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miércoles, 6 de mayo de 2020

VIRUS DESESTRUCTURADOR EN LA DESESTRUCTURA

Una ventana de oportunidad para América Latina tras una década perdida
Carlos Malamud - Rogelio Núñez 

Tema
La crisis sanitaria y económica por la expansión mundial y regional del COVID-19 está poniendo en evidencia muchas de las ineficiencias de los sistemas político-institucionales de los países latinoamericanos, así como las carencias de su matriz productiva, lo que va a exigir reformas estructurales para modernizar los Estados y conseguir un desarrollo sostenible en el marco de la elaboración de un nuevo contrato social.
Resumen
La actual crisis económica vinculada al COVID-19 puede convertirse en el colofón de un conjunto de problemas estructurales que venían lastrando a la región desde 2013. También puede transformarse en un punto de inflexión ya que, al poner en evidencia las debilidades del sistema sanitario y al descubierto las carencias de las administraciones públicas, este cóctel podría llegar a ser una palanca que propicie el cambio mediante reformas estructurales que impulsen la modernización económica y aceleren la elaboración de un nuevo contrato social que otorgue estabilidad y mayor legitimidad a las democracias de las sociedades de la región.
Análisis
Cada una de las grandes crisis que ha padecido América Latina en su historia reciente (la de los años 30 o la de los 80 del siglo pasado) terminó con un cambio profundo de su matriz de desarrollo. El crash del 29 condujo a implantar primero y extender después el modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) y la “Década Perdida” de los 80 hundió el modelo ISI precedente y abrió las puertas a una economía más abierta al mundo, basada en la exportación de productos primarios sin elaborar.
La actual crisis económica vinculada al coronavirus puede convertirse en el colofón y en el punto de inflexión de un modelo de desarrollo que parece haber tocado techo tras acabar el tiempo de bonanza (2003-2013). Es el colofón de un conjunto de problemas estructurales que lastraban a la región desde 2013: un modelo económico y político disfuncional que no garantizaba un crecimiento económico sostenido, ni un desarrollo sostenible e inclusivo, ni iba acompañado por un Estado eficaz y eficiente para implementar políticas públicas favorables a los sectores vulnerables y canalizar las demandas de las clases medias emergentes.
Todas estas rémoras estaban detrás de los estallidos sociales y las protestas de finales de 2019 que barrieron toda la región. A esa situación previa de desafección política y frustración de expectativas se une ahora el golpe que para las economías latinoamericanas va a suponer esta crisis ligada a la pandemia y que lleva a la región a una nueva “década perdida”. Esta posibilidad ha sido admitida por el director del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), Alejandro Werner (“La región tiene ante sí el espectro de otra década perdida entre 2015 y 2025”). Si bien no se sabe aún si la salida de esta recesión será breve (en forma de V o T) o larga (en forma de U o incluso de L), lo cierto es que América Latina, tras vivir años de estancamiento o débil expansión económica (2013, 2014, 2015, 2018 y 2019) y crisis (2016-2017), entra ahora en una fase de recesión (2020-2021). A la depresión mundial se une la parálisis económica y productiva que ya está provocando en América Latina las políticas de lucha contra la pandemia que están implementándose (cuarentenas y toques de queda). La parálisis económica que empezó con la interrupción del comercio con China a partir de su aislamiento en enero ha seguido cuando la pandemia se extendió por la UE desde marzo y por EEUU a partir de abril. El peor momento se producirá en los próximos meses, ya que se calcula que el pico de contagios en América Latina llegará en mayo o comienzos de junio.
En 2020 América Latina sufrirá una contracción del -5,2% según el FMI y del -1,8 según la CEPAL. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) prevé una caída de entre un -1,8% y un -5,5%. De confirmarse estas cifras, sería la recesión más profunda desde la II Guerra Mundial. De igual manera, el Banco Mundial cree que la caída del PIB rondará el 4,6%, la mayor caída desde que ofrece este tipo de datos (1961). A diferencia de la crisis de 2009, cuando la región venía de un extendido período de bonanza (2003-2008), América Latina está atrapada en una dinámica de bajo crecimiento, ralentización y crisis desde 2013, lo que reduce considerablemente su margen de maniobra. La región cerrará en 2020 su período de menor expansión de los últimos 40 años con una renta por habitante que habrá caído más de un 4% en los seis últimos años, según la CEPAL. El año 2019 finalizó con un crecimiento mínimo (0,1%) y se esperaba, antes de la crisis del coronavirus, que la expansión subiera al 1,3%. Esta cifra, que ya era insuficiente para corregir el declive acumulado, ahora resulta envidiable cuando se calcula que países como México podrían rondar una contracción del -4% o incluso superior al -6%.
Crisis y cambio estructural
Si bien la crisis ligada al COVID-19 es el colofón para América Latina de los problemas estructurales acumulados, también puede ser un punto de ruptura e inflexión. No sólo va a desnudar las debilidades del sistema sanitario de sus países, sino que también evidenciará las carencias financieras y humanas de las administraciones públicas y los Estados, así como de las instituciones políticas. Igualmente, esta crisis mostrará los límites de la matriz productiva, que desde 2013 viene dando señales de agotamiento y disfuncionalidad. Esto supone mayores dificultades para afrontar la crisis desde el punto de vista financiero y fiscal, así como productivo y, sobre todo, para evitar un empeoramiento de la situación social de los sectores más vulnerables y de los vinculados a la economía informal. Esta crisis mostrará los problemas estructurales que arrastran los países latinoamericanos, tanto para afrontar sanitaria, financiera y fiscalmente a la pandemia como para reactivar la economía y modernizar el entramado productivo para crecer de forma continuada y sostenible social y ambientalmente y vincularse sólidamente a la cuarta revolución industrial.
La crisis puede ser una ventana de oportunidad para que los países latinoamericanos, una vez superada la pandemia, impulsen las pospuestas reformas estructurales. Pospuestas porque la bonanza de 2003-2013 las colocó en un segundo plano, ya que el auge económico parecía hacerlas innecesarias. Luego, al inicio de la ralentización (2013-2016), muchos gobiernos pensaron que era una circunstancia pasajera y que pronto regresaría la bonanza. Entre 2017 y 2019 el intenso calendario electoral –15 elecciones presidenciales– impidió acometer cambios y transformaciones justo cuando la economía caía en número rojos (2016-2017) o estaba en una situación de crecimiento anémico (2018-2019).
Tras la pandemia llegará la hora de diseñar e impulsar la nueva agenda regional, aunque habrá que comenzar a trabajar en ella desde ya. Esto implica tres grandes áreas que van desde lo político-institucional (diseño de Estados eficaces y eficientes), a lo económico (impulso de una nueva matriz de desarrollo sostenible, inclusivo e integral basado en la educación, la innovación y la productividad), y todo dentro de un nuevo contrato social que refuerce la democracia y garantice el bienestar de la ciudadanía.
(1) El diseño de Estados eficaces y eficientes
La nueva coyuntura que abre la pandemia mostrará que los países de América Latina carecen de Estados eficaces, con estructuras administrativas bien financiadas capaces de poner en marcha políticas públicas eficientes. Son Estados que no cuentan con los medios y recursos sanitarios suficientes (la región invierte sólo el 2,2% del PIB en sanidad frente al 6% que recomienda la OMS), producto de su acotado margen fiscal y financiero ante emergencias como la del COVID-19. Sólo Perú, Brasil y Chile han puesto en marcha potentes políticas contracíclicas. Son las tres grandes excepciones, con un gasto previsto del 12%, 10% y 6,7%, respectivamente, lo que contrasta con otros planes limitados como el argentino (apenas supera el 1%) y, sobre todo, el mexicano.
Los límites fiscales y financieros nacen de la escasez de fuentes autóctonas de financiación por los bajos niveles de ahorro interno. La presión fiscal de los Estados latinoamericanos es muy baja. Si bien Brasil y Argentina superan el 30% del PIB, aunque con una gestión ineficiente, la media regional sólo llega al 23% del PIB, cuando la de la OCDE es del 34%. América Latina es muy heterogénea en lo relativo a la presión fiscal. Los países que menos impuestos pagan son Guatemala (12,6% del PIB), República Dominicana (13,7%) y Perú (16,1%). En el otro extremo está Cuba (41,7%) –cuya alta fiscalidad responde a las características particulares de un régimen de economía socialista, planificada y centralizada–, seguido por Brasil (32,2% del PIB) y Argentina (31,3%). Una de las lecciones que deja la lucha contra el COVID-19 en América Latina es la necesidad de impulsar reformas fiscales que, bien hagan más eficiente el gasto (Argentina y Brasil), bien aumenten los ingresos y amplíen el espacio fiscal para dotar a los Estados de los recursos suficientes para hacer frente a crisis e imprevistos como los actuales y ser capaces de ofrecer servicios públicos de calidad apoyados en administraciones profesionales con recursos humanos y técnicos adecuados.
(2) Un nuevo modelo y matriz de desarrollo
La actual recesión va a poner en cuestión la matriz productiva de la región apoyada mayoritariamente en la exportación de materias primas sin valor añadido y escasa innovación, con una débil vinculación a las grandes cadenas internacionales de valor y con predominio de la economía informal. Antes del coronavirus, América Latina ya daba señales de estar en la periferia de la revolución digital. El bajo crecimiento económico y la ausencia de reformas estructurales han condenado a la región a un papel secundario en el contexto internacional. Tras de la mayoría de los déficits regionales se encuentra una escasa apuesta por la innovación, tanto de las administraciones públicas como del sector empresarial. La región vive de espaldas a la innovación, clave para el desarrollo y eje del gran cambio estructural que todavía debe llegar a América Latina. Las dos grandes asignaturas pendientes de las economías latinoamericanas (la baja productividad y su reducida competitividad) se relacionan con la falta de innovación vinculada a la inversión en capital humano (educación) y capital físico (infraestructuras y logística). En su lugar, en estos años, ha aumentado el trabajo informal (ineficiente, improductivo y sin ventajas comparativas), lo que se combina con unas exportaciones regionales, mayoritariamente, carentes de valor añadido y sin vinculación con las principales cadenas de valor internacional.
Esta crisis ha demostrado que el talón de Aquiles de las medidas de confinamiento impulsadas en América Latina es la ineficiencia económica y el gran peso de la informalidad (cerca de 130 millones de latinoamericanos tienen empleos informales, lo que en Perú, por ejemplo, representa el 70% de la población laboral). La informalidad se ha convertido en un gran obstáculo para implementar este tipo de medidas de confinamiento al dejar sin recursos ni ingresos a quienes viven al día y dependen de lo que ganan cada jornada.
El auge del sector informal es paralelo al retraso en innovación. Pese al amplio consenso entre los economistas en torno a que la inversión en I+D+i es la variable que mejor explica el crecimiento a largo plazo de las economías desarrolladas, este principio apenas se aplica en América Latina. Las administraciones públicas, mal financiadas, sin recursos y con islas de excelencia en medio de páramos de ineficacia y falta de preparación, no articulan, canalizan ni propician la innovación. La última edición del Índice Mundial de Innovación, de junio de 2019, corrobora estas ideas. Las economías latinoamericanas no se encuentran entre las mejor posicionadas. Las más destacadas están en los lugares centrales del Índice. Chile, en el 51º, Costa Rica, en el 55º, y México, en el 56º, son los países latinoamericanos mejor situados. La mayoría ocupa el tercio final del ranking.
