Julio César Moreno León
La crisis venezolana parece llegar a un desenlace final. Los diversos sectores de la sociedad han tomado conciencia de la magnitud del conflicto que sufrimos. Y por primera vez la dirigencia opositora aparece unida en el propósito de salir de lo que ahora, sin ambages, llaman dictadura.
Esa realidad se ha evidenciado en las potentes movilizaciones populares ocurridas en Caracas y en el resto del país que exigen la salida del régimen, la restitución de la democracia, el restablecimiento del estado de derecho y la recuperación moral, económica, política y social de la nación.
El gobierno, vista la precaria situación en que se encuentra, lanza ahora el anzuelo de unas posibles elecciones regionales con el fin de paralizar la calle y distraer los esfuerzos y objetivos de los partidos políticos, divorciándolos del verdadero clamor ciudadano.
Aceptar esa propuesta significaría transarse por la obtención de victorias parciales en las regiones, y esperar hasta el año que viene para competir en la elección presidencial.
Seguramente la dirigencia opositora rechazará esa maniobra gubernamental, ya que el nivel de deslegitimación y descomposición del régimen va más allá del tema de las elecciones regionales suspendidas en abierta violación de la Constitución.
Las gentes rechazan esa y cualquier otra tramposa oferta que posponga la sustitución del gobierno. Saben los ciudadanos que si este sistema continúa, Venezuela será una ruina impuesta por Cuba y por delincuentes que capturaron para su provecho las instituciones del Estado y los instrumentos de represión civil y militar con el fin de mantenerse a toda costa en el poder.
Perdida la calle, derrotados en las elecciones del Parlamento y en el debate público, el gobierno se queda sin discurso. Es el caso del criminal que no puede sostener su coartada ante el cúmulo de evidencias que el mismo construye en su intento de seguir incurriendo en el delito. Ya no hay la excusa del anti imperialismo, o de las conspiraciones de la “derecha vende patria” para justificar imperdonables tropelías.
Salvo Bolivia, y con menos entusiasmo Ecuador y Nicaragua, la mayoría de países que integran la OEA reconocen la crisis venezolana, señalan al gobierno como responsable de ella y exigen salida electoral, libertad de presos políticos y plena restitución de la democracia. Una prueba reciente es la actitud del hasta hace poco complaciente Presidente de Uruguay quien está “altamente ofendido” por declaraciones de Maduro, en las que éste le acusa de coordinar acciones contra Venezuela a través de la Embajada de Estados Unidos en Montevideo.
En ese contexto, la firme posición de Luis Almagro y la ya inocultable dinámica de una represión cada día mayor en medio de la espantosa crisis humanitaria, han hecho cambiar la tradicional e inservible diplomacia de formalidades, por la diplomacia de los principios y de las claras definiciones a las puertas de un caos capaz de afectar a toda la región.
El Secretario General de la OEA acaba de dejar constancia nuevamente de la situación en que se encuentra el gobierno venezolano, negado a cumplir con los principios que sustentan la Carta Democrática Interamericana auspiciada por Chávez y suscrita por su gobierno en 2001.
Fortalecido moral y políticamente, Almagro afirma el día 7, cuando se refiere al asesinato del joven Jairo Ortiz: “Este crimen debe llamar a la democracia del país, a hacer justicia, a superar la cobardía de la ignominia de sus asesinos”.
De manera enfática emplaza a cesar la represión contra las manifestaciones pacíficas, y denuncia a “un autoritarismo que se escuda en las fuerzas armadas que, lejos de actuar como las fuerzas del orden actúan como las fuerzas de la represión y el terror”.
Dice además: “Es un autoritarismo que en sus escalada de odio y vergüenza contagia también de ese odio y vergüenza a las fuerzas armadas. Este régimen autodenominado cívico – militar es no sólo el responsable de la pérdida de la Democracia y de la crítica situación alimentaria en Venezuela, es también responsable de incitar al odio, mediante la represión”.
Por su parte el almirante Kurt Tidd jefe del Comando Sur ha señalado que la crisis humanitaria en Venezuela exige una “respuesta regional”. Con lo que el gobierno norteamericano (en labios de un militar metido en los más altos rangos de acción y decisión), pudiera estarnos anunciando no sólo la suspensión de Venezuela del organismo regional, sino también la aplicación de medidas más directas que permitan la sustitución del actual gobierno, y luego el restablecimiento de la democracia mediante elecciones generales, tal y como lo ha propuesto el Secretario General de la OEA.
Las declaraciones de Almagro y las del Jefe del Comando Sur, tienen como destinatario importante a los militares venezolanos en su condición de único sostén de un gobierno totalmente descalificado ante el mundo por violar derechos humanos, reprimir a la ciudadanía y exhibir una espantosa corrupción que ha conducido al país a la ruina y a la crisis humanitaria. A esos militares que sufren al igual que el resto de los ciudadanos estos tiempos de descomposición social y crispación colectiva, y que además saben que al obedecer órdenes contrarias a la ley y a los derechos humanos se convierten en responsables de crímenes contra la población civil, en un posible escenario de caos e incontrolable violencia.
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