Entrevista diputado Luis
Barragán / Opinión y Noticias
Universidad
y dictadura son términos incompatibles
El régimen – señaló el
parlamentario – desea convertir a la universidad en un medio para negociar y
chantajear a la posición. Reitera su
propuesta de elecciones masivas en las universidades para el próximo 23 de
enero.
Integrante de la
Fracción Parlamentaria del 16 de Julio en la Asamblea Nacional, el diputado
Luis Barragán, a través de su columna semanal
en Opinión y Noticias, al
igual que en numerosas declaraciones, ha manifestado su creciente angustia en
torno al destino de la universidad venezolana. Si pudiera sintetizarlo, ¿en qué
consiste el problema universitario venezolano, hoy?
Más
que problema, por su complejidad y consecuencias, hablemos de todo un
problemario inédito en la historia contemporánea del país. La principal evidencia reside en el
propósito de acabar deliberadamente con la universidad libre y autónoma bajo el
presente régimen, que es acabar con la noción misma de universidad. Los hechos están – digamos – protocolizados en la sentencia dictada
por el ilegítimo Tribunal Supremo de Justici (ITSJ) de fecha 27/08/19,
ordenando un plazo que culminará el 26 de febrero de 2020, para que las
universidades públicas celebren sus comicios internos con estricto apego a los
dictados del Consejo Nacional de Universidades (CNU), en clara violación del
artículo 109 constitucional y de la Ley de Universidades, como de los
reglamentos que cada casa de estudios se ha dado. Un largo y paciente empeño de veinte años por
doblegar a la universidad, está materializado en un fallo – además - viciado
que da cuenta de un proceso de asfixia mecánica ya agudizado por un bien
calculado y crónico déficit presupuestario, la masiva exclusión antes que
deserción estudiantil y profesoral, la actuación impune de la delincuencia
común y de la política, el deterioro de la planta física, entre otros aspectos.
Voceros del oficialismo
refieren que las autoridades universitarias tienen sus períodos vencidos, desde
hace mucho tiempo. Los diputados reincorporados lo recordaron en la última
sesión de la Asamblea Nacional que tocó el tema…
Desde
hace diez años, el aparato judicial del régimen impide la libérrima celebración
de los comicios internos, mediante un ardid: la ampliación artificial de la
comunidad universitaria y la intervención misma del Consejo Nacional Electoral (CNE) de un modo directo o indirecto. Esto nos
permite hacer algunas precisiones: por supuesto, los sectores administrativos y
obreros – por cierto, profesionalizados en algunos casos – merecen una
presencia más destacada en el ámbito universitario, pero deben reparar en una
circunstancia: la dictadura los desea como un burdo pretexto para inflar el
padrón electoral, añadidos los trabajadores temporales, para intentar vencer a
las fuerzas democráticas gracias a una vulgar coartada, pues, jamás ha podido
triunfar limpiamente aún en los más modestos eventos convocados. Consideramos
que los tales diputados, porque – simplemente – no lo son tras abandonar sus
cargos y funciones parlamentarias por más de dos años consecutivos, mienten con
un cinismo y un descaro inigualables, muy conscientes de un objetivo
indispensable: pulverizar la libre búsqueda del saber y de la verdad,
definitoria de la universidad, a favor de una instancia sojuzgada, repetidora
de consignas, cuya infraestructura pueda servir a enteros propósitos
proselitistas y burocráticos. Además, le urge ubicar sendos espacios
burocráticos a una clientela sedienta del reconocimiento académico que no logra
por la vía honesta, limpia y transparente del mérito. Así como a PDVSA la
quebraron, por vital que fuese la industria, poco les importa pedevalizar a la universidad,
desespecializarla y ponerla al servicio de los prohombres del régimen o, mejor,
porque éstos envían y sostienen a sus hijos en el exterior, al servicio de los
hijos de sus empleados de mediano nivel. Por cierto, una dictadura que, por
ejemplo, trató de impedir infructuosamente las elecciones estudiantiles en la
Universidad de Carabobo, mediante y la violencia, como bien lo recordamos, no
puede hacer nada cuando existe una firme determinación de las fuerzas
democráticas y de entera como indudable vocación por la libertad.
No obstante, se ha
notado una cierta debilidad del movimiento estudiantil, como nunca antes,
frente a las circunstancias actuales.
Ciertamente,
aunque el asunto tiene sus bemoles. Por supuesto, esto obliga a reivindicar el
historial estudiantil en Venezuela con los hitos muy importantes de 1928, 1936
y 1958 para la conquista de las libertades públicas y de la propia autonomía
universitaria. Por constitucionalizadas que estén PDVSA y la autonomía
universitaria, el régimen no ha tenido escrúpulos con una y otra. Las nuevas generaciones deben conocer de
estos temas, pues, no todo se resume en la video-política. Empero, hay deseos y
manifestaciones de lucha, como se ha dado y se está dando en las universidades
de Carabobo y Central de Venezuela que nos permiten ser optimistas, al lado de
otras situaciones que nos entristecen: la representación estudiantil ante el
Consejo Directivo de la Universidad Simón Bolívar respaldó el llamado de
consulta en torno a la tristemente célebre sentencia del ITSJ, sabiéndola
inconstitucional e ilegal de antemano, identificándose con los intereses de las
autoridades que maniobran a favor de la dictadura. Son evidentes los síntomas
en relación a una contaminación de lo que, al fin y al cabo, es todo un
régimen.
