticas y constitucionales delicadas y complejas que tienden a confundir el pasado con el presente y a justificar lo que hoy se hace mal, con lo que ayer se hizo peor.
La maniobra de conversión de las Fuerzas Armadas en el partido de Hugo Chávez, acerca de cuya certeza no vale la pena gastar tinta y saliva en demostrar, pues es harto evidente, se enreda con la ironía que en febrero de 1992 ese mismo militar ejerció lo que entonces entendió era su deber y su derecho constitucional para "asegurar la estabilidad de las instituciones democráticas y el respeto a la Constitución y las leyes, cuyo acatamiento estará siempre por encima de cualquier otra obligación" como dice textualmente el artículo 132 de la Constitución. En junio de 1992, Hugo Chávez, a la cabeza de los militares rebeldes que lo siguieron, firmaron un documento en el cual juraron que ese mandato era la causa justificatoria de su acción. Hoy como Presidente, Hugo Chávez hace exactamente lo contrario, generando con sus palabras, sus acciones y sus amenazas, una situación en la cual el dilema se recrea para todos y cada uno de los miembros de las Fuerzas Armadas.
Para quienes es más apremiante la necesidad de una clarificación conceptual de lo que está sucediendo hoy en Venezuela es para los militares activos. En una situación de crisis de legitimidad, que afecta directamente a las Fuerzas Armadas, ningún militar puede parapetearse detrás de una conducta inhibitoria. El dilema no tiene escapatoria. O a los militares los convence la legalidad formal de lo que se está haciendo y los conquista el proyecto de convertir a las Fuerzas Armadas en un partido político deliberante y obediente al caudillaje de su jefe, o los gana el necesario ejercicio del derecho y la obligación de actuar según entiendan la legitimidad constitucional sustantiva que está siendo vulnerada. La Constitución no está moribunda. El acatamiento y obediencia de las Fuerzas Armadas a su comandante en Jefe se funda en ella. Si la Constitución desaparece o es violada, la obligación desaparece. En ese caso, la doctrina militar del Estado democrático, expresada en la letra del artículo 132, adquiere la plen
tud de su mandato imperativo.
jolava@viptel.com
EL NACIONAL - MARTES 29 DE JUNIO DE 1999 POLITICA
Canache Mata:Las FAN no acompañarán a Chávez en la aventura del golpe de Estado
Alexaner Duarte
El presidente de Acción Democrática, Carlos Canache Mata, considera que cuando el presidente Hugo Chávez dice que si no gana la batalla de la Constituyente habrá una segunda guerra, se está refiriendo a un golpe de Estado. Sin embargo, el dirigente cree que el mandatario no podrá ejecutar esa segunda opción.
A juicio de Canache Mata, ni las Fuerzas Armadas ni el país estarán dispuestos a acompañar a Chávez "en la aventura del golpe de Estado, porque él es un aprendiz de dictador. Los aprendices no pueden ofender la dignidad de un país y acabar con un régimen democrático que los venezolanos están acostumbrados a disfrutar".
Señaló que el jefe del Estado está asustado, porque sabe que es derrotable en la contiende electoral del próximo 25 de julio. "Por eso está nervioso y por eso agrede a todas las instituciones", dijo.
Apuntó que el mandatario puede intentar un golpe de Estado si cuenta con el respaldo de las FAN, pero recordó que, de acuerdo con el artículo 132 de la Constitución, la institución castrense debe estar al servicio de la República y no al servicio de una persona o de una parcialidad política.
En cuanto a la supuesta intención del Presidente de otorgar los ascensos militares sin autorización del Senado de la República, Canache Mata manifestó que en esa caso incurriría en violación del artículo 150 de la Constitución y el 181 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales".
Al ser consultado sobre si Acción Democrática solicitaría el enjuiciamiento de Chávez, el dirigente adeco dijo: "Ya veremos qué pasa. No se puede desafiar la dignidad de un país, diciendo: `Yo violo la Ley y aquí no pasa nada'. La Constitución tiene contemplados mecanismos de defensa, y existe el artículo 250, a través del cual se puede llevar al enjuiciamiento al Presidente de la República".
Juramentación del CES
Las autoridades de Acción Democrática juramentaron ayer a los integrantes del Comité Ejecutivo Seccional de Caracas, que continuará encabezando Rafael Marín como secretario general. Lo acompañarán Jesús Suárez, en la secretaría de organización; Eulogio Giménez, en la juvenil; Pablo Gómez, en educación; Leonel Ferre, en profesionales y técnicos; Isabel de González, en la femenina; Pablo Ojeda, en cultura; y Honorio Torrealba, en asuntos municipales.
