Julio César Moreno L.
En todo sistema totalitario el calificativo de traidor es el más grave y el más utilizado, cuando se intenta liquidar al camarada o a la camarada que por algún motivo decide bajarse del Proyecto. En esa delicada condición de infidelidad contra- revolucionaria ubica el gobierno de Maduro a la doctora Luisa Ortega Díaz, al desligarse esta funcionaria de un régimen que vive su etapa decadente.
No polemiza el oficialismo contra las bases jurídicas que fundamentan las graves denuncias de la fiscal general, y aparenta no reconocer el gobierno los alcances que sobre su debilitada legitimidad nacional e internacional tienen las últimas actuaciones del ministerio público.
Simplemente a la doctora Ortega Díaz se le reduce a la condición de desertora de la revolución por denunciar la violación del hilo constitucional, el fraudulento proyecto constituyente y la militarización de la justicia penal. Y porque en tiempos decisivos para la existencia de la república asume la defensa del Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos fundamentales.
Como para la pervertida dictadura su perpetuación forzosa está por encima de cualquier ley, se utilizan todas las armas disponibles con el fin de destruir a un poder público fundamental que reivindica su independencia institucional y se convierte en firme obstáculo para la tiranía.
No estamos entonces ante un debate jurídico sobre las actuaciones de la fiscalía. Lo que se intenta es aplastar a la antigua compañera y neutralizar a toda costa a la institución que ella dirige. Se le descalifica, y se cuestiona su capacidad para desempeñar el mismo cargo que la cúpula oficialista encabezada por Chávez le entregó el año 2012.
Y en su tradicional línea de ataques-basura, Pedro Carreño le detecta “insania mental”, le acusa de promover una guerra civil y de estimular una invasión extranjera, y solicita su enjuiciamiento ante el impresentable Presidente del TSJ.
Por su parte, la ministra Iris Valera anuncia que la destitución de Ortega Díaz se encuentra en etapa de “preaviso”, y que posé pruebas de corrupción contra ella y contra su esposo Germán Ferrer quien hasta hace poco formó parte de las listas parlamentarias del PSUV.
Sin duda, Varela y el nefasto Carreño abonan el terreno para la remoción y encarcelamiento de quien, además de tener facultades para impulsar iniciativas destinadas a restituir el orden jurídico, posee la potestad de promover juicios contra responsables de crímenes, torturas, arrestos ilegales y de los inconstitucionales procesos penales que adelanta arbitrariamente la justicia militar.
Mientras tanto el ministro Padrino López ingresa al pelotón de fusilamiento político, acusándola de incurrir en “ligerezas” por asegurar que la muerte del joven Juan Pernalete Llovera la produjo una bomba lacrimógena disparada por la guardia nacional en la manifestación del pasado 26 de abril en la Plaza Altamira.
Para el general en jefe esa declaración “afecta el espíritu de cuerpo contra nuestros efectivos, y podría generar violencia contra ellos, y alimentar la matriz negativa que quieren posicionar los grupos de derecha sobre este componente de la institución castrense”.
Con sus afirmaciones Padrino coloca a esos castrenses por encima de la constitución y de la Ley Orgánica del Ministerio público, en cuyos textos se establece la facultad de la fiscalía general como garante del debido proceso, así como responsable de la buena marcha y celeridad de los procesos judiciales y de las acciones que determinen la responsabilidad en que incurran funcionarios del Estado, sin que ninguna autoridad civil o militar pueda ejercer coacción o presión sobre sus decisiones.
Imbuido de esa concepción marcadamente dictatorial, el ministro de la defensa trata de consolidar aún más el poder de los cuarteles sobre el mundo civil con el fin de implantar definitivamente su hegemonía al resto de la sociedad, incluyendo en ese férreo control al partido oficialista cuyo liderazgo se debilita y se desprestigia en la misma medida en que crece aceleradamente el repudio al gobierno. En ese contexto, es evidente que para la tiranía una fiscalía independiente dispuesta a defender el Estado de derecho y a impedir la impunidad militar debe ser eliminada.
