EL NACIONAL, Caracas, 24 de agosto de 2016¿Ha cumplido la Asamblea Nacional con los venezolanos?
En un foro realizado por Cedice la diputada
Dignora Hernández coincidió con Delsa Solórzano en que concluyeron el
primer período legislativo alcanzando las expectativas. Ramón Guillermo
Aveledo, ex secretario ejecutivo de la MUD, destacó la función
contralora del nuevo Parlamento
El
5 de enero de este año fue juramentada la Asamblea Nacional (AN) de
mayoría opositora, lo que llevó a aumentar las expectativas del sector
adverso al gobierno por los cambios que podría generar el nuevo
Parlamento; sin embargo, hasta ahora solo dos leyes pasaron la barrera
del Tribunal Supremo de Justicia.
La
primera ley en tener el respaldo del TSJ fue la Ley de Bono para
Alimentos y Medicinas a Pensionados y Jubilados, pero el diputado Ángel
Medina dijo que actualmente se encuentra en una especie de limbo porque
el Ejecutivo aún no aprueba los recursos. La segunda es la
Ley de Limitación de Telefonía Celular e
Internet en Centros Penitenciarios, que actualmente aplica a 10 de las
50 cárceles del país, según informó el parlamentario Richard Blanco.
En
este sentido, el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para
la Libertad (Cedice Libertad) realizó un foro este martes con varios
parlamentarios con la finalidad de rendir cuentas y responder a una
pregunta en particular: ¿Ha cumplido la AN?
Ángel Medina
El
diputado y vicepresidente de la Comisión Permanente de Política
Exterior de la Asamblea Nacional, Ángel Medina Davis, sostuvo que
responder dicha pregunta es complicado.
“¿Ha
cumplido la AN? ¿Quién en medio de esta crisis económica y social puede
cumplir al 100% a sus ciudadanos? (…) Preguntémonos entonces si las
instituciones públicas o privadas cumplen con sus objetivos”, dijo
Medina.
No
obstante, recalcó que hay una marcada diferencia en comparación con el
anterior Parlamento de mayoría oficialista. “Cuando arrancamos en enero
se propuso dar prioridad a cuatro proyectos de ley”, recordó el
legislador.
El
primero fue el proyecto de ley de producción nacional, que aún está en
discusión; la Ley de Bono para Alimentos y Medicinas a Pensionados y
Jubilados, a la espera de la asignación de recursos; la Ley de
Otorgamiento de Títulos de Propiedad a Beneficiarios de la Gran Misión
Vivienda Venezuela, además de la Ley de Amnistía y Reconciliación
Nacional. Las dos últimas fueron bloquedas por el Poder Judicial.
En
su recuento, resaltó que han llevado la situación de Venezuela a
diversos países e instancias internacionales, como la Unión Europea y la
Organización de Estados Americanos, entre otros.
Medina
retornó a la pregunta inicial y concluyó: “Me gustaría haber hecho más,
siempre habrá algo que hacer. Está AN siente y vive el deseo del país”.
Jony Rahal
El
vicepresidente de la Comisión de Administración y Servicios de la AN,
Jony Rahal, inició su ponencia celebrando que por primera vez en 17 años
existe un Parlamento autónomo e independiente que representa a los
ciudadanos, ejerce su función contralora y legisla.
Rahal
basó su presentación con énfasis en el deterioro de los servicios
públicos. Esto, a su juicio, se deben a la centralización y la
corrupción.
“Desde
2008 se institucionalizó la corrupción (…) cuando interpelamos a la
presidenta de Hidroven, durante siete horas en la AN, encontramos que
9.500 millones de dólares fueron destinados al servicio de agua”,
sostuvo el legislador. Agregó que ese monto se diluyó en convenios
internacionales que no tuvieron ningún tipo de control.
En cuanto al sistema eléctrico, comentó que fueron aprobados 150 millardos de dólares por adjudicación directa, también en convenios internacionales. No obstante, el país no obtuvo resultados de las inversiones, lamentó Rahal. También denunció que la actual Ley de Contratación Pública obstaculiza la función contralora del Parlamento.
