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lunes, 18 de enero de 2016

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA

¿Elecciones auténticas en Venezuela?
Luis Barragán

Toda democracia se afianza (y autentica) a través de las elecciones auténticas, jerarquizadas como un derecho fundamental y, no por casualidad, el régimen denunció – tiempo atrás - el Pacto de San José que también así lo reconoce. .Y sobre la inautenticidad inherente al actual orden de cosas, luego de un inteligente y didáctico prólogo,  versan Antonio Canova González, Rosa E. Rodríguez Ortega y Tomás Arias Castillo, en una obra que sistematiza la materia y con un estilo lacónico y eficaz, por cierto, propio del buen litigante: “¿Elecciones auténticas en Venezuela?” Un análisis sobre la imparcialidad, el registro y el sistema automatizado” (Editorial Galipán, Caracas, 2015).

Antaño contribuidos por la antipolítica, el abstencionismo electoral y la desafección política también tuvieron un sentido estratégico para el otrora poder emergente que hizo de los comicios un instrumento generador de la desconfianza generalizada, asegurándolos para sí mediante el organismo electoral, la tecnología y la sobrerrepresentación.  Paradójica afirmación,  la vocación plebiscitaria del régimen se afincó en el discurso populista y las realizaciones prebendarias que atrajo y tuvo un soporte mínimo y considerable de votantes frente al desestímulo de las mayorías cada vez más crecientes que también padecieron el complejo de minorías: hubo  confianza exagerada y paciente en el cumplimiento de la promesa clientelar, a la vez que resignada y peligrosa impotencia ante la complejidad de los recursos electrónicos empleados que, sostenemos, expresó un aspecto importante de la guerra psicológica emprendida desde las más altas esferas del Estado.

Para el 6-D ya era imposible el más modesto gesto apático, evasivo o huidizo, sumergidos en una crisis nacional que se adueñó – sencillamente – de nuestros hogares, por lo que no valió el artilugio tecnológico, como las restantes herramientas políticas, propagandísticas y logísticas gubernamentales para revertir un resultado que, además, sospechamos, fue superior para la oposición democrática. Así, corroborando que los “electores no pasan súbitamente de ser abstencionistas consistentes a votantes asiduos” (89), a pesar de las incontables maniobras y amenazas oficialistas, la masiva asistencia de los descontentos y – su otra expresión -  la cautelosa inhibición de los adeptos, beneficiarios de algún dispositivo clientelar, traducen no pocos y todavía insuficientes años de lucha, principalmente sintetizados por el testimonio de movilización y determinación que arrojó el difícil despertar de los consabidos hechos de 2014. Empero, aunque el reciente triunfo opositor promete otros más sorprendentes aún, prevalecen las condiciones que convirtieron nuestros comicios entre  semicompetitivos o nada competitivos.

Comprobamos la confidencialidad del sufragio sobre la cual todavía pesa el mito interesado de su fragilidad, aunque sobreviven los otros factores que pudimos superar en diciembre próximo pasado, como la mediatización del ente comicial, el registro electoral y la automatización no transparente. Esta vez falló la correlación de las irregularidades que deriva del anormal crecimiento del registro, la irregular emisión de los documentos de identidad, las forzadas migraciones, la reaparición de los abstencionistas crónicos, el dudoso proceso de naturalizaciones o las oscuras transmisiones de datos (62, 96), impidiendo una auditoría verdadera (73).

La conversión innecesaria del Consejo Nacional Electoral (CNE) que – antes – cumplió convincentemente sus tareas (26 ss.), como también ocurrió con el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, en un órgano del Poder Público,  por ironía restó el equilibrio de los controles, pesos y contrapesos, que alguna vez expuso. De modo que, en principio, a la novísima Asamblea Nacional le corresponde reformar la Ley Orgánica de los Procesos Electorales e, incluso, asegurar la independencia del organismo comicial al revisar la composición de su rectorado.

Será posible con el decidido concurso de la sociedad civil y, específicamente, de la academia que ha participado activamente en el esfuerzo de desenmascaramiento de las trampas y triquiñuelas de la más alta sofisticación tecnológica  (71). Importa la multiplicación y especialización de sendas organizaciones no gubernamentales que,  a nivel nacional, regional y local, profundicen la lucha a favor de las elecciones auténticas, investiguen y contribuyan a su mejoramiento y, en definitiva, cuales escuelas de ciudadanía, retransmitan las experiencias conquistadas a las sucesivas generaciones, asociadas igualmente a los departamentos correspondientes de los partidos y gremios de toda índole.

Valga la sátira, la ya conocida impugnación de los tres parlamentarios del estado Amazonas por motivos que nos remiten a las inveteradas prácticas gubernamentales, si bien no afecta la correlación de fuerzas asamblearia, asoma cuán temeraria se harán las futuras actuaciones oficialistas con la ayuda del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia. Los victimarios trastocados en víctimas, repetirán el papel con el mismo descaro del opresor que trata de imputarle a la oposición los muertos de 2002 y 2014.

Fuente:

domingo, 13 de septiembre de 2015

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La neolengua del poder en Venezuela (y la sentenciadora)
Luis Barragán


Frecuentemente inadvertido, la corrupción del lenguaje constituye el mejor testimonio del proyecto totalitario que se realiza descomponiendo a sus propios agentes. Refuerzo indispensable éste, funda constantemente la vida cotidiana, legitimando la descomposición de los más elementales pareceres que hacen del destino compartido una hazaña de la supervivencia.

Antonio Canova González, Carlos Leáñez Aristimuño, Giuseppe Graterol Stefanelli, Luis A. Herrera Orellana y Marjuli Matheus Hidalgo, aportan sus esfuerzos de desenmascaramiento a través de un título de necesaria consulta, cuidadosamente editado, diseñado y diagramado: “La neolengua del poder en Venezuela. Dominación política y destrucción de la democracia” (Editorial Galipán, Caracas, 2015).  Trabajos bien fundamentados, concisos y eficaces que apuntan al irresponsable ejercicio de una dirección del Estado confiscado por una secta que, empeñada en prolongarse, ha dinamitado las instituciones, comenzando por la lengua.

Una dirección que compite deslealmente con sus adversarios, descalificados y criminalizados, inmediatamente auxiliada por el equipaje que tiene a la mano: significaciones, actitudes y expresiones que intentan subvertir las propias realidades, dislocándolas. Por ello, la célebre novela de George Orwell representa algo más que una remota noticia literaria, actualizándose en un país que jamás lo sospechó como resultado de sus dramáticas anticipaciones.

La “tribu postmoderna” en el poder, como podrán llamarla otros aventurados analistas, exponen una formación y una convicción personales insuficientemente hoy ponderadas, capaces de emplear las herramientas políticas que monopolizan, generando los estragos, con el auxilio – siempre complementario - de los especialistas en psicología social, por ejemplo. Donde hay víctimas de las epidemias, Nicolás Maduro dice guerra bacteriológica ocasionada por la derecha fascista (135), y será después la bien aceitada maquinaria publicitaria y propagandística la que perfeccionará la ocurrencia, agraciándola sistémicamente.

El proyecto político mismo, por esas acrobacias antes impensables en la democracia – mal que bien – que tuvimos, ha cuidado de esconder su esencia marxista-guevarista, inventándose todos los eufemismos posibles que pasan, incluso, por las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (46 s.). El empeño de la otra normalidad (72, 91), enfermizamente bifurcados, persigue masificarnos y atrofiarnos hasta extinguirnos como seres libres (155), abaratados los costos con el descuido deliberado del sistema educativo (76), obteniendo una elevada rentabilidad política con la programación de lo que pomposamente llaman sistema nacional de medios públicos: a guisa de ilustración, sublimándola, a Chávez Frías se le antojó llamarla guerrilla comunicacional y, luego, los más informados, como Jorge Giordani, apelaron – ornamentalizada -  a la hegemonía gramsciana.

Los autores en cuestión, dejan paciente constancia de los insultos que prodiga el poder en Venezuela, acuñando términos alternos (56, 32), otro ejemplo, pero también destacan – orientándonos – las respuestas necesarias para superar tamaño accidente histórica (102 ss., 168 ss.). Constatado el problema, procuran una orientación para recobrar el lenguaje que tiene su más exacta dimensión en la libertad y, agregaríamos, en la libertad liberadora.

Valdrá la pena darle continuidad a la tarea de desenmascaramiento y, si algún día la Asamblea Nacional los publica, dictaminar sobre los Diarios de Debates que ilustran o deben ilustrar la descomposición. Por cierto, disculpen la personal digresión,  luego de la sesión plenaria que se refirió a un proyecto de acuerdo a propósito de la muerte de Alexis Márquez Rodríguez, dudamos en proponer otra denominación para Internet, habida cuenta de la discusión pendiente del Proyecto de Ley de Comercio Electrónico, pues, un término  alternativo que surgió veinte años atrás, como la Infopista, pudiera dar ocasión para la promoción oficialista de palabrejas que sacralicen a la superautopista de la información como su obra,  así nos encontremos en un país de una gigantesca brecha digital.

La sentenciadora

Lejos nos encontramos de la estigmatización estrafalaria de Susana Barreiros, quien sentenció recientemente a Leopoldo López, a quien – por cierto – llama “Monstruo de Ramo Verde” un régimen que es el responsable de la represión y muerte de 43 jóvenes por 2014, además de las veinte y tantas mil muertes anuales. Únicamente deseamos constatar que la juez no tiene la trayectoria profesional ni una calificada carrera judicial para semejante responsabilidad y, por ello, se ha dicho, el consulado en Chile se ofrece como la inmoral premiación por su felonía.

Cabe exactamente la comparación, pues, antes,  buena parte de los jueces, aún los penales de tan arriesgadas funciones (de instrucción, instancia, superiores, magistrados), eran conocidos y reconocidos, comenzando porque informaban pública y libremente de sus decisiones autónomas. La opinión pública los seguía, avalados por esa trayectoria que también exponían para los ascensos, titulares de sus tribunales, con un ejercicio académico convincente, incluyendo a muchos de los que afrontaron los peligros de juzgar a quienes decidieron la insurrección armada. ¿Y ahora? Revisemos la prédica del “reformador judicial” por excelencia, Manuel Quijada, y de todas las promesas del constituyente de 1999 en el campo de la administración de justicia y en el de los establecimientos penitenciarios.

Fuentes:
http://www.lapatilla.com/site/2015/09/14/luis-barragan-la-neolengua-del-poder-en-venezuela-y-la-sentenciadora/
http://www.noticierodigital.com/2015/09/la-neolengua-del-poder-en-venezuela-y-la-sentenciadora/
http://www.noticierodigital.com/forum/viewtopic.php?t=1106287