APOSENTO EXTENDIDO DE UNA CRISIS

Quid ultra faciam?
Guido Sosola

El problema de las universidades sigue agravándose ante la indiferencia generalizada de la llamada clase política, tentada ahora por el juego electoral que antepone al propio cese de la usurpación que tanto perifoneó. Por supuesto, hablamos de un terreno específico  y exigente en el que no se puede piratear, necesitado de  la indispensable orientación opositora para correr juntos hacia la libertad, salvando la autonomía universitaria y la existencia misma de la universidad en Venezuela.

Corre el plazo literalmente ordenado por la dictadura para realizar los comicios a su manera, en febrero de 2020. Está a la vuelta de la esquina, pero la conducción parlamentaria se limita a pocas cosas, entre ellas, a realizar un debate donde desfilan varios oradores con un trillado mensaje e intervienen, como invitados especiales, dirigentes gremiales que lo repiten y, después, cada  quien a su casa, quedando como una suerte de acto cultural de la escuela, donde sólo faltó bailar la burriquita.

Tamaña indiferencia es la que permite que surjan en importantes casas de estudios, maniobras destinadas a congraciarse con el régimen y obtener algunas prebendas inmediatas que por ley debe cumplimentar el tal ministerio de Educación Superior. El caso  está en que se articulan aspiraciones muy definidas para “competir” en el venidero febrero, bajo las reglas inconstitucionales que desean imponerse: les da igual a los distintos aspirantes al solio rectoral haberse retratado  públicamente en el consabido acto del Aula Magna y, por ahora, privadamente hacerlo con los funcionarios ministeriales para afinar una estrategia que convaliden la famosa sentencia del TSJ. ¿Total, no hay panas en  la AN que comprenden bien la movida y, luego, un favor por aquí y, otro, por allá, no arregla todo?

Esta complicidad tácita y expresa, se explica por la cátedra que ha sentado la clase política, pues, compartiendo el CNE con el  propio régimen del que dice abjurar, está presta a celebrar las elecciones presidenciales que Diosdado limita sólo a las parlamentarias. Entonces, ¿si la AN entra en combo con sus verdugos, qué más tenemos que hacer de acuerdo al latinazo que nos sirve de título? Sin embargo, algo muy diferente es el carnestolendo propósito de burlar la confianza ciudadana al asociarse con la dictadura para unos comicios de resultados ya cantados, y muy otra celebrar las elecciones de acuerdo a la Constitución y la Ley de Universidades para derrotarla y rechazar la parodia que cuenta con sendas complicidades en varias universidades.

Las generaciones recientes no supieron nunca de las célebres sillas de extensión de décadas anteriores, en las que se estudiaba pasada la medianoche en las seguras plazas públicas de ciudades y pueblos, y menos aún conocen el nombre de Jesús María Bianco (el infame, como lo llama nuestro amigo Nicomedes Febres), quien se convirtió en todo un símbolo de la autonomía universitaria, aunque ésta sirvió de burladero para la insurrección armada que, después de la derrota, vivió simplemente del presupuesto universitario. Parece mentira que por muchísimo más de lo que pasó antes, violentada y empobrecida cada universidad, la autonomía no sea una bandera nacional,  al liderazgo opositor le importe un bledo su  suerte y se imponga una suerte de cultura de izquierda que le da – al menos -  el beneficio de la duda a los herederos de Bianco, hoy en el poder.