Este es uno de los grandes déficit regionales: sin inversión en I+D+i el crecimiento económico se estanca y los beneficios marginales se reducen. Para seguir creciendo y converger con las economías avanzadas la innovación es clave. Su ausencia ha provocado que la mayor parte de los países latinoamericanos cayeran en la llamada “trampa de la renta media”. La falta de reformas estructurales les impide completar, en el caso de ser posible, la transición a economías plenamente desarrolladas. Por eso no alcanzan un desarrollo inclusivo (tienen ciclos económicos muy volátiles que no permiten un incremento sostenido de sus niveles de ingreso per cápita), ni presentan mejoras en productividad y competitividad, ni desarrollan la institucionalidad suficiente.
La brecha de productividad en América Latina comienza con unos costes logísticos que se sitúan entre el 16% y el 26% del PIB, mientras que en los países de la OCDE están ente el 8% y el 9%. Para desarrollar los sistemas de transporte, energía y telecomunicaciones la región necesitaría destinar un 5% del PIB durante una década, pero esta sólo suele rondar el 3%. La inversión media en los últimos 30 años ha sido del 2,2% del PIB, según diferentes estudios de CAF y el BID. El desarrollo de las infraestructuras no sólo incluye las redes de comunicación y transportes (puertos, aeropuertos, autovías o ferrocarril), sino también otros sectores como telecomunicaciones, agua y saneamiento. Se trata de sectores clave en las medidas de prevención de pandemias como la actual. Como ejemplo de este déficit en infraestructuras, la CAF cita los 288 millones de personas sin conexión a Internet (muy importante para acceder a la telemedicina o desplegar nuevas formas laborales como el teletrabajo) o los 60 millones sin saneamiento, cuando las medidas higiénicas (agua y jabón) son la mejor herramienta para evitar el contagio.
(3) Un nuevo contrato social
La salida de esta crisis también conlleva la elaboración de un nuevo marco de relación entre gobiernos y ciudadanía. Una vez pasada la pandemia, los presidentes latinoamericanos tienen por delante otros desafíos. A medio plazo, la reconstrucción económico-social tras la recesión y el parón productivo. En paralelo, diseñar un Estado eficaz, unas administraciones públicas eficientes y una matriz productiva diversificada y basada en la innovación. En ese mismo contexto, el gran reto, en este caso político-social, consistirá en elaborar un nuevo contrato social, más urgente aún si cabe, tras las protestas de 2019 y por las consecuencias que sobre las sociedades latinoamericanas va a tener la hecatombe económica en 2020.
Los gobiernos afrontan la asignatura pendiente de encauzar y dar respuesta a las demandas sociales que emergieron en 2019 y se plasmaron en las diferentes y heterogéneas protestas en Venezuela (febrero/abril), Puerto Rico (junio), Ecuador (octubre), Chile (octubre), Colombia (noviembre) y Bolivia (noviembre). Esas demandas siguen existiendo por más que ahora estén en un segundo plano y, probablemente, se vean incrementadas tras la crisis del COVID-19. Los cambios que ha experimentado América Latina desde los años 90 se deben al ascenso de una heterogénea clase media, compuesta por sectores mesocráticos consolidados y otros vulnerables, así como la llegada al mercado laboral de crecientes oleadas de jóvenes más preparados, empoderados por las redes sociales y exigentes, que no encuentran salida a sus demandas. Todo ello obliga a los Estados a elaborar nuevos marcos legales, políticos e institucionales que propicien la cohesión social como vía para fortalecer las instituciones democráticas incrementando el vínculo entre ciudadanía y Estado y dando respuesta a las demandas ciudadanas a fin de evitar la actual pérdida de legitimidad –como demuestra la creciente desafección ciudadana–, que pone en riesgo su continuidad y estabilidad.
El pacto social debe combatir la desigualdad no sólo de ingresos sino de oportunidades y de trato, y garantizar un crecimiento sostenible y sostenido. Se trata de construir Estados transparentes con rendición de cuentas (antídoto frente a la corrupción que erosiona la democracia). Las administraciones eficaces y eficientes son necesarias para poner en marcha políticas públicas que garanticen la seguridad ciudadana y jurídica y la equidad (igualdad de trato y oportunidades y garantía de progreso individual e intergeneracional), que promuevan el bienestar (empleo formal y una mejor calidad en educación, salud y transporte) y la viabilidad del sistema de pensiones, y que mejoren las opciones de las nuevas generaciones que se incorporan al mercado laboral, que buscan empleos que no sean informales.
El nuevo contrato social parte de la necesidad de contar con instituciones eficaces y eficientes, transparentes, no cooptadas por intereses particulares y capaces de dar respuestas adecuadas, mediante políticas públicas eficientes, a las demandas ciudadanas. Las administraciones públicas latinoamericanas están fracasando a la hora de canalizar las demandas ciudadanas. Según el Latinobarómetro de 2018, un 78% reconoce tener poca o ninguna confianza en su gobierno, un 20% más que hace una década. Tampoco la tienen en las elites, en un contexto de crecimiento de un fuerte sentimiento antielitista.
La satisfacción con los servicios públicos, según el Latin American Public Opinion Project, cayó en los últimos 10 años del 57% al 41% y el apoyo a la democracia en la región bajó del 67,6%, en 2004 al 57,7% en 2019. El desafío pasa por construir una administración eficaz y eficiente, lo cual implica no tanto “más Estado” sino “mejor Estado” (burocracias pequeñas y flexibles): administraciones profesionalizadas, ajenas a los intereses partidistas, con las suficientes herramientas financieras (mayor músculo fiscal) y tecnológicas (utilizando innovaciones digitales para mejorar la gestión de la información y racionalizar los procesos administrativos). Esto último conlleva acometer la transformación digital del Estado no sólo para la toma de decisiones sino para preservar la transparencia facilitando un mayor acceso a la información y su uso eficaz para evitar la corrupción y mejorar la gestión. La lucha contra la pandemia está fortaleciendo a los Estados latinoamericanos y es un buen momento, a partir de una carga adicional de legitimidad, para emprender un proceso de reformas que conduzca a Estados mejor estructurados, más eficientes y mucho más preocupados que en el pasado por el interés general y no por intereses sectoriales.
Para conseguir estos objetivos se requieren recursos financieros y humanos. Los países latinoamericanos recaudan poco –la mayoría– y gastan mal, lo que produce administraciones públicas con poco músculo. Además, éstas están lastradas por la falta de confianza entre la ciudadanía y las empresas. América Latina acumula cuatro años sin mejorar en el estudio de Transparencia Internacional sobre corrupción y sólo tres países –Uruguay, Chile y Costa Rica– están sobre la media mundial. Finalmente, se trata de promover un servicio público técnicamente competente y fiscalmente sostenible que logre resultados que respondan a las necesidades ciudadanas.
El nuevo contrato debe cimentar la relación entre ese Estado más eficaz y eficiente y la ciudadanía para garantizar, sostener y profundizar la gobernabilidad democrática. Debe tener un marcado acento social, desprendido de cualquier sesgo proelitista, que atienda y dé respuesta a las demandas en torno a una educación de excelencia, un sistema de salud de calidad y universal y unas pensiones dignas. Los sectores sociales emergentes aspiran a obtener y preservar la mejora social tanto a escala personal como intergeneracional. Esta última pasa por un sistema educativo que otorgue a las nuevas generaciones las herramientas formativas necesarias para insertarse en el mercado laboral y responder a las exigencias de la revolución tecnológica.
En este aspecto los Estados latinoamericanos, si bien han conseguido erradicar el analfabetismo, no han logrado financiar una política educativa que promueva la excelencia ni se adapte a las nuevas demandas. El problema no es tanto de cantidad del gasto (salvo para para Haití, Guatemala y Perú, los que menos invierten en educación) sino de calidad: la porción más importante va a las universidades, no a las escuelas primarias y secundarias y mucho menos a la preescolar. Otra parte se pierde en plazas fantasma de profesores, contratos inflados, beneficios sindicales y otras formas de corrupción. Además, los métodos de enseñanza se encuentran desactualizados, al margen de la revolución tecnológica, lo que redunda en una baja motivación de los estudiantes.
Otra asignatura pendiente es la de propiciar una adecuada formación laboral, que responda a las demandas de las nuevas generaciones, con empleos formales y de calidad. La informalidad laboral condena a los jóvenes a trabajos precarios y deja a una parte considerable de la población fuera de un sistema de pensiones, para el que no ha cotizado. La OIT calcula que cerca de 10 millones de jóvenes (uno de cada cinco) no consiguen incorporarse a un mercado laboral que no cuenta con una red de protección para los trabajadores en casos de crisis como la actual y que no fomenta la estabilidad a largo plazo.
El nuevo contrato social debe garantizar pensiones dignas, de alcance universal y fiscalmente sostenibles. En muchas de las protestas y movilizaciones que sacudieron la región está presente el temor por las pensiones futuras y presentes, que no garantizan la calidad de vida. El problema puede agravarse al perder América Latina el bono demográfico que le favorecía, ya que el envejecimiento poblacional se acelerará en las próximas décadas. Para 2050, la población mayor de 65 años se triplicará, lo que hará más difícil y costoso satisfacer la creciente demanda de servicios públicos como salud y jubilación.
Conclusiones
La pandemia del COVID-19 tiene todos los componentes para transformarse en América Latina en una crisis de fin de época. No sólo por la fuerte recesión que desencadenará –de menor duración pero mucho más profunda que la de 2009– sino también porque pondrá en evidencia las elevadas y generalizadas limitaciones e insuficiencias que caracterizan a los Estados, a las administraciones, a la matriz productiva y al entramado social a la hora de dar una respuesta eficaz y de proteger a sus sociedades frente a crisis recurrentes o sucesos catastróficos imprevistos.
Una vez superada la pandemia llegará la hora de pensar, diseñar e impulsar la agenda futura. Ese proyecto comprende tres grandes áreas que van desde lo político-institucional (diseño de Estados eficaces y eficientes) a lo económico (impulso de una nueva matriz de desarrollo sostenible, inclusiva e integral basada en la innovación y en la productividad), enmarcado todo ello dentro de un nuevo contrato social para reforzar las democracias y garantizar el bienestar de la ciudadanía (mejor acceso y mejores servicios públicos en sanidad, educación y otros aspectos).
Es necesario un rediseño político-institucional que genere amplios consensos políticos para garantizar la continuidad de los cambios y transformaciones que se ejecuten. El objetivo de las reformas estructurales será convertir en más productivas y competitivas a las economías regionales, cambiando la matriz productiva para hacerla más diversificada, vinculada a las cadenas globales de valor, con una decidida apuesta por introducir valor añadido e innovación a las exportaciones y con un Estado más eficaz y eficiente cuyas políticas públicas estén centradas en apoyar la inversión en capital humano y físico.
Más allá del tópico (“las crisis como oportunidad”), lo cierto es que si de la depresión de los años 30 emergió una América Latina que apostó por la industrialización –y también por el autoritarismo político– y los 80 engendraron una región más democrática, más abierta al comercio y más sana macroeconómicamente, de la actual recesión (que cierra un período de largo estancamiento) puede salir una América Latina fuertemente vinculada al gran reto de futuro que supone la cuarta revolución industrial-digital.
 