Durante un eufórico discurso, Rafael Marín recordó que aun cuando del partido blanco se han ido muchos y han muerto otros, "aquí estamos de pie y seguiremos de pie, porque el partido no murió y vamos a salir unidos y dispuestos al combate en la calle, a dar la pelea por las personas que vamos a apoyar para la Constituyente".
Marín dijo que en el proceso de elección de los constituyentes, los adecos no votarán por los candidatos que quieran, sino por quienes se considere que son convenientes para ser llevados a la Asamblea. "La principal herramienta de éxito de este partido ha sido su disciplina consciente. Este no es un partido de irresponsables e individualidades, es un colectivo comprometido con una causa que vamos a defender en la Constituyente y donde nos encontremos".
EL NACIONAL - LUNES 21 DE JUNIO DE 1999 / POLITICA
¿Se "mejicaniza" la cúpula de las FAN?
60% se incrementan solicitudes de ascensos militares
Sólo el número de coroneles (168) iguala la cifra de altos oficiales que ascendió el año pasado. Expertos consultados por El Nacional reflejaron su preocupación por la cantidad de plazas incluida esta vez en la propuesta del Ejecutivo al Parlamento, lo que podría generar un congestionamiento en los mandos castrenses
Javier Ignacio Mayorca
Dentro de las Fuerzas Armadas Nacionales, 1999 será recordado no sólo como el año de la reinserción de los oficiales que participaron en los golpes ocurridos siete años atrás, sino también como la oportunidad de la década en que el mayor número de oficiales accedió a la cúpula militar.
En números redondos, y a partir de 1990, los ascensos propuestos para los grados de coronel, capitán de navío, generales de brigada y de división, contralmirantes y vicealmirantes oscilaron entre los 130 y 170. En apenas dos oportunidades, el Congreso, a través de la Comisión de Defensa del Senado, hizo objeciones puntuales en relación con uno o un reducido número de oficiales.
Esta semana, el ministro de la Defensa, general de división Raúl Salazar, entregó al presidente de la referida comisión parlamentaria, Carlos Guyón Celis, solicitudes de ascenso para 268 altos oficiales. Esto significa un incremento de casi 60% con relación a 1998, que había sido por escaso margen el año en que más plazas fueron requeridas durante toda la década.
Como es tradicional, la mayor porción (42%) de los oficiales que deberán ascender proviene del Ejército, que es el componente más numeroso de la institución castrense. Este año el proceso de evaluación en el nivel de la Junta Calificadora sufrió un giro con respecto a los períodos anteriores, pues precisamente el Ejército se reservó para el último lugar su exposición de necesidades. Lo usual es que su representante sea el primero en comparecer ante la referida instancia, que es la llamada a elaborar la propuesta de ascensos para el Presidente de la República.
Analistas consultados por El Nacional reflejaron su preocupación por la abultada cifra incluida esta vez en la propuesta del Ejecutivo al Parlamento, lo que podría generar un peligroso congestionamiento en la cúpula militar.
El criterio esencial es que cada cargo dentro de las FAN es ocupado por un militar con un rango predeterminado. Por ejemplo, los comandos de guarnición están en poder de generales de brigada, los tenientes coroneles conducen destacamentos, etc.
El número de plazas que quedan libres para un período dado es lo que determinará cuántos efectivos podrán ascender para ocuparlas. Es por eso que, en el oficio que el presidente Chávez le envía al ministro de la Defensa se señala, en el primer párrafo, que la lista de ascensos va "de acuerdo con las plazas vacantes, previamente determinadas y conforme a las nóminas por usted remitidas".
En el caso del Ejército, y si el presidente no decide lo contrario, serán dados de baja tres generales de división. Otro de ellos, Rubén Rojas Pérez, está detenido y enjuiciado. Por lo tanto, no está ocupando ningún cargo, aunque desde el punto de vista administrativo no se podría tomar ninguna determinación, hasta que el expediente penal llegue a una decisión definitivamente firme. En la práctica esto dejará cuatro plazas libres, pero se está pidiendo la elevación a este rango para seis oficiales. ¿Qué harán los dos restantes? Se puede presumir que Lucas Rincón Romero, uno de los propuestos, continuará siendo ministro de la Secretaría. Quedaría entonces un general de división con futuro incierto.
