MEDICIONES

EL NACIONAL - Martes 20 de Diciembre de 2011 Opinión/6
Medidas a la medida
Dentro, estos regímenes logran tener cierto éxito, pero no tan sólidamente, menos aún en forma indefinida
VÍCTOR RODRÍGUEZ C.

Los regímenes arbitrarios, como el bolivariano, adoptan medidas de distinta índole para establecer contra viento y marea el sistema político que se han propuesto, generalmente rechazado por la mayoría, con el exclusivo fin de perpetuarse en el poder, para lo cual usan herramientas criminales como el amedrentamiento, la persecución y la segregación o apartheid político. Estos regímenes suelen recurrir a la interpretación sesgada de las normas y de los procedimientos, especialmente en el ámbito de los derechos humanos, para minimizarlos, evadir los controles y allanar el camino para lograr su fin.

Recientes decisiones judiciales dejan perplejo al jurista y al analista político. En días pasados un juez del régimen desvirtúo con una decisión aberrante el concepto y la naturaleza del delito de difamación e injuria al manipular e interpretar de manera interesada el significado y el valor procesal del insulto y la descalificación en forma reiterada y sistemática en perjuicio de una persona honorable. Otro juez, igualmente dependiente, legaliza irresponsable y peligrosamente la invasión de la propiedad privada, contrariando las normas fundamentales que la protegen.

La vía judicial no es la única a la que recurre un ejecutivo avasallador para imponer tales medidas, sino también la legislativa que se expresa con base en una mayoría ilegítima que usurpa la iniciativa popular. La promulgación de una ley que crea un Poder Judicial paralelo, como si el actual no fuere suficiente para atropellar a quienes ejercen su derecho de disentir, completa la decisión de acabar con el sistema, a través de la ruptura del orden constitucional y legal.

Dentro, estos regímenes logran tener cierto éxito, pero no tan sólidamente, menos aún en forma indefinida. Fuera, intentan también modificar el orden de la cosas, al interpretar a su manera las normas y los mecanismos generalmente aceptados, especialmente, cuando se trata de ámbitos que, de respetarse, pondrían en peligro su propia existencia, como los derechos humanos.

Para ello, estos regímenes se asocian, actúan en conjunto y promueven nuevas instituciones y esquemas que, de actuar de acuerdo con sus intereses, generarían contradicciones y desorden.

Los países del Alba, por ejemplo, intentan disminuir con sus posturas forajidas el funcionamiento y la importancia de instituciones regionales como la OEA, para dar forma a conceptos y criterios absolutamente ideologizados, contrarios a la sana evolución de las normas.

La tentativa de crear instituciones regionales y subregionales, de concertación o de cooperación, como la reciente Celac, sólo persigue, para ellos, la creación de foros para desvirtuar y sustituir los conceptos existentes que, forjados con el tiempo y aceptados por todos, responden a la evolución de la sociedad internacional.

Las normas relativas a los derechos humanos, recogidas en tratados internacionales y en las legislaciones internas de los Estados, son de aceptación general por la comunidad internacional. Su interpretación no puede sino responder al sentido de sus términos, a la práctica y a la jurisprudencia, en fin, al sentir de los ciudadanos. Si en el plano interno esos regímenes interpretan a su manera el derecho a la libre expresión, el derecho de ser informado y de informar, el derecho de elegir y ser elegido, el derecho de pensar, mediante decisiones judiciales de corte político, leyes y decretos anticonstitucionales, en el plano internacional no pueden lograr tal fin, pues el escenario y los procesos de adopción de las decisiones son diferentes y, además, hay un fuerte rechazo que neutraliza tal pretensión.

Intentar disminuir la importancia de los mecanismos de protección de los derechos humanos, como la CIDH o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es una aberración que sólo puede tener un relativo y efímero impacto interno. Desconocer las sentencias de los tribunales internacionales y las recomendaciones de los órganos del sistema regional de protección traduce la naturaleza totalitaria de un régimen.

Diseñar acciones a su medida, en contra de la corriente, con el objetivo fundamental de perpetuarse en el poder, es una irresponsabilidad mayúscula que será castigada con el voto en 2012, y, por la justicia, al aplicarse la ley y castigarse a los responsables.