Fotografía: Tom Fahy.  Vitral en la estación de metro La Paz en Caracas, Venezuela (1995). 
Fuente:

martes, 5 de mayo de 2020

Y LO QUE FALTA ...

La economía antes y después del coronavirus
Abdón Vivas Terán

I
En la medida en que la terrible crisis global producida por el coronavirus sigue su macabro camino, asolando la salud y la vida de miles de ciudadanos alrededor del mundo, se adelanta paralelamente un intenso debate acerca de cuáles serán sus consecuencias económicas y cuáles serán las vías para superarlas.
Debido a la pandemia, se estima que la economía mundial caerá en una de las mayores depresiones de toda su historia y su hundimiento será súbito y agudo; todo ocurrirá entre los dos meses finales del primer trimestre de este año y los meses siguientes correspondientes al II Trimestre. La pandemia es percibida como una expresión inesperada de la globalización que hasta ahora abarcaba otras cosas cruciales tales como la cultura, la economía, las relaciones internacionales y las comunicaciones. Precisamente, son esos mecanismos modernos de interacción, transporte y comunicación responsables por la rápida propagación del virus. Sus consecuencias económicas serán devastadoras y se medirán en la pérdida de empleos, el aumento de la pobreza, la destrucción parcial del aparato productivo, el desquiciamiento de las cadenas productivas sectoriales e intersectoriales, el tremendo desbarajuste del comercio mundial y la estrepitosa caída del Producto Interno Bruto mundial y nacional.
Esta crisis es original no sólo en el hecho que su única causa es la pandemia producida por el coronavirus, sino que lo es, también por dos características notables. La primera, es que la respuesta que demos a ella admite una primera prioridad. Hay otras, pero vienen en segunda o tercer lugar. La prioridad de manera absoluta consiste en salvar la vida y proteger de enfermedades a tantos seres humanos cuanto nos sea posible. Para lograr este objetivo no podemos vacilar en aplicar todos los recursos económicos y científicos disponibles. La segunda característica es que, -en esto se diferencia de cualquier otra crisis económica durante toda la historia de la modernidad y, en particular, a partir de la Revolución industrial- ella golpea simultáneamente las dos expresiones de la actividad económica: Vale decir, cercena la demanda y ataca a fondo a la oferta. Esta situación es un fenómeno no corriente en el capitalismo, en especial en las economías avanzadas, y se constituye en una de las más serias dificultades de economía política y de técnica macroeconómica a ser consideradas para poder intentar una recuperación exitosa en el más corto plazo posible.
Unos días antes de presentarse la pandemia del coronavirus, la mayoría de los países habían presentado sus resultados en cuanto al comportamiento del PIB para el año anterior y guardaban un optimismo moderado en lo que podían esperar acerca el comportamiento de esta variable agregada básica en el año que transcurre. El pronóstico predominante era que durante este lapso no iba a presentarse ningún problema especial y que se podía esperar un crecimiento moderado por la estabilización de los ritmos de crecimiento de las economías más importantes del mundo. Así, los países y las instituciones económicas internacionales procedieron a entregar los datos del crecimiento porcentual del PIB correspondientes al año 2019. Veamos algunos que hemos seleccionado: Unión Europea (UE) 1,2%; United States of América (USA) 2,3%; Japón 0,7%; China (cifra correspondiente al año 2018), 6,8%; Alemania, 0,6%; Brasil, 1,3%; Rusia, 2,3% e India, 6,1%. Se pensaba que este ritmo se iba a mantener en el año presente o en el mejor escenario seria superado un tanto. En cuanto al PIB mundial, las estimaciones presentadas por la OCDE nos informan que esta Institución ha bajado sus expectativas sobre el crecimiento de la economía planetaria desde un 2,9% hasta el nivel de un 1,5% para el año que corre, estimación hecha antes de la pandemia, con la advertencia de que este ritmo de crecimiento pudiera llegar a ser más bajo.
Con la rápida extensión de la pandemia se ha dado paso a nuevos pronósticos que apuntan a un desbalance mundial que dejará atrás a cualquier otro desastre económico producido por crisis sistémicas anteriores. Esta aseveración incluye a la Gran Depresión que ocurrió en todo el Planeta a partir del año de 1930 y que se prolongó por casi toda esa década. Por lo tanto ofrezco una aproximación global a esta materia, refiriéndome al impacto de la pandemia en el PIB del mundo, basándome en el estudio que la gran firma alemana de Baviera, la Roland Gerber, ha presentado. Esta firma de consulta estratégica ha analizado esta situación a través de dos escenarios: El primero, se basa en suponer que los efectos disruptivos sobre la economía, causados por la pandemia duraran cuatro semanas; El segundo, sostiene que esos efectos pueden durar 12 semanas. Se trata de estimar cómo se comportará el PIB en el año 2020 en cada uno de ellos. En cuanto al Primer Escenario la firma mencionada obtiene resultados para el comportamiento del PIB de algunos países y bloques; estos son: Todo el Mundo, 0,2%; EE. UU, -2,5%; Unión Europea, -2,4%; China, 4,1%. En cuanto al Segundo Escenario los datos son los siguientes: Todo el Mundo, -1,9%; EEUU: -5,4%; Unión Europea, -4,8%; China, 2,7%. Observando estas cifras es de destacar que ambos escenarios, pero en especial el segundo que es a la vez el más probable de ambos, representan un severo retroceso para el desarrollo social y humano: más pobreza, menos trabajo, más desesperanza, más amargura, más lucha por sobrevivir. Es claro que el Segundo Escenario nos acerca, a una gran catástrofe planetaria.
II
Luego de esta breve reflexión en torno al coronavirus y la economía mundial cabe preguntarse cuál sería la situación en ese mismo ámbito, si nos enfocamos en particular sobre nuestro país. Para aproximarnos a esta materia comenzaremos con una afirmación concreta, demostrable e irrefutable. Se puede aseverar que la pandemia de coronavirus hará aún más grave la crisis terminal, global y profunda que el régimen chavista de Maduro ya ha desatado de manera planificada, consciente y metódica en todos estos últimos años con mucha antelación a la aparición de la pandemia. Esta crisis impuesta a Venezuela sería fatal incluso si no se hubiese presentado el coronavirus. En el caso de nuestro país el efecto de la pandemia es muy diferente al que ésta desatará sobre el resto de los países del mundo. En Venezuela no hay que esperar por ninguna catástrofe económica; esa catástrofe ya está aquí desde hace años y se ha extendido por todo el país y por el entorno de la economía. Y aunque hoy analizamos solamente la materia económica, es necesario señalar que la crisis es total, desde lo político, lo económico y el ecocidio sobre el medio ambiente, hasta lo que se ha dado en llamar con especial perspicacia y precisión sociológica “el mal antropológico”. Este mal antropológico es la deformación que se ha tratado de inculcar en los venezolanos, en su escala de valores, en su imaginario, en su conciencia cívica y su libertad personal, al pretender convertirlo en un ser sometido, dependiente absoluto del Estado, colonizándole culturalmente y sembrándole el terror de discrepar frente aquellos que están en el poder. La economía es uno de los campos más apetecidos, asimismo más propicios, para desarrollar la programada acción destructora del régimen. Apunta a destruir el aparato económico de la nación para campear sobre sus ruinas y asegurar así la eliminación de cualquier vestigio de oposición al proyecto de control político totalitario que buscan mantener. De esta manera imitan el ejemplo que miran continuamente, y que les ha dado Cuba, con la permanencia del Partido Comunista en el poder durante ya más de sesenta años.
La destrucción de la economía, antes de la irrupción del coronavirus, se manifiesta en Venezuela con claridad en hechos tales como la disminución dramática de la producción medida por la contracción drástica del PIB; el desmantelamiento de los sectores técnicos productivos primario, secundario y terciario; la expropiación de unidades productivas del sector privado; la depauperación creciente del complejo de empresas propiedad del estado; el exterminio de cualquier vestigio de organización sindical del mundo del trabajo; el sitio impuesto a cualquier emprendimiento que brote de ciudadanos libres y responsables; el estrangulamiento de las cadenas productivas sectoriales e intersectoriales; la ruina inminente de las cadenas de comercialización internas y con el exterior; la ruina en que ha dejado convertida a PDVSA; la enorme pobreza y desigualdad que cada día aprietan más al ciudadano y que roen su espíritu y su carne como dientes cargados de ponzoña; la pérdida de empleos en los sectores modernos de la producción; la avasallante y superabundante emisión inorgánica de dinero destinada a satisfacer el galopante gasto público; la hiperinflación que devora cada día que pasa el salario real de los trabajadores; la devastación de todos los servicios públicos; la destrucción de los equilibrios macro económicos que sostienen la armazón de cualquier economía moderna; el creciente peso de la deuda externa de la República y de PDVSA; la declaración de impago, default, de esa misma deuda lo que ha cerrado el crédito internacional a la nación; el sostenido déficit público que ha aparecido en las cuentas del estado desde hace ya años y que se empina más allá del 20% interanual en relación con el PIB etc. Es obvio que la existencia de este avanzado grado de destrucción del sistema económico nacional añade una pesada carga negativa a las necesarias, y costosas, medidas que hay que tomar para aminorar los efectos de la pandemia desde el punto de vista médico y sanitarios, así como desde el punto de vista social. Se conoce bien el conjunto de estas medidas ya que estas se han implementado correctamente, aun cuando con matices diferenciales, en todos los países que hoy las aplican que son, en muchos casos, economías modernas y prosperas pero que está funcionado bien en otras menos desarrolladas. Esta situación, que reina en general en el mundo, tiende a ser precisamente lo contrario en Venezuela, en donde el virus anuncia su llegada en un sistema de salud pública destruido casi hasta sus cimientos. Con hospitales descuidados, sin camas hospitalarias, sin provisión de medicinas e insumos, sin quirófanos adecuados disponibles, sin unidades de cuidados intensivos, con escasos profesiones de medicina y enfermería disponibles, sin respiradores suficientes, sin electricidad, servicios sanitarios y agua disponibles. En fin, en donde reina el caos.