En cuanto a la Fuerza Aérea, tres oficiales están siendo promovidos para el máximo rango, aunque en ese nivel sólo una persona irá a retiro en julio. Otro tanto ocurre a nivel de los generales de brigada del Ejército: 6 se retirarán e igual número ascenderá, pero se está pidiendo ascenso para 21 efectivos.
Tumulto en Min-Defensa
El ex jefe de la Casa Militar, vicealmirante (r) Mario Iván Carratú Molina, teme que las Fuerzas Armadas estén iniciando un proceso de "mejicanización" , de mayores proporciones que el visto en el último año del gobierno de Jaime Lusinchi. En el país azteca, recordó, se aplicó una política de sobrepoblar la alta oficialidad de la institución castrense, como un mecanismo para el pago de favores, o para mantener apaciguada a una institución que en estas latitudes está signada por la tentación de extender su poder más allá de los cuarteles.
El exceso de altos oficiales, dijo, podría producir una ruptura del estructura piramidal inherente a las Fuerzas Armadas, y en consecuencia una relajación de la disciplina. Según su análisis, la propuesta del ministro de la Defensa debe obedecer a una lista de necesidades del Estado, entre las cuales probablemente figure la entrada de más militares a funciones ejecutivas, antaño ejercidas por civiles.
En esto último coincidió con el ex ministro de la Defensa, general de división (r) Fernando Ochoa Antich: "A lo mejor (los oficiales) entran a puestos civiles, porque en los cargos militares la situación se está haciendo estrecha".
El alto oficial y ex canciller no cree que la hipotética expansión de las funciones castrenses esté justificada por el Plan Bolívar 2000 y sus Teatros de Operaciones Sociales. Esta actividad, dijo, no tiene un efecto de suficiente importancia para que se constituya en el centro de la política social del Gobierno, y por ende motive la ampliación de la cúpula de las FAN.
El diputado Luis Manuel Esculpi también se mostró sorprendido por la solicitud del ministro Salazar, especialmente en lo que se refiere al grado de coronel. Recordó que hasta este año el criterio parecía apuntar hacia una restricción de las plazas pues, de lo contrario, se generaría a la vuelta de tres años una presión excesiva para optar al grado de general de brigada.
En esta oportunidad se ha pedido el ascenso de 168 oficiales para el grado de coronel, lo que es igual al número total de individuos elevados a altos oficiales el año pasado. Al igual que Carratú, el diputado predijo una congestión en la cúpula militar.
El presidente de la Comisión de Defensa del Senado, afecto a la coalición de gobierno, ha reiterado a El Nacional que su instancia no objetará la propuesta del general Salazar. Sin embargo, fuentes parlamentarias de oposición adelantaron que la lista será analizada con mucho interés. Se indicó, por ejemplo, que varios coroneles promovidos para ascenso habrían perdido este derecho, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 181 de la Ley Orgánica de las FAN, según el cual los oficiales sólo pueden retrasarse dos años, luego de haber cumplido el lapso mínimo para optar al rango superior.
Esta información, por lo tanto, permite presagiar que este año el proceso no será tan sencillo ni amistoso como lo fue en los dos años precedentes.
EL NACIONAL - JUEVES 24 DE JUNIO DE 1999 / POLITICA
Pidieron interpretación jurídica
Enfrentados senadores por artículo sobre retiro de oficiales rezagados
Javier Ignacio Mayorca
La Comisión de Defensa del Senado pidió a la oficina de Asesoría Jurídica del Congreso, dirigida por Carlos Leáñez, una interpretación en torno a la aplicabilidad del Artículo 181 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (Lofan).
El texto se convirtió ayer en el centro de la discusión entre los senadores que analizan la lista de ascensos para coroneles, capitales de navío, generales de brigada y de división, contralmirantes y vicealmirantes, propuesta por el Ejecutivo. De acuerdo con Otto Kreubel (Convergencia), quien es un general retirado, si la norma se aplicase con rigor 35 oficiales perderían la opción de acceder al rango inmediato superior, 16 de ellos pertenecientes al Ejército.
A esto se opone el criterio del senador Carlos Guyón (MVR), quien recordó que el referido artículo entró en vigencia con la última reforma a la Lofan, en 1995, y que no puede ser aplicado "en forma retroactiva" para desmejorar la situación de oficiales que no fueron ascendidos "por problemas personales con sus superiores".
