SOBRE LA MESA

Parece  inevitable
Julio César Moreno L.

La denuncia del Secretario General de la OEA  a la pasiva actitud de la ONU ante la crisis de nuestro país constituye un grave cuestionamiento ético y político contra ese organismo. Dice Almagro que “Venezuela es víctima de una guerra sucia, una guerra declarada contra el pueblo venezolano”. Afirma que la llamada “Responsabilidad de proteger” aprobada en la cumbre mundial de Naciones Unidas de 2005 obliga a actuar frente al Estado que  comete crímenes contra sus propios compatriotas o fracasa en la defensa de los derechos humanos. Y recuerda que  ese mecanismo permite la intervención militar, previa la aprobación del Consejo de Seguridad, con el fin de restablecer los derechos conculcados a los ciudadanos por quienes controlan ilegítimamente el poder. Con  base en esta resolución, Almagro justifica la acción armada para desplazar al régimen que encabeza Maduro, y argumenta sin ambages contra los países que en el seno de la ONU  soportan y justifican a la tiranía venezolana o permiten su existencia asumiendo ambiguas posiciones.

Al igual que el presidente Donald Trump, a diferencia del llamado Grupo de Lima, Luis Almagro afirma que frente a la crisis de nuestro país deben mantenerse todas las opciones, incluyendo por supuesto la acción militar. Considera “inmoral descartar a priori esta opción”, afirma que eludir el tema es “cobardía y permisibilidad”. Para él ya pasó el tiempo de “tergiversar las razones para no acordarlas”, y a raíz de la detención de Roberto Marrero –Director del Despacho del presidente (e) Juan Guaidó- se pregunta ¿Cuando se lleven preso a Guaidó haremos otro comunicado?

Luis Almagro recuerda que Venezuela sufre la peor estampida migratoria de América, y estima que de continuar este trágico proceso, al finalizar el año, más de 5 millones de venezolanos se habrán marchado del país en las mismas  precarias condiciones. Por ello, frente a los que escogen el camino de esperar arreglos o el efecto de las sanciones y gestiones diplomáticas, se pronuncia “por acabar de una vez con el sufrimiento de Venezuela”.

A los gobiernos que prolongan indefinidamente la toma de decisiones los increpa y les pregunta por los minutos que transcurren en la vida de los torturados, de los exiliados, y de los familiares de asesinados y perseguidos. Les invita a analizar las cosas desde la lógica de las víctimas que no tienen protección, de los niños muertos en las puertas de los hospitales, de los que fallecen por falta de medicinas, de los que mueren de hambre y  de mengua por culpa del Estado criminal.

En respuesta a los que argumentan en favor de la “no intromisión en los asuntos de Venezuela” afirma, por el contrario, que la situación obliga a todas las manos de la comunidad internacional a participar en la solución de la crisis más grave que haya ocurrido en América.

Desde que el Secretario General de la OEA formuló ese enérgico pronunciamiento hasta estos días que transcurren en medio e tensiones e incertidumbre, el conflicto que destruye a nuestro país se hace más intenso mientras la dictadura intensifica la represión y aprueba en la Asamblea Constituyente el Plan de la Patria para consagrar la legalidad totalitaria con la que pretenden eternizarse en el poder. Por lo tanto, pareciera claro que la reducida cúpula oficialista no tiene entre sus opciones retroceder o pactar acuerdos que permitan la solución pacífica de la crisis. La presencia de Rusia y China en plan de desafío a Estados Unidos y al hemisferio fortalecen esta creencia y pareciera descartar, al menos hasta ahora, cualquier rumbo diferente al que hoy estamos transitando los venezolanos.

Por su parte el gobierno de Donald Trump recrudece su ofensiva basada en “todas las opciones sobre la mesa” e impone nuevas medidas destinadas a castigar con sanciones personales a los más importantes jerarcas del oficialismo, y a frustrar los desesperados intentos de impedir el colapso económico definitivo del régimen. La reciente captura del “pollo” Carvajal y su extradición a Estados Unidos darán, sin duda, nuevos elementos probatorios a la Casa Blanca para presentar al régimen como una organización delictiva al servicio del narcotráfico internacional a la cual hay que quitarle toda capacidad de financiamiento.