Podemos, ahora, intentar estimar estos mismos datos del PIB en relación con Venezuela para ver la realidad y constatar cómo la feroz pandemia que azota al globo, agravará el desastre sustancial y radical en que el país ya estaba sumergido antes de que aquella hiciera su aparición; seguro que esto ocurrirá, a menos que causas sobrenaturales o causas naturales de reacción temprana y no conocidas, puedan proteger a la nación y a sus habitantes. Nada podemos esperar del régimen el cual ya ha tomado algunas medidas que son contraproducentes, en especial desde el lado de la oferta, y, ridículamente escasas o hasta negativas, desde el punto de vista de la demanda con relación a las acciones sociales y económicas adecuadas que deberían ser tomadas y que lucen cada día más urgentes e impostergables. Como demostración de la anterior aseveración podemos referirnos a recientes decisiones tomadas por el régimen de Nicolás Maduro, desde el lado de la oferta, y que afectan a todo el sector productivo. En particular destacamos la decisión de ocupación decretada de varias empresas que, aun en medio de las dificultades y hostilidades a que están sometidas desde el régimen, continúan produciendo alimentos básicos tales como Alimentos Polar, Plumrose, Coposa y el Matadero Industrial de Turmero. Desde el punto de vista de la demanda el régimen acaba de tomar, hace apenas pocos días, la decisión de aumentar, por decreto y mediante anuncio público del ministro del Trabajo Eduardo Piñate, la pensión del Seguro Social y el Salario Mínimo. La primera llegará hasta 400.000 Bs y el segundo se establece en 800.000 Bs. Estas cantidades son equivalentes, a 2,28 US$ para la pensión y de 4,55 US$ para el salario mínimo. Para obtener estas cifras hemos aplicado la tasa de cambio oficial del dólar al Bolivar publicada por el BCV el 29 de abril del 2020 que es 175.659,84 Bs/$. Solo citar estos ingresos para la pensión y para el salario mínimo que reciben millones y millones de venezolanos produce indignación y escalofríos al permitirnos constatar, más allá de cualquier duda, como se extiende la miseria a la que el régimen ha conducido a las grandes mayorías de trabajadores del país. Hace un par de párrafos nos referimos al comportamiento del PIB de algunos países y de ciertos bloques de ellos, antes de la presencia del coronavirus, y pudimos introducir una estimación acerca del comportamiento de sus economías medido por el comportamiento de sus PIB respectivos.
III
Examinaremos ahora, de manera somera, algunos elementos sobre el mismo tema relacionados con la economía de Venezuela. Para ello nos apoyaremos en las series estadísticas publicadas por el BCV que actúa como la Oficina de Asuntos Económicos del Régimen. (Tenga presente el lector que las estadísticas que, de vez en cuando, produce el BCV,- hay series de las cuales no se publican datos desde hace años- tienden a ser estimadas con desconfianza por la gran mayoría de la población; las usamos, por el simple hecho que a partir de ellas hemos obtenido resultados analíticos tan devastadores al interés nacional que vale la pena emplearlas). Calculamos de inmediato la variación porcentual del PIB en estos últimos años del régimen del señor Maduro. Son las siguientes: año 2015, -6,2%; año 2016, -17,1; año 2017, -15,7%; año 2018, -19,6%. La contracción del PIB de Venezuela, en estos cuatro años para los cuales tenemos información, llega a la insólita cifra de -58,6%; esta cifra es increíblemente elevada, aún para la consideración de cualquiera conocedor elemental de la economía, y constituye una meridiana demostración de la enorme miseria, pobreza y desesperanza que el régimen del socialismo del siglo XXI está desatando sobre la indefensa población de Venezuela. Una disminución tan catastrófica del PIB no se ha producido antes, ni siquiera en la era de las más grandes depresiones que se han manifestado en el sistema capitalista mundial, ni, tampoco, en aquellos países que han vivido procesos de cambio político radical dirigidos a hacerlos pasar del capitalismo tradicional al socialismo, como fueron los casos típicos de los países del Europa del Este o de Cuba en la época del Socialismo Real de la Unión Soviética. Para fundar esta aseveración, permítanme realizar dos comparaciones, sobre estas cifras del PIB de Venezuela, bajo el Gobierno de Maduro; la primera será con relación a los Estados Unidos; la segunda será en relación con Cuba.
Empecemos considerando el desarrollo del PIB de USA al inicio de la Gran Depresión que experimentó el capitalismo mundial al comenzar la década de los años de 1930 y que dejó tras su paso una amarga secuela de pobreza, desempleo y desesperanza. Esta Gran Depresión ha sido la más funesta de las crisis experimentadas por este modo de producción desde los albores de la Revolución Industrial y fue tan dramática que sirvió de acicate a Keynes, nada menos, para que creara su obra cumbre la Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, la que se convirtió en una sólida fundamentación para una nueva interpretación del capitalismo, para un análisis potente del porqué la inversión es la palanca estratégica del desarrollo, para ampliar las vías acerca de la transformación del sistema y de cuáles son las políticas económicas a aplicar para garantizar su mejor y más suave funcionamiento. Pues bien, procederemos a señalar como fue el comportamiento del PIB de USA en los años desde 1930-1933, que fueron los más agudos de aquella hecatombe de la economía mundial, y las compararemos con los frutos obtenidos en esa misma variable por el régimen del socialismo del siglo XXI en los años 2015-2018 con el fin de acercarnos a una conclusión al respecto. Este fue el comportamiento del PIB en USA en aquella época: 1930, -8,5%; 1931, -6,4%; 1932, -12,9%; 1933, -8,5%. Esto nos informa que el total de la contracción del PIB en los EE. UU durante la Gran Depresión fue de -36,3%. La única conclusión: el régimen del socialismo del siglo xxi ha empobrecido a Venezuela dos veces más que lo que la Gran Depresión, la más grande catástrofe del capitalismo mundial en toda su existencia, empobreció a la economía de los EE.UU.
IV
Tomemos ahora el caso de la República de Cuba, que ha proclamado su apego al Socialismo Eterno. Veamos el comportamiento de su PIB en los mismos años que lo hicimos con relación al régimen que desgobierna en Venezuela. Encontramos los siguientes datos para el PIB cubano: año 2015, 4,4%; año 2016, 0,5%; año 2017, 1,8%; año 2018, 2,2%. La variación total del PIB cubano en estos años es de 8,9%%. Esta cifra no es, en ningún caso ni siquiera en el de Cuba, indicación de una gran expansión; pero sí indica que la economía cubana se fortalece muy modestamente, mientras que sus congéneres socialistas en Venezuela arruinan a nuestra patria hasta la medula de sus huesos. Esta última afirmación se deduce de inmediato si comparamos el modesto crecimiento del PIB de Cuba, ya mencionado, con la enorme contracción del PIB, -58,6%, que Venezuela experimentó durante los años 2015-2018 bajo la égida del socialismo del siglo XXI. Podemos complementar esta visión acudiendo a otro indicador de interés. Nos referimos, en este caso, al PIB Per/Cápita. En el año 2018 el PIB Per/Cápita de Venezuela montó a la cantidad de 3.233 US$; en el mismo año, este indicador fue para Cuba la cantidad de 8.822 US$. Es claro, según estos datos, que Venezuela pese a sus ingresos petroleros, peso a su excelente dotación de recursos naturales, y a sus empresarios y trabajadores preparados y modernizados es mucho más pobre que Cuba, a la que como si fuese poco, se le siguen enviando importantes volúmenes de petróleo y combustibles mientras el pueblo de Venezuela sigue siendo sometido a una depauperación generalizada y a una pobreza extrema por el régimen socialista de Maduro que le impone a este país ser casi tres veces más pobre, considerando el PIB Per/Cápita, que aquella isla socialista eterna a quien Chávez llamaba “el mar de la felicidad”.
Ahora demos un paso adelante para referirnos a otro aspecto que puede agravar más la funesta situación en que el régimen socialista del siglo XXI ha colocado a la economía venezolana: La producción y el precio del petróleo. El tema que ahora enfocaremos ya venía manifestándose antes de la aparición del coronavirus. Desde hace meses la demanda se venía debilitando; Rusia y Arabia Saudita, quienes en esa situación no pudieron concertarse en un acuerdo de disminución de la producción, rompieron amargamente y se desató entre ellos una feroz guerra de precios. La sobre oferta en el mercado mundial era evidente en esas circunstancias. Entonces llegó el coronavirus que agravó toda la situación desde el punto de vista de la demanda y precipitó al abismo el nivel de precios del petróleo en todo el mundo. Este declive, en las particulares circunstancias de sobre abastecimiento, escasez de facilidades para almacenarlo y presencia activa del coronavirus, llegó a manifestarse en una forma totalmente insólita; se afirma que esto no se había dado en el caso del petróleo con anterioridad, cuando el pasado 20 de abril el West Texas Intermediate llegó a ser cotizado en la Bolsa de Nueva York a un mínimo de -40,32 US$ para entregas a futuro en el mes de mayo. Estos hechos produjeron algunas respuestas con relativa rapidez. La OPEP+ se reunió telemáticamente el día 10 de abril, participaron 32 países, y llegaron a un acuerdo general para intentar, mediante una reducción programada de la producción, detener el desplome de los precios y buscar, en el corto y mediano plazo, suavizar su impacto. El acuerdo, que fue recibido por EE. UU con beneplácito, aun cuando no es miembro de OPEP+ y aun así se comprometió a reducir su propia producción en 300.000 b/día, consistió en líneas generales en acordar que, a partir del 1º de mayo, se reducirá la oferte petrolera en 9,7 millones de b/día y que esta reducción operará por los dos meses siguientes. De igual manera se ha adelantado que la reducción se mantendrá en el nivel de 8 millones de b/día en los meses de julio a diciembre de este año y que, luego, desde enero del 2021 hasta abril del 2022, se reducirá hasta los seis millones de b/día. Habrá que esperar que la OPEP+ ratifique estas últimas propuestas y esperar, asimismo, para ver si este esfuerzo logra levantar los precios del petróleo a niveles más aceptables para los productores.
Hemos traído el tema inmediato anterior a la mesa del análisis porque todo lo relacionado con el petróleo ha sido, desde hace ya más de un siglo muy importante para la economía y las finanzas públicas del país. En las circunstancias del coronavirus vuelve a ser importante para Venezuela considerar con cuidado el asunto del precio y de la cantidad de petróleo que puede ser diariamente producido y exportado. Veamos primero el asunto de la producción. El país ha visto mermar su producción diaria de petróleo a cifras realmente mínimas. La causa principal de este declive pronunciado está constituida por el conjunto de medidas que el régimen ha tomado sobre PDVSA y la situación de abandono y de postración gerencial, técnica y administrativa que el conjunto de ellas ha significado para esta, otrora, gran empresa. En artículos anteriores hemos tratado con cierta profundidad esta materia, razón por la cual no volveremos a hacerlo en esta oportunidad. Vale, sin embargo, señalar que, según fuentes oficiales de OPEP recogidas en su último informe mensual, la producción diaria de Venezuela para esta fecha ha llegado a ser 680.000 b/día. Si a la anterior cantidad restamos el consumo interno que, luego de la destrucción causada por el régimen, ha quedado reducido a la misérrima cifra de 80.000 b/día de los 700.000 b/día que no hace mucho tiempo llegó a utilizar el país, obtenemos entonces el monto máximo posible de exportación de petróleo desde Venezuela que es de 600.000 b/día. Conservemos esta cifra disponible en nuestra mente ya que la utilizaremos en lo que sigue. La caída abrupta hacia la baja de los precios del crudo en los mercados internacionales se debe, en buena medida, a las transformaciones económicas causadas por el coronavirus, pero la baja de la producción de Venezuela es causada totalmente por la gestión pésima del petróleo por parte del régimen del socialismo del siglo XXI.
