UNA Y OTRA ACERA

Diputado Luis Barragán, miembro de la Comisión de Cultura de la AN
La bancada democrática de la oposición reivindica el derecho a disentir frente al Proyecto de Ley del Monopolio Estatal de la Cultura

“Nuestro más vehemente reclamo en la sesión plenaria del día 6 de los corrientes – indicó – se debió a la aprobación del Informe para la Segunda Discusión del Proyecto de Ley Orgánica de Cultura en el seno de la Comisión, ausente  la oposición democrática. Tal circunstancia fue subsanada al día siguiente, cuando se reunió la Comisión y señalamos nuestras objeciones fundamentales a la propuesta oficialista, ratificando nuestra más firme defensa de las libertades culturales, ahora francamente amenazadas por la propuesta de una Ley del Monopolio Estatal de la Cultura”.
Luego, precisó: “La disidencia no constituye un delito, sino que representa un aporte al debate democrático que no nunca debe interpretarse como una tentativa de sabotaje, algo tan propio de los regímenes autoritarios. Nuestras diferencias fundamentales con el Proyecto en cuestión, no significa en modo alguno renunciar a las consideraciones secundarias de la materia, en las que – incluso – podemos coincidir. A modo de ilustración, el PSUV en la Comisión se identificó con nuestra contribución relacionada con la cultura gastronómica o la deseada regulación de las competencias toponímicas, aunque rechazó el planteamiento vinculado a las emergentes culturas digitales y la reindustrialización cultural. Lo cierto es que nuestras observaciones y cuestionamientos son de fondo y van más allá de las correcciones gramaticales que se ensayen, compartiendo algunos planteamientos hechos sobre el derecho de propiedad intelectual o el Archivo General de la Nación”.
 Puntualiza el parlamentario de  oposición respecto a las más recientes declaraciones de la diputada Gladys Requena: “Siendo el Estado el intérprete  y decisor inapelable de lo que es o no la identidad nacional, como lo ha referido la parlamentaria del oficialismo, no sólo afectarán las producciones colombianas, como expresamente lo indicó, sino las nacionales con el soporte que juzguen de cuño imperialista. Es decir, ejercerán una censura cultural que, al confundir dependencia y transculturización, harán reos de los tribunales a quienes introdujeron el Calipso en El Callao”.

Respecto a algunos asuntos concretos, el diputado Barragán mostró su desacuerdo con  el monopolio estatal de la cultura que se pretende, el abusivo predominio del poder central que atenta contra las más elementales normas y principios de la descentralización, o la creación de un fondo para la cultura que, como otros ya consabidos, tiene efectos confiscatorios y consagraran el presupuesto paralelo que escapa a todo control. Además, alegó que “una abstracción tan generosa y maleable como la del trabajador cultural, evade el desarrollo de la normativa constitucional distinguiendo las diferentes facetas del oficio cultural y sus específicos e intransferibles problemas que una Ley debe ayudar a solventar, pues,  la norma constitucional no debía extenderse, esperando su desarrollo legal, sobre las vicisitudes de la música en cuanto a géneros y al propio ejercicio profesional del compositor, concertista, fabricante de instrumentos,  gerente u otra de las complejas facetas involucradas, por ejemplo”.  Añade el parlamentario que, al centrarse únicamente en el trabajador cultural, “incurriremos en un reduccionismo sociológico que interesadamente soslaya las también dramáticas situaciones que confronta en el orden laboral, comercial, académico, editorial, etc.”.
Para concluir, el diputado Barragán manifestó que la bancada de la Mesa de la Unidad Democrática “tiene la mejor disposición de discutir la propuesta, en un clima de respeto y consideración, consecuente con su responsabilidad histórica y con el sector cultural organizado que, por razones políticas e ideológicas, simple y asombrosamente no existe para el gobierno nacional, a pesar de sus innegables y meritorios aportes al país”.

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