Luis Barragán
A mediados de 2015, Vente Venezuela promovió e introdujo un Proyecto de Ley de Reforma Parcial a la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, procurando ampliar la participación de los sectores representativos de la oposición en el Consejo de Defensa de la Nación, al igual que incentivar la activación de tan importante instancia en medio de los problemas más angustiosos que vivía y estaba por vivir Venezuela. Por supuesto, no prosperó en forma alguna y la institución prosiguió el paso marcado por un régimen de inauditas urgencias que nunca pudieron formalizarse a través de un debate sobrio, profundo, coherente y, en definitiva, institucional.
Por todos estos años, solamente se han divulgado aquellas sesiones puntuales, susceptibles de una estridente rueda de prensa, que apuntaron a resolver un problema político muy específico del gobierno deseoso de atemorizar a sus adversarios. La crisis humanitaria y ni siquiera la que prolongadamente nos ata a la irresponsable política entreguista del Esequibo, parecen conmover al referido Consejo, en cuyas sesiones debe participar el presidente de la Asamblea Nacional al que, por cierto, se le convidó tan irregularmente a una reunión en días pasados, demostrando lo lejos que ha llegado esa instancia que ha de comprometer el interés de todos los venezolanos y no el de los específicos y nerviosos asuntos que remiten a los actuales elencos del poder.
Independientemente de cualquier disquisición jurídica que tan fácilmente puede hacerse, destacan tres circunstancias con la convocatoria del Consejo de Seguridad de la Nación para tratar de los apuros de una dictadura que teme a la Carta Democrática, pero que jamás – insistamos – ha dicho nada sobre el plazo de ocho meses que queda para que el Secretario General de la ONU envíe el asunto esequibano a la Corte Internacional de Justicia. De un lado, por encima del TSJ y de cualesquiera instituciones del Estado, encontramos al Consejo y al Comandante en Jefe de la Fuerza Armada hasta para enmendar la plana judicial; por el otro, esta perspectiva es muy propia de la doctrina de seguridad nacional centrada en el enemigo interno, réplica de aquella versión que asoló al Conor Sur en décadas pasadas; y, luego, un analfabeta instrumental como Maduro incurre y obliga a incurrir en lances tan temerarios a la corporación armada, demostrándolo como nuestra mayor vulnerabilidad en términos de seguridad y defensa de la nación.
El absurdo llega a los confines, dejando en evidencia a los magistrados-express que no logran concebir – ni lo harán – un sustento más o menos jurídico, con alguna sensatez, capaz de darle la prestancia por la que desespera el régimen. Por lo menos, electo por años a la vez que otro ejercía formalmente la presidencia, Juan Vicente Gómez fue y fueron sus asesores, más serios para garantizarse el continuismo.
Ojalá que no se les ocurra redondear la faena, fracasada esta superior intervención del Consejo, apelando a la interesada corrección que pueda invocar Maduro Moros labrada en el directorio ejecutivo de IPOSTEL o de los incontables y fantasmales organismos que explican al Estado ornamental. Digamos, una dictadura exige también un poco más de talento.
Fotografía: http://www.eluniversal.com/noticias/politica/presidente-maduro-reunio-con-fiscal-general-miraflores_646488
03/04/2017:
05/04/2017:
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