Conviene que veamos, entonces, cuál sería la realidad de los ingresos en divisas que Venezuela puede recibir en este año suponiendo que exporte en su totalidad los mencionados 600.000 b/día. Proponemos utilizar, para el cálculo respectivo, el precio del WTI (West Texas Intermediate) y el precio de la Cesta de la OPEP para el día 29 de abril del 2020. El precio para esa fecha del WTI era de 15,39 US$/b y el de la Cesta OPEP era de 12,41 US$/b. Tomemos un respiro; para que esa venta produzca alguna utilidad, aun cuando sea mínima, la entidad vendedora, en este caso PDVSA o empresas asociadas, debe deducir el costo de producción de su petróleo de ese precio. Se tiene una información bastante precisa acerca del costo promedio de producir un barril de petróleo en Venezuela; ese costo promedio de producción puede estimarse con bastante precisión, para el año 2018, en 17,14 US$/b, esto sin tomar en cuenta el pago de la regalía correspondiente; probablemente a la fecha en que escribimos sea un poco más elevado. Si comparamos los precios anteriormente mencionados con el costo de producción promedio del petróleo de Venezuela observamos indubitablemente que el país perderá dinero si hace estas ventas, en las condiciones en que opera hoy el mercado internacional de hidrocarburos. De manera que, si no nos equivocamos y ojalá sea así, el país enfrentará una muy delicada situación en sus ingresos de divisas por exportaciones petroleras, como consecuencia de una combinación letal entre el coronavirus y la incompetencia y ceguera del régimen del socialismo del siglo xxi, en su gestión político y administrativa del oro negro nacional.
Dada la explicación que hemos consignado en los párrafos anteriores resulta sorprendente, y demuestra que el régimen está navegando en aguas muy procelosas, la declaración de Maduro de fecha 21 de abril según la cual “Estamos preparados y, nos hemos entrenado y a Venezuela no la detiene ni petróleo a diez, ni a menos de 10 dólares”. Ya analizamos anteriormente que, a precios internacionales del petróleo para el día de hoy, incluso un poco superiores a los que señala Maduro en sus declaraciones, cesa totalmente el flujo de divisas que Venezuela recibe por exportaciones petroleras. ¿Qué busca entonces el Jefe del régimen con esa mezcla de prepotencia, ignorancia, desafío, o mala orientación de sus asesores en esta área? La escasez evidente de divisas que, como venimos comentando, comienza a enfrentar el país puede tornarse aún más severa si incorporamos, en el análisis, otros factores adicionales todos ellos relacionados entre sí. Nos referimos a la declaración de default que el régimen bolivariano hizo sobre la deuda titularizada de la República y de PDVSA, lo que ha llevado a un cierre total de la nación para recurrir a los mercados internacionales de crédito. También señalemos la severa caída de las remesas en divisas que la diáspora venezolana, aventada a los cuatro puntos cardinales del Planeta, experimentará en el curso de este año debido precisamente a la irrupción en el escenario internacional de la pandemia y al efecto sobre los puestos de trabajo que aquella enorme comunidad de venezolanos está experimentando por su presencia. Paralelo a estas, nada gratas informaciones, es necesario apuntar adicionalmente al vertiginoso crecimiento de la deuda externa de la República y de PDVSA que el régimen ha impulsado en el curso de los últimos años. Se estima su monto en unos 180.000 mil millones de US$. De ellos se le deben a China unos 15.000 millones de US$ y la deuda con Rusia ha de amortizarse mediante el pago de unos 4.000 millones de US$ en el curso del 2020.
V
Todos esos factores, tomados en conjunto, más los anteriores elementos que hemos señalado, ponen de manifiesto que la causa básica de la descomunal ruina y la enorme pobreza en que, antes y después del coronavirus, está sumida la nación es responsabilidad atribuida totalmente al régimen por su ceguera ideológica, por su incompetencia, por sus erradas políticas, por su despilfarro, por su desorden y por la ola generalizada de corrupción que ha hecho su hábitat predilecto en las esferas de gobierno de la República. Para aproximarnos al final de esta exploración sobre la economía de Venezuela, me parece útil añadir otro factor que tiene, sin duda, un peso adicional sobre su situación antes y después del coronavirus. Nos referimos a la manera irresponsable, ligera e inconsciente con la cual el régimen ha manejado el tema de la base monetaria, la liquidez y la creación de dinero inorgánico a través de su Oficina de Asuntos Monetarios, el Banco Central de Venezuela. Uno de los aspectos a destacar en relación con lo que acabamos de apuntar es la actuación desquiciada que el régimen del socialismo del siglo XXI ha seguido en relación con la creación de cantidades fabulosas, astronómicas, de dinero inorgánico. El régimen viene financiando sus gastos ordinarios diarios, los de empresas del estado, incluida PDVSA, y sus déficits públicos a través de la creación de este tipo de dinero. Esta es una política de reciente factura y se puede situar hacia mediados del año 2019 la fecha en la cual el régimen socialista del siglo XXI perdió los frenos al respecto y enloqueció con su decisión de crear dinero inorgánico sin medida y sin paragón en toda nuestra historia. En efecto, desde esa fecha hasta el día 27 de marzo pasado el régimen había creado la increíble cantidad de, redondeando las cifras, 1.832 billones de Bolívares; esto es, escribiendo todo el número, la cantidad de 1.832.000.000.000.000 Bs. No se refiere esta cantidad a la circulación de billetes y monedas nuevas. No, en absoluto. Se refiere a la sumatorias de órdenes para apertura de cuentas corrientes en instituciones financieras del Estado o al aumento directo de los saldos de cuentas de empresas no financieras del estado en cifras descomunales mediante el mandato de algún burócrata de alto coturno. En medio de este increíble despelote financiero, el régimen ha subido a elevada velocidad la liquidez, la M2, pero a limites mucho menores que la emisión inorgánica. El volumen de la liquidez, para tenerlo a la vista, fue para el día 27 de marzo del 2020, de 74.192.3123.000.000 Bs. Esta manera de manejar la masa de dinero dentro de la política monetaria ha producido la evaporación del valor adquisitivo del Bolívar; para decirlo en palabras que Chávez solía aplicar para señalar el destino que, según él, les esperaba a sus adversarios, el régimen ha reducido el valor del Bolívar a “polvo cósmico”, ha pulverizado los salarios reales y ha extendido la pobreza de manera inmisericorde a lo largo y a lo ancho de la extensión de la patria venezolana.
Dejaremos en el tintero la exploración de otra serie de variables y de temas que hacen referencia al nivel económico del país por razones de escaso espacio y tiempo. Hemos mencionado algunos de ellos tales como las reservas internacionales, la hiper inflación, la desigualdad en la distribución del ingreso, la infraestructura de apoyo a las actividades productivas, las relaciones interindustriales y otras. En algunos ensayos que hemos publicado con anterioridad se encuentran enfoque que pudiesen resultar útiles para los amables lectores. A estas alturas del presente Trabajo dedicaremos un párrafo final a la conclusión de todas las materias que hemos expuesto a lo largo de estas páginas. Hemos demostrado, al menos creemos que hemos dado un apoyo sólido al planteamiento, que la economía de Venezuela antes de la pandemia, yacía postrada, en escombros, básicamente debido a la decisión programada del régimen de arruinar hasta llegar a la raíz a la economía nacional. Esta decisión se encuentra respaldada, en la visión del régimen, por una determinada adscripción a lo que este entiende por Socialismo del Siglo XXI que no es otra cosa que la aniquilación del actual sistema de economía de mercado que con todas sus imperfecciones ha prevalecido en Venezuela a lo largo de estos últimos cien años. A esta consciente decisión nosotros sumamos otros factores que caracterizan la actuación del socialismo del siglo XXI y que agravan aún más la terca adscripción al socialismo según lo entienden en Cuba: Incompetencia supina, políticas económicas deficientes y erróneas; desorden, derroche y despilfarro; prepotencia en el ejercicio del poder; corrupción generalizada. El objetivo perseguido a todo trance, será mantener el poder mientras van creando un estado totalitario en el cual surgirá una nueva clase constituida por los jefes del régimen, sus allegados del mundo privado por vinculaciones familiares o económicas y los militares participantes; clase que, ejercerá la conducción del Estado y de la sociedad, de manera totalitaria y permanente, en la búsqueda de sus particulares intereses.
Para llegar al final de nuestro texto, es necesario preguntarse: ¿Qué podemos prever, entonces, como posibilidad de recuperación para la economía venezolana, después de la pandemia, dadas las situaciones que hemos desplegado en las páginas precedentes? En las últimas semanas se ha viralizado en el mundo de la comunicación social, pero también en los estudiosos de este mismo tema a escala mundial, ofrecer como respuesta a preguntas iguales o similares a esta, una imagen construida a partir del uso de las letras del alfabeto para explicar cómo sería ese proceso de recuperación en los distintos países de la Tierra. Así, una recuperación en U significa una caída abrupta y una recuperación muy rápida de la economía, como ejemplo el caso de China y de EE. UU; una recuperación en V transmite la idea de una caída muy abrupta y una recuperación más prolongada, pero de duración relativamente definida, como ejemplo señalan a la Unión Europea y Japón. Una recuperación en L apunta a la idea de una economía que experimenta una caída fuerte y prolongada, que se estabiliza luego en un nivel mucho más bajo y que permanece en ese nivel por un espacio de tiempo prolongado. Tal vez sea esta, con las caracterizaciones específicas que demanda el estado actual de Venezuela, la imagen que podemos aplicar para el caso de la recuperación de la economía del país dada la fuerza destructora del agente básico constituido por el socialismo totalitario venezolano.
Se tiene hoy la convicción, en diversos medios de comunicación y en consultoras de mucho prestigio, que algunas economías del Planeta experimentaran el ultimo tipo de recuperación que acabamos de describir pero que, la base horizontal de la L, no será muy prolongada en el tiempo ya que entrarán en acción fuerzas combinadas, del sector público y privado, las cuales actuarán de manera conjunta e incidirán de esta manera para que la base horizontal recta de la L vuelva a emprender con relativa prontitud el ascenso. Este no será el caso de Venezuela. En nuestro país la caída ha sido abrupta desde antes de la presencia de la pandemia, pero se ha acelerado hacia abajo por sus consecuencias sobre todo el tejido social en especial el económico. Traduciendo esta descripción a la imagen que estamos usando, ello significa que la sección vertical de la L será mucho más larga que la que otros países de la tierra van a experimentar. Esa caída se prolongará hasta que el régimen esté satisfecho de su obra de destrucción del sistema productivo nacional. En ese punto, girara hacia la derecha para comenzar a construir la base horizontal de la línea en L, que es la imagen que aplicamos para describir el proceso de recuperación. Este segmento horizontal tenderá a alargarse indefinidamente en el tiempo y, sólo se interrumpirá ese curso, cuando irrumpan en el escenario nacional fuerzas exógenas que sean suficientemente potentes para que logren cambiar la orientación de ese segmento impulsándolo de nuevo hacia arriba; es decir, hacia una recuperación del tejido social. Se buscará un cambio de gobierno, de modelo, de perspectivas, de políticas públicas, de participación popular en el poder.
Ese renovado impulso deberá tener como función la creación de un sistema político de democracia integral, una economía ecológica y social de mercado, un cambio de perspectivas que harán posible le construcción de la sociedad moderna, equitativa, y productiva, basada en la eminente dignidad de la persona, celosa defensora de los derechos cívicos y humanos y que considera al trabajo de los ciudadanos como elemento esencial al desarrollo social y al proceso de producción de bienes y servicios.
Madrid, 30 de abril del 2020.