Por ello vale la pena recordar que la constitución que se nos pretende imponer está basada en la constitución cubana que consagra a la fiscalía como apéndice del Consejo de Estado y de la Asamblea Nacional del Poder Popular, organismos controlados por Raúl Castro y el Partido Comunista.
Planteadas como están las cosas, la legitimidad del gobierno de Maduro se debilita aún más ante las acciones del Ministerio Público. Y aunque estas medidas no logren los objetivos planteados en el plano jurídico, constituyen golpes políticos muy efectivos contra el blindaje de falsa legalidad que el régimen pretende conservar.
En su arrolladora ofensiva, Ortega Díaz demandó ante el TSJ la inconstitucionalidad de la convocatoria a la Asamblea Constituyente; la nulidad del nombramiento de 13 magistrados principales y 20 suplentes designados por la anterior Asamblea Nacional; el antejuicio de mérito para 8 magistrados de la Sala Constitucional acusándolos de conspirar contra la república al dictar las sentencias 156 y 157 en las que se otorgan poderes especiales a Nicolás Maduro, se arrebata al poder legislativo sus funciones constitucionales y se extingue la inmunidad parlamentaria. Y ha señalado, además, que el gobierno desmantela al Estado utilizando a la sala constitucional, cuyos magistrados representan “la muerte del Derecho”.
Por su parte la AN se dispone a sustituir a los 13 fraudulentos magistrados y a sus respectivos suplentes, planteándose un episodio definitivo en la confrontación política e institucional del país. Confrontación en la que los diputados y la fiscal hacen causa común enfrentando el zarpazo final con el que se pretende consolidar el totalitarismo en Venezuela.
Mientras todos esos acontecimientos ocurren continúa la dramática lucha de calle con características inéditas en nuestro país. Por primera vez sufrimos los venezolanos una acción planificada desde el gobierno y realizada con frialdad, saña y ventajismo en dimensiones nunca antes ejecutadas, ni siquiera en los tiempos de las anteriores dictaduras que nos han gobernado.
Presenciamos verdaderas batallas protagonizadas por esbirros entrenados para agredir y matar, contra manifestaciones desarmadas integradas por sociedad civil, parlamentarios, campesinos, trabajadores, actores políticos y sociales de todas las tendencias, amas de casa y comunes ciudadanos enrolados en la defensa de sus derechos.
Manifestaciones a cuya vanguardia aparecen miles de jóvenes nacidos durante este régimen, o en los años más cercanos a la aparición del trágico socialismo del siglo XXI. Muchachos que se gradúan de héroes en una de las etapas más terribles de nuestra historia.
Se trata de una lucha en la que una extraña guardia nacional, asociada con policías y colectivos delincuentes, cometen crímenes y exhiben increíble violencia con el fin de crear el terror y la sensación de castigo ejemplarizante para quien ejerce el derecho a la protesta pacífica, y para quien se arriesga por la conquista de la libertad. Un saldo de 74 muertes, miles de heridos, centenares de detenidos y torturados, numerosas personas golpeadas salvajemente y despojadas de sus bienes personales, es hasta ahora el resultado de esa represión masiva.
Los cobardes ataques con bombas lacrimógenas y con disparos de armas de fuego a casas y edificios particulares, generalmente ocurridos al amparo de la noche; el ingreso violento sin orden judicial de guardias y policías a los hogares de persona indefensas; la protección a colectivos malandros que agreden a ciudadanos pacíficos, y saquean los establecimientos comerciales que abastecen a las zonas populares, son las modalidades de actuación empleada por cuerpos armados cuyo objetivo es imponer a sangre y fuego la tiranía totalitaria.
