Luis Barragán
Haciendo un balance de la gestión parlamentaria del primer período de sesiones de 2015, observamos que, sancionada con suficiente antelación, la Ley Orgánica del Servicio de Bombero y de los Cuerpos de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de Carácter Civil, por entonces, no fue debidamente promulgada o devuelta por el Ejecutivo Nacional. Por entonces, transcurrieron mucho más que los diez días que ordena la Carta de 1999 para el acto correspondiente, por lo que la junta directiva ha debido materializar su promulgación de conformidad con el artículo 216 constitucional.
Por lo menos, algo semejante había ocurrido con cinco leyes sancionadas entre 2013 y 2014, después presuntamente subsanados los casos con una muy tardía dictación de leyes por la vía habilitante. Sorprendiéndonos, ahora circula la Gaceta Oficial de fecha 28/12/2015 (nr. 40.817), mediante la cual se anuncia la promulgación de más de veinte leyes, muchas de ellas sancionadas con sobrada anticipación, como la referida de Bomberos, y las Orgánica de Recreación, Comisión Nacional de Derecho Internacional Humanitario, Protección al Nombre y Emblema de la Cruz Roja, y Disciplina Militar.
Esta evidente y recurrente demora del Ejecutivo para tramitar debidamente las leyes que gozaron del apoyo del Legislativo, apunta a una de tres circunstancias, o a todas, trastocadas en características del régimen. Demora que, por cierto, no suele advertir la oposición.
Por una parte, existe una arritmia en el funcionamiento del Estado, pues, el gobierno que controló la Asamblea Nacional en los términos ya consabidos, no tuvo la coordinación necesaria para cumplir con las oportunidades de los actos – precisamente – de Estado, como la promulgación de las leyes que fueron sancionadas con su total consentimiento. Por improvisación, descuido, displicencia o torpeza en el diario trabajo administrativo, pareció olvidar el jefe de Estado una tarea que pudo o puede viciar de alguna manera la vigencia de los instrumentos legales, cuya prioridad invocó, en el contexto del innecesario agigantamiento y complicación de la burocracia que asfixia la más modesta diligencia.
Por otra, hubo disparidad en el contenido y tratamiento de las materias que nos remite a la ineficaz dirección del PSUV, partido que monopolizó férreamente la dirección de la instancia legislativa y todavía monopoliza la ejecutiva, pues, siendo numerosas las veces, evidenció la contradicción de las soluciones que pretendía, quizá por no asumir – con las formalidades del caso – una Agenda Legislativa, al menos con la sinceridad necesaria, o por las inciertas políticas públicas adelantadas. Valga el ejemplo, la cámara originalmente aprobó una Ley Orgánica de Cultura en agosto de 2013, estableciendo un Fondo que combatimos, negados al consenso que el Fondo del Deporte suscitó con anterioridad, pero – pretendidamente descalificada la negación por el oficialismo – no sólo que casi año y medio después fue dictado el decreto-ley, por la vía de la habilitante, sino que no contempló la carga parafiscal por la que tanto clamaron sus parlamentarios.
Por último, incluso, agudizado un problema que es de décadas, la dilación apunta a la efectiva publicidad en la Gaceta Oficial, con el ya conocido de su distribución. Además, el actual jefe de gobierno, como su antecesor, acostumbra a anunciar la existencia y muy supuesta vigencia de normas que, muy luego, saben de la imprenta oficial y ni siquiera de la digital que está más a la mano.
Fuente:
http://www.radiowebinformativa.com/opinion/la-arritmia-funcional-del-estado/
Fotografía: LB, buhonería de maniquíes, en la esquina del Gran Café, Sabana Grande (Caracas, 15/04/2015).
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