El texto legal, en su primer párrafo, señala lo siguiente: "A partir de la entrada en vigencia de la reforma de esta Ley, la opción al ascenso establecida para el personal de oficiales y suboficiales profesionales de carrera caduca a los dos años de haberse cumplido el tiempo mínimo requerido en el grado para el ascenso, en caso de que no sea efectuado si se probare que durante este lapso ha tenido un alto potencial para el ascenso, serán retirados con goce de sueldo y demás beneficios del grado inmediatamente superior".
El tiempo mínimo de permanencia en los rangos de teniente coronel, capitán de fragata, coronel y capitán de navío es de 4 años, mientras que para subir al grado de general de división deben haber transcurrido por lo menos 3 años en el mando de brigadas.
La sesión de ayer concluyó a las 3:30 pm, pues algunos senadores tenían que participar en la sesión para elegir a los magistrados del Consejo de la Judicatura.
Las vacantes Ayer en la mañana, y tras los reclamos de los senadores, llegó del Ministerio de la Defensa la relación de las plazas vacantes para generales de brigada y de división, contralmirantes y vicealmirantes.
En cuanto a los generales de brigada y contralmirantes, el despacho de Fuerte Tiuna informó sobre la necesidad de 85 oficiales: 28 para el propio ministerio, 17 para el Ejército, 10 para la Armada, 17 para la Fuerza Aérea y 13 para la Guardia Nacional.
Entre los cargos que a este nivel se reservó el Ministerio de la Defensa figuran la Dirección de Inspecciones de la Contraloría General de las FAN, la Comisión Reestructuradora, la presidencia del Círculo Militar, la Dirección de Fronteras de la Cancillería, la Dirección de Transporte Acuático del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, asesoría militar ante la Organización de Naciones Unidas, representación ante la Junta Interamericana de Defensa y agregadurías en China, Estados Unidos, Rusia y Canadá.
Mención especial amerita la comandancia de la Policía Metropolitana, pues no figura entre los 13 cargos reclamados por la Guardia Nacional. Esto, según algunos parlamentarios, abre la posibilidad de que Fuerte Tiuna nombre para esa posición a un oficial distinto de la GN, o de que sea ratificado el actual comandante.
En cuanto a las Fuerzas Armadas de Cooperación, las jefaturas del Comando Antidrogas, Resguardo Nacional y Guardería del Ambiente serían conducidas por generales de brigada. En la actualidad estos cargos están en poder de coroneles. La Fuerza Aérea, por su parte, no solicitó plaza alguna para la llamada "ruta popular", anunciada por el Presidente de la República.
Para los grados de general de división y vicealmirante, el despacho de la Defensa tiene 21 cargos abiertos. Allí, por cierto, se indica que la Dirección de Inteligencia Militar será ocupada por un oficial de este rango, aunque su actual titular, general de brigada Ovidio Poggioli, no figura en la lista de ascensos.
EL NACIONAL - SÁBADO 26 DE JUNIO DE 1999 / POLITICA
Advierten enfrentamiento de poderes por lista de ascensos
Cinco de los oficiales rezagados que aspiran al grado de general de brigada en el Ejército forman parte de la promoción Simón Bolívar II, la misma del jefe del Estado
JAVIER IGNACIO MAYORCA
El presidente de la Comisión de Defensa del Senado, Carlos Guyón Celis (MVR), advirtió que "habrá enfrentamiento de poderes" si esa instancia parlamentaria no autoriza en su totalidad la lista de oficiales propuestos para ascenso a los grados de coronel, capitán de navío, generales de brigada y de división, contralmirante y vicealmirante.
El capitán retirado explicó que el Presidente puede hacer uso de sus atribuciones de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y decretar la elevación de rango para aquellos militares que resulten "vetados" por el Legislativo.
-Yo estoy de parte de la justicia, del deber ser, y si las personas que están en esta comisión se oponen al deber ser, yo estaré opuesto a ellos -dijo.
-¿Si no se llega a un acuerdo, esto agravará las relaciones entre el Congreso y el Presidente de la República?
-Pudieran agravarse, y dar pie a que el día de mañana la Constituyente disuelva a un Congreso que está de espaldas a la justicia.
Guyón confirmó los rumores que señalaban que en Miraflores fueron modificadas las listas emitidas por las Fuerzas Armadas, tras el proceso de evaluación: "(...) Como se consideraron oficiales que tenían mayor tiempo de graduación para ascensos, éstos automáticamente deben pasar primero en las listas".
