Del encallejonamiento militar
Luis Barragán
Desocupadas tras vencer las insurrecciones de la década de los sesenta del
XX, las Fuerzas Armadas Nacionales naturalmente reorientaron sus tareas. El
Plan Andrés Bello marcó otro horizonte a una entidad que tendió a explicar los
más variados problemas concernientes a
la seguridad y defensa en el marco del necesario desarrollo nacional,
coincidiendo – entre los setenta y ochenta -
con la gravísima crisis estructural de nuestra economía, todavía
criminalmente evadida.
Finalizando el siglo, perdimos el asomo de una efectiva sustitución de las
importaciones, con las industrias pesadas de Guayana, por ejemplo. En el repertorio de nuestras
calamidades, agotada cada vez más la renta petrolera, severamente asediados por
una gigantesca deuda externa, prendió la desconfianza galopante hacia la
institucionalidad democrática.
Más allá del mesianismo que nos embargó, encarnado por Chávez Frías, como
bien las circunstancias hubiesen favorecido a otro de los que subrepticia o
abiertamente lidiaban la escena, la situación nos condujo a la corporación
castrense como referente y estratega del desarrollo. Propios y extraños,
críticos y condescendientes,
coincidieron en celebrarla como una opción más explícita que implícita,
para solventar nuestros males sociales y económicos.
Además de aporte sólido y sistemático que ha realizado Luis Alberto Buttó,
destacando un par de títulos imprescindibles como “Civiles y militares. Manual
indispensable” (2015) y “!Disparen a la democracia!” (2017), nos permitimos
citar dos muestras adicionales y contrastantes. Por una parte, conteste con su
ulterior testimonio bibliográfico, aunque “Nuevo intervencionismo. La
desmilitarización en el Continente” (1996) lo distrajo con un distinto timbre
político, José Machillanda enfatizaba a la inteligente periodista Miriam
Freilich que la guerra del Ejército de Venezuela era contra el hambre, la
miseria, el desempleo, la falta de viviendas y, trascendiendo a “algunas
experiencias tímidas y epileptoides”, debía unidades como las de ingeniería
militar, comprometiendo al elemento militar con los planes de desarrollo (El
Nacional, Caracas, 24/03/1990); por cierto, en fecha cercana, un reportaje no
firmado, igualmente a propósito de la solicitud de reincorporación de
Machilanda a las Fuerzas Armadas, publicado en el órgano periodístico del MAS, apuesta
por la conversión de los efectivos y gastos militares en palanca productiva
para el desarrollo, como mano de obra barata y disciplinada (Punto, Caracas,
29/03/90).
Más tarde, por otra parte, el entonces ministro de la Defensa, Raúl
Salazar, le aseguró al sagaz periodista Javier Ignacio Mayorca, el retiro “en
90%” del Proyecto Bolívar 2000 que lo concebía como un estímulo a la industria
privada para la generación de empleos que, gracias a un préstamo del FMI, sería
conducido por diferentes organizaciones sociales (El Nacional, 28/02/99). Consabido, el referido proyecto alcanzó una asombrosa ramificación tal que
afectó la naturaleza misma de la corporación y comprometió fabulosos recursos
de una cuantía y un destino real todavía imprecisos; valga la acotación, el
ministro desconocía la intención presidencial en la materia, o procuraba
neutralizarla, aunque – en otro ámbito – la prensa de mediados de junio del
citado año revela muy bien la conducta que asumió respecto a los
inconstitucionales ascensos militares ordenados por el presidente de la
República, marcando un precedente.
Nos parece, nada convincente luce
que la fracturación, confusión o dislocación de la actual Fuerza Armada
Nacional se deba meramente a una suerte de infección mesiánica procurada por
las sobredimensionadas habilidades de Chávez Frías, además, influenciado por
sendos procesos como el de la llamada revolución peruana. Ésta, una vulgar,
caricaturizada y duradera sugestión del joven cadete al que no podía pedírsele
una acabada reflexión, diferente a las materias que cursaba; y, si fuere el
caso, por más expuesto que estuviese a una cierta formación política e
ideológica, otros líderes civiles a una edad semejante tienen mejor testimonio
que dar de sus tempranas impresiones. Por lo demás, independientemente de la opinión que el caso merezca,
por la calidad de los golpistas peruanos
de 1968 , hay una distancia académica y política considerable
en relación a los golpistas venezolanos de 1992, tal como inferimos de
un valioso ensayo de Manuel Urriza (“Perú: cuando los militares se van”, 1978).
Infección aparte, por no citar el papel que juega bajo la supuesta
conducción de Maduro Moros, la FANB no debe ni puede encarar definitivamente el desafío del desarrollo
nacional, pues se debe estelarmente a una misión muy concreta en el sector
defensa. Por pretenderlo, no sólo de llena de funciones y genera intereses que
la desnaturalizan, en el campo petrolero y gasífero, como en otras áreas, sino
que no garantiza siquiera la integridad territorial, ocupando las fuerzas
irregulares y delincuenciales grandes extensiones del país, sobre todo
limítrofes, obviando las torpezas en las que se ha incurrido con el Esequibo:
ella no está para responder al colapso del modelo petrolero, convirtiéndose en
dinamizadora de la economía nacional a la vez que no logra recuperar un
helicóptero militar perdido desde hace meses, encallejonándola moralmente.
Motivo gráfico: Toni Prat.
01/05/2017:
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