17/11/2019:
https://www.lapatilla.com/2019/11/17/guido-sosola-quid-ultra-faciam/
https://newstral.com/es/article/es/1139843152/guido-sosola-quid-ultra-faciam-

https://venezuelaunida.com/guido-sosola-quid-ultra-faciam/

https://tenemosnoticias.com/noticia/faciam-quid-ultra-sosola-962245/1722193

RECESIÓN POLÍTICA

Receso parlamentario

Ox Armand

Nunca pensé que diría esto: pesa el receso parlamentario. No porque en la Asamblea Nacional haya posibilidad de hacer grandes denuncias, interpelar a un ministro, conmover al mandatario nacional, sino porque – al menos – en algo se verán obligados a decir los oficialistas y algún opositor despachará cuatro verdades.  Y con toda la censura por delante, también generaría una polémica más concreta en la opinión pública. Pero este receso que favorece al gobierno (así nos parezca que el silencio institucional tiene el efecto contrario de fregarlo), saca de Caracas la política y la lleva muy lejos: al cercado Táchira y a la inaccesible frontera. De allá únicamente rebota el triste espectáculo que los adalides del régimen (envalentonadísimos) montan, como si fue una victoria en Playa Girón, y Cúcuta ocupa las primeras planas con medio continente presente a través de sus más altos funcionarios, atestiguando la calamidad provocada por el señor que decretó el Estado de Excepción y picó los cabos para Viet-Nam y China que tanto lo necesitan.

Ni siquiera una especie de Comisión Delegada de sombra montaron los jefes parlamentarios. A todos los entretiene la campaña electoral (o precampaña), inmovilizados los candidatos del PSUV. Patear barrios y pedir el voto, mientras que la tormenta urge de orientaciones. Unos, van más lejos: a El Vaticano. Otros, la mayoría qe no se reelegirá, vacacionan. Los deliberantes del Táchira temen y (salvo honrosas excepciones) hay diputados nacionales, regionales y concejales que se quedan a almorzar en sus casas. Poco se sabe. Caracas, la ciudad capital ya está neutralizada como campana de resonancia.

Son los portales digitales lo que hablan. Es la gente que opina. Pero los diputados de oposición, no dicen lo suficiente. ¿Los especialistas? Por ahí fumea. Antes de la era digital, ya la prensa escrita hubiese estelarizado con entrevistas de fondo a unos y otros. Los órganos del gobierno solamente vomitan propaganda.

Fuente:
http://opinionynoticias.com/opinionpolitica/23630-receso-parlamentario 

BITÁCORA

Dip. José Manuel González y la inseguridad en el Guárico y en el país.

Vista a los jardines, desde el llamado set de prensa del Palacio Legislativo. Comienzan a llegar los bomberos para la sanción de la Ley.

Palacio Legislativo. Planteamiento ante la prensa del consabido caso con Guyana.

Vista del patio o jardines del Palacio Legislativo. Movilización de los bomberos para celebrar la sanción de su Ley. El camión lo ubicaron a las puertas del palacio (este).

Taller sobre el control parlamentario. Instituto "Fermín Toro". Habla Ramón Guillermo Aveledo.

ABIERTOS A LA RESTAURACIÓN

En la sesión próxima pasada, fue planteada la solicitud de un crédito adicional favorable a la restauración de la Iglesia de San Francisco y la musealización de la cripta por el significativo monto de Bs. 19 millones. Había otros aspectos que tocar, más allá de la consabida cocesión del título a Bolívar, incluyendo a los grupos digitales que saben y difunden la información histórica del lugar. Empero, quisimos una intervencion breve e, inadvertidamente, fue "devota". Como anécdota, al terminar, el diputado Ávila de la bancada gubernamental, provocador en las sesiones, gritó "!amén!"; despues, nos comentó que él había hecho estudios teológicos.

Sesión ordinaria del martes, 22 de julio de 2014 - Asamblea Nacional

"(BARRAGÁN).– Señor Presidente, colegas Parlamentarios:  Particularmente nos he grato referirnos a esta solicitud de crédito adicional, siendo feligrés regular de la Iglesia de San Francisco, la cual la conocemos e incluso apreciamos desde el primer momento las obras de restauración que se adelantaban en un inmueble de significación histórica, arquitectónica importante.