Examen oral
Ayer acudieron a la instancia parlamentaria los comandantes del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, con el objeto de exponer las necesidades que justificaría la solicitud de ascenso más abultada de toda esta década (267 oficiales).
La intervención más larga y polémica correspondió al representante del Ejército, general de división Noel Martínez Ochoa. El alto oficial, según relataron algunos senadores, reconoció durante un intercambio de cinco horas y media con los parlamentarios que, por voluntad del jefe del Estado, fueron añadidos a la lista de los posibles generales de brigada, entre otros nombres, los de cinco integrantes de la promoción Simón Bolívar II de la Academia Militar, la misma a la que pertenece el presidente Hugo Chávez.
Se hizo un análisis detallado de cada uno de los aspirantes a rango superior, lo que generó tensiones entre los miembros del Poder Legislativo y de la institución castrense.
Martínez Ochoa, además, observó que los senadores no disponían de un informe oficial de plazas vacantes, sino de un documento que les llegó por vía informal. Al concluir la sesión, prefirió salir por una puerta trasera y no declaró a la prensa. Del resto de las intervenciones, la de la Armada motivó los comentarios más positivos.
Nuevo estudio
Después del mediodía, la Comisión de Defensa del Senado recibió el informe de la oficina de Asesoría Legal del Congreso en torno a la aplicabilidad del Artículo 181 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas.
El documento al parecer no fue distribuido entre los parlamentarios, pues Carlos Rodríguez (Proyecto Venezuela) exigía su divulgación, en el entendido de que su contenido no era favorable a la posición defendida por el Polo Patriótico.
Fue entonces cuando el senador Guyón dejó la oficina. Dos horas después, cuando regresaba, anunció que había pedido un nuevo dictamen sobre el particular, pero al procurador general de la República, Javier Elechiguerra.
Tal y como está la situación, se aleja la posibilidad de lograr un acuerdo en torno a la lista de ascensos propuesta por el Ejecutivo. Tal y como está el cronograma para este proceso, la Comisión de Defensa del Senado tendrá tiempo hasta el miércoles 30 de junio para elaborar su informe final. Los partidos de oposición unidos lograrían aquí una mayoría de 6 a 3.
EL NACIONAL - DOMINGO 27 DE JUNIO DE 1999
Chávez: "Pudiera dar un golpe pero no quiero llegar a eso"
En un acto ante un grupo de educadores condecorados con la Orden 27 de Junio, el Jefe del Estado expresó que "podría hacer lo mismo que el presidente Fujimori en Perú, y asumiría mi responsabilidad ante el mundo entero"
Sostuvo que esa sería la vía inmediata para "meter en prisión a jueces corruptos que apoyan a narcotraficantes", al tiempo que fustigó a gobernadores contra los que dijo tener pruebas de corrupción, pero "no hay juez que los enjuicie porque todos son de la misma macoya"
El primer mandatario, quien viaja hoy a Río de Janeiro para participar en la Cumbre de la Unión Europea-América Latina-Caribe, se refirió a la disputa sobre los ascensos militares y señaló que todos los postulados subirán de grado el 5 de Julio, porque en el Congreso de la República "no hay moral para rechazarlos"
EL NACIONAL - DOMINGO 27 DE JUNIO DE 1999
Prefiere que el colectivo asuma la responsabilidad
Chávez: Yo pudiera dar un golpe de Estado pero no quiero llegar a eso
Durante el acto de conmemoración del Día del Educador, el jefe del Estado aseguró que tiene pruebas de corrupción de un grupo de gobernadores e insistió en la necesidad de los cambios que aprobaría una Asamblea Nacional Constituyente, porque nada puede hacer para sancionarlos, debido a que "no hay quien los enjuicie porque todos son del mismo partido"
YENEIZA DELGADO M.
Pese a que en esta oportunidad no advirtió que sus detractores políticos lo iban a acusar de endurecer el discurso, el presidente Hugo Chávez volvió a arremeter contra los poderes constituidos, especialmente el Judicial y el Legislativo, al afirmar que podría dar un golpe de Estado en cualquier momento para cambiar drásticamente la situación actual.
"Yo no quiero llegar a eso, pero por esa vía pudiéramos, yo pudiera hacer eso, pedirle perdón a Dios y hacerlo", dijo el mandatario durante el acto de celebración del Día del Educador, durante el cual que condecoró a 150 profesionales del esa área.