Ilustración: Chema Madoz.

(*) Abdón Vivas Terán: Economista UCV;  Doctor en Ciencias Políticas Universidad Complutense (Madrid); Ex-diputado al Congreso Nacional de Venezuela; Ex-Secretario Juvenil de COPEI; Ex-Gobernador del Distrito Federal; Ex-Embajador en Colombia. Analista y articulista en diversos medios académicos y de comunicación social. 

Breve nota LB: Remitido a nuestro correo por el autor.

lunes, 20 de abril de 2020

INTELIGENCIA ECONÓMICA

Estados en la niebla
Guy Sorman / ABC

No confundamos la crisis sanitaria con la crisis económica. La primera es real y está muy lejos de resolverse; la segunda es, sencillamente, una consecuencia de la pandemia. Creo que es un gran error confundir la actual recesión económica con crisis anteriores como las de 1930, 1973 o 2008. Durante estas últimas depresiones, fue el sistema capitalista el que falló. En 1930, las restricciones monetarias y el cese del comercio internacional transformaron una crisis fugaz en una crisis sistémica; un fallo de la inteligencia económica. En 1973, los Gobiernos creyeron erróneamente que la producción de dinero revitalizaría la actividad, pero solo condujo a la inflación de precios. En 2008, la especulación inmobiliaria inundó los mercados financieros con valores falsos; una vez más, un fracaso de la inteligencia económica. Esta vez, el «sistema capitalista globalizado», es decir, la economía de mercado, basada en la empresa y el intercambio, no ha fallado. La única razón de que la maquinaria se haya detenido es que los trabajadores han desaparecido parcialmente, porque están enfermos o en peligro de estarlo. El día, todavía impredecible (pero sin duda dentro de varios meses), en que todos puedan volver al trabajo, la máquina económica volverá a su ritmo anterior, quizá más rápido por el deseo de ponerse al día. Por supuesto, habrá cambios en el mercado: por ejemplo, se desarrollarán robots, porque no se ponen enfermos; las industrias esenciales regresarán a Europa desde China; determinadas actividades, como viajes o conferencias, se sustituirán por reuniones virtuales.

A la espera de la reactivación, los fondos inyectados por el Fondo Monetario Internacional, los Estados y el Banco Central Europeo deben considerarse, ante todo, ayudas sociales esenciales para compensar la pérdida de salarios. Por lo tanto, estas intervenciones públicas son de una naturaleza diferente a las llamadas políticas de estímulo de la década de los treinta, de los setenta (después de la crisis del petróleo) y en 2008.

Algunos economistas aficionados y filósofos en declive, para quienes cualquier crisis es necesariamente una crisis del capitalismo, sugieren que sustituyamos el libre mercado por una nueva forma de socialismo con un toque de verde, con el culto a la biodiversidad y la divinización del clima y de la solidaridad. Se trata de intenciones nobles, pero una política económica se mide por sus resultados, no por sus intenciones. Si realmente queremos solidaridad, una sanidad pública mejor organizada, protección frente a los desastres, necesitamos, para empezar, una economía de mercado que genere ganancias, no un socialismo estatal que solo reparta penuria. En cuanto a aquellos que creen que la pandemia debería fortalecer en el futuro a los Estados centrales, no entendemos su argumento: los Estados, en general, han gestionado muy mal la pandemia de coronavirus y continúan gestionándola de forma mediocre, especialmente Estados Unidos y, en Europa, España, Italia, Gran Bretaña y Francia. ¿Cómo debería el fracaso relativo de estos Estados, su falta de preparación, su lentitud para decidir, su tendencia a politizarlo todo, conducir a su fortalecimiento? Extraño razonamiento. Se observará también que Alemania, donde los poderes están muy descentralizados, donde el sector privado colabora estrechamente con el sector público, logra contener la pandemia infinitamente mejor que Estados centralizados como Francia y Gran Bretaña, o que Estados confusos como España e Italia, donde ya no está claro quién es responsable de qué.

Por lo tanto, es probable y deseable que la economía del mañana se parezca a la de hoy, a fin de que se restablezcan el empleo y los salarios. También es de esperar que se aprendan algunas lecciones. La Unión Europea, con variantes nacionales, y Estados Unidos, estaban poco preparados para reflexionar a largo plazo, tienen sistemas sanitarios deficientes, y la mayoría de los Gobiernos han olvidado que su misión fundamental era garantizar la seguridad de los ciudadanos; otras tantas lecciones sobre las que meditar. Pero, a corto plazo, hay que centrarse en lo único que realmente importa: salvar vidas. En este sentido, es sorprendente que los europeos persistan en no inspirarse en métodos que han demostrado su efectividad en Corea del Sur y Taiwán: pruebas sistemáticas, mascarillas para todos, aislamiento de pacientes no hospitalizados, identificación de focos infecciosos, informes en el teléfono móvil de los riesgos de contagio. ¿Cómo no preguntarnos también, en España, en Italia y en Francia, por qué la tasa de mortalidad por paciente infectado es cinco veces mayor que en Alemania, Austria y Dinamarca? Se debe a que estos países han entendido y actuado mejor que otros. ¿Qué lección deberíamos aprender? Dudo que, si se mantienen estos métodos de cuarentena medievales, la pandemia desaparezca en las semanas y meses venideros en Europa y en EE.UU., a menos que se recurra a las técnicas disponibles para localizar pacientes.

Debatir y filosofar sobre el futuro son excelentes ejercicios intelectuales, muy democráticos, ya que todos tienen derecho a decir lo que quieran. Pero lo realmente urgente hoy es: ¿dónde están las pruebas, las mascarillas y las medidas de aislamiento? En España, en Francia, en Gran Bretaña y en EE.UU., la respuesta de los gobiernos sigue siendo confusa, lo que resulta muy inquietante.