En el desarrollo de esa misma política, Estados Unidos acude nuevamente al Consejo de Seguridad de la ONU y ratifica, por intermedio del Vicepresidente Mike Pence, su decisión de derrocar a Maduro. Ha expresado Pence que lo planteado en Venezuela “es una lucha entre dictadura y democracia”. Y le ha dicho, en claro y nada diplomático lenguaje al embajador Samuel Moncada, “váyase a Caracas y dígale a Maduro que tiene que marcharse porque se le acabó su tiempo”. Por su parte Mike Pompeo declara ante el Congreso que la presencia de Cuba, Rusia, China e Irán  en Venezuela  representa una grave amenaza para los Estados Unidos, mientras que el senador republicano Rick Scott se pronuncia por la acción militar y el almirante Kurt W. Tidd, jefe del Comando Sur, afirma que sus efectivos están preparados para actuar cuando el presidente Trump lo ordene.

Igualmente, la reciente reunión de Steven Mnuchin, Secretario del Tesoro, con los ministros de finanzas de Alemania, Argentina, Canadá, Chile, Guyana, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Francia, Guatemala, Guyana, Italia, Japón, México, Panamá, Portugal, Perú y Reino Unido, destinada a crear un fondo de 10 mil millones de dólares para el financiamiento de la actividad comercial venezolana durante el próximo gobierno de transición, es otra muestra del compromiso estadounidense en la sustitución del régimen dictatorial, y en el restablecimiento de la normal actividad socio-económica venezolana con la participación de gobiernos amigos.

Mientras tanto Guaidó permanece impertérrito ante las amenazas de la maquinaria represiva del poder madurista, y continúa su visita a las barriadas populares del país en medio del apoyo entusiasta de los ciudadanos y a pesar de las medidas adoptadas por la justicia oficialista, destinadas a encarcelarlo.

Así las cosas, todo indica que los próximos tiempos colocarán a nuestro país en el escenario de una confrontación en la que el gobierno de Trump, acompañado o no por su aliados, asumirá el reto de enfrentar su poder político y militar al ensayo totalitario venezolano, con las evidentes consecuencias sobre las dictaduras de Cuba y Nicaragua.  Esto parece inevitable.

15/04/2019:
https://venezuelaunida.com/julio-cesar-moreno-leon-parece-inevitable/
https://theworldnews.net/ve-news/julio-cesar-moreno-leon-parece-inevitable

FALSO DILEMA

EL NACIONAL, Caracas, 04 de noviembre de 2017
Política, legítima defensa y moralidad
Eddy Reyes Torres

Podría decirse que la política y la legítima defensa son asuntos de características diferentes, sin ninguna vinculación. Una revisión general de cada tema así lo pone de manifiesto.

En primer lugar, según el DRAE, el término “política” se define como arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los Estados; actividad de quienes rigen o aspiran a regir los asuntos públicos; y actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su voto, o de cualquier otro modo.

Por su lado, la legítima defensa es una cuestión que atañe al derecho penal y que, según el jurista español Luis Jiménez de Azúa (SIC), es repulsa de la agresión ilegítima, actual o inminente, por el atacado o tercera persona, contra el agresor, sin traspasar la necesidad de la defensa y dentro de la racional proporción de los medios empleados para impedirla o repelerla.

Nuestro Código Penal regula expresamente dicha figura al estipular, en su artículo 65, que no es punible el que obra en defensa de su propia persona o derecho, siempre que concurran las circunstancias siguientes: a) agresión ilegítima por parte del que genera el hecho; b) necesidad del medio empleado para impedirla o repelerla; c) falta de provocación de parte del que pretenda haber obrado en defensa propia; d) el que obra constreñido por la necesidad de salvar su persona, o la de otro, no haya dado origen al peligro grave e inminente.

A pesar de que lo señalado hasta aquí parece obvio, los venezolanos que hoy sufren los diferentes males generados por el régimen de Nicolás Maduro podrían preguntarse si, ante un gobierno que actúa indiscriminadamente sin ningún apego a la ley, es legítimo defenderse con todas las acciones que sean necesarias para evitar su destrucción y la del orden democrático en su conjunto. En otras palabras, ¿quedamos eximidos de toda responsabilidad moral si ejecutamos acciones que, no estando ajustadas a los criterios éticos, nos permiten encausar las acciones del gobierno actual en el terreno de la legalidad o, de ser necesario, instaurar uno nuevo que se someta a lo que dispone la Constitución y las leyes?