En cuanto al sistema eléctrico, comentó que fueron aprobados 150 millardos de dólares por adjudicación directa, también en convenios internacionales. No obstante, el país no obtuvo resultados de las inversiones, lamentó Rahal. También denunció que la actual Ley de Contratación Pública obstaculiza la función contralora del Parlamento.
Por
último, el diputado recomendó documentar los casos para dejar evidencia
de los hechos. “Este es un régimen que perdió legitimidad y respaldo,
lo único que le queda es la represión y la fuerza bruta”, finalizó.
Dignora Hernández
La
diputada de la AN y dirigente nacional de Cuentas Claras, Dignora
Hernández, presentó un balance de la Comisión de Familias, resaltando el
impulso al proyecto de ley para la protección de familias que discuten
actualmente y el análisis al impacto de las reformas, en 2007 y 2015, de
la Ley Orgánica de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes.
Entre
las actividades realizadas destacó diversos foros, talleres, mesas
técnicas, informes de seguimiento, denuncias recibidas, entre otros.
Hernández
aseguró que de acuerdo con los deberes constitucionales, el Parlamento
ha cumplido. En ese sentido, añadió: “Vamos a la conquista de los demás
poderes para poder cumplir completamente”.
Delsa Solórzano
La
presidenta de la Comisión de Política Interior de la AN, Delsa
Solórzano, destacó que el Parlamento asumió muchos retos al juramentarse
en enero.
Denunció
que al llegar a la oficina correspondiente de la comisión que preside,
encontró que llevaba cinco años cerrada; además, los parlamentarios
oficialistas anteriores solicitaron que botaran los archivos, por lo que
hallaron vacío el despacho.
En
cuanto a los alcances de la Comisión de Política Interior, Solórzano
resaltó las denuncias sobre la violación de los derechos humanos,
principalmente por las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP).
Además, destacó la violación a los derechos laborales: hay más de 1.000
casos de personas que fueron despedidas por apoyar el referéndum
revocatorio.
“Quienes
están muriendo en las OLP son inocentes, las personas más desposeídas
(…) Atendemos un centenar de personas al día en la AN”, dijo la diputada
en el foro.
Por
último, recordó que en los primeros seis meses de gestión se aprobaron
varios proyectos de ley y otros están en segunda discusión. Afirmó que
las leyes promulgadas por el Poder Legislativo están vigentes aunque el
TSJ haya frenado su aplicación, lo que a su vez demuestra la
inconstitucionalidad del sistema Judicial. También agradeció a la
organización por la convocatoria, esperando que se abran más espacios
para rendir cuentas sobre la gestión.
Ramón Guillermo Aveledo
A
la cita en el auditorio de la Cámara de Comercio de Caracas también fue
invitado Ramón Guillermo Aveledo, ex secretario ejecutivo de la MUD y
presidente del Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro. Expresó
que tanto el Poder Judicial como el Ejecutivo están rebelados en contra
de la Constitución.
Aveledo
aseveró que el Ejecutivo Nacional, en complicidad con la Sala
Constitucional del TSJ, halló el modo de evadir el control parlamentario
de los Estados de Excepción, la gestión de los ministros, entre otros.
A
su juicio, el gobierno estaba acostumbrado a que la AN aprobara todas
sus propuestas. “El Parlamento anterior no controló al gobierno, los
presupuestos fueron aprobados irresponsablemente, no se hizo vigilancia
al gasto público ni al endeudamiento. Llegamos a un punto en que ni
producimos en el país ni hay divisas para importar”, alegó.
Sobre
las acusaciones al Parlamento de no tener prioridades entre tantos
temas abordados, Aveledo sostuvo que la AN asumió un gran número de
proyectos, pero que hay predominio de temas.
“Que
un diputado vaya a un hospital y pregunte '¿qué paso aquí?' es algo que
hace un año no formaba parte de lo imaginable”, concluyó el ex
secretario ejecutivo de la MUD.
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