De la otra información: la de Estado
Luis Barragán
El Estado Nacional trajo consigo el perfeccionamiento eficaz en la búsqueda e interpretación de la información relacionada con su preservación, que es – propiamente - la de sus primarios elementos existenciales: territorio, población y poder. Los servicios de inteligencia y de contra-inteligencia prosperaron en forma desigual, consumiendo grandes recursos, que ameritaron del control simultáneo o posterior de la ciudadanía, en los países de convincente vida democrática, mientras que en otros, debieron soportarlo como expresión emblemática de una tiranía, cuyo único interés fue el de sobrevivir a cualquier precio: sobran los testimonios, todavía vigentes, en uno y en otro sentido.
Que sepamos, hay parlamentos que cuentan con sendas comisiones especializadas para ejercer el control de las agencias de seguridad, velando porque – sencillamente – lo sean, evitando los abusos o desviaciones de poder y, en todo caso, existiendo la posibilidad de limitarlos a través de la consideración y aprobación anual del presupuesto público. Potencias nucleares que generan y cotizan una información vital, deben lidiar – además – con fenómenos como WikiLeaks, afrontando la todavía inconclusa y costosa polémica en torno a las libertades.
En buena parte del planeta, tales controles y desafíos no existen, porque – puede aseverarse – son las propias agencias o servicios de seguridad las que gobiernan, ya que los regímenes a los que sirven no se explican sin ellas, gozando – por decir lo menos – de una inmensa discrecionalidad. Frecuente y directamente gobiernan quienes las dominan previamente, convertidos en los zares de la política – además – prebendaría que dice darle prestancia a la extorsión, versionándose en los niveles medios y más básicos.
Nos llama poderosamente la atención el control democrático posterior de las labores de tales agencias o servicios que se traduce en la tardía publicación de sus documentos, faltando aún otros mecanismos eficientes, provocando la sanción moral que alguna incidencia tiene en el mantenimiento y prestigio de tales agencias o servicios. Veinte o más años después, cuando las amenazas o peligros que los justificó cesan, existe la obligación de liberarlos acarreando un debate histórico que también puede gozar de las más actuales implicaciones políticas.
Entre las más célebres divulgaciones, por ejemplo, se encuentra la transcripción de las grabaciones realizadas en la Casa Blanca durante la crisis de los cohetes en Cuba, o los papeles que abonan al caso de Ethel y Julius Rosenberg, ejecutados en tiempos de la cacería de brujas. En contraste, únicamente con el derrumbe de la Unión Soviética, se ha sabido de una parte del historial macabro de la KGB, aunque todos los regímenes postdictatoriales cuidan – paradójicamente – de no revelar los procedimientos e intimidades de sus predecesores, forzando también a la creación de las comisiones de la Verdad para conocer de todos sus excesos.
En Venezuela no hubo ni hay un control adecuado de las delicadas informaciones que procesa el Estado, excepto las diligencias parlamentarias que antes se acercaban. El sólo debate democrático, abierto y susceptible del escándalo, o el planteamiento mismo del proyecto de presupuesto, constituía una seria advertencia para quienes dirigían los las agencias o servicios de inteligencia y contrainteligencia y más de una vez, sus directores o agentes tuvieron que someterse a una comparecencia en el Congreso de la República o en el mismo tribunal de la opinión pública para responder personalmente por sus actos.
Evidentemente ahora, nada parecido ocurre y ni siquiera el ministro de adscripción siente el deber de contestar alguna pregunta precisa, directa e inequívoca. Mucho menos, suelta la documentación relacionada y, por muy insistente que sea la demanda de explicaciones, manipulan las investigaciones, como acaeció en 2002 simulando una comisión de la “verdad”.
Nadie duda de la preeminencia que tales agencias o servicios exhiben por más de década y media en nuestro país, siendo legítimo asegurar que hay inmensa documentación acumulada sobre el seguimiento de muchísimas personas y sucesos que se encuentran en las bóvedas del poder establecido, incluyendo el realizado en tierras foráneas que dejan muy atrás las diligencias – preferiblemente consulares – de las que Gómez tanto se benefició. Horas siderales de transcripciones e informes, espesamente alfombrarán cada decisión racional y hasta díscolamente adoptada.
Tratándose de una información de Estado, costeada y realizada en su nombre, no debe desaparecer más allá del necesarísimo interés histórico que implica. Constituye un delito la pérdida, extravío o destrucción de tan valiosa documentación – añadida la audiovisual – que, apenas, como la punta de un iceberg, ha sido empleada – la otra paradoja de la innovación – como arma política en la programación radiotelevisiva de los que gobiernan, “entreteniéndonos” a la vez que profundizando en su guerra psicológica.
Puede decirse de una “secuela documental” del régimen, importante para la indispensable reflexión que su superación traerá. Empero, se nos ha dicho, que las novedades tecnológicas apuntan a una extraordinaria captación y procesamiento de las informaciones que incluye su oportuna desaparición.
Reproducción: Traspapelada la fecha, tomado de la revista Élite.
Fuente:
http://opinionynoticias.com/opinionnacional/24065-de-la-otra-informacion-la-de-estado
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