Luis Barragán
La novísima Ley Orgánica de Cultura, presta para su promulgación después de la obligada pasantía por el TSJ, contempla un Fondo. La propuesta nunca fue planteada por el PSUV en el seno de la Comisión Permanente de Cultura de la Asamblea Nacional, y mucho menos votada por la oposición, e hizo su sorpresivo debut al iniciarse la segunda discusión del proyecto, sacada de la vieja chistera.
La idea del Fondo propiciaba la confusión, pues, aceptarlo significaba alinearse con las causas populares, mientras que el rechazo nos llevaría al corral de los supremos intereses de Fedecámaras. Confusión de alta rentabilidad política que escondía la triquiñuela de una súbita aparición, e – inevitable – forzaba a una postura inequívoca de rechazo por el grueso de la bancada democrática de la oposición que, como integrante de la aludida Comisión, nos responsabilizó de la vocería.
Por lo demás, piando tarde, el gremio empresarial apenas había consignado su inconformidad horas antes de la siguiente sesión de la plenaria que lo consideró, agotado evidentemente el lapso para la consignación de propuestas que interpela la desatención prestada por la entidad a un proyecto de tanta gravedad. Y, aunque genere asombro, un debate de tan escaso tiempo para los oradores, condujo a una apretada síntesis de nuestros alegatos para rechazar la pretensión gubernamental.
Al igual que la aplicación de toda la Ley Orgánica de Cultura no deparará otras sorpresas, excepto las que incremente una abusiva reglamentación, consagrando la política cultural del Estado en más de una década, el Fondo tiene un destino horoscopalmente certero. Pueden hacerse ilusiones los más ingenuos, quienes dicen adivinarlo como remedio para las vicisitudes y urgencias sociales de los trabajadores culturales, por ejemplo, pero lo cierto es que constituirá un desaguadero de recursos de acuerdo a los caprichos gubernamentales, amén de convertirse en un arma de persecución para las entidades e iniciativas diferentes al Estado.
Para nadie es un secreto que, por muy alto que la cesta petrolera se cotice en los mercados internacionales, más elevada aún es la voracidad fiscal del gobierno. Bastará con cruzar una data dispuesta en las propias redes para comprobar el despilfarro sistemático de un régimen que, por cierto, curiosamente, reinventando la propia noción del delito, descubre la corrupción fuera del gobierno y entre quienes no manejan recursos públicos, negado a explicar el descenso de las propias reservas internacionales.
El presupuesto público nacional está fundado principalmente en las contribuciones que realiza la ciudadanía, sin excepción alguna, pues es el pueblo el que resignadamente cumple con el IVA, sin contraprestación alguna, en el menor de los casos. Los ingresos petroleros están destinados esencial y directamente a sendos fondos de los que muy pocos o nadie sabe en cuanto a inversiones y cumplimientos de metas, y que ni la misma Asamblea Nacional logra controlar, al margen del presupuesto y la deliberación parlamentaria.
Nada autoriza a una distinción entre el Fondo de Cultura y los otros Fondos creados por varias leyes orgánicas. Benjamín Scharifker, por ejemplo, ha demostrado que el correspondiente a Ciencia, Tecnología e Innovación, desestimulada la inversión privada y golpeadas las universidades autónomas, se ha traducido en un descenso de los artículos de producción científica y tecnológica, indicador confiable de las actividades del sector, por lo que hasta ahora se sabe.
El sólo hecho de un financiamiento a través de recursos extraordinarios, sumando diferentes cargas contributivas para la empresa privada, administrado por entidades de las que poco o nada se sabe, acumulada la nefasta experiencia de numerosos fondos discrecionales, alienta la sospecha. Diferente es prever los recursos ordinarios disponibles o los que extraordinariamente puedan despuntar, y presupuestar en el marco de una definida política pública cultural, proyectarlos y someterlos al debate parlamentario, hacer el seguimiento y control, fijar responsabilidades: nunca olvidamos a Jorge Castañeda en “La utopía desarmada”, por aquello del saneamiento de las finanzas públicas como un estupendo aporte a la justicia social.
Por añadidura, evadiendo su responsabilidad punitiva, claramente definida, frente a las incursiones delictivas que tentaran al sector social o mercantil en la materia, como el fraude tributario, el Estado preventivamente apostaría por y perpetraría su liquidación. Vale decir, garantizando el monopolio cultural del Estado que, en propiedad, transversaliza el reciente instrumento legal, supeditaría, absorbería y pulverizaría toda manifestación distinta al poder establecido.
Preferimos optar por la eliminación de la norma que establece el Fondo de Cultura, antes que pretender aliviarla, porque es otro el contexto de las finanzas públicas el que merece. Zodiacalmente, el Fondo está destinado a convertirse en un inútil artefacto, salvo para quienes lo administren, agregando a los potenciales beneficiarios que requieran organizarse y reacomodarse como una clientela específica en el concierto del socialismo rentístico que nos agobia.
Fotografía: LB, esquina de La Bolsa (Caracas, 04/08/13).
http://www.analitica.com/va/sociedad/articulos/6989424.asp
No hay comentarios:
Publicar un comentario