‘Copyright’ europeo: todos contra todos
La UE prepara su reforma de los derechos de autor en medio de fuertes polémicas a favor y en contra del proyecto
Tommaso Koch
El derecho de autor es un avispero. Basta una mínima sacudida normativa y todo empieza a volar: polémicas, acusaciones y profecías apocalípticas. El caos imposibilita la claridad en un ámbito ya de por sí extremadamente complejo, según los expertos. Así que no sorprende que una reforma de gran calado sobre el copyright como la que prepara la Unión Europea haya desatado un enjambre de opiniones a favor y, sobre todo, en contra. La Comisión anunció en septiembre sus propuestas: entre otras, establecer un derecho exclusivo para los editores de prensa de autorizar o prohibir a los agregadores de noticias que usen sus contenidos online, y obligar a plataformas como YouTube a un filtro preventivo contra la piratería. Desde entonces medios de comunicación, periodistas, catedráticos, políticos, grupos de presión, colosos como Google y organizaciones por la defensa de los derechos en Internet intercambian un fuego cruzado de posturas sobre el proyecto, que está estudiando el Parlamento Europeo. En juego están millones de principios y de euros.
El punto de partida es una de las (pocas) certezas: la directiva en vigor se aprobó en 2001. Es decir, la prehistoria de la Red. De ahí que Bruselas quiera actualizarla. “Partimos de dos puntos antagónicos: tenemos que abrir el mercado cultural, pero proteger a los creadores. Solo podemos lograrlo a través del debate”, asegura el comisario Europeo de Cultura, Tibor Navracsics. “Nuestro objetivo es crear un campo de juego más justo”, defendía a este diario Andrus Ansip, vicepresidente de la Comisión Europea y responsable del Mercado Único Digital, otro proyecto en pleno ojo del huracán.
Su hoja de ruta se hizo pública en septiembre. E incluía, entre otros, el polémico artículo 11. “Crea un derecho conexo que los editores de prensa hasta ahora no tenían. Les permitiría autorizar o prohibir la reproducción y comunicación pública de sus contenidos en la Red”, aclara Raquel Xalabarder, catedrática de Propiedad Intelectual de la Universidad Oberta de Cataluña. La protección duraría 20 años y valdría solo online. El legislador pretende ayudar así a los medios a negociar una compensación con los agregadores de noticias, como Google News, que usan gratuitamente partes de sus obras, y proteger al periodismo de calidad. “Para los diarios es una buena propuesta. Solo defendemos que no se cojan fragmentos de las noticias sin autorización”, afirma Miguel Ortego Ruiz, adjunto a la dirección general de AEDE (Asociación de Editores de Diarios Españoles).
El principal damnificado opina, cómo no, lo contrario. “Si alguien tiene que cobrar por publicar algo por medio de un tercero es una decisión empresarial y no de la ley. Tampoco creemos que haya una situación de injusticia: los agregadores aportan mucho tráfico, que está siendo monetizado por los medios a través de la publicidad”, rebate Antonio Vargas, gerente de Políticas Públicas de Google España. Y en cuanto al control a priori sobre los posibles contenidos piratas que publiquen los usuarios agrega: “Si YouTube tuviera que ser responsable de todo el contenido que alberga desde el comienzo, no podría realizar el servicio que ahora ofrece. ¡Cada minuto se suben más de 400 horas de vídeos a la plataforma!”. La oposición frontal continúa: AEDE cree que los medios pierden tráfico porque muchos usuarios solo leen un titular en el agregador y no acceden a la noticia. Google cree que esta tesis no está demostrada por ningún estudio.
¿Como Alemania o España?
La reforma planteada por la Comisión Europea ha sido comparada con las leyes aprobadas en dos Estados miembros: Alemania y España. Aunque hay unas cuantas diferencias. "Lo que propone la UE no existe en ningún país. Ha habido medidas parecidas. El derecho conexo creado en Alemania en 2013 duraba un año, protegía tanto el formato digital como el impreso y solo ante usos comerciales. Y la reforma española de 2014 supuso lo contrario: se autorizaba por ley a los agregadores de contenido a usar fragmentos de obras protegidas, y a cambio se establecía una compensación irrenunciable para los editores", aclara la profesora Raquel Xalabarder. "Las reformas se parecen exclusivamente en cuanto tratan de proteger a los editores", agrega Miguel Ortego Ruiz, de AEDE.
