Los riesgos de una escalada militar
Fernando Ochoa Antich
Nicolás Maduro está desesperado: su popularidad continúa cayendo de manera indetenible. Lo muestran todas las encuestas, en particular la publicada en agosto de 2015 por la empresa IVAD: 80% considera que la situación del país es mala; 92,8% ha tenido problemas para conseguir productos de primera necesidad; 87,9% no le alcanza el dinero para comprar lo necesario para el hogar; 70% cree que la gestión de Nicolás Maduro es mala o muy mala; 64,9% no tiene confianza en el gobierno nacional. En conclusión, si las elecciones hubieran sido ese día la oposición habría obtenido 68,7% de los votos contra 23% del oficialismo. Las distintas respuestas diseñadas por la Sala Operacional de Miraflores no han logrado impactar suficientemente a la opinión pública. Un buen ejemplo es el cuento de la guerra económica. Nadie lo cree… En los últimos dos meses, de manera irresponsable, se han querido utilizar intereses vitales de Venezuela para tratar de confundir a la opinión pública. Me refiero a los casos de Guyana y Colombia.
De la noche a la mañana, después de 16 años de silencio sobre la reclamación del Esequibo por Venezuela y de haber cometido múltiples errores que debilitaron aspectos fundamentales de nuestra controversia, se decidió, sin haber realizado mayores estudios, dictar el decreto 1787, del 26 de mayo de 2015, creando las Zonas Operativas de Defensa Integral. Este decreto tuvo tantos defectos que hubo que derogarlo por el decreto 1859 del 6 de julio, en el cual se suprimieron totalmente las anteriores coordenadas, sin lograr establecer un nuevo elemento en la reclamación. De inmediato, como era de esperarse hubo una fuerte respuesta del gobierno de Guyana: descalificó el Acuerdo de Ginebra, descartó el mecanismo de los buenos oficios y amenazó con llevar la controversia a la Corte Internacional de Justicia. La dura e innecesaria controversia, generada por Nicolás Maduro con el presidente Granger, no llegó a impactar a la opinión pública nacional. Esta realidad condujo, al poco tiempo, a reemplazar Guyana por Colombia.
De manera sorpresiva, Nicolás Maduro decretó, el 19 de agosto de 2015, un estado de excepción en los municipios Bolívar, Ureña, Junín, Libertad e Independencia, por un lapso de 60 días y un cierre de la frontera con Colombia por 72 horas, justificando esas medidas por la necesidad de perseguir a los agresores de 3 efectivos del Ejército que habían sido heridos gravemente. Al mismo tiempo, se inició un proceso de deportación masiva de colombianos, con graves señalamientos de violación de derechos humanos. A partir de ese momento, el estado de excepción se amplió a los municipios Lobatera, Panamericano, García de Hevia y Ayacucho y se decretó un cierre indefinido de la frontera con Colombia sosteniendo que dicha acción buscaba combatir a grupos de paramilitares, el contrabando y la especulación cambiaria que ocurre en la frontera. El 7 de septiembre, el gobierno nacional amplió el estado de excepción a los municipios Mara, Guajira, y almirante Padilla pertenecientes al estado Zulia y cerró el paso fronterizo de Paraguachón.
Definitivamente, una creciente e inexplicable crisis entre Colombia y Venezuela. Digo inexplicable, porque los mismos hechos que actualmente el gobierno de Venezuela señala como causas de la crisis venían ocurriendo desde hace más de una década sin que hubiese existido ningún interés en buscarle solución. Venezuela hubiera podido utilizar las comisiones establecidas en el Acuerdo de San Pedro Alejandrino. La Comisión Negociadora podía atender la delimitación de las áreas marinas y submarinas; los ríos internacionales; las cuencas hidrográficas, la densificación y demarcación de hitos y las migraciones. La Comisión de Asuntos Fronterizos podía encargarse de atender tránsito y transporte internacional, sustracción de vehículos, tráfico de drogas, utilización de recursos naturales y cooperación para la preservación de los ecosistemas. En lugar de utilizar esta metodología se dejó que los hechos alcanzaran la actual gravedad para tener que movilizar unidades militares venezolanas a la frontera con los riesgos que eso supone…
Las tensiones internacionales escalan de manera muy rápida poniendo en riesgo la paz entre los Estados. Eso está ocurriendo entre Colombia y Venezuela. Solo con escuchar las intervenciones de los dos presidentes se puede valorar los peligros existentes. De todas maneras, estoy convencido de que esta crisis ha sido provocada artificialmente por Nicolás Maduro, creyendo que de esa manera su gobierno puede evitar ser derrotado en las próximas elecciones parlamentarias. No dudo que haya llegado a pensar hasta en la suspensión de las elecciones. Yo viví la experiencia del Caldas. La aventurera decisión del presidente Virgilio Barco de autorizar penetrar a una corbeta colombiana en aguas venezolanas casi nos condujo a la guerra. En ese momento, nuestras Fuerzas Armadas Nacionales tenían un excelente apresto operacional que le hubiera permitido a Venezuela responder con honor y eficiencia tan inconveniente reto. La pregunta que yo le hago al Alto Mando Militar es la siguiente: ¿Estamos actualmente en las mismas condiciones operacionales del pasado? Por lo menos, debería ser motivo de una profunda reflexión. Se compromete el destino de Venezuela…
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