Obviamente que la respuesta a la inquietud anterior no está en la disposición penal que procedimos a registrar –para llamar la atención y como gran marco de referencia– a fin de poner de manifiesto la procedencia de una acción extrema (quitarle la vida a un ser humano), cuando nos enfrentamos a situaciones excepcionales que ponen en riesgo nuestra propia vida. Sin embargo, conclusiones parecidas se fueron decantando en desarrollos que desde antiguo se han llevado a cabo en la doctrina política.

Ciertamente, en este último campo encontraremos luces sobre tan delicado asunto en los estudios que se han realizado a partir de Platón, quien fue el primero en plantear la necesidad de investigar el modo en que ha surgido un gobierno y el modo como, una vez surgido, pueda ser conservado el mayor tiempo posible.

Cuando Maquiavelo toma la batuta sobre la cuestión, la aborda con crudeza: “El que deja lo que se hace por lo que se debería hacer, aprende más bien su ruina que su preservación, porque un hombre que en todas partes desee hacer profesión de bueno, conviene que arruine a muchos que no son buenos. De donde a un príncipe le es necesario, queriéndose mantener, aprender a poder no ser bueno y usarlo y no usarlo según la necesidad”. Su posición conduce a que se califique de maquiavelismo el modo de proceder con astucia, doblez y perfidia.

El conflicto entre ética y política ha estado a la orden del día a través de los siglos, y del tema se han ocupado figuras de primer orden como Kant, Hegel, Hobbes, Locke, Schmitt, Arendt, Habermas y Rawls, entre otros. Más recientemente, haciendo uso de una teoría que se aproxima al ideal científico verificable que elimina todo juicio de valor, Bobbio señala que el criterio con base en el cual se considera buena o mala una acción política es diferente del criterio con base en el cual se considera buena o mala una acción moral. Según él, los dos criterios son inconmensurables y esa inconmensurabilidad se expresa mediante la afirmación de que en política tiene validez la máxima que dice que los fines justifican los medios.

Lo antes expuesto pone en evidencia el problema que se confronta entre nosotros, cuando un sector de la oposición califica de “inmoral” la juramentación que ante la asamblea nacional constituyente hicieron los cuatros gobernadores de la oposición que fueron elegidos en las elecciones del 15 de octubre, mientras que, por el contrario, se manifiesta que fue “digna” la decisión que adoptó el gobernador electo por el estado Zulia, de negarse a hacer la mencionada juramentación.

Ante tal forma de proceder cabe preguntarse qué ocurriría si el año entrante, de concretarse la fecha de la elección presidencial en nuestro país, el presidente Donald Trump (o el secretario general de la OEA, Luis Almagro) le pide a los opositores venezolanos que, por razones de alta política, participen en la contienda electoral con el mismo CNE de hoy. ¿Tendría entonces ese requerimiento la dignidad que hoy se les niega a los gobernadores de AD? Y más aún, ¿en consideración a la doctrina política y las necesidades profundas del país, debería la dirigencia nuestra del momento apoyar dicha propuesta con el solo apego a las motivaciones políticas que la justifican y nada más?

Ahí les dejo el dilema a nuestros aguerridos amigos opositores que toman todas sus decisiones políticas con estricta adhesión a la moral y el deber ser.

Fuente:
http://www.el-nacional.com/noticias/columnista/politica-legitima-defensa-moralidad_210389
Breve nota LB: Interesante y sugerente la premisa, pero banalizó su desarrollo.

CUADERNO DE BITÁCORA

Hoy, asistimos a la entrega de la carta de apoyo, en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), dirigida a Luis Almagro. Fue una importante movilización ciudadana, resumida en un acto de significación, aunque con muchos oradores. Con todo, dio tiempo de ir a sesión, pero no hubo quórum en la Asamblea Nacional (AN).

Algo lamentable y que se veía venir. E, incluso, tomamos la previsión de advertirlo en una correspondencia destinada al diputado Julio Borges y a toda la directiva de la AN, alrededor de mes y medio atrás. Planteamos, incluso, un plan alternativo para evitar la inasistencia. Lo esbozamos en el WhatsApp de la fracción de oposición, sin éxito alguno. Todo, con sentido de prudencia y de responsabilidad, por lo que no hacemos todavía pública la correspondencia a la espera del debido debate, la venidera semana, sobre el punto.

Cierto que, ocurrido en el Zulia, no dejaron en la presente fecha abordar a los diputados, por ejemplo. Empero, en la carta enunciamos varias de las situaciones que son perfectamente previsibles, aunque la mayor imprevisibilidad reside en la convocatoria misma de la sesión, pues, nunca se sabe, sino a última hora, incluyendo el Orden del Día.