Fuente:
https://www.almendron.com/tribuna/estados-en-la-niebla/
Composición gráfica: Tomada de las redes.

domingo, 22 de marzo de 2020

ADEMÁS, LAS ACREENCIAS COMO PESTE

El coronavirus y la situación económica venezolana
Eddy Reyes Torres 

El coronavirus o covid-19, con “relativamente” pocas muertes a nivel mundial, ha puesto en evidencia su poderosa y terrible potencia letal en muy poco tiempo. Al igual que Hidra (figura de la mitología griega, hija del monstruo Tifón y hermana del can Cerbero), un aborrecible dragón de cien cabezas, este nuevo virus tiene una enorme capacidad destructora si no se controla a tiempo. Nunca antes en la historia de la humanidad un hecho catastrófico de esta naturaleza había afectado a todo el planeta. Lo más resaltante del inédito evento es que ha puesto en evidencia con descarnada gravedad lo frágiles que somos los seres humanos.
En el maremágnum noticioso que se ha producido, ha sido Angela Merkel, canciller de Alemania, la que ha hablado con mayor contundencia y realismo. «Haremos lo necesario para superar esta situación», indicó la mandataria germana, el pasado miércoles 11 de marzo. Dicho lo anterior, no dudó en comunicar a sus compatriotas los alcances del mal: “Entre 60% y 70% de la población germana podría contagiarse”.
A renglón seguido anunció que el Parlamento alemán procedería a aprobar una partida extraordinaria de hasta 1.000 millones de euros para las contingencias derivadas de la epidemia de coronavirus, agregando que “por fortuna, el país disfruta de una salud fiscal robusta y puede afrontar en los mejores términos la crisis”.
Esa holgura económica, lamentablemente, no la tenemos ahora en Venezuela por la manirrotura de los gobiernos de Hugo Chávez Frías y Nicolás Maduro Moros. A diferencia de los árabes, rusos y otros países productores de petróleo, los dos gobernantes rojos dilapidaron los altos ingresos que tuvimos en la época de las vacas gordas.
No está demás rememorar que al momento de iniciar Chávez su primer mandato (1999), el precio del barril de petróleo venezolano era de 11 dólares. Desde entonces el mercado empezó a moverse favorablemente, alcanzándose a lo largo del año un precio promedio de 16 dólares por barril. Cinco años más tarde, el precio anterior se duplicó. Para 2008 su valor se elevó a 88 dólares y vino entonces un pequeño recule. Pero en 2010 y hasta 2004 el boom continuó, elevándose el precio hasta el pico de 103 dólares por barril.
Junto con esos incrementos de precios vino una práctica gastadora, sin control, por parte del mando superior del gobierno nacional que, con el deliberado propósito de conseguir un contundente y más firme apoyo político, benefició a las clases populares. Pero lo más perverso fue que también se empleó el dinero de los venezolanos para apoyar gobiernos ideológicamente afines, como son los de Cuba, Nicaragua, Bolivia (en la gestión de Evo Morales), Ecuador (en la gestión de Rafael Correa), Argentina (en la gestión de los Kirchner) y Uruguay (en la gestión de Tabaré Vázquez), entre otros.
La guinda del pastel fue el brutal endeudamiento con China, en el que subyacía un evidente propósito geopolítico. Pekín es el gran acreedor de Venezuela. El gobierno de Xi Jinping le ha prestado al binomio Chávez-Maduro la friolera de 62.000 millones de dólares (fondos estos que han sido desembolsados en moneda china (renbinbi), lo cual favorece enormemente a los productores chinos. Hay que resaltar que esa suma es aproximadamente 40% de la financiación que Pekín ha concedido a toda América Latina; adicionalmente, la mayor parte está formada por créditos pagaderos en petróleo, lo cual implica que Pdvsa no recibe pago alguno. Se estima que a la fecha de hoy nuestro país le adeuda a China poco más de 19.000 millones de dólares, monto que es impagable por la escualidez de nuestras reservas internacionales.
Y como si todo lo anterior no bastara, una nueva “plaga de Egipto” nos hundirá más: el desacuerdo de los rusos en bajar la producción petrolera propuesta por Arabia Saudita. Eso ha originado que los saudíes hayan aumentado su producción con el riesgo de que el barril de hidrocarburos se ubique en 20 dólares.
No debe extrañar entonces a nadie que en el Índice de Seguridad Sanitaria Global elaborado por un panel de expertos internacionales, Venezuela haya quedado en el puesto 176 de un total de 195.
Hace pocos días el conductor de Miraflores se refirió a cómo nos preparamos para hacer frente al coronavirus. Al respecto, dijo lo siguiente: «He aprobado todos los recursos necesarios para que el país esté dotado de todos los test». Aunque malsonante, en el aire quedó una sola pregunta: ¿Y con qué culo se sienta la cucaracha?
Eso último explica el giro de 180° que dio Nicolás Maduro, el domingo 15 de marzo, al firmar la carta –que se hizo pública dos días después- dirigida a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, en la que solicita al “honorable organismo” un financiamiento por 5.000 millones de dólares para “robustecer los sistemas de detección y respuesta”.
Solo nos queda algo más por decir: A buen entendedor, pocas palabras.

Fuente:
Cfr.
Fotografía:

sábado, 21 de marzo de 2020

PESTE CHINA PARA UNA ECONOMÍA YA APESTADA

Efectos económicos del Covid-19
José Guerra
 
Un factor extra económico ha hecho crujir los cimientos de la economía mundial. Efectivamente, la economía, globalmente hablando, cerró 2019 con un crecimiento modesto pero aceptable en torno al 1,5% liderado ese crecimiento por Estados Unidos China e India. El año 2019 fue el mejor período de las bolsas de valores en mucho tiempo y en el caso de Estados Unidos se estima que el principal indicador bursátil, el Dow Jones, tuvo un rendimiento superior al 30%, cifra ésta que se compara favorablemente con cualquier otro negocio o actividad económica.

Todo eso es historia. Hoy la economía está en un momento muy difícil producto de la propagación del coronavirus.

Al principio el fenómeno se localizó en China y luego se ha esparcido por el mundo con su carga letal de fallecidos y destrucción de actividad económica. Las bolsas de valores en dos meses han perdido más de un tercio de lo que ganaron en los doce meses de 2019 y lo peor no ha llegado todavía, debido a que las autoridades económicas actualmente no tienen instrumentos eficaces para encarar esta crisis como si lo hicieron con la de 2008-2009. Al frenazo de la economía se adiciona la caída de los precios del petróleo, ocasionado tanto por la parálisis económica como por el reto que Arabia Saudita le lanzó a Rusia y a otros productores al bajar los precios.

Para Venezuela, esta situación adquiere dimensiones de tragedia. Veamos. En 2019, Venezuela exportó aproximadamente 600.000 barriles diarios de petróleo que le generaron caja, por diversos mecanismos. A un precio promedio de US$ 56 por barril, ello se tradujo en un ingreso de aproximadamente de US$ 10.950 millones. Con los mismos supuestos de exportaciones pero con un precio reducido en un tercio, en el escenario más favorable, Venezuela recibiría apenas US$ 8.000 millones en 2020. La situación pude ser peor todavía si Pdvsa se ve obligada a cortar aún más la producción porque no consigue compradores para sus crudos o si tiene que otorgar mayores descuentos para poder colocar sus crudos.

Con este monto por exportaciones menguado la crisis económica se va a agudizar indudablemente. A ello se agregan dos factores adicionales. En primer lugar, un nivel de reservas internacionales mínimo de US$ 6.900 millones, de los cuales más del 60% es oro, con lo cual la falta de liquidez internacional no hace propicio un mayor nivel de importaciones para vigorizar la economía. En segundo término, Venezuela está en default de su deuda externa desde noviembre de 2017 y por tanto no tiene acceso al mercado financiero internacional, de manera que no puede suplir con ahorro externo lo que no proporciona el petróleo.

La crisis apenas se asoma.

Fuente:
Ilustración: Jeremy Geddes.
Cfr.
El portal de la encargaduría presidencial bloqueado:

PESTE CHINA: RECONSTRUCCIÓN POST-VIRAL

TRIBUNA
Economía de guerra
Angel Ubide

Estamos en guerra. No es una guerra entre buenos y malos, es una guerra contra un virus, un enemigo nuevo, invisible, y que se multiplica cada semana. El cerebro humano no está bien preparado para gestionar lo novedoso, necesita una partitura que le ayude a navegar. Tampoco sabe adaptarse a lo que no puede ver, por eso nos asusta la oscuridad. Y, sobre todo, no entiende los procesos que no son lineales; la rápida multiplicación de las infecciones, aunque predecible, genera pánico. Esta guerra, además de víctimas, genera angustia y miedo.

Hay que atacar al enemigo de raíz, rápido, sin vacilaciones. Con una estrategia basada en tres pilares.

Primero, la política sanitaria debe llevar el comando de la situación, dotándola de todos los recursos económicos, materiales y humanos necesarios para doblegar el virus y minimizar las víctimas. La clave es aplanar la curva de contagios para evitar el colapso del sistema sanitario, y esto requiere distanciamiento social y que todos nos comportemos como si ya hubiéramos contraído el virus y no se lo quisiéramos contagiar a nadie. Cumplamos las recomendaciones sanitarias a rajatabla, la solidaridad empieza por uno mismo.

Segundo, la lucha contra el virus conllevará un coste económico, probablemente enorme. En casos de relativa baja mortalidad, los estudios muestran que las decisiones de distanciamiento social son la variable fundamental para determinar el impacto negativo de una pandemia sobre la actividad económica. El distanciamiento social es una forma de “frenazo repentino humano”, similar a los frenazos repentinos de los mercados de capitales. De repente, lo que antes era normal deja de serlo. De la noche a la mañana, los clientes no aparecen en el restaurante, en el gimnasio, en los hoteles. La respuesta de política económica debe paliar ese frenazo repentino: proveer ayudas, subsidios, y garantías que limiten el impacto de esa desaparición de la actividad y minimicen las quiebras y los despidos. Con el añadido de que aquí no hay riesgo moral, no se están perdonando comportamientos irresponsables anteriores. El plan debe combinar una relajación agresiva de la política monetaria y ayudas a empresas, trabajadores y familias, con la colaboración activa del sector bancario: asegurar la liquidez y supervivencia de las empresas con avales para nuevos préstamos y moratorias de impuestos y de alquileres; minimizar la destrucción de empleo con pagos parciales de nóminas, ayudas a autónomos y subsidios al empleo temporal; y blindar los ingresos de las familias menos favorecidas con moratorias de hipotecas y reforzando el subsidio de desempleo y las rentas mínimas. Los planes europeos, incluido el español anunciado ayer, van por este camino.

