Luis Barragán
Concebido como un Estado Criminal, huelga comentar sobre una política pública cultural. Jamás ha existido en estas dos décadas y, lo más lejos a lo que ha llegado, es a una burda imitación y tergiversación de las iniciativas que adelantó Juan Liscano en el consabido Trienio.
La burocracia ministerial únicamente ha bregado por mantenerse y, reemplazadas las viejas generaciones que alguna vez gozaron de sendas becas oficiales en el siglo pasado, las que sobreviven se saben relegadas y resignadas a una nómina que bien hubiesen deseado fuere la de PDVSA o cualesquiera otros despachos de mayor fortuna presupuestaria. El grueso del funcionariado de casi 40 órganos desconcentrados y descentralizados, están integrados al departamento ocioso del PSUV para las artes, con todo lo que implica como suerte de un ejército de reserva para las actividades proselitistas progresivamente abandonadas por la supervivencia personal, el acceso aventajado a las cajas del CLAP u otras de las dádivas que tardarán o nunca llegarán: atrás queda el recuerdo de la vez que se quiso escribir, exponer, componer, hacer teatro u otra de las cosas que a Miraflores le importa un bledo que se haga o no.
Estimación alguna demostró Maduro Moros con quienes, desde la Asamblea Nacional, hicieron y sancionaron una Ley Orgánica de la Cultura que interpretaron a la medida de las caras exigencias del dictador: eliminando el Fondo de Cultura originalmente enquistado en la propuesta, nunca la promulgó y, valga la bofetada, sacó una peor versión en Gaceta Oficial, valiéndose de la habilitación presidencial que sus diputados tan generosamente le obsequiaron, sin chistar. De una estridencia superlativa, ya inusual, burlándose de sus pretendidos beneficiarios, idearon sendas leyes de seguridad social para artistas y artesanos, francamente impagables; pero esta sola circunstancia o detalle, no importó y, al pasar los años, lo que quedó fue el recuerdo ya ingrato del efímero acto rocambolesco de su aprobación.
Cartelizado el Estado por las mafias, pocos rubros servirán en un campo al que es naturalmente alérgico: por ejemplo, los espectáculos incumplidos que pocos notan, soportando la web cualesquiera anuncios que se les ocurran; el tráfico marginal de la boletería aérea y de los viáticos para diligenciar en el extranjero, como el reconocimiento por la UNESCO de alguna de nuestras genuinas manifestaciones culturales; el cupo de la tinta y – sobre todo – el papel, acaparado por la Fundación Alfredo Maneiro; la administración de los recursos del Sistema Nacional de Orquestas, obviada la propia existencia de la Orquesta Sinfónica de Venezuela; la producción y distribución cinematográfica circunscrita a los favoritos del régimen, nada rentables con la excepción de los créditos adicionales que los abultaron de claras ventajas; el sistema público de medios, ha sido coto de otras instancias, titulares e intereses de un superior nivel. Las menudencias han sido importantes, mas no del calibre conocido por otros despachos.
Entonces, no puede hablarse de una política pública cultural, sino de la contribución al cartel y, Odalisca por delante, olvidado ya todo el mundo del caso y escándalo que afectó a la colección del Museo de Arte Contemporáneo, el rubro más atractivo que se ofrece es el de las obras de arte y también el de las ediciones príncipes de la Biblioteca Nacional. Ha sido tal el desorden de los museos, pudiendo añadir el del patrimonio bibliotecario, que nada sorprenderá que aparezca un buen día, alguna deseadísima pieza otrora del Estado venezolano, subastándose en Londres o en Nueva York.
Fotografía: Tomada de WhatsApp. Casas marcadas como opositoras, por los grupos paramilitares favorables a Maduro, estado Táchira.
18/03/2019;
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