(LB)

Fotografía: Diputados Omar González, Juan Pablo García y LB, con María Corina Machado, en la sede de la OEA (Caracas, 31/10/2017).

UNA PERSISTENTE PREOCUPACIÓN

Esta dictadura está entregando descaradamente el Esequibo

“Esta dictadura está entregando descaradamente el Esequibo”, enfatizó el diputado Luis Barragán al consultársele sobre la reunión sostenida por el ministro Jorge Arreaza en la ciudad de NuevaYork con representantes de la ONU.

“Creyéndola una materia privativa de las camarillas que ejercen el poder en Venezuela,  no se atreven a informar debidamente al país del curso de las conversaciones sostenidas recientemente en Nueva York, a propósito del Esequibo, en lugar de la ligerísima nota divulgada por las redes sociales que no las relevan de sus responsabilidades al faltar poco más de un mes para vencerse el plazo fijado por la ONU para su remisión a la Corte Internacional de Justicia que los venezolanos no deseamos”.

Alegó el parlamentario de Vente Venezuela que el socialismo destruyó lo que fue una Política de Estado en Venezuela, incluyendo al régimen dictatorial de Pérez Jiménez y a los regímenes democráticos que la reorientaron y perfeccionaron, enterado continuamente el país de todas sus vicisitudes y resultados a través de un intenso debate público que los medios de comunicación, la sociedad civil y un parlamento plural asumieron provechosamente.

“Ni siquiera el actual canciller se siente en el deber de acudir a la tal constituyente, desconociéndola, para tratar abiertamente el problema, sabiéndose en deuda con la Asamblea Nacional de acuerdo a lo establecido clara e inequívocamente en la Constitución de la República”.

Indicó que el Partido de la Libertad ha tratado el problema con toda la responsabilidad y la prudencia necesarias al tratarse de un asunto delicado, aunque la dictadura ya se extralimitó al decidirla de espaldas al país, errando hasta en su enfoque conceptual, pues, D. H. es un representante con poderes especiales del Secretario General de la ONU.

“El señor D. H. Nylander, con experiencia de mediación en el conflicto político colombiano, que sepamos, no ha contactado a ningún factor de la oposición democrática en Venezuela, como evidentemente lo ha hecho respecto a la oposición de Guyana, con quien se ha reunido frecuentemente. Sabe muy bien que es un requisito fundamental para las diligencias de buena fe que realiza y, al no hacerlo, en nuestro caso, no aporta garantía alguna para el éxito de sus gestiones”.

Igualmente se supo que, agotada la edición física de quince trabajos rigurosamente arbitrados que las universidades Metropolitana, Simón Bolívar y la de Los Andes aportaron el presente  año, bajo el título “La cuestión Esequibo”, incluyendo uno del diputado Barragán, y ante la imposibilidad de una reedición por falta de insumos, la Unimet ha decido liberarlo en los medios digitales: http://www.unimet.edu.ve/unimetsite/wp-content/uploads/2013/02/La-cuesti%C3%B3n-Esequibo.pdf.

31/10/2017:
http://www.opinionynoticias.com/noticiasnacionales/31197-esequibo https://www.lapatilla.com/site/2017/10/31/barragan-ni-siquiera-el-canciller-reconoce-a-la-tal-constituyente-al-tratar-el-tema-del-esequibo https://apuntoenlinea.com/2017/10/31/barragan-ni-siquiera-el-canciller-reconoce-a-la-tal-constituyente-al-tratar-el-tema-del-esequibo https://www.sabor809.com/internacionales/111-latino-america/venezuela/650517-barragan-ni-siquiera-el-canciller-reconoce-a-la-tal-constituyente-al-tratar-el-t https://www.venezuelamundial.net/politica/vzlamundial/barragan-ni-siquiera-el-canciller-reconoce-a-la-tal-constituyente-al-tratar-el-tema-del-esequibo

Esta dictadura está entregando descaradamente el Esequibo

El dirigente asegura que el régimen no informa al país sobre conversaciones a propósito del Esequibo
El parlamentario por Vente Venezuela indica que su partido “ha tratado el problema con toda la responsabilidad y la prudencia necesaria, aunque la dictadura ya se extralimitó al decidir de espaldas al país”