Por cierto, una de estas hazañas realizada por los grupos represivos ocurrió recientemente en las residencias Los Verdes en El Paraíso, cuando hordas armadas del oficialismo atacaron con tanquetas, armas de fuego y bombas lacrimógenas a las más de 1.000 familias que ocupan las 12 torres de ese conjunto residencial.
Denuncian las víctimas del insólito suceso que 100 carros fueron desvalijados, decenas de jóvenes quedaron detenidos y resultaron severamente golpeados, y para dejar registrada la marca de su miserable condición humana uno de los delincuentes del régimen le quitó la vida al perro de una aterrorizada anciana habitante del conjunto residencial.
Este tipo de constantes desmadres represivos dirigidos por Maduro, Tarek el Aissami, Padrino López, Cabello, Reverol, Benavides Torres, González López y los asesores cubanos, colocan a esa cúpula oficialista en una posición cada vez más insostenible en su intento de preservarse ante el mundo como gobernantes democráticos. Por ese motivo, en la medida en que el oficialismo recrudece la violencia, su margen de maniobras políticas y diplomáticas para ocultar la realidad interna del país se ha reducido a su mínima expresión.
Mientras en la OEA la mayoría de los gobiernos presionan por medidas que restituyan la democracia en Venezuela, en la Unión Europea el pasado mes de abril los ministros de relaciones exteriores denuncian “la escalada de violencia que ha causado múltiples muertes y heridos”. Y Federica Mogherini, alta representante para la política exterior de ese organismo, exige respeto a la constitución venezolana, reconocimiento de la Asamblea Nacional, y calendario electoral claro, como “medidas indispensables para aliviar la tensión y unir a los venezolanos”.
En este mismo mes de abril el Parlamento Europeo fue igualmente categórico en sus críticas al gobierno de Maduro acusándole de ejercer “represión brutal contra manifestantes pacíficos”, exigiendo la liberación incondicional de los presos políticos, el reconocimiento de la Asamblea Nacional y condenando la inhabilitación política de Henrique Capriles.
Igualmente, la mayoría de países de UNASUR han reprobado al gobierno por sus constantes violaciones del Estado de derecho, y en CELAC tampoco logró la diplomacia madurista el apoyo a las políticas “revolucionarias” que sumergen a Venezuela en su más grave crisis económica y social.
Separada de la OEA y del Mercosur, sólo los países del ALBA, monitoreados por Cuba, mantienen su apoyo a un gobierno cada día más aislado de América Latina y del mundo. Y en la ONU el Secretario General expresa su preocupación, y esmera sus esfuerzos por lograr una salida pacífica que detenga la violencia y recupere la vida institucional.
Vistos los escenarios en los que se desarrolla ante los ojos del mundo un cruento conflicto entre el país y la pandilla que gobierna, tenemos que darle la razón a Luis Almagro cuando señala que estamos ante “una guerra civil de fuerzas del Estado contra personas desarmadas”.
Es claro que esa desigual guerra civil, de la que nos habla el Secretario General de la OEA, sólo es posible con la participación de paramilitares organizados por el régimen y de las policías civiles a su servicio. Pero sobre todo gracias a las infames acciones de la Guardia Nacional en su condición de componente de la Fuerza Armada. Y es igualmente cierto que contando con ese solitario respaldo de las armas el gobierno camina brutalmente en el despropósito de consumar el domingo 30 de julio el fraude constituyente.
Ese domingo, de no ocurrir algo inesperado el Plan República será implementado por el componente Ejército que tendrá bajo sus manos la tarea de enfrentar el auge indetenible de las protestas ciudadanas. Estarán frente a frente ese Ejército y un mundo civil dispuesto a impedir que le roben la dignidad de su destino.
La ciudadanía copará todos los espacios posibles de pueblos y ciudades manifestando el rechazo a la grotesca violación de la Constitución. Y ese componente armado, que ha permanecido al margen de la acción represiva, tendrá que resolver el dilema de respetar la constitución o consagrarse como cómplice activo de una dictadura sanguinaria.
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