"Yo pudiera dar un golpe de Estado, de verdad pudiera hacerlo. Yo pudiera hacer lo que hizo el presidente Alberto Fujimori en el Perú (...) hoy, a esta hora, 11 de la mañana del 26 de junio, o esta tarde, cualquier día pudiera hacerlo y dependería de mi decisión, única y exclusivamente, y asumiría mi responsabilidad ante el mundo entero. Pero créanme que yo no quiero hacer eso (...) prefiero que asumamos todos la responsabilidad. Prefiero que la decisión no sea mía, sino que la decisión dependa del todo, del colectivo y ser un impulsor del proceso", afirmó.
El jefe del Estado dijo que esa sería la vía inmediata para "meter a prisión a jueces corruptos, a jueces que apoyan narcotraficantes". Aseguró que tiene "pruebas de corrupción de gobernadores", pero alegó que "no hay un juez que los enjuicie porque todos son del mismo partido, de la misma macoya".
Una vez más destacó que diputados, senadores, ex senadores, y jefes de partidos y de capotas, "que han robado y siguen robando", no son los indicados para solucionar los problemas de corrupción.
Aunque reconoció que hay excepciones, preguntó: "¿Quién le pone el cascabel al gato, Hugo Chávez? Hasta ahora no puedo -se respondió- porque hay límites y atribuciones (del) Poder Judicial, por una parte; el Poder Legislativo, soberano Congreso, por otra parte; las asambleas legislativas. ¡Dios mío, ese es un nido de víboras!; instituciones enteras. El sistema político no funciona".
Recalcó que no hay justicia en Venezuela, "y no podrá haber justicia mientras no tengamos un Poder Judicial honesto de verdad, democrático de verdad. Que podamos elegirlo y removerlo por voluntad popular, como pasa en otros países democráticos".
Ratificó que ni él ni nadie puede hacer, pacíficamente, las transformaciones institucionales que se requieren en esa y otras áreas. "Sólo podría hacerlo una Asamblea Constituyente", acotó.
Archivo de amonestaciones
El Presidente volvió a retar a las autoridades del Consejo Nacional Electoral a seguir amonestándolo por promover a sus candidatos a la Constituyente.
"Yo estoy amonestado por todos, que me sigan amonestando, ya no me va ni me viene. A mí me amonestó el Congreso hace unos meses, me amonestó la Corte Suprema de Justicia, ahora me amonesta el Consejo Nacional Electoral. Bienvenidas las amonestaciones, siempre y cuando sean porque estoy cumpliendo con mi deber", dijo en medio del aplauso de los asistentes.
Señaló que respeta las reprimendas, y que las ha ido archivando a lo largo de su vida, desde que un capitán lo hizo por defender a un soldado en 1975.
"Si es por defender al vejado, si es por defender al humillado, si es por defender a los que no pueden defenderse, bienvenidos estas y un millón de amonestaciones más. Pero con eso no lograrán detenerme, eso me da más furor todavía", reiteró.
Ejército bolivariano de educadores
Durante su discurso, el jefe del Estado felicitó a los educadores condecorados con la Orden 27 de Junio, e hizo extensiva la felicitación a todos los docentes del país.
Recordó que viene del seno de una familia de maestros, porque su padre, el actual gobernador del estado Barinas, y su abuela, cumplieron esa labor. Con base en esa experiencia afirmó que el deterioro de la educación en Venezuela no es la culpa de los docentes, sino de "una mal concebida y mal entendida democracia".
"Por eso comparto lo que dijo el ministro Héctor Navarro: la educación en Venezuela no es un fraude, sino un milagro. El fraude lo hizo el Estado, lo hicieron los politiqueros de oficio (...) se pusieron una careta y defraudaron, saquearon y humillaron la esperanza que mucha gente puso en ellos. El fraude es el sistema mal llamado democrático que ahora estamos llamados a enterrar, o arrastrará definitivamente el país hacia una tumba mucho más tenebrosa", advirtió.
Chávez también reconoció los esfuerzos del ministro de Educación, Héctor Navarro, y del equipo que lo acompaña. Ratificó que las clases comenzarán a mediados de septiembre, y anunció que el sector fue declarado en emergencia para que este año todos los planteles estén acondicionados para recibir a los estudiantes.
Además, arengó a los maestros: "Ahora es cuando es necesario enseñar, ahora es cuando es necesario potenciar nuestras fuerzas al máximo. Vamos, pues, ejército de educadores, ejército bolivariano de educadores, hombres y mujeres de luchas, con la moral en alto a enseñar luces y virtudes a nuestro pueblo. Vamos a la Constituyente, vamos rehacer nuestro pueblo, vamos a reconstruir nuestra Patria, para nuestros hijos, y para el futuro".
Destacó que la reconstrucción del país tardará unos diez años, y en declaraciones posteriores exhortó al empresariado a que contribuya a la reactivación de la economía.
"No sólo se requiere del esfuerzo del Gobierno, que es apenas un sector y el menos poderoso de ellos. Las empresas, los empresarios, los capitalistas del país tienen mucho que ver en esto. He estado conversando con ellos, y conocen nuestros planes", dijo.
Precisó que el Ejecutivo no tiene apuros para aprobar el resto de las materias de la Ley Habilitante, porque se trata de definir, con mucho cuidado y precisión, un proyecto para una década.
Con relación a los ascensos militares, ratificó que todos los postulados subirán de grado el 5 de julio. Recalcó que en el Congreso "no hay moral" para rechazarlos.
EL NACIONAL - MARTES 29 DE JUNIO DE 1999 / POLITICA
38 no cumplen requisitos, según Vivas Terán
Estudian ascenso y retiro simultáneos para oficiales rezagados
El artículo 181 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas debe ser aplicado con todo rigor desde su entrada en vigencia, dijo el Asesor Jurídico del Congreso, Carlos Leáñez
Javier Ignacio Mayorca
La Comisión de Defensa del Senado estudia una fórmula que concilie la solicitud de ascenso para 267 altos oficiales, formulada por el Ejecutivo Nacional, con la necesidad de aplicar la normativa que obliga a pasar a retiro a los militares que, tras haber cumplido con los requisitos mínimos, se hayan rezagado por más de dos años.
Así lo indicó el senador Arístides Beaujón (Copei), durante un paréntesis en el proceso de entrevistas a todos los aspirantes a los grados de vicealmirante, contralmirante, generales de división y de brigada, que se desarrolla en esa instancia parlamentaria.
Según su explicación, el Senado emitirá esta semana un veredicto indicando cuáles serán los oficiales que podrán ascender, y aquellos que no estén en esa lista simplemente no obtendrán ese beneficio. Sin embargo, añadió, la propia Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (Lofan) establece que tales oficiales pueden ser pasados a retiro con el sueldo y los demás beneficios del grado inmediatamente superior.
Beaujón recordó que el artículo 181 fue incluido en la última reforma a la Lofan para descongestionar la cúpula militar y propiciar el acceso a ella de oficiales jóvenes, y observó que entre 1995 y 1998 fue aplicado sin problemas. Señaló que el Alto Mando o el Ejecutivo tuvieron tiempo para pedir una reforma a esta disposición, pero no lo hicieron.
-¿Qué haremos con la próximas promociones de coroneles y generales, si las cúpulas militares están copadas? -se preguntó.
-El ministro Salazar dijo que hay plazas suficientes para todos estos ascensos -le comentaron.
-Lo que han hecho es jerarquizar los cargos, pero devaluándoles el grado (...) Eso lo queremos evitar en las Fuerzas Armadas -contestó.
Hasta el momento, los senadores no han llegado a un consenso en torno al número de oficiales que no cumplen con los requisitos de ley para subir de grado. El número más conservador fue suministrado por Beaujón (29). No obstante, según Abdón Vivas Terán (Proyecto Venezuela) son 38.
Vivas, por cierto, aclaró que las objeciones no son consecuencia del trabajo parlamentario sino del "manejo político y personal de instituciones que deben manejarse con carácter y criterios de Estado". Sostuvo que los oficiales que no cumplen con los requisitos para ascender fueron incluidos en las listas a última hora, pues no figuraban en los informes de ninguna de las 4 juntas de las Fuerzas Armadas que participan en este proceso.
Advirtió que si el jefe de Estado insiste en subir el rango de estos oficiales, tal y como lo ha anunciado, los condenará a permanecer en un "limbo jurídico", pues el senado o cualquier ciudadano podría solicitar la nulidad de esta decisión ante la Corte Suprema de Justicia.
