Luis Barragán, apuntística: IMPRESIÓN INICIAL (Y OTRAS ADICIONALES)

Aprobada en primera discusión Ley de Comercio Electrónico:

Desconociendo toda libertad de elegir, el gobierno nacional mercalizará digitalmente nuestras demandas de bienes y servicios

En su intervención en la sesión Plenaria de la Asamblea Nacional de hoy, con motivo de la primera discusión del Proyecto de Ley de Comercio Electrónico, el diputado Luis Barragán hizo un llamado de atención a quienes participan de los actos de comercio en las redes: “La propuesta debe movilizar a las comunidades de proveedores y consumidores que no deben esperar ninguna concesión graciosa del gobierno nacional en la materia, pues, so pretexto de ordenarla ha metido de contrabando una serie de artículos orientados a un definitivo control de las redes”.

Invocando el artículo 117 de la Constitución que consagra la libertad de elegir, el parlamentario señaló que el oficialismo traiciona la voluntad del constituyente, pues,“ luego de década y media, la definitiva aprobación del instrumento, traerá el desabastecimiento también por vía digital, impondrá al Estado como el único comercializador de bienes y servicios y nos sacará del circuito globalizador, aislándonos del mundo para optar por las sobras que el gobierno quiera dispensarnos por esta vía”.

El diputado Barragán, integrante de la Comisión de Administración y Servicios, al darle entrada al Proyecto, salvó su responsabilidad en varios artículos: el involucramiento del inconstitucional poder popular (artículos 2, 14, 45); las excesivas competencias de registro, autorización, fiscalización, supervisión, bloqueo e inhabilitación por la Superintendencia asignada conjuntamente con CONATEL (26, 31, 32, 37, 59, 60); o el registro digital detallado y mensual de los transportistas, sin referencia al tiempo de transportación, llevado por un elefante burocrático como IPOSTEL (58).

“Será el gobierno central, único e indiscutible que disponga en lugar de los juzgados mercantiles, desaparecida toda distinción entre los órganos del Poder Público. Una cosa es la promoción y el desarrollo del comercio electrónico como lo aspiramos y que precise un cuadro sancionatorio como uno de sus aspectos, y muy otra que conceda un poder exagerado para impedir el libre acceso de los ciudadanos a los bienes y servicios electrónicamente que requiere”.

En el discurso pronunciado en la Asamblea Nacional, ejemplificó claramente su cuestionamiento: “De acuerdo al artículo 26 del aludido proyecto, nadie podra gozar de un correo electrónico seguro y confiable en Venezuela, pues el servicio debe alojarse exclusivamente en el país con el dominio correspondiente para facilitar la fiscalización y supervisión gubernamental. Es decir, se hará más fácil violentar la privacidad de los envíos, distorsionando los contenidos y criminalizando a los usuarios, como ha ocurrido en los últimos tiempos”.

Acotó: “La táctica es regular la red de redes y la estrategia final es monopolizarla. Desconociendo toda libertad de elegir, el gobierno nacional mercalizará digitalmente nuestras demandas de bienes y servicios”