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sábado, 7 de octubre de 2017

INÚTIL ESCARMIENTO

Nervio óptico
Luis Barragán

Disculpándonos por la nota personal, recordamos unas de las incursiones por estos años al Paseo de El Calvario. Ya, en la cima, el vigilante nos advirtió de la prohibición de fotografiar – por más privilegiado y tentador que fuese el ángulo – el Palacio de Miraflores, siendo muy lógica la respuesta que le dimos.

Las amplias y generosas posibilidades tecnológicas que existen para registrar todo lo que vemos, aún en países de un elocuente retraso, como el nuestro, hacen demasiado absurdo que nos haga reos potenciales de un delito que no existe. Sobre todo, por el harto conocido y universal principio de la tipificación previa, expresa e inequívoca, que ha de distinguirlo, dándole plena identidad a una delicada materia.

Pormenores aparte, recientemente,  una trabajadora social fue detenida después de fotografiar y difundir la escena de unas parturientas que se encontraban en la sala de espera del Seguro Social Pastor Oropeza de Barquisimeto.  La policía política divulgó la reseña hecha a una ciudadana que ejercía su muy constitucional derecho a la libre expresión, tratando de desviar la atención a los hechos que, natural y legítimamente, suelen escandalizarnos.

El propósito de escarmentar a la población y, específicamente, a los usuarios de las redes sociales, advierte una característica esencial de toda experiencia totalitaria: la de negar las realidades que genera, por dramáticas y visibles que fuesen.  Por muy fácil que sea fotografiar una determinada y concreta situación, reforzando el testimonio personal, habida cuenta de las herramientas  disponibles, como la de los móviles celulares, el deber de todo sojuzgado es el de mirar sin ver, callando.

Lenny Martínez, la trabajadora social en cuestión, ha sido expuesta al desprecio y escarnio público, o tal es la pretensión, ya que todos sabemos el motivo. En última instancia, delito es que haya parturientas en el piso o en las sillas, sin que la dirigencia del Estado, cuya prole viene al mundo en lugares muy distintos, incluyendo el extranjero, se haga responsable.

Un acto tan sencillo y espontáneo, como el de fotografiar, tratándose también de un cuadro familiar, supone el riesgo de revelar el paisaje de fondo. Negligente y hasta complaciente ante el hampa común,  ésta se encarga de impedir ese acto mientras las autoridades hacen lo propio, más aún, cuando la tarea no requiere de una mínima dosis de valentía y arrojo.

Por siempre nerviosa, la dictadura convierte en un crimen cualquier gesto de documentación de sus procederes y pareceres, pretendiendo – precisamente - una visión idílica de los acontecimientos que, quirúrgicamente, trata de censurar. No imaginamos el inmenso reservorio de los registros audiovisuales, fotográficos y sonoros que existen en el país, esperando a la superación definitiva del régimen, para mostrarlo tal como ha sido de acuerdo a la vivencia directa y doméstica de sus males.

Referencia:
Fotografías:

domingo, 10 de septiembre de 2017

PERPETUOS 50

EL NACIONAL, Caracas, 21 de agoto de 2017
50 años de prisión
Alberto Arteaga Sánchez

Al parecer, después de muchos años, hemos dado con la fórmula para lograr la paz, la reconciliación y el camino a la justicia por la vía de erradicar la impunidad. Se trata de la solución mágica de incrementar la pena de prisión, cuyo máximo es de 30 años, según la Constitución, a 50 años de cárcel.

No saben los proponentes de la moción sugerida que desde hace muchos años se ha estudiado el problema de las penas. El doctor Elio Gómez Grillo, constituyente de 1999 y autor del texto del artículo 272 de la vigente carta magna, respetado penitenciarista muy cercano al gobierno del presidente Chávez, insistió, hasta el cansancio, en la proposición de limitar la pena de cárcel y privilegiar su sustitución por otras formas alternativas al encierro.

Ya desde la época de Beccaria (1738-1794) se insistía en la importancia de la certeza de la pena o en su efectivo cumplimiento y no en la simple advertencia o amenaza de severas sanciones que no se cumplen, lo que ocurre entre nosotros pues, salvo en los casos de persecución política, una pena de 30 años simplemente se transforma, en los casos más graves, en una permanencia carcelaria de 7 u 8 años.

Ferrajoli, padre del garantismo penal, citado con frecuencia por la Sala Constitucional, considera “que la duración máxima de la pena privativa de libertad cualquiera que sea el delito cometido, podría muy bien reducirse, a corto plazo, a 10 años y acaso, a mediano plazo, a un tiempo todavía menor…” (Derecho y razón, p. 414).