Sea como fuere, en ambos casos el resultado final fue controvertido. En España, Google News se marchó para no volver, algo que también podría hacer en toda la UE. Tras años de impasse, Cedro, la entidad de gestión de autores y editores de libros y prensa, está negociando ahora las tarifas eventuales de la compensación con los agregadores.
En Alemania, Google rechazó hablar de licencias y se limitó a pedirles a los medios que quisieran ser enlazados en su agregador que se lo comunicaran. Muchos de los principales diarios retiraron su contenido de Google News pero recularon tras una pérdida sensible de tráfico on line.
La oposición a la directiva ha generado, además, una extraña alianza, de la eurodiputada del partido Pirata Julia Reda a la organización Creative Commons, pasando por el Gobierno del Estado de Berlín. 37 profesores de las principales universidades británicas, expertos en Propiedad Intelectual, publicaron un texto donde tacharon de “innecesario e indeseable” este derecho conexo. La Federación Alemana de Periodistas enumeró las “12 mentiras” de los editores, a la vez que varios medios discrepan del criterio de AEDE. Y la española Xnet y otras organizaciones de activistas online han lanzado una campaña en la Red contra la directiva.
Sus argumentaciones son tan amplias como su frente. Consideran que al contar ya con el derecho de autor, que redactores y fotógrafos les ceden, una “segunda” protección para los editores no hace falta y solo complica el panorama —según algunos, hasta debilita a los periodistas frente a sus empleadores—; que la reforma puede reducir el acceso a la información o hacer peligrar el derecho de cita; tanto Reda como Xnet denuncian otro riesgo: que la directiva acabe afectando a cualquier usuario que quiera enlazar un contenido y resumirlo en pocas palabras, por ejemplo compartiéndolo en Facebook. La Comisión promete que un simple link está excluido de la reforma, ya que no supone comunicación pública. Y así lo estableció la propia justicia europea, en el célebre caso Svensson. Pero, ¿y el llamado snippet (un enlace junto con un fragmento del contenido)?
“Los medios podrían conceder la licencia a una plataforma y no a otra según sus preferencias. O un agregador podría obtener una posición más favorable por pagar más. El último perjudicado puede ser el ciudadano”, añade Xalabarder. Y señala también el riesgo para los medios pequeños “que no estén en condición de licenciar sus contenidos con la misma facilidad que los más grandes”.
Todas las voces, a favor y en contra, esperan ser oídas en el Parlamento Europeo, donde el texto está siendo analizado por los comités. Entre otras posibles enmiendas, la eurodiputada Therese Comodini Cachia pidió el pasado miércoles eliminar el artículo 11. Otros parlamentarios optarían por diluirlo. Un borrador del Comité de Cultura y Educación sugiere limitar la protección a tres años, que afecte solo a contenidos periodísticos profesionales y a plataformas que enlacen por razones comerciales. Puede que las negociaciones duren hasta el verano, y algún entrevistado estima que la directiva se aprobará en otoño. A partir de ahí, al menos un año para introducirla en el sistema legislativo de los Estados Miembros. Suma final: dos años. Lo que genera una última pregunta: ¿cuánto habrá cambiado ya el mundo digital para entonces?
Experiencias de cooperación
EL PAÍS
En la actualidad, hay experiencias de cooperación entre medios de comunicación y gigantes tecnológicos. EL PAÍS ha iniciado este camino con Google, vía proyectos como Digital News Initiative, una iniciativa conjunta liderada por Google junto a ocho medios europeos, entre los que se encuentran, además de EL PAÍS, Financial Times, The Guardian, Les Echos, La Stampa, NRC, Die Zeit y Frankfurter Allgemeine, cuya finalidad es apoyar el periodismo de calidad e impulsar la conformación de un ecosistema informativo más sostenible a través de la tecnología y la innovación.
Un ejemplo en este sentido lo representa el proyecto AMP (Accelerated Mobile Pages), un formato en código abierto desarrollado por Google y los medios, orientado a mejorar la experiencia del usuario en el consumo de información desde dispositivos móviles bajo la premisa de que los editores conserven el control de los ingresos. Y el Facebook Journalism Project, lanzado en enero de este año, tiene como fin colaborar en el desarrollo de nuevos productos, formatos y técnicas, la formación de periodistas y la lucha contra los bulos y noticias falsas.
Fuente:
http://cultura.elpais.com/cultura/2017/03/08/actualidad/1488995404_382434.html
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