Por su parte, el capitán (r) Carlos Guyón, presidente de la Comisión de Defensa del Senado, reiteró que sí hay plazas suficientes para todos los oficiales propuestos por el Ejecutivo. Vaticinó, además, que uno de los puntos a discutirse durante la Asamblea Constituyente serán las atribuciones del Parlamento y del Ejecutivo en el tema de los ascensos militares.
Informe del asesor
El informe del jefe de la oficina de Investigación y Asesoría Jurídica del Congreso, Carlos Leáñez, indica que la normativa expresada a través del artículo 181 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas es de inmediato cumplimiento, a partir de su puesta en vigencia, en 1995.
Este dictamen, emitido a petición del senador Guyón, coincide con el criterio de las bancadas de oposición, en cuanto a las condiciones mínimas requeridas para subir de rango, y la necesidad de pasar a retiro a los oficiales que se han retardado por más de dos años en el ascenso.
Basado en tratadistas de la materia, Leáñez afirmó que "dada la situación estatutaria de orden público del personal militar de carrera, cualquier variación o modificación legislativa de su status jurídico va a aplicarse inmediatamente, a partir de la entrada en vigencia de la Ley".
Advirtió que la Corte Suprema de Justicia es la única institución que puede determinar la inconstitucionalidad de alguna ley. "Los órganos de los otros poderes públicos, al dictar actos singulares (y este es el caso de los ascensos militares) no pueden estar descartando la aplicación de la ley, alegando su inconstitucionalidad", sentenció.
EL NACIONAL - MIÉRCOLES 30 DE JUNIO DE 1999 / POLITICA
Advierte Lewis Pérez
"Senadores de AD no admitirán violaciones a la Ley de las FAN"
Alexan Duarte
El secretario general de Acción Democrática, Lewis Pérez, advirtió que los senadores de la tolda blanca rechazarán aquellos ascensos militares que violan el artículo 181 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales, que limita el beneficio para aquellos oficiales que no hayan sido promovidos después de dos años "de haberse cumplido el tiempo mínimo, requerido en el grado, para el ascenso".
El dirigente recordó que el referido artículo fue aprobado por el Congreso a solicitud de la institución militar, cuyos representantes planteaban la necesidad de que se eliminarán los obstáculos que impedían la promoción de oficiales jóvenes a cargos superiores.
De acuerdo con el artículo 181, los oficiales que no hayan sido promovidos en el tiempo previsto y que tienen un alto potencial para el ascenso, pueden ser retirados de las FAN con goce del sueldo y demás beneficios del grado inmediato superior.
En esta situación se encuentran unos 38 oficiales cuyos ascensos fueron postergados por más de 2 años. No obstante, el presidente Hugo Chávez los incluyó en la lista que actualmente analiza la Comisión de Defensa del Senado, que preside Carlos Guyón, del Movimiento Quinta República.
Lewis Pérez señaló que AD no tiene nada personal en contra de esos oficiales, pero ratificó que sus senadores rechazarán las solicitudes que no cumplan con lo estipulado en la Ley Orgánica de las FAN.
También, resaltó que el número de ascensos solicitados por el jefe del Estado es exagerado, porque sobrepasa la cifra de cargos que quedarán vacantes. "En esta oportunidad, tenemos una cantidad de ascensos que dañará a los militares jóvenes, quienes no tendrán oportunidad de ser promovidos".
Gobierno incompetente
El secretario general de AD se refirió al gobierno del presidente Chávez, el cual, a su juicio, tiene 5 características "La incompetencia, la inexperiencia, las contradicciones, la ineficiencia y la ocupación militar de las funciones públicas".
Apuntó que la actual gestión gubernamental "ha sido el gran fiasco para los venezolanos, porque en la campaña electoral ofreció cambiar radicalmente las cosas, pero vemos que lo que está haciendo es consolidar los errores del pasado".
Lewis Pérez añadió que Acción Democrática asume su responsabilidad por las equivocaciones del pasado, y dijo que lo importante es saber rectificar y reconocer que no tuvieron disposición de enfrentar las desviaciones. "Esos fueron errores que cometimos, pero ahora lo importante no es volverlos a cometer".
Exhortó al presidente Chávez para que comience a gobernar, y le recordó que el desempleo asciende a 17%, la economía informal se incrementó a 52%, el consumo de alimentos se redujo 12%, y el sector construcción a disminuido sus inversiones 50%.
"Estamos en el peor momento que hemos tenido como pueblo porque nos encontramos frente a un gobierno que no gobierna y que no quiere asumir su responsabilidad. Ya está bueno de discursos y más discursos".
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