Hay que reafirmarlo con seriedad y contundencia: el problema de la inseguridad y de la delincuencia no se remedia con la amenaza de la pena de muerte, de la cadena perpetua o de 50 años de prisión, aunque ello suene grato a los oídos de mucha gente.

La prevención del delito y el funcionamiento de un sistema de justicia confiable, imparcial y profesional, que comprometa por igual a la policía de investigaciones, a la Fiscalía, a los tribunales y al régimen penitenciario, son condiciones para reducir a términos tolerables las estadísticas aterradoras del delito en Venezuela y propiciar una lucha eficaz contra la violencia y la criminalidad.

Por lo demás, mencionar entre las categorías de delitos merecedores de las más graves sanciones a hechos punibles de traición a la patria, instigación al odio u otros delitos de abierta e imprecisa descripción, nos hace pensar en el ensañamiento contra los adversarios políticos y en los casos en los cuales sí se cumple con seguridad la pena impuesta.

Una vez más equivocamos el camino o reforzamos consignas carentes de todo fundamento, que solo alimentarán expectativas de un pueblo sediento de justicia y no de venganza.

Fuente:
http://www.el-nacional.com/noticias/columnista/anos-prision_199605
Composición gráfica: Toni Prat.

jueves, 27 de julio de 2017

LOMBROSIANOS



La juventud como delito

Luis Barragán

Anterior muletilla de moda, proveniente de la remota como celebérrima década de los sesenta del XX, hoy cobra una dramática e indeseable vigencia: ser joven es un delito. E, incluso, poco importa que sea adolescente, pues, policías y paramilitares buscan detenerlos o secuestrarlos, en hogares o calles, selectiva y masivamente.

Sabiéndolos en firme oposición y decidida protesta contra la dictadura, a los jóvenes se les avista, persigue, intimida y apresa con la facilidad de todo ensañamiento y ventajismo, aunque también con la dificultad que imponen sus naturales fuerzas y habilidades.  Sin dudas, gracias al constante acoso, son muchos los que han desarrollado destrezas frente a la inmediata actuación de los órganos represivos, ridiculizándolos más de las veces en el enorme teatro urbano de la protesta, expuestos a los reporteros gráficos nacionales e internacionales.

Bastará que un muchacho, fuese o no estudiante, empleado o buscador de empleo, ande por las calles para levantar la sospecha del represor uniformado o de civil.  Él y ella, de  pantalones largos o cortos, camisa o franela que redondeé su sencillez, con el paso aligerado por unos zapatos deportivos, cabellera escasa o profusa, con un morral grande o pequeño a cuestas y aún sin la simbólica gorra tricolor, atrevidos a alguna sonrisa, es suficiente motivo para su aprehensión o el vulgar despojo de sus pertenencias al mediar algunos golpes,  revelando la más íntima naturaleza del régimen.

De portar unos libros, algún instrumento musical o la más modesta bisutería, queda perfeccionada la percepción lombrosiana del represor que también busca el deseado móvil celular de sus sueños, un reloj pulsera o la cantidad de dinero que necesita, pisando los linderos de la extorsión de padres o representantes ya avisados. Tratamos acá sobre la lumpen-represión en la que lógicamente deriva el régimen, afectado socialmente el país por una intensa descomposición que hace de la anomia una ventaja para pocos, perjudicando al resto de los mortales.

Convertida toda espontaneidad en precaución, limitada la reposición de sus pertenencias y atuendos, él y ella van con su juvenil edad aventurándose por las calles. Además, consabido, muchos madrugan un día sábado o domingo, después de asistir a una fiesta, ya que deben quedarse toda la noche en la casa que hizo de sede, trastocada la calle en un coto de caza para el represor que se le ocurra levantarse temprano o, pasa igualmente, ha rumbeado y espera para él mismo una ocasión de volver seguro a casa.

23/07/2017:

sábado, 28 de enero de 2017

DE LA ÚNICA NOVEDAD



Actualización  y tipificación de un delito

“Los parlamentarios y todo Vente Venezuela rechaza y condena firmemente la violación de la inmunidad parlamentaria de la que ha sido objeto el colega Luis Florido”, expresó el diputado del partido azul Luis Barragán.