¿Obedecen las
instrucciones del Ministerio de Educación Superior?
Es
la lógica conclusión, pues, el representante del ministro usurpador, sin mediar
acto administrativo alguno, acudió y les impuso el plazo ya citado, con el solo
y público rechazo del señor rector, Dr. Enrique Planchart, y del representante
profesoral ante el Consejo Directivo de la Universidad Simón Bolívar, Dr. José
Alberto Olivar, y la aquiescencia y hasta beneplácito del resto de las
autoridades universitarias. Estos hechos son inevitables que trasciendan y se
conozcan, al igual que la intención del ministro usurpador de asociar el
problema universitario a la llamada mesa nacional de diálogo. Esto es, para
convertirlo en pieza de negociación y chantaje.
Es conocida su línea
parlamentaria de trabajo, en torno a la realidad política, las relaciones
civiles – militares, el Esequibo y la política cultural ya de varios años. ¿Por
qué la universidad?
Sencillamente,
porque corre un inmenso peligro en Venezuela y no podíamos callar, asumiendo
responsablemente nuestras tareas parlamentarias. Ya, para finales de 2017, se
veía venir una definitiva facturación política a la universidad que rechazó y protestó
tan vehementemente a la dictadura y, desde entonces, solicitamos un debate muy
específico sobre la materia en la Asamblea Nacional que, apenas, se dio
recientemente. En 2016, hubo la discusión del informe de una comisión especial,
cuyas recomendaciones fueron obviadas. Por insistencia de la Fracción
Parlamentaria 16 de Julo, a finales de 2018 y, a mediados del presente año, el
tema concreto volvió a la cámara, pero en el contexto del problemario educativo
en general. Apenas, ahora, es que la corporación legislativa le prestó una
precisa atención al asunto, aunque no nos satisfizo.
¿Por qué no?
El
parlamento, un dispositivo para el
consenso y la transición, ante todo debe responder con sus propias herramientas
para facilitar el esfuerzo ciudadano en defensa de la libertad y en camino a la
democracia. Entendemos y asumimos la
importancia de sendos proyectos de leyes, como el de Semillas o el del Instituto Venezolano de Investigaciones
Científicas (IVIC), recurrentes en un inconsulto Orden del Día. Sin embargo,
luce necesario en el cuadro estratégico que impone el cese de la
usurpación, una Ley de Defensa de la
Autonomía Universitaria, planteada en 2018, como lo será la reforma del régimen
presupuestario para asegurar el financiamiento de las universidades frente a
toda eventualidad, o la de reinserción y normalización en el sistema de
educación superior. Esto es otro ejemplo para una adecuada orientación y conducción política de la
oposición democrática.
¿Bastará una Ley de
Defensa de la Autonomía Universitaria?
Una
ley no resuelve un problemario tan extenso, como el de la universidad, por
cierto, término incompatible con toda dictadura. Pero su sola discusión, lo
hemos dicho reiteradamente, moviliza a la ciudadanía, actualiza el diagnóstico
y contribuye a echar el piso de una transición firme y confiable. En la
propuesta, hemos coincidido con la combativa
Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar (APUSB), desde
finales de 2018 que, además, la apreciamos como un referente indispensable en
la lucha por la autonomía universitaria. Y así la reconocemos en la Asamblea
Nacional por su persistencia y aportes constantes. Aunque, insistamos, de nada
vale un instrumento legal de no cumplir con sus pautas. No hay mejor defensa de
la autonomía universitaria que celebrar los comicios simultáneos y masivos en
todas las universidades autónomas, el 23 de enero de 2020, tal como lo
propusimos la semana pasada, fiel a la Constitución y leyes de la República.
Finalmente, a través de
usted, Vente Venezuela ha demostrado que
es posible preocuparse y plantear alternativas por la universidad, sin partidizarla. ¿Esto es válido para otros ámbitos sociales?
María
Corina Machado y toda la dirección de Vente Venezuela ha asumido con elevada responsabilidad y tino, una materia
delicada. No será posible una
universidad distinta para una Venezuela diferente, de partidizarse. Somos portadores de propuestas muy valederas
para la reconstrucción de la universidad venezolana en una sociedad libre y
competitiva, la de la información y el
conocimiento estratégico, orientada al fiel cumplimiento de sus fines ético,
académico y socio-político. Las ideas
políticas pueden y deben expresarse en la sociedad civil organizada, pero nunca
más convertirla en sucursal, ya no de partidos, sino de las roscas que antes
monopolizaban la conducción de los partidos.
31/10/2019:
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