La bancada democrática de la oposición al apoyar, al respaldar, al avalar este crédito adicional, a pesar de las discrepancias muchas veces ideológicas y políticas, desea enviar un cordial saludo al padre Numa Molina, al padre Álvaro Lacasta, a Roberto Martialay y a Jesús Pino, y a otros sacerdotes que ejercen muy sobriamente su oficio levantando la mirada confiada hacia Dios Todopoderoso.

Por supuesto, como nos enseña la Santa Iglesia Católica, somos partidarios de aquello que dijo San Pablo: “Pelear el buen combate con la fuerza que da la fe y la buena conciencia.”

Es todo, ciudadano Presidente".

Fotografías: LB, Caracas, 06/2011.

INTERVENCIÓN REVERONIANA

Sesión Ordinaria del día martes 13 de mayo de 2014

(DIPUTADO BARRAGÁN).– Señor Presidente, colegas Parlamentarios:

La bancada democrática de la oposición, por supuesto,  es parte del pueblo venezolano que venera, valora la herencia y siente el orgullo del legado de la obra del Maestro Armando Reverón, pero - ya a estas altas horas de la noche,  intentando sintetizar nuestra exposición -  no podemos menos que llenarnos de perplejidad por los términos en que está planteado el Acuerdo leído con anterioridad. Sobre todo, porque parece un ensayo de economía política de las artes venezolanas, apuntando a aspectos que fuerza la interpretación del pasado, intentando asimilar a un pintor que es patrimonio de los venezolanos, en las hormas del proyecto del socialismo rentístico, y por tal,  mercantil venezolano.

Es necesario decir que, incluso, si no escuchamos mal, hasta invocaron el nombre de Alfonso Guerra como vocero, portavoz del socialismo, que se supone inspira al que está en boga, cuando todos conocemos que Alfonso Guerra fue expresión de la socialdemocracia española que tuvo la experiencia de gobierno con Felipe González. Pero, además, en este proyecto nos presentan a Armando Reverón como un descubrimiento del Gobierno: basta la declaratoria formal, solemne de Nicolás Maduro para que nos enteremos que existe Armando Reverón. Y Armando Reverón lo conoce, lo aplaude este país desde hace muchísimos años atrás, y no ahora con el descubrimiento que hacen los funcionarios culturales del Gobierno que le van a Presidente de la República con esta novedad.

Además, hay cosas curiosas. Aficionado a la vieja prensa, hemos visto, por ejemplo, que hasta durante la dictadura de Pérez Jiménez, en 1954, Armando Reverón conmovió a todo el país con su muerte, y no hubo voz venezolana que no sintiera, por aquel entonces, la tristeza que daba su desaparición (*). Pero ahondemos un poco más en este paradójico cuadro que nos presenta el proyecto de Acuerdo.

Curioso, en el ejercicio de las libertades culturales, hay personas ineludiblemente ligadas a la trayectoria y a la obra de Armando Reverón: es Sofía Ímber, a quien saludamos - por cierto, desde la bancada democrática de la oposición por sus 90 fructíferos años -  una de las primeras voces que descubrió el talento de Armando Reverón. Si mal no recuerdo, además, en una modesta nota de Últimas Noticias de 1949 (*) , ella aseguraba: “no sé por qué, pero me gusta”. Y desde allí Sofía Ímber le aportó al país una perspectiva y una visión de Armando Reverón que,  por entonces no conocíamos, cuando estábamos aún en los moldes de Tito Salas, de Arturo Michelena y de Tovar y Tovar.

Es ineludible vincular a Armando Reverón, por favor, en este ensayo de economía política que se nos presenta de la trayectoria pictórica de nuestro país, mencionar - por ejemplo -  a Alfredo Boulton y su famoso documental que, por cierto, lo proyectó más allá que muchos pintores de la época. Es ineludible, como ahora, hablar de Diego Rísquez,  quien le dedicó en el 2010 una película. Es ineludible vincular a la obra de Armando Reverón con los críticos que edificaron, precisamente, una visión, una perspectiva de profundidad. Pero no me pongan a Armando Reverón como coautor de “El Capital”, porque no es así, y no pueden forzarlo como un héroe de este socialismo mercantilista y rentístico, cuando no ocurre, ni ha ocurrido jamás en la historia cultural de nuestro país, que falseen el pasado de tal modo, pretendiendo manipularlo.