“Consideramos que hubo una detención del diputado Florido, aunque fuese por algunas horas, con la abusiva anulación del pasaporte de quien es – faltando poco – el  presidente de la Comisión de la Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional, acarreando las responsabilidades penales y administrativas de los mediatos e inmediatos funcionarios que incurrieron en un delito, mas no en una  momentánea retención y anecdótico despojo de su documentación legal. Recordemos, el artículo 200 constitucional establece expresa, clara e inequívocamente todo un complejo de inmunidades parlamentarias que constituye una prerrogativa para el mejor desempeño de la cámara, antes que una prerrogativa personal, pacíficamente aceptado por el constituyente de 1999, paradójica y significativamente, siendo uno de ellos Nicolás Maduro”.

Agregó el parlamentario por el estado Aragua: “Ciertamente, no constituye novedad alguna el atropello sufrido por el diputado Florido, al invocar además el precedente todavía inédito de una tal destitución administrativa que afectó a la entonces diputada María Corina Machado, en 2014. Y es que, como siempre se ha explicado histórica y universalmente la institución, el parlamento ha de reivindicarse todos los días resistiéndose al régimen socialista en el que no cabe, pero está llamado a superar de acuerdo a la propia Constitución de la República”.

Finalmente, el diputado Barragán propuso una inmediata reforma al Código Penal: “Desarrollando el texto constitucional, es necesario actualizar y  tipificar con mayor rigor el delito de violación de las inmunidades parlamentarias,  incluso, calificándolo para penas más severas. Sabemos de la situación real en la que se encuentra hoy la Asamblea Nacional, pero resulta aconsejable generar y sancionar una reforma de tal importancia que contribuya a salvaguardar – ahora y más adelante -  a la institución de las más arriesgadas circunstancias que vive y, por definición, seguirá viviendo para el restablecimiento del Estado Constitucional en Venezuela”.

28/01/2016:

sábado, 21 de enero de 2017

PERCEPCIÓN POLICIAL

Sobre la delincuencia vestimental
Luis Barragán


Consabido, en todo el país la criminalidad común llega a cotas antes impensables. El Estado poco o nada hace para combatirla o neutralizarla, privilegiando sus recursos para incurrir – paradójicamente – en la criminalidad política al desconocer la propia Constitución, sostener ilícitos grupos violentos de preservación del poder y, generalizada la denegación de justicia, encubrir a sus beneficiarios: a corto plazo, no hay consecuencia alguna respecto al desconocimiento del proceso revocatorio del mandato presidencial impecablemente iniciado, las tropelías de colectivos que asaltan a periodistas y mal administran los insumos alimenticios, la evasión del serísimo informe sobre la situación de PDVSA que emanó de una comisión parlamentaria, o de la absurda decisión del TSJ que autoriza el ejercicio del poder por individuos de doble nacionalidad, así expresa e inequívocamente lo negase el constituyente de 1999.

La ciudadanía observa la actuación policial en las calles con sobrada desconfianza, nacionalizado un cuerpo que, además, inutilizó el que más eficazmente ha de desempeñase a niveles regionales y municipales. En toda ciudad, los gendarmes se exhiben en cumplidas horas matutinas, nunca en las más urgidas, dirigiendo un poco el tránsito automotor, organizando las paradas del transporte público que nos permite sospechar de sendos acuerdos con la directiva de las líneas, deteniendo y revisando la documentación de los motorizados más humildes e inofensivos que no duermen hasta tarde como los caciques del hampa organizada, efectivamente descentralizada y duramente competitiva desde las barriadas que les sirven de fortaleza medioeval.

Hay etapas recurrentes para chequear a los transeúntes elegidos según el arbitrario vistazo del policía uniformado, relegarlos a un rincón de la calle o avenida, a la vista de todos, mientras revisan radialmente su documentación, conociéndose también del injusto despojo de pertenencias personales que constituye una temeridad denunciar. Por supuesto, a muy tempranas horas, raramente circulan en los sitios estratégicos de pueblos y ciudades, los pillos más peligrosos y, de tratarse del renglón de carteristas, arrebatadores u otros afines, la modalidad policial parece desaconsejable, remitiéndonos a una labor de inteligencia que pueda dar con los más hábiles bandidos de oportunidad.

Se impone la percepción de lo que cada agente policial entiende como un sospechoso,  haciendo de la pigmentación, la juventud,  la ropa, el modo de caminar, los zapatos,  los lentes obscuros o de un modesto morral,  un arquetipo cultural que se acerca demasiado a las convicciones aportadas por César Lombroso a la criminología.  Por lo menos, retienen a los sujetos por un tiempo considerable y, a menos que consienta  el soborno inmediato, algún equívoco o complicación cierta encarecerá todavía más la solución para lo que es una pesca de arrastre.