(Caracas. 31/10/2017) “Esta dictadura está entregando descaradamente el Esequibo”, enfatizó este martes el diputado de la Asamblea Nacional (AN) Luis Barragán, sobre la reunión sostenida por el ministro Jorge Arreaza en Nueva York con representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El parlamentario sostuvo que el régimen no se atreve a informar debidamente al país sobre el curso de las conversaciones a propósito del Esequibo realizadas recientemente en Nueva York.
El dirigente de Vente Venezuela alegó que “el socialismo destruyó lo que fue una política de estado en Venezuela, incluyendo al régimen dictatorial de Pérez Jiménez y a los regímenes democráticos que la reorientaron y perfeccionaron, enterado continuamente el país de todas sus vicisitudes y resultados a través de un intenso debate público que los medios de comunicación, la sociedad civil y un parlamento plural asumieron provechosamente”.
“Ni siquiera el actual canciller se siente en el deber de acudir a la tal constituyente, desconociéndola, para tratar abiertamente el problema, sabiéndose en deuda con la AN de acuerdo a lo establecido inequívocamente en la Constitución de la República”, observó.
Indicó que el partido de la libertad ha tratado el problema con toda la responsabilidad y la prudencia necesaria, aunque la dictadura ya se extralimitó al decidir de espaldas al país errando hasta en su enfoque conceptual, pues D. H. Nylander es un representante con poderes especiales del Secretario General de la ONU.
“El señor D. H. Nylander, con experiencia de mediación en el conflicto político colombiano, que sepamos, no ha contactado a ningún factor de la oposición democrática en Venezuela. Sabe muy bien que es un requisito fundamental para las diligencias de buena fe que realiza y, al no hacerlo, no aporta garantía alguna para el éxito de sus gestiones”, explicó el diputado por el partido de la libertad.
Igualmente se supo que, agotada la edición física de quince trabajos rigurosamente arbitrados que las universidades Metropolitana, Simón Bolívar y la de Los Andes aportaron el presente  año, bajo el título “La cuestión Esequibo”, incluyendo uno del diputado Barragán, y ante la imposibilidad de una reedición por falta de insumos, la Unimet ha decidido liberarlo en los medios digitales:
http://www.unimet.edu.ve/unimetsite/wp-content/uploads/2013/02/La-cuesti%C3%B3n-Esequibo.pdf.

31/10/2017:
http://www.ventevenezuela.org/diputado-barragan-esta-dictadura-esta-entregando-descaradamente-esequibo
Fotografía: María Cecilia Peña, sede de la OEA, durante la entrega de la carta de apoyo dirigida a Luis Almagro (Caracas, 31/10/2017).

ENCLAUSULADOS

De los pusilánimes que temen a la Carta Democrática: necedad y necesidad
Luis Barragán

Asistimos a una breve y reciente reunión de trabajo, en la que un colega parlamentario quiso enfrascarnos en el necio dilema que dijo resolver, pues, Luis Almagro es quien nos apoya, en lugar de nosotros hacerlo con él.  La necedad  olvidaba la necesidad de respaldar inequívoca y claramente  la corajuda iniciativa del Secretario General de la OEA e, igualmente, evidenciaba que no toda la dirigencia opositora tiene por empeño inmediato el de salir del presente régimen.

Consabido, hubo el respaldo de la Asamblea Nacional a un acuerdo que hizo énfasis en el artículo 20 de la Carta Democrática, diluyéndose el artículo 21, con la sorpresiva aparición de un integrante de la bancada oficialista que quiso hablar, sin firmar la lista de asistencia. A pesar de todos los discursos vespertinos, quedó en el ambiente la impresión de un apoyo débil, no convencido, titubante frente a las decididas diligencias que se hacen en Washington, permitiéndonos recordar las páginas finales de un ensayo de Emilio Nouel V., “La cláusula democrática. La soberanía externa frente a los derechos fundamentales” (IEPFT, Caracas, 2014): “La aplicación de la cláusula democrática está íntimamente ligada a los principios morales, va más allá de los fríos textos de los tratados, de las decisiones negociadas de los organismos internacionales y de las complejas interpretaciones judiciales, y apunta a la convicción profunda de que se tiene una responsabilidad y unos deberes que cumplir en el mundo actual respecto de la democracia en general, que no sólo atañe a los gobiernos sino también a los líderes políticos y sociales, incluidos los empresarios y los ciudadanos en general” (152).

A veces, por no llamarlo de otro modo, nos asombra la ingenuidad de una oposición que, a lo Carlos Raúl Hernández,  asegura que la aplicación de la Carta Democrática sólo le conviene al gobierno, obviamente deseoso de emular a la Cuba de los años sesenta del XX: inferimos, nos convendría más que la Carta no existiese, abusando del precedente histórico que, además, rápidamente reseña Nouel, al faltar Fidel Castro a la Carta constitutiva de la OEA, victimizándose artificialmente por muchos años  (68 ss.).

Las condiciones históricas actuales, contrastan largamente con las décadas anteriores, convertida toda imitación en una ridiculez monumental y, agreguemos, por más que se crean ciertas individualidades y sectores de una formal oposición muy hábiles pontífices de una democracia que nadie ve por ningún lado, la aplicación de la Carta  no equivale al rápido aislamiento del país, a una inmediata invasión militar o a cualesquiera otras de las calamidades que la sola y modesta exigencia de libertad acarrearía de acuerdo al chantaje gubernamental.  Nouel, incursionando conceptualmente en el golpe de Estado (124 ss.), opta por los hechos que lo asemejan, como el de la persecución del liderazgo político y social, la anulación práctica de principios, como el de la división y autonomía de los poderes públicos, el servilismo de los órganos de justicia, la violación de los lapsos de los procesos electorales, la inhabilitación  ilegal de candidatos, y la propia denuncia de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Por consiguiente, existe un legítimo instrumento demasiado pertinente para la coyuntura actual.

Hay sectores de la oposición que no se ayudan, desaportándole a la tarea titánica del Almagro que deja demasiado atrás al pusilánime José Insulza, quien convirtió la Secretaría General en una instancia torpe,  temerosa y vacilante que degradó a la propia OEA.  Complejos mecanismos y procedimientos institucionales y políticos, explican la implementación de la cláusula democrática, pero – concluyamos – la peor diligencia es la que no se hace.
27/03/2017:
http://opinionynoticias.com/opinionpolitica/29440-barragan-
https://class987fm.com/2017/03/27/de-los-pusilanimes-que-temen-a-la-carta-democratica-necedad-y-necesidad-escrito-por-luisbarraganj/

PROYECTILES INMORALES

Hielera tropical
Luis Barragán

El linchamiento moral es el arma por excelencia de un régimen que clama por su pureza, aunque la palabra y los hechos lo desmientan. Empero, merecedor del denuesto, degrada a quien la empuñe en ese torbellino infinito de la descomposición por la que apuestan los prohombres del gobierno, ilusionados por el futuro exilio dorado, cuando  acá  todo acabe.

Propicia la ocasión, cualquier resentimiento vale para inculpar y arremeter contra el tercero que, por su entero proceder, nos condujo al actual desastre. Fuera o dentro de Venezuela, urgen del espantapájaros que ya no asusta a nadie, en el país petrolero en el que falta la gasolina.

La Carta Democrática, corajudamente invocada por Luis Almagro, con mayor convencimiento y determinación que muchos de los venezolanos que sólo se acercan a Washington para la fotografía, sugiere otra campaña oficialista para identificar y fusilar, por lo menos, en el paredón verbal, a los adversarios. Cual Ernesto Guevara en Punta del Este, quien ventiló una documentación lograda tras el secuestro de un funcionario diplomático estadounidense en Caracas, la cancillerísima Rodríguez hablará en la OEA para denunciar toda una conspiración universal, deletreando a los vende-patria y traidores, hurgando en las fibras más bajas de los venezolanos que, simplemente, pasan hambre y miseria y ya les importa un bledo tan huecas palabras, las mismas que se oyen en esas inútiles y deasistidas jornadas traganíqueles del anti-imperiaiismo que aún los tiene enfermos de la lejana guerra fría.

El llamado proceso de validación de los partidos, supuso una oportunidad para arremeter contra los históricos y los más recientes, descalificándolos, aunque poco o nada pueden los funcionarios del régimen hacer, saliéndoles el tiro por la culata, siendo deudores del revocatorio y de los comicios regionales. Vimos cosas curiosas, pues, donde el gobierno no metió su punzada, ocupado en la angustiosa  supervivencia por la iniciativa Almagro, surgen los necios pretendiendo enjuiciar a los partidos, inventariándolos: por ejemplo, el lunar de Lusinchi invalida que se haga por la organización que tuvo a Ruíz Pineda o a Carnevalli en sus filas. Y, aunque el suscrito tampoco cree en el ardid de la validación, lo cierto es que, en los últimos fines de semana, a los propagandistas de la dictadura se les quedó el arma engatillada de sus histéricas acusaciones.

¿Cómo llevar la Carta Democrática y la validación de los partidos al terreno del resentimiento tan urgido de explotar? Le es difícil al gobierno, cada vez que se mueve, porque la hiel que acumula, bajo la luz tropical, pone en demasiada evidencia una quiebra ética, una tal incineración moral, que sólo promete – al remover sádicamente la fibra ajena – el descalabro y la flatulencia de unas cenizas que el añorado exilio dorado nunca disipará.
Gráficas: Rodney Castro.
27/03/2017:
http://www.noticierodigital.com/2017/03/luis-barragan-hielera-tropical/
http://www.noticierodigital.com/forum/viewtopic.php?t=63959
http://www.envenezuela1.com/content/blog/nd-luis-barrag%C3%A1n-hielera-tropical
http://noticiasvenezuela.info/2017/03/luis-barragan-hielera-tropical/
https://class987fm.com/2017/03/27/hielera-tropical-escrito-por-luisbarraganj

AMENAZAS Y PELIGROS

Las alarmas democráticas
Julio César Moreno

Los comicios parlamentarios del próximo 6-D se van a realizar en medio de características muy especiales. Por primera vez, desde el fraudulento plebiscito de Pérez Jiménez ocurrido  en 1957, vamos a unas votaciones sin que exista una campaña electoral propiamente dicha, en la que la oposición pueda exponer sus puntos de vista a través de los medios de comunicación. El secuestro de la prensa escrita y radioeléctrica ha permitido la progresiva liquidación del debate público y ha impuesto un hermético silencio informativo. Con la excepción de Cuba, nuestro país es el único en América privado, en la práctica, del derecho  a la información y a la libre expresión del pensamiento. Estos derechos consagrados en nuestro constitución han sido liquidados mediante la compra de la mayoría de los grandes rotativos nacionales y regionales, y el control casi total de la radio y la televisión, adquirida por oficialistas o sometidas mediante rígida censura. Apenas a través de las redes sociales y de algunos heroicos medios, que aún resisten las amenazas y presiones del régimen, podemos acceder precariamente al conocimiento de los desastres que cotidianamente sacuden a la sociedad venezolana. A esta realidad se suma la agresiva campaña mediática caracterizada por las amenazas y el acoso permanente, no sólo contra la disidencia política, sino contra la ciudadanía en general. De esa manera se usa la fuerza que da el poder para intentar doblegar al colectivo nacional tratando de hundirle en la pasividad el hastío y la resignación. Y a la violencia ejercida de manera permanente por el gobierno, a través de sus organismos represivos, se suma la de la delincuencia organizada que ha tomado posesión  de nuestra vida cotidiana.
Así las cosas, en medio de una espantosa crisis económica y social Venezuela se dispone a asistir a una de las más importantes y trascendentales consultas electorales de su historia. A pesar de la imposibilidad de transmitir sus opiniones y planteamientos en los medios de comunicación, y a pesar de los escasos recursos con los cuales sufragar los gastos que implican las campañas electorales, los candidatos opositores superan ampliamente a los oficialistas. Esta verdad no ha podido ser escondida por el régimen, al punto que Nicolás Maduro ha dicho públicamente que estas elecciones “serán las más difíciles en la historia de la revolución”.  Igualmente, Maduro ha declarado que el régimen está dispuesto a vencer en esos comicios “como sea”, y que frente a un resultado adverso la revolución entraría en un proceso diferente de mayor radicalización para impedir la pérdida del proceso socialista. En este mismo sentido se han pronunciado los cabecillas más importantes del Psuv, así como los ministros y otro altos funcionarios que actúan en abierta e ilegal campaña proselitista. Y lo más grave, en la misma comparsa participan los altos mandos militares, convertidos desde hace tiempo  en inconstitucional brazo armado del proceso totalitario en curso. Los canales de radio y televisión del gobierno, incluyendo la estación televisora de la fuerza armada, dan agresivo respaldo mediático a esta abierta manifestación de voluntad continuista que amenaza colocarse por  encima, y si es necesario, en contra de la voluntad de cambio que el pueblo exprese en las urnas electorales. Además,  el CNE, el Tribunal Supremo de Justicia, la  Contraloría, el Defensor del Pueblo, y por supuesto la Fiscal General, han respaldado de manera reiterada y permanente,  el tejido fraudulento construido de cara al 6D, constituyéndose en el muro institucional que protege el descarado ventajismo oficialista. Gracias a ello, ninguno de los reclamos formulados por la Mesa de la Unidad ante el organismo electoral han sido considerados. Por el contrario, las denuncias han sido desechadas y calificadas recientemente por Tibisay Lucena como argucias planteadas por “grupúsculos minoritarios” destinadas a desestabilizar al país y a desconocer de antemano los escrutinios que finalmente anuncie el CNE
La próxima elección parlamentaria venezolana es la única consulta comicial latinoamericana objeto de cuestionamientos por los más importantes sectores de la comunidad internacional. En ninguna de las votaciones celebradas recientemente en nuestro continente se ha puesto en duda la imparcialidad de los árbitros institucionales. En ninguna de ellas han participado los militares como instrumentos políticos al servicio del gobierno. Y en todas  se ha preservado la independencia de los poderes públicos y la voluntad ejercida libremente por los ciudadanos. Por el contrario, en nuestro caso, la precaria condición de nuestro agonizante sistema de libertades se ha puesto en evidencia de manera cada vez más evidente ante los ojos de la comunidad internacional, incluyendo a sectores que han sido cómplices activos o silenciosos de los gobiernos de Hugo Chávez y de  Nicolás Maduro.
En los países integrantes del Mercosur y Unasur, se ha debilitado sensiblemente el respaldo al gobierno de Caracas, ante las injustificables prisiones de los dirigentes democráticos, la represión, la censura, el acoso a la oposición, y la violación  de derechos humanos fundamentales. Todos estos atropellos acrecentados  en las proximidades de las elecciones del poder legislativo.
En Brasil el Tribunal Superior Electoral rechazó el veto del gobierno de Venezuela al reconocido jurista de ese país Nelson Jobim,  propuesto para presidir la comisión de observación  de Unasur. Es de recodar que Jobim fue miembro del Gabinete del expresidente Lula. Como consecuencia  de estos hechos el vecino país decidió abstenerse de participar en la misión.
El Secretario General de la OEA Luis Almagro, en comunicación enviada a la Presidente del Consejo Nacional Electoral Tibisay  Lucena, afirma  que el rechazo del CNE a la observación electoral por parte de la Organización de Estados Americanos, se corresponde a un “posicionamiento político”. Y le advierte  en el  extenso documento de doce cuartillas, que sin la observación con plenas garantías “usted estará faltando a obligaciones que hacen  a la esencia de las garantías que debe otorgar”. Dice además que las elecciones venezolanas se preparan en “un terreno de juego desnivelado”, y que “las condiciones no están garantizadas al nivel de transparencia y justicia”. Mientras tanto, el candidato de oposición en Argentina Mauricio Macri ha anunciado que luego ganar la presidencia, solicitará la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a nuestro país, debido a la reiterada violación de sus principios por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
En medio de estos factores que van conduciendole  a un aislamiento cada vez mayor, el gobierno parece decidido a enfrentar la adversidad profundizando la cuota de violencia y de hostilidad que siempre le ha caracterizado. Sólo que ahora el régimen  tiene ante   sí un adversario desconocido, al que le va resultando imposible dominar. Estas elecciones del 6D no las deciden las tareas proselitistas, ni las campañas partidistas que en nuestra vida democrática hemos protagonizado los venezolanos. Es la descomposición de nuestra vida económica y social, con sus terribles consecuencias sobre las grandes mayorías, la que está marcando el camino político de la nación. Para Venezuela las elecciones parlamentarias aparecen hoy como una última esperanza de conducir por vías pacíficas la recuperación del país.
Las amenazas que desde Miraflores y desde los otros centros de poder nos lanza el oficialismo, parecieran conducir a la implementación de mecanismos que permitan adulterar el resultado electoral. Se trata del fraude como respuesta a una derrota segura. Es la opción de una cúpula oficialista acorralada por el repudio que se extiende más allá de nuestras fronteras, y que se traduce en solidaridad activa con la causa de la libertad venezolana. Por ello, al acercarse el día decisivo, suenan las alarmas democráticas.

Fuente:
http://www.lapatilla.com/site/2015/11/18/julio-cesar-moreno-leon-las-alarmas-democraticas/