¿Qué pretenden en el fondo de este Acuerdo? Confiscar toda la obra que está en manos privadas de Armando Reverón. ¿Por qué no averiguan qué hizo Farruco Sexto con los museos nacionales y con el patrimonio pictórico venezolano?, que es más importante, trascendente y decisivo para determinar, incluso, una de la características fundamentales del Gobierno actual.

El debate de Armando Reverón tiene otras fronteras: vean la entrevista que le hizo María Elena Ramos a Jesús Soto, y lo que él habla de la luz en la obra de Armando Reverón (**). Decir Armando Reverón, por cierto, es decir Juanita Carrizales. Y esto tampoco podemos olvidarlo: que ahí está Juanita, ahí están Armando y Juanita, en la memoria del pueblo venezolano, presente en el pueblo venezolano, que ustedes no pueden borrar de un solo plumazo por un Acuerdo burocrático y circunstancial.

Este planteamiento del Acuerdo, a todas luces le falta equilibrio y no expresa la pluralidad de la Asamblea Nacional, por lo que me permito, con la venia del Presidente, proponer que se difiera este punto hasta conformar una comisión de parlamentarios del Gobierno y de la oposición para que le podamos rendir el justo homenaje que merece Armando Reverón del pueblo venezolano, y nosotros, representantes de la soberanía popular, no podemos falsificar, precisamente, a un pintor que todavía arroja luces sobre nuestro sendero, que es el sendero de la libertad y de la democracia que quizás ustedes todavía no avizoren.

Es todo, señor Presidente. (Aplausos).

(*) Puede verse: http://lbarragan.blogspot.com/2012/09/reverencia.html

(**) Chequeada la nota, hallamos: Sofía Imber. "Muy raro... Reverón, pero a mí me gusta". El Nacional, Caracas, 11/03/49. Cfr. http://lbarragan.blogspot.com/2012/09/noticiero-retrospectivo_2001.html

(**) Nos referimos a: María Elena Ramos, "Diálogos con el arte. Entrevistas 1976-2007", Equinoccio, Caracas, 2007

Breve nota adicional LB: Al no pertenecer ya a la Comisión Permanente de Cultura, no pensaba intervenir en el debate. Luego de leer el Proyecto de Acuerdo, sin que hubiese algún parlamentario inscrito de la oposición, decidí hacerlo debido al esperpento propuesto. Publicado con una nota adicional, en: http://opinionynoticias.com/opinioncultural/19277-de-una-intervencion-reveroniana

ESCENARIO

EL UNIVERSAL, Caracas, 20 de noviembre de 2013
Inmunidad parlamentaria y Ley Habilitante
JUAN MIGUEL MATHEUS 