Tercero, garantizar que, tras haber vencido al enemigo, el paisaje después de la batalla sea brillante y optimista, para que no queden secuelas crónicas tras lo que puede ser una caída del PIB de dimensiones nunca vistas. No basta con mitigar el impacto negativo de las medidas de distanciamiento social. El consumo que se pierde durante la lucha contra el virus es consumo perdido para siempre. Una vez que se recupere cierta normalidad, la reconstrucción económica se debe basar en un impulso que ayude a recuperar lo antes posible el nivel de PIB que hubiéramos generado si no hubiera aparecido el virus. Y eso requiere un plan bien diseñado de estímulo fiscal, plurianual, que impulse la inversión y el empleo tras la crisis. En términos técnicos, hay que evitar a toda costa la histéresis. Cada país tiene necesidades distintas, puede ser inversión en economía digital, energías verdes, mejora de la educación. Lo que sea. Con tipos de interés cero, no hay razones para no hacerlo.

Las guerras cuestan dinero. Los déficits aumentarán de manera muy significativa tras esta crisis. Es el coste de la victoria. Y entonces, habrá que evitar repetir el error que se cometió tras la crisis de 2007. No, no habrá que pensar inmediatamente en reducir la deuda y el déficit. La prioridad deberá ser apoyar el crecimiento, cerrar la brecha de producción y aumentar la inflación hasta el objetivo. Será el momento de “japonizar” la economía, en el sentido positivo de la palabra: el banco central deberá cooperar de manera explícita para que los tipos de interés se mantengan por debajo de la tasa de crecimiento de la economía durante un largo periodo de tiempo. Y si eso implica mantener los tipos de interés muy bajos y seguir comprando bonos durante muchos años, como seguramente será el caso en la eurozona, pues que así sea. Esto no será un rescate de este o aquel país. Será simplemente cumplir con el mandato de estabilidad de precios, cueste lo que cueste.

Esta guerra supone un reto existencial para la eurozona. Aquí ya no hay acreedores y deudores. Hay que acabar con la inercia de los programas, los rescates y la condicionalidad. Admitámoslo: si ante este shock —exógeno y común a todos— los países miembros no están dispuestos a mutualizar la solución, emitiendo eurobonos para financiar un programa común de reconstrucción económica, nunca lo estarán.
(*) Ángel Ubide es economista y miembro del consejo asesor internacional de Center For Economic Policy & Political Economy. @angelubide

Fuente:
https://elpais.com/elpais/2020/03/17/opinion/1584467924_340469.html
Ilustración: Jeremy Geddes.
Cfr. 

domingo, 17 de marzo de 2019

TODAVÍA HAY FUERZAS PARA DERROTAR A LA DICTADURA

De la catástrofe económica
Luis Barragán


El asunto no reside sólo en la denuncia y ponderación de las cifras reales de una economía sumergida en la calamidad, sino en la perspectiva a la que debemos contribuir para que la transición democrática sea capaz de reconstruirla sobre bases ciertas, sólidas y profundas. Por una parte, el ocultamiento de los indicadores macro-económicos también deja en absoluto suspenso los resultados de todo litigio laboral que ha culminado  esperando por siempre que el Banco Central de Venezuela (BCV) oficie para completar las faenas técnicas y forenses correspondientes; y, por la otra, las posibles medidas a implementar suelen esbozarse con una radical ambigüedad,  apostando por la nubosidad de las intenciones, so pretexto de un consenso que, por cierto, contrariado, se desea prefabricado.
Nada accidental, acaecida sin que medie guerra declarada alguna, la catástrofe es consecuencia de un deliberado modelo y estrategia del antidesarrollo para el empobrecimiento y sojuzgamiento de los venezolanos. Por más que el barril petrolero supere $ 200, gracias a un hecho sobrevenido en los mercados internacionales, no constituirá garantía alguna de supervivencia para un régimen de indetenible descomposición, como el actual.
Atravesamos el capítulo postrero de la otra cara de la Venezuela Saudita que, en el presente siglo, supo del barril de petróleo a $ 100, con un masivo endeudamiento que ahora supera los $ 150 mil millones; peor todavía, con las bases hundidas en el tráfico ilegal de drogas, capitales, armas y otros rubros propios del Estado Criminal.  Acotemos, la clave de ascenso y entronización de la dictadura socialista, estuvo en la pretendida separación de nuestra  suerte personal y familiar respecto a la del país, dejándola enteramente en manos del Estado, cada vez más espectral por su atrevida obesidad:  esta falsa ilusión, propia de la antipolítica, por ejemplo, no impidió que el obrero calificado de principios de la centuria, confiado a su estabilidad laboral y seguridad social, varias veces prepotente por una situación que suponía inalterable, hoy esté royendo la desesperación al integrarse a los cinturones de miseria, nostálgico del antiguo empleo y de la misma empresa que se fue o recibió el centellazo de la expropiación.
Los supuestos de la Venezuela post-rentista ya se confunden – increíblemente – con los de la post-petrolera, por inmensas que sean nuestras reservas de crudo. Esta paradoja expresa las limitaciones institucionales de una economía de la pre-modernidad, dependiente de una suerte de protectorado atribuido a China y Rusia que sólo aspiran a una radical flexibilidad laboral, como la que impera en la Cuba empobrecida. Bastará con examinar la quiebra de las empresas básicas de Guayana, actualizando la data aportada por el periodista Daniel Prats, al iniciarse esta década, para saber de la suerte del hierro, el acero y la bauxita que apostaban a una cadena de producción ya imposible.
No hubo ni hay política social, impidiendo el desarrollo de las capacidades personales de superación, tan caras a Amartya Sen, con el reparto de dádivas y prebendas de sujeción y, a la vez, todo un modelo de negocios perversamente cebado a la pobreza.  Delatando la naturaleza de un modelo y una estrategia económica, los venezolanos que vinieron al mundo al finalizar el XX, ganando peso, medida y tamaño, ya ni siquiera en el XXI aumentan sus expectativas de vida y muy atrás quedan las preocupaciones y diligencias que hicieron tan notables a Lya Ímber, Pastor Oropeza, Hernán Méndez Castellano o Gustavo Machado H., despuntando ahora Susana Raffalli, entre otros.
UNA PIEZA MAESTRA: LA HIPERINFLACIÓN
El marxismo local que no logra explicar la plusvalía en los productos y servicios informáticos, menos lo intenta con la catástrofe económica, excepto el imperialismo que no pasa de las desgastadas consignas. Diciéndonos en una sociedad consumista, aunque sin consumo, alude a  nuestra  renuncia militante – eso, sí -  a la comida chatarra, pero ninguna noticia brindan sobre los productos de mala calidad y dudoso control sanitario que importa para la distribución ventajista de las cajas del CLAP, abriendo lo que queda de mercado a oferentes que no hubiesen encontrado cupo  tiempo atrás bajo una mediana y leal competencia con otros.
El Banco Mundial advierte la reducción de nuestra economía en 51%, entre 2015 y 2018, y el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé una inflación de 10 mil por cierto. Otras fuentes, hablan de un déficit  fiscal sostenido de 12% por varios años hasta superar los 20 puntos del PIB en los días que corren; o de las megadevaluaciones, el empleo precario y el desempleo campante. No obstante, la pieza maestra del sojuzgamiento tiene un histórico y desgraciado precedente.
Asaltado el poder, metida Rusia en una devastadora guerra civil, Lenin elevó a cuatro mil millones de veces la inflación, según Carlos Marichal en su conocida historia de las crisis financieras del mundo. Un par de semanas atrás, debatida la materia económica en la Asamblea Nacional, el diputado Elías Matta,   aseguró que, por estos tiempos,  Venezuela ha acumulado alrededor de cinco mil millones porcentuales de inflación.
Valga acotar que al conmemorarse recientemente el 30º aniversario de El Caracazo, motivo más bien de celebración para un chavismo pivoteado por la tragedia, la distancia de los números no es menos trágica. Así, reveladores, la tasa de inflación en 1989 fue de 81%, todo un escándalo por entonces, pero en 2019 trepa 1.500.000 %; mientras que el salario real fue en 1989 de $ 118 y en 2019 ya tenemos duda que llegue a $ 5.
TIERRA DE GRACIA
La población intuye, consciente de las realidades económicas actuales, que las mejores respuestas apuntan a las libertades públicas, al trabajo y el emprendimiento, la  imaginación y la disciplina social, como al sacrificio que sea convincentemente útil. Un ejercicio de la sensatez o sentido común, nos encamina hacia la limitación del Estado, una economía de libre mercado, la privatización de las empresas públicas disparatadamente parasitarias, el fin del patrimonialismo, el reconocimiento y garantía del derecho de propiedad, la progresiva liberación cambiaria, la reindustrialización petrolera, o el empuje industrial de la cultura, recreación y deporte.
El camino es hacia el consenso necesario que, además, se inspire en el espíritu y eficacia de pactos históricos, como el de Puntofijo, Los Olivos o La Moncloa. Así como el siglo XX supo de una amplia coincidencia en torno a las políticas inspiradas en la socialdemocracia, ahora – sin complejos – asumamos la alternativa centro-liberal para echar el piso de una Venezuela por siempre perfectible.
La Fracción Parlamentaria del 16 de Julio, por ejemplo, coincide con el documento intitulado “Tierra de Gracia” de la plataforma Soy Venezuela, con vocación para ese consenso, susceptible de cualesquiera discusiones públicas, en contraste con el llamado Plan País que el Frente Amplio apalancó en provecho del circunstancial dominio ejercido sobre la Asamblea Nacional, confundiendo indebidamente ambas instancias. Hay problemas inmediatos, terribles e impostergables, impidiendo deliberar en tan amplia materia, pero – igualmente, inminentes, terribles e impostergables – son necesarias las diligencias de inconfundible carácter histórico para los acuerdos indispensabs.


18/03/2019: