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martes, 21 de febrero de 2017

BEMOLES

EL UNIVERSAL, Caracas, 20 de febrero de 2017
Representación política
Álvaro Montenegro Fortique

El asunto de la representación política ha sido el centro de numerosos debates desde los tiempos de la antigua Grecia, cuando Platón, Aristóteles y otros filósofos trataron el tema con mucha agudeza. San Agustín con su Ciudad de Dios, permitió apuntalar la visión platónica de la representación política, y hacer entender a la baja Edad Media que los reyes eran la representación de Dios en la Tierra. Esa explicación sirvió para legitimar el sistema político de Europa por mucho tiempo. Casi mil años después Santo Tomás de Aquino, con una mirada mucho más terrenal y siguiendo principios aristotélicos, permitió con sus reflexiones que pensadores posteriores como Marsilio de Padua, Pico Della Mirandola, Nicolás Maquiavelo y otros del Renacimiento, se plantearan nuevas preguntas sobre el derecho natural y las formas de gobierno, la representación política, soberanía, el poder legislativo, las mayorías, y las formas de representación.

Mucho después, en la Inglaterra de Thomas Hobbes y luego en la Francia de la Revolución, el debate sobre la representación política, nación, república y soberanía se avivó en una forma exponencial. La idea de una “democracia pura” se batía contra la democracia representativa. Pensadores tan profundos como Saint-Just, Rousseau, Guizot, Constant y otros, aportaban sus ideas a un forcejeo intelectual entre cómo definir al sujeto, ciudadano, o al individuo como representante de sí mismo. Si todos somos iguales a los ojos de Dios, ¿cómo hay un rey con más privilegios que todos los demás? ¿Cómo conciliar la libertad individual de decidir sobre la cosa pública, con la idea de delegación por medio de unos representantes ante una asamblea?

Uno de los pensadores de esa época que más aportó a esta polémica sobre representación política fue el abate Enmanuel-Joseph Sieyés, considerado como un actor político clave de su tiempo, cuya influencia se siente todavía hoy en día en los estudios de ciencias políticas. En sus Ensayos sobre los privilegios y ¿Qué es el tercer Estado?, este autor se deslinda del Ancien Régime y nos lanza definitivamente a navegar sobre la modernidad política, delineando claramente una idea de sujeto, división del trabajo, Nación, poder constituyente, representación política y poder constituido. Sieyés  parte de la definición del ciudadano, para llegar al concepto de Nación, que lo es todo. Además agrega que “todo es representación dentro del Estado social”. El autor era un firme defensor del gobierno por procuración, pero a la vez estaba claro en los límites que debía tener ese poder delegado.

El debate continúa en nuestros días, y pensadores como el filósofo postmarxista Antonio Negri, bajo una clara influencia de Spinoza, ha planteado explicaciones novedosas a la representación política. En sus obras Anomalía Salvaje, El Poder Constituyente, Multitud, Imperio, y Commonwealth, Negri nos pasea por términos como la Biopolítica, el Biopoder, el Estado-Nación, democracia, república, multitud y muchos otros que proponen miradas y lenguajes innovadores, para tratar de explicar algunas relaciones políticas globalizadas.

En un muy interesante curso del doctorado en Ciencias Políticas de la UCV, el destacado profesor Omar Noria, nos ha hecho comparar las lecturas de Sieyés con las de Toni Negri, para deliberar sobre el eterno debate entre Poder Constituyente y Poder Constituido. ¿Cuándo debe cesar, si es que debe, la acción del Poder Constituyente? Si la soberanía reside en el pueblo, entonces, ¿cómo se representa políticamente esa soberanía? Esas son preguntas que en Venezuela se deberían hacer los líderes más encumbrados del gobierno y de la oposición, para que con sus respuestas permitan a los ciudadanos tomar el protagonismo que les corresponde.

Fuente:
http://www.eluniversal.com/noticias/opinion/representacion-politica_639728

EL PAÍS, Madrid, 21 de febrero de 2017
 TRIBUNA
Populismos y representación
José María Maravall

 Por “populismo” me refiero, por un lado, a la representación política que algunos partidos, de izquierda y de derecha, se atribuyen; por otro lado, a las políticas que prometen. Declaran representar al “pueblo” —un conjunto heterogéneo pero todo él sometido a una “casta”. En lo que respecta a las políticas que proponen, no atienden nunca a sus consecuencias. Tampoco a los medios para atenderlas: todo depende de una “voluntad política” para la que supuestamente no existen restricciones.

Sus orígenes se encuentran en el movimiento de los naródniki, revolucionarios de clase media y media-alta que pretendieron movilizar al campesinado ruso en las décadas de 1860 y 1870. Estrategias parecidas han sido utilizadas con frecuencia. Marx analizó magistralmente un movimiento populista: el golpe de Estado de Luis Bonaparte en Francia: “un personaje mediocre y grotesco” convertido en un salvador del pueblo. Los teóricos italianos de fines del siglo 19 y comienzos del 20, precursores del fascismo, utilizaron la división casta/pueblo para irla progresivamente derivando hacia una teoría del “caudillaje” —un duce que enlazaba directamente con el pueblo, por encima de un sistema y unas élites corruptas. El “caudillaje” y el populismo han sido frecuentes en la política latinoamericana, un ejemplo siendo hoy día Nicolás Maduro. También en los Estados Unidos, sobre todo entre 1890 y 1930 -ahora Donald Trump constituye un caso extraordinario de populismo por su ataque al “sistema”, al establishment, y por unas políticas basadas en la xenofobia, el racismo y el proteccionismo.

Hoy día los populismos, tanto por lo que dicen representar como por las políticas que ofrecen, se han multiplicado. Ha sucedido en la Europa de las democracias tradicionales y “virtuosas”: en la Finlandia de los Verdaderos Finlandeses, en la Dinamarca del Partido Popular Danés (PPD), en la Holanda del Partido por la Libertad (VVD), en la Francia del Frente Nacional de Marine Le Pen, en la Inglaterra del triunfo del Brexit. Es también lo que alimenta el discurso dicotómico de “casta” y “pueblo” en la Italia de Beppe Grillo y el Movimento 5 Estrellas, así como en la España de Podemos —donde Pablo Iglesias ha declarado, por ejemplo, que él es como Donald Trump sólo que de izquierdas, después de haber afirmado que la diferencia entre izquierda y derecha había desaparecido.

El populismo es difícilmente compatible con la democracia . Los representantes elegidos son presentados como miembros más de “la casta”. El vínculo directo entre gobernantes y “pueblo” se ejercita mediante plebiscitos y referendos —un instrumento político manipulable donde los haya. Los organismos intermedios interfieren en ese vínculo —los Parlamentos, los congresos de los partidos, los órganos judiciales y los medios de comunicación independientes. En sus dos primeras semanas de mandato, Trump ha subvertido a jueces y medios de información contraponiéndoles al “pueblo” y dirigiéndose directamente a los ciudadanos. Se ignora lo que sabemos desde hace más de dos siglos —que en sociedades grandes y complejas, con intereses muy heterogéneos, la única democracia posible es la democracia representativa, con pesos y contrapesos entre los diferentes poderes, y que la “democracia directa” se opone a cualquier contenido deliberativo de la democracia. Que los mandatos imperativos y la revocación inmediata de los representantes y de los gobernantes son contrarios a los intereses de los ciudadanos: las condiciones iniciales suelen cambiar y no ajustar las políticas puede ser nefasto. Que por todo ello, los representantes deben siempre dar cuenta de sus decisiones, de cualquier cambio en sus promesas, y someterse al veredicto de los ciudadanos en las elecciones. El ataque a la democracia representativa, acompañado del populismo, es una amenaza real a las libertades.

El miedo es la base política de los populismos. La globalización puede generar ese miedo en el seno de los sectores más vulnerables a una internacionalización de las economías. Por eso los populistas les ofrecen levantar barreras proteccionistas —todo lo que Fernando Henrique Cardoso ha calificado como “utopías regresivas”. Volver a levantar los muros que mantuvieron en el subdesarrollo a los países pobres, impidiendo sus exportaciones competitivas. A lo largo de muchos años, suprimir esas barreras fue un objetivo de la socialdemocracia. No puede apartarse de ese camino, lo cual no significa aceptar una desregulación de los mercados de productos y de capital que se imponga a la política democrática. Mediante los Estado de Bienestar se han protegido a los sectores dañados por esa globalización creciente. Ha existido una asociación muy fuerte, con evidencia abrumadora, entre gasto social e internacionalización de las economías.

Pero el diseño del Estado de Bienestar tiene hoy que ser reformulado: no puede pasar a ser un instrumento para financiar el consumo de los grupos de ingresos altos; se tiene que definir mejor qué se entiende por “igualdad”, cómo eliminar discriminaciones sociales, cómo erradicar la “necesidad”, cómo generar oportunidades que eviten trampas sociales de las que no es posible salirse. Es necesario clarificar prioridades. Y la distribución no puede bloquear el crecimiento del bienestar de todos.

Los socialdemócratas tienen muchos deberes por hacer. Se habla mucho de “la crisis de la socialdemocracia” —hoy existen razones para ello. Si atendemos a las 17 democracias más asentadas de Europa*, entre las últimas elecciones celebradas antes del inicio de la crisis en 2008 y las últimas (en 2015 o 2016) el promedio del voto de los partidos socialdemócratas ha caído de un 28,2 % del voto a un 21,9 %, mas de seis puntos, mientras que el de los partidos de la derecha ha pasado de 31,3 % a 27,1 %, es decir más de cuatro —en buena parte afectados por el auge de un populismo xenófobo y reaccionario**. Las diferencias nacionales son relevantes: en la izquierda, frente a la perdida de un 85,6 % de sus votantes por el PASOK en Grecia, una subida de un 17% del PvdA en Holanda; en la derecha, una caída del 53,8 % en el caso del Popolo della Libertá en Italia, frente a un aumento del 90,1 % del voto de Høyre, el partido conservador en Noruega. A veces han caído conjuntamente los principales partidos de izquierda y derecha (en Grecia el voto conjunto bajó de 76,6 a 34,4 %; en Italia, de 84,3 a 47 %; en España, de 83,4 a 55,6 %). Y excepcionalmente subieron ambos, como en Alemania (de 56,8 a 67,2 %).

Europa es el reino de las coaliciones y los socialdemócratas están en el gobierno de nueve de esos 17 países —en seis lo presiden. Otra cosa es lo que hacen en el gobierno: la singularidad de sus políticas está muy desgastada y les resulta imprescindible replanteárselas como hicieron tras 1945 y en los años 60. Guiados por la igualdad, que representa su permanente seña de identidad, y dando prioridad a su negación extrema: la pobreza y la necesidad que viven los sectores más castigados por la desigualdad, tal vez el mayor coste social de la crisis. De forma que también ayude ese replanteamiento a frenar la política del miedo —y el voto de muchos trabajadores a partidos proteccionistas y reaccionarios.

(*)José María Maravall, sociólogo y político, fue ministro de Educación y Ciencia (1982-1988) en Gobiernos de Felipe González.
(**) Los países son Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Reino Uníido y Suecia.
(***) Considero siempre partidos, no familias ideológicas. Es decir, no escondo la crisis del PASOK en Grecia tras el auge de SYRIZA, ni la caída de Venstre en Dinamarca tras la subida del Dansk Folkeparti.
 
Fuente:
http://elpais.com/elpais/2017/02/15/opinion/1487155753_667877.html
Ilustración: Eduardo Estrada

sábado, 19 de abril de 2014

RIESGOS

EL PAÍS, 14 de mayo de 2013 
TRIBUNA
En el túnel
La desafección por la política, manifestada en opiniones y en el crecimiento de partidos populistas y xenófobos, indica que la democracia representativa afronta en toda Europa problemas serios
José María Maravall 

Estamos no solo ante una crisis económica muy grave, sino ante serios retos de la democracia representativa. Estos se manifiestan en un crecimiento de partidos populistas y xenófobos, situados en la extrema derecha, y también en una creciente desafección hacia las instituciones democráticas nacionales y hacia la Unión Europea. Es necesario hoy, tanto en España como en Europa, pensar y hacer más, no solo sobre la economía, sino sobre la democracia.
La simple descripción es complicada. La confianza en las instituciones nacionales ha caído de forma dramática en un corto espacio de tiempo. Según datos de fines de 2012 (Eurobarómetro 78, diciembre de 2012), solo un 28% de los ciudadanos de los 27 países de la Unión Europea confía en sus Parlamentos; un 27% en sus Gobiernos. Esto significa una reducción de 15 puntos respecto de la confianza existente cinco años atrás. La confianza en la Unión Europea es un poco más elevada: la mantiene un 33% de los ciudadanos. Pero su colapso ha sido más grave: 25 puntos en esos cinco años.
Es cierto que esta crisis de confianza en las instituciones varía mucho en el seno de los 27 países. Así, un 68% de los suecos confía en su Parlamento; un 59% en su Gobierno. Los porcentajes son también elevados en Finlandia, Dinamarca, Holanda o Austria. Por el contrario, en Italia o España solo un 11% y un 9%, respectivamente, confía en sus Parlamentos; un 17% y un 11% en sus Gobiernos. En España, ante el clamor de “lo llaman democracia y no lo es” o “no nos representan”, la “política del avestruz” sería irresponsable.
Cabría también pensar que los problemas de la democracia no afectan a los países “virtuosos”. Si bien es verdad que sus ciudadanos son mucho más benevolentes hacia las instituciones democráticas, los problemas políticos son considerables. En particular, ha sido en estos países donde los partidos de extrema derecha han crecido de forma más considerable, arrojando sombras sobre el sistema político.
España es hoy el paíde la UE con mayor desigualdad, frente a lo que ocurría en los años ochenta.
Sabemos que en Francia, el Frente Nacional tiene en estos momentos una intención de voto de un 11% (encuesta de Le Figaro); que en Reino Unido, el UKIP (United Kingdom Independence Party) atrae un 23% de la intención de voto (encuesta de la BBC). En Austria, un país que ha figurado como ejemplo de gestión de la crisis económica, la extrema derecha en su conjunto (el Partido Liberal —Freiheitliche Partei Österreichs— y la Unión por el Futuro —Bündnis Zukunft Österreich—) fue respaldada por un 29% en las elecciones de 2008. Hoy el Partido Liberal por sí solo tiene una intención de voto de un 27%. En Finlandia, otro ejemplo de “virtud”, el Partido de los Verdaderos Finlandeses (Perussuomalaiset) obtuvo un 19% de los votos en las elecciones de 2011, convirtiéndose en el tercer partido del país.
Es cierto que en otros dos países “virtuosos”, Holanda y Dinamarca, los apoyos de la extrema derecha se han reducido en las últimas elecciones. Pero en todos los casos, el apoyo electoral a la extrema derecha es superior al que tiene en Grecia el partido neonazi Aurora Dorada, que alcanza hoy el 10% de la intención de voto. Ni en Portugal ni en España han surgido partidos políticos de este corte.

Esta desafección, manifestada tanto en opiniones como en el auge de partidos racistas y antisistema, indica que la democracia representativa afronta en toda Europa problemas serios. Sin embargo, en la Unión Europea apenas se ha prestado atención a la democracia. Y tanto sus instituciones como sus políticas han contribuido a extender la sensación de que “no hay alternativa”. Si los ciudadanos entienden que tanto con el Gobierno como con la oposición la política será la misma, concluirán que “todos los políticos son iguales”, que “los políticos siempre mienten”: ofrecerán promesas diferentes pero luego las traicionarán para hacer lo mismo. Las elecciones serán en tal caso una pantomima: unos votos irrelevantes para las políticas subsiguientes.
Sin embargo, este diagnóstico facilita que ganen malos gobernantes, daña a la democracia y socava el apoyo a la UE. Debería resultar obvio que la protección de los derechos varía en sus países según quién gobierne, ya se trate de la despenalización del aborto, del matrimonio entre personas del mismo sexo, de la educación y de la sanidad públicas. Lo mismo sucede respecto de la igualdad. Hoy día los ingresos del 20% más rico de los españoles son 6,8 veces superiores a los del 20% más pobre (Eurostat, Statistics on income and living conditions, 2013). Somos el país con mayor desigualdad en el seno de la UE, el doble de la existente en Suecia, Dinamarca, Austria, Holanda o Bélgica. Esta desigualdad, por el contrario, se redujo sustancialmente en España a lo largo de la década de los ochenta. Los años en que ha gobernado la socialdemocracia en un país son una causa fundamental de que las diferencias en las condiciones de vida de los ciudadanos sean menores.
La desesperanza deriva en buena parte de que los políticos no hablan de en qué país querrían vivir.
Ello es compatible con la eficacia económica en el seno de la UE. Ni la globalización ni la ortodoxia económica han uniformizado las políticas. Por poner ejemplos, Dinamarca, Suecia y Finlandia han sido los países que han cumplido de forma más rigurosa la regla de estabilidad presupuestaria desde 1999. A la vez, en estos países el gasto público representó en 2011 más de un 50% del PIB. Es decir, Gobiernos con economías muy competitivas alcanzaron un equilibrio fiscal mediante un gasto público y unos ingresos fiscales simultáneamente altos.
Por el contrario, el Programa de Estabilidad que acaba de presentar Rajoy prevé que el gasto público se reduzca hasta un 38% del PIB en 2015, y que la recaudación fiscal sea aún más anémica. Esa es una ingente diferencia política. Un Estado así no podrá cumplir con las obligaciones de atender a las necesidades de sus ciudadanos: esa atención dependerá de los medios económicos de que dispongan. Piénsese, sin embargo, que en España el desequilibrio presupuestario no se ha debido a un gasto público descontrolado, sino a unos ingresos fiscales anémicos que se derrumbaron seis puntos del PIB en cuatro años y son ahora nueve puntos inferiores al promedio de la UE. Sin embargo, en vez de reducir el fraude fiscal, la amnistía decretada por el Gobierno no ha incrementado la recaudación, simplemente ha legalizado a los defraudadores.
Si no caben en Europa devaluaciones de la moneda, “devaluaciones internas” pueden ser inevitables para recuperar competitividad, pero esta no se consigue solo con reducciones de los costes laborales, sino con una inversión pública que incremente la productividad de los factores, en una educación y formación adecuadas, en I+D+I, en infraestructuras. Las diferencias en el seno de la UE son ingentes. Si para un país como España, tan escasa de ahorro interno, atraer inversión exterior resulta esencial, sabemos que ello depende del equilibrio macroeconómico, de una fiscalidad predecible, de la estabilidad política. Ello no son rasgos de la izquierda o de la derecha. Sí lo son los niveles y los componentes del gasto y de los ingresos públicos. No, no todos los partidos son iguales.
La desesperanza con la política deriva en buena parte de que los políticos no hablan de en qué país querrían vivir al final del túnel, para que se entiendan sus políticas. Al revés de Rajoy, Felipe González no atribuyó la responsabilidad de políticas de ajuste a la UE o al FMI, no dijo nunca que él y los españoles carecían de elección. Dijo también que al final de un túnel que podía durar 10 años, su objetivo era un país que se respetara a sí mismo —es decir, que protegiera a sus ancianos, atendiera a las personas necesitadas, ofreciera oportunidades a sus jóvenes— y que por ello fuera respetado internacionalmente. Hoy, por el contrario, nadie indica dirección alguna. Así, con angustia y desconcierto, los ciudadanos piensan que en este sistema no hay alternativa y no saben qué les espera. Pero la necesaria desconfianza no puede derivar en ceguera.
(*) José María Maravall, sociólogo y político, fue ministro de Educación y Ciencia (1982-1988) en los Gobiernos de Felipe González. Acaba de publicar Las promesas políticas (Galaxia Gutenberg / Círculo de Lectores).
Ilustraciones: Eva Vázquez, tomadas de la red.

sábado, 21 de diciembre de 2013

SOBRE LA (IM) PUNTUALIDAD CÍVICA

EL PAÍS, Madrid, 16 de septiembre de 2013
LA CUARTA PÁGINA
Más participación para salvar la política
Las tribulaciones han engendrado multitud de ocurrencias sobre leyes de partidos y cambios electorales. Pero el único remedio es una mayor implicación de los ciudadanos y una reforma constitucional
José María Maravall 

En tiempos de tribulación abundan las ocurrencias. Como decía Robert Lynd, para “dar clases de navegación mientras el barco se hunde”. Entiendo por “ocurrencias” diagnósticos y propuestas que se realizan con insuficiente reflexión.
Una primera ocurrencia consiste en atribuir nuestros males a una “élite extractiva”: nuestros políticos. Se abusa de un concepto de Daren Acemoglu y James Robinson, que deriva de ideas de un Nobel de Economía, Douglass North. Una “élite extractiva” goza de impunidad para ignorar los intereses generales y explotar a la población —ya sea en el Congo, Sierra Leona, Haití o Rusia—. El concepto no sirve para interpretar el oscuro túnel por el que pasa la política española.
Se utiliza este concepto respecto de los “políticos”, no respecto de banqueros o empresarios. Pero los primeros dependen de los votos; los segundos, no. Si los políticos fuesen una “casta” que expoliase a los ciudadanos, no se explicarían diferencias entre ellos. Pero Bachelet o Brandt no son Berlusconi; Palme no es Andreotti o Aznar. Hablar de una “élite extractiva” resulta más exótico que afirmar que “todos los políticos son iguales”, pero no arroja ninguna luz sobre la política.
Si los políticos fuesen una casta que expolia a los ciudadanos no habría las diferencias que hay entre ellos
Una segunda ocurrencia es asignar los males a la transición a la democracia. Una benevolencia con el franquismo, unas estrategias de consenso, una Constitución pactada generaron una “casta política” aislada respecto de los ciudadanos. Sin embargo, la movilización ciudadana fue considerable, muy superior a Grecia, Chile, Brasil, Argentina o Hungría. Los franquistas se opusieron violentamente a la Constitución de 1978, con dos golpes militares en febrero de 1981 y junio de 1985 e innumerables conspiraciones. La Transición no fue pacífica: hubo más de 660 muertos entre 1975 y 1982, una violencia muy superior a la habida en Grecia o Portugal, exhaustivamente analizada por Ignacio Sánchez-Cuenca.
Muchas ocurrencias se refieren al sistema electoral. Pretenden, por una parte, reducir la distancia entre políticos y ciudadanos; por otra, acabar con el bipartidismo y reflejar mejor la diversidad de preferencias de los ciudadanos.
Para el primer objetivo, se defiende la introducción de un sistema mayoritario. Pero en Estados Unidos solo vota la mitad de la población. Un sistema mayoritario no permite tampoco la entrada de más partidos sino que refuerza el bipartidismo. Y en sociedades polarizadas, con intereses divergentes e intensos, los conflictos civiles son mucho más probables. Para el segundo, se propone lo opuesto: una mayor proporcionalidad. Si aumenta el número de partidos, genera también Gobiernos de coalición —según Schumpeter, “el reino de los políticos”—. Aquí, a espaldas de los ciudadanos, los políticos hacen y deshacen Gobiernos. Los ciudadanos pueden elegir en un menú más abundante, pero pierden el control de los gobernantes: en las coaliciones, el 61% de los cambios de primeros ministros se deben a conspiraciones de otros políticos, no al voto de los ciudadanos.
La Transición no fue pacífica: más de 660 muertos entre 1975 y 1982, muchos más que en Grecia o Portugal
Los objetivos de representar más fielmente las preferencias de los ciudadanos, de acercar los ciudadanos a los políticos y de controlar mejor a los Gobiernos, no son fácilmente compatibles. Por tanto, se deben abordar con cuidado. Téngase en cuenta que el sistema español, de proporcionalidad muy corregida, ha dado lugar durante 23 años a Gobiernos minoritarios dependientes del apoyo parlamentario de otros partidos: cinco años con Suárez, siete con González, cuatro con Aznar, siete con Zapatero. Desde 1977 se han producido cuatro cambios de Gobierno (1982, 1996, 2004, 2011), frente a solo tres en los casos de Gran Bretaña (1979, 1997, 2010) o Alemania (1981, 1998, 2005) —con dos sistemas electorales muy apreciados por los “reformadores”—. Si queremos reformarlo, hay que pensar con cuidado en la alternativa.
Veamos el sistema electoral alemán. La mitad de los escaños se asignan según los votos a listas de los partidos; la otra mitad, según los votos a candidatos en circunscripciones uninominales. Los resultados electorales serían equivalentes al sistema español. Solo cambiarían si se introdujeran en España circunscripciones pequeñas o medianas, en torno a siete diputados cada una. Alberto Penadés lo ha mostrado de forma muy convincente. Si podrían producirse cambios en la calidad de los candidatos en las circunscripciones uninominales, así como en la relación entre votantes y representantes. Aquí radica para mí el mayor interés del sistema alemán.
Otras ocurrencias tienen que ver con la selección negativa de nuestros políticos. Este es, sin duda, uno de los principales problemas de la democracia. Pero cuanto más se denigre la política, peores serán aquellos que se dediquen a ella. Muchas propuestas para “mejorarla” son dudosas:
—Una “ley de partidos” no constituye una varita mágica. En los países donde funcionan bien, esa ley no existe; ni los congresos ni la selección de candidatos se regulan por ley. Países con partidos abiertos y democráticos disponen de reglas similares a las españolas.
—Elecciones primarias pueden ser plebiscitos escasamente democráticos. Tony Blair utilizó consultas directas a los afiliados para saltarse los controles intermedios del partido laborista. No entiendo por qué una mayor democracia interna consiste en desarbolar los órganos de representación y control internos. Deseo un debate público de calidad y las primarias no lo aseguran.
—Circunscripciones uninominales y listas abiertas pueden permitir una mayor autonomía de los representantes respecto de la dirección central de su partido. Pero cabe que generen caciques con apoyos propios, independientes de la dirección del partido. No existe en Estados Unidos una mayor limpieza de la política; sí una mayor influencia del dinero y chantajes como los de la National Rifle Association.
Cataluña, la política fiscal, la crisis del euro, el gasto social, la UE: esos sí son problemas serios
Sin duda la disciplina de los grupos parlamentarios resulta penosa. Fernando Abril Martorell la defendió en su día para evitar que los partidos se convirtieran en “una especie en vías de extinción”: ese momento sin duda ha pasado. Pero un partido con múltiples posiciones suele ser rechazado: los ciudadanos no saben a cuál de esas posiciones atenerse. Y los debates internos con frecuencia se interpretan como peleas por el poder. Lo que los ciudadanos en las 21 democracias parlamentarias de la OCDE apoyan es una peculiar mezcla de participación y autoridad, ambas democráticas.
No pienso que existan remedios institucionales mágicos a las carencias de nuestra vida política, pero no acepto resignación y fatalismo. Creo que la solución podrá venir de una mayor participación política en una sociedad largo tiempo desmovilizada; de ciudadanos que defiendan activamente aquello en lo que crean, fuera o dentro de los partidos; de que medios de comunicación y jueces desempeñen adecuadamente su papel de control. De que los ciudadanos mantengan toda la desconfianza política, pero sin ceguera alguna: descalificaciones genéricas de la política y de los políticos socavan la democracia. Nunca he comprendido por qué uno es felicitado por no volver a la política en vez de ser criticado.
Apoyo una reforma constitucional. Quiero un Estado laico de verdad; un mejor acomodo para Cataluña, cuya autonomía tiene una razón de ser muy diferente de aquellas para las que se pensó el artículo 143 de la Constitución; una Monarquía transparente y que rinda cuentas; una educación pública cuyo refuerzo requiere reformar el artículo 27 de la Constitución; una sanidad pública tratada como un derecho no relegado al artículo 43. Pero no basta con que yo lo quiera.
Una reforma constitucional no se puede justificar con el argumento de Jefferson de que una generación no puede ser gobernada por una Constitución elaborada por una generación anterior. La opinión de Madison ha prevalecido en todas las democracias: si una generación ha tenido que hacer frente al caos, ese caos no tiene por qué ser sufrido por generaciones siguientes. Las reformas solo se justifican con argumentos rigurosos acerca de problemas muy serios. Por poner algunos ejemplos: Cataluña, la política fiscal, la crisis del euro, programas de gasto social no redistributivo, la dirección política de la Unión Europea. Si no es así, reformar o renovar solo consistirá en fichar a un Justin Bieber; en sustituir ideas por palabras retóricas.
(*) José María Maravall, sociólogo y político, fue ministro de Educación y Ciencia (1982-1988) en Gobiernos de Felipe González. Su libro más reciente es Las promesas políticas (Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores).
Ilustración: Chema Madoz.