La inmunidad parlamentaria es una prerrogativa constitucional con la cual se preserva la independencia moral y funcional de los parlamentos. Desde sus orígenes medievales, en los cuales el Parlamento ingles luchaba por afirmar su supremacía ante la Corona británica, la inmunidad ha estado asociada a la protección de la composición de las asambleas políticas. Con esta prerrogativa, conocida entonces como freedom from arrest or molestation, se evitaba que los hilos del poder alteraran la correlación de las fuerzas políticas que representaban la soberanía popular bajo la excusa de un proceso penal ilegítimo e infundado. Inmunidad y autonomía parlamentarias son, por lo tanto, conceptos constitucionales inseparables y consustanciales.
En el caso venezolano la inmunidad está consagrada en los artículos 200 de la Constitución y 25 del Reglamento Interior y de Debates de la AN. El sentido de estas normas es, como ha ocurrido en toda la historia del Parlamento y como sigue ocurriendo en el Derecho Parlamentario actual, garantizar la independencia de los diputados y, con ello, asegurar la libertad política de la Asamblea Nacional. Sin embargo, Diosdado Cabello, la directiva de la AN y, en general, el régimen, han degradado la significación constitucional, política y moral de la prerrogativa de la inmunidad al allanarla irresponsablemente en el caso de Richard Mardo, y más recientemente en el caso de María Aranguren, con el objeto de alcanzar la mayoría calificada que permita aprobar la Ley Habilitante solicitada por Nicolás Maduro.
Lo anterior nos lleva a aclarar dos ideas respecto de la relación que existe entre el inconstitucional allanamiento de la inmunidad parlamentaria de Aranguren y el modo en que se está adelantando el procedimiento legislativo para aprobar la Ley Habilitante.  En primer lugar, un comentario político: la injusticia cometida con Aranguren demuestra que Venezuela no necesita que Nicolás Maduro tenga más poder, sino que cese inmediatamente en el ejercicio del poder; lo cual se hace especialmente perentorio ante una Ley Habilitante cuyo propósito no es otro que la persecución, la criminalización y la dominación. En segundo lugar, reafirmar que el levantamiento de la inmunidad de un diputado, incluso cuando se hace de acuerdo al auténtico espíritu de la Constitución, no hace que éste pierda su condición de parlamentario. Solo se desafuera para autorizar su juzgamiento penal. Por ello urge decir que María Aranguren sigue siendo diputada, sigue ejerciendo la representación popular, y por ello el régimen incurre en una flagrante inconstitucionalidad (e inmoralidad) al incorporar arbitrariamente, como un trofeo de guerra, al supuesto diputado Flores. Diosdado Cabello ha irrespetado los derechos de Aranguren y ha incurrido en inconstitucionalidad al debatir el proyecto de Ley Habilitante con una composición política de la AN que es espuria e ilegítima. De ahí que todo engendro llamado Ley Habilitante que pueda emanar esta semana de la AN es nulo de toda nulidad.

NI NÍES

EL NACIONAL - Jueves 24 de Octubre de 2013     Opinión/7
Ni se compra ni se vende
VÍCTOR RODRÍGUEZ C.

Lejos de intentar crear un clima de paz y tranquilidad, el régimen de Maduro insiste en el espinoso camino de la confrontación, expresada en la brutal persecución e intimidación que se realiza en contra de los medios, un ejemplo, el periódico 2001, al que por cumplir con su deber de informar se le ha abierto un procedimiento dirigido por la misma fiscal general, una amenaza que ahora se extiende a otros medios como El Universal y El Nacional que, según Nicolás Maduro, estarían implicados en la "guerra económica" para justificar el precio del dólar fantasma; en el acoso a los diputados de la oposición a quienes se les pretende despojar de la inmunidad inherente a su cargo, que ocupan en representación del pueblo, Juan Carlos Caldera, "respetado y apreciado", según palabras de Maduro, y, la diputada Aranguren, del estado Monagas, representativa del número 99; y, en el acorralamiento de que son víctimas los gobernadores de las fuerzas democráticas, Capriles, sentenciado por el envalentonado teniente Cabello, quien ha también decidido arbitraria e ilegalmente suspender el derecho de palabra de decenas de miles de electores representados por Julio Borges y Nora Bracho, y Falcón, quien tenía que "retractarse" en menos de 24 horas, según pedido de Maduro, grosero ultimátum exprés.
La intimidación en práctica por el régimen bolivariano ataca directamente a todos los venezolanos que resultamos objeto de abominables medidas de control: entrega de divisas en forma de dádiva, inspecciones intimidatorias en fábricas y sitios de trabajo, dificultades para la obtención de documentos, férreo control de precios y sanciones por "acaparamiento" y "especulación", entre muchos otras, innecesarias todas, pero útiles, según ellos, para acorralarnos y mostrar que el poder rojo no cede ante encuestas ni derrotas.
Para afinar la persecución y el dominio, los "revolucionarios", ignorando deliberadamente la ley de 2003, promulgada por su eterno Chávez, preparan una ley habilitante que poco tiene que ver con la lucha contra la corrupción que los venezolanos exigen ahora más que nunca. El régimen prepara a la medida de la oposición un conjunto de leyes para afianzar su dominio.
El "ataque" a la corrupción que anuncia el régimen excluye actos que evidentemente constituyen delitos graves contra la cosa pública y la moral, cuya interpretación fiel pondría a más de uno vinculado al régimen, desde dentro o fuera del Ejecutivo, en serio aprietos. Los revolucionarios separan hábil y deliberadamente la "corrupción" de otras prácticas delictivas evidentes como el "tráfico de influencias", el "soborno", el "enriquecimiento ilícito" evidente este último por la "situación patrimonial" del investigado y por la forma de vida no cónsona con sus ingresos, simplemente, por el "incremento patrimonial desproporcionado" que no se puede justificar. También ignoran el abuso de funciones; el peculado, especialmente de uso; la concusión, cuando al funcionario público, abusando de sus funciones, constriñe o conduce a alguien a que dé o prometa, para sí mismo o para otro, una suma de dinero o cualquier otra ganancia o dádiva indebida.
Parece que a los "investigadores" y "contralores" del régimen no les interesa la declaración jurada del patrimonio, común en épocas de democracia, menos aún compararla con la riqueza evidente de algunos. Tampoco ven a los funcionarios y familiares que usan los bienes públicos en forma indebida, simple peculado de uso; menos a los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela que utilizan los recursos del Estado, las instituciones, los medios todos, para hacer campaña cuando la Ley contra la Corrupción de 2007 señala muy claramente que no se podrán usar los recursos públicos para favorecer partidos o proyectos políticos.
Lamentablemente, quienes mandan hoy en el país insisten torpemente en dividir y perseguir con el solo fin de afianzarse en el poder, fundándose en la destrucción del país y de las instituciones y del empobrecimiento de los venezolanos.
Pero en vano, como lo veremos el 8-D, otra fecha memorable en este proceso, cuando agotados por las falsas promesas y el fracaso de un régimen corrupto, entre colas humillantes para abastecerse y sobrevivir, como en tristes periodos de posguerra superados en otras partes, los venezolanos castigaremos a los candidatos impuestos por la cúpula roja y confirmaremos que la dignidad ni se compra ni se vende.

REFERENCIAS DE LEY (2)

Caracas, 15 de agosto de 2013

Ciudadano
VICTOR CLARK BOSCAN
SECRETARIO DE LA ASAMBLEA NACIONAL
Su Despacho.-

Quienes suscribimos, Parlamentarios del Bloque de la Unidad Democrática, cordial y respetuosamente nos dirigimos a usted, a fin de hacerle llegar las razones de nuestro VOTO SALVADO a la aprobación de la LEY ORGANICA DE CULTURA, de conformidad con el artículo 96 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, a objeto de dejar constancia escrita y que sea insertado en el Diario de Debates.
Esta ley muestra una notoria involución en relación a los proyectos anteriores luego de la aprobación de la Constitución de 1999. Especialmente en relación al proyecto del año 2002, el mejor sustentado jurídica y conceptualmente, el que mejor interpreta el texto constitucional y el único que fue realizado con participación de sectores no necesariamente afectos al oficialismo. Asimismo, el Proyecto de Ley no recoge una importante serie de experiencias legislativas producidas en el contexto de América Latina (Colombia, Brasil, Costa Rica, por ejemplo) ni las generadas en el seno de la UNESCO relativas a políticas, derechos y cooperación cultural internacional.
El concepto cerrado de la "identidad nacional" que contradice el sentido de diversidad anunciado en las definiciones del primer capítulo y los acuerdos internacionales que Venezuela ha firmado como el "Convenio de Promoción y Protección de la Diversidad de Manifestaciones Culturales" aprobado por la UNESCO en el año 2005. La redacción da a entender que el legislador parte de un concepto estereotipado, no declarado de forma explìcita, pero que rige todo el documento. El término "identidad nacional" como conjunto de rasgos que habría que "conservar", contradice la definición constitucional de que "la cultura en Venezuela es multiétnica, pluricultural, intercultural, dinámica e indisolublemente latinoamericana y caribeña". En democracia, lalibertad de expresión, pensamiento y creación asegura que la diversidad de registros, expresiones y formas de vida puedan tener existencia en el Estado nacional.
Esta ley tiene mucha vaguedad, imprecisión e inconsistencia conceptual y en el caso del sistema cultural, ello se despacha sin definir con precisión de que tipo de organización se hablan quiénes son sus integrantes, cómo opera y cuáles son sus atribuciones básicas.
En este instrumento legal, prácticamente el único actor, el sujeto y objeto de la Ley, es el Estado y el Poder Popular. No hay un reconocimiento explícito a la diversidad de personas, instituciones, asociaciones civiles, creadores, promotores, empresas, cofradías, ateneos, grupos que conforman, producen, gestionan y crean ese mundo diverso que es la vida cultural del país. En consecuencia, el profundo centralismo de esta ley contradiciendo la característica descentralizadora de la República, explica el trato superficial y el desconocimiento de las competencias culturales municipales previstas en el Artículo 178, Ordinal 1 (competencias municipales relacionadas con el patrimonio histórico) y 5 (relacionados con actividades e instalaciones culturales).
La ley también posee grandes omisiones de temas, campos e instrumentos que son fundamentales en la cultura contemporánea y en los modelos más adelantados de gestión cltural pública como industrias culturales e industrias creativas, la cultura digital y sus redes, el Plan Nacional de Cultura elaborado de manera participativa con presencia de todos los actores, que significa además, una manera de eliminar la improvisación y la arbitrariedad en la toma de decisiones y de dotar a los ciudadanos de criterios para evaluar las gestiones de gobierno.
También se desconoce el papel del sector privado, por su notorio, evidente y público rol de productor de arte y cultura, como en el de mecenazgo y auspicio en términos de responsabilidad social y sólo se incorpora como contribuyente obligado al Fondo Nacional de Cultura. Creemos, como representantes del pueblo, este Fondo, además de inconstitucional, constituye un abuso de poder y estrategia para acabar con el auspicio privado.
Esta ley reduce drásticamente la posibilidad para los actores culturales de obtener financiamiento privado, porque al establecer ese impuesto, elimina de hecho el financiamiento directo que se venía haciendo a la actividad cultural.
Creemos que la falla más grave es que esta Ley no recoge el espíritu fundamental de los tres artículos de la Constitución del Capítulo VI "De los Derechos Educativos y Culturales", el 98 que declara la libertad de la creación cultural, el 99 que declara a la cultura como bien irrenunciable (social y jurídico) del pueblo venezolano y el artículo 100, sobre la igualdad de las culturas.
La Libertad de Cultura debe ser el primer gran principio constitucional. Todas las leyes de cultura de los países democráticos, y èste es el punto central de todo el debate, parten del principio de que el papel del Estado será el mediador y facilitador del acceso a los ciudadanos a la cultura y la creación; se hace neceario, por lo tanto, un paralelo reforzamiento de la garantía de la libertad. Se debió garantizar que la intervención del Estado no va a penetrar la esencia misma de la cultura, sus contenidos, orientaciones ideológicas, éticas y estéticas

Diputados adscritos a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) / Asamblea Nacional
http://www.opinionynoticias.com/noticiaspolitica/16317-votos-salvados-en-aprobacion-de-ley-organica-de-cultura