El delincuente vestimental, puede decirse, depende de los prejuicios personales de las autoridades policiales que anticipan una condena en las circunstancias menos peligrosas de la vida cotidiana, afectando derechos constitucionales como el de libre tránsito, por citar apenas uno.  Nunca será legítimo el desconocimiento de este derecho, pretextándolo por la también libérrima circulación de los hampones, un caso que se supone extraordinario y excepcional que amerita de respuestas extraordinarias y excepcionales como la debida pesquisa y aprehensión: para ello, dispone de recursos un Estado que tampoco puede pretextar sus precariedades presupuestarias, conocido el superávit que expone la policía política.

23/01/2017:
http://www.diariocontraste.com/2017/01/sobre-la-delincuencia-vestimental-por-luis-barragan-luisbarraganj/#

domingo, 11 de diciembre de 2016

¿UN CAÑÓN GIRATORIO?



Crimen y aldea monotemática

Luis Barragán

De acuerdo a las agencias internacionales de noticias, la diaria situación de violencia y narcotráfico en México,  adquiere cada vez una mayor gravedad.  Venezuela le compite y supera en  relación a la tasa anual de homicidios, aunque – importante diferencia – acá se diluye el debate con asombrosa rapidez.

Recientemente, el propio secretario mexicano de Defensa, general Salvador Cienfuegos, por cierto, desacostumbrado a los micrófonos, emitió unas declaraciones que levantaron la natural y necesaria polémica: “Esto no se resuelve a balazos”, siendo partidario del regreso de los soldados a sus cuarteles. Distinguiendo entre las tareas estrictamente militares y las policiales, en nuestro país todavía se confunden y ocurren hechos como el de la consabida masacre de Barlovento, negado el gobierno a la revisión y rectificación del modelo y dispositivo que ha empleado dizque para combatir el hampa común.

Marcando  el precedente de un iluminado, en una oportunidad Chávez Frías ordenó que cada buseta de transportación pública llevase a un efectivo de la Guardia Nacional para evitar los acostumbrados asaltos, aunque – todo un recurso de distracción – caricaturizó groseramente el problema e, imposible de atacarlo de tamaña manera, dejó un legado agudizado hasta lo indecible.  Y, de acuerdo a un criterio generalmente aceptado, nunca supo, ni sabrá su sucesor,  diferenciar  entre el tiro militar y el policial, por lo que las tristemente célebres OLP, en la que concursa la Fuerza Armada, no dan resultado alguno, remitiéndonos a una dimensión del asunto que encuentra absolutamente incapaz al gobierno de abordar y pretextar.

Por lo menos, un alto funcionario gubernamental coloca el acento en la prensa azteca, irradiando la preocupación a todos los sectores del país,  mientras que la (auto) censura, entre otros de los mecanismos en uso, impide el menor cuestionamiento del régimen venezolano, por más que ostente un récord nada envidiable de muertes callejeras por año. Destruida la institucionalidad misma del Estado que ha de velar por nuestra seguridad personal,  ha permitido la creación de sendos intereses mafiosos que pugnan por su consolidación, impidiendo cualesquiera discusiones que sobrepasen el simple escándalo de un evento que espera por otro, banalizando el drama.

En contraste con los viejos acontecimientos y épocas, en la aldea monotemática en la que nos convirtió, el gobierno no tolera ni tiene los especialistas que se atrevan a una aproximación al delito, desde la perspectiva de nuestro masivo y radical empobrecimiento, deterioro de los cuerpos de seguridad, la insufrible militarización o el descarado crimen organizado, por citar algunos de los aspectos ventilados comúnmente por los expertos. La versión oficial privilegia la satanización de sus cuestionantes y, no por casualidad, una estética del funcionario que, ya irremediable, brinda su interpretación disfrazado cual caballero medioeval con la armadura de estos tiempos: una marcialidad obscena que no se compadece con la muy particular guerra civil que el Estado, con su dolosa o culposa indiferencia, literalmente celebra suponiendo a todos escuálidos y, mejor, escuálidos desarmados, redondeándoles al enemigo ideal.

Referencias:
Fotografía: LB. No se trata de un cañón giratorio, mote - por cierto - dado a Fraga Iribarne en un viejo libro de entrevistas; ni una versión ultramoderna de dudoso diseño, disparador de balas y de rayos láser simultáneamente. La confusión puede resultar comprensible al confundirse propiamente las funciones policiales y militares. La gráfica se refiere a la mezcladora de cemento ubicada a las puertas de la vieja sede de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), objeto de una ya prolongada remodelación. 

12/12/2016: