Del Estado y la sociedad fallidos
Luis Barragán
Recordamos dos viejos y contrastantes reportajes sobre la realidad penitenciaria venezolana: uno, a finales de los ’50 del ‘XX, publicado por la revista Élite o Momento, destacando las fotografías de reclusos de limpio uniforme en ambientes ordenados; y el otro, a mediados de los ’70, por la revista Resumen, con una encendida denuncia y sobria interpretación del infierno carcelario. En tiempos de libertades púbicas o no, por siempre la opinión ciudadana fue sensible al problema y solían concurrir los especialistas a los medios para dirimirlo, orientándola sobre bases ciertas. Sin embargo, ahora que el país ostenta un ministerio pretendidamente experto, e, incluso, forzado el parlamento a crear la comisión permanente correspondiente, como vemos, el asunto no estriba en el diseño institucional, sino en la propia e íntima naturaleza del actual desorden establecido.
La matanza de más de 40 personas en el centro penitenciario de Los Llanos, en la ciudad de Guanare, ilustra muy bien la suerte de los sectores radicalmente empobrecidos de una sociedad que, por lo demás, ha visto y padecido el ascenso del pranato, una excrecencia que, al igual que la llamada boliburguesía, constituye el aporte histórico del socialismo rentístico en franco proceso de descomposición que nos arrastra o pretende arrastrarnos a todos. Por lo demás, actualiza aquella sentencia de Georgio Agamben sobre el Estado que decide sobre la vida y la muerte de la población, más aún al tratarse del acto de absoluta disposición física que tiene y dice tener respecto a los reclusos, en abierto y claro desafío a los derechos fundamentales.
E, igualmente, más allá de la lamentable noticia, avisa de la condición o carácter de Estado Fallido que ha ganado, pasando aún por las distintas concepciones teóricas que el término sugiere. Una de ellas, la incapacidad manifiesta de proteger la vida e integridad personal de los habitantes, desbordado por las improvisaciones; o, peor, impotente para encarar las consecuencias de sus decisiones, esta vez, presenciamos una deliberada incapacidad de protección, enteramente privilegiada la suerte de los prohombres del régimen.
Siendo otra faceta del biopoder, ante el temible avance del general Covid19, semanas atrás, fue decidida la excarcelación de centenares de procesados o reos por delitos comunes, sin que trascendiera la más modesta información sobre las causas que así lo autorizaban. Negada toda ponderación en torno a la peligrosidad de los ex – presidiarios comunes, obviamente, lució más fácil descargar los espacios físicos que se suponen especializados para el tratamiento de quienes tienen o pueden tener cuentas pendientes con el Estado de una exclusiva responsabilidad punitiva, no lo olvidemos, transfiriéndole al resto de la sociedad la lidia con un problema añadido a todos los consabidos.
Luego, tanto o más grave que el coronavirus, el Estado Fallido que pareció no serlo en sus etapas de incubación, persigue como objetivo el logro de una sociedad fallida a la que impúdicamente contamina, comenzando por el lenguaje, intentando una definitiva capitulación y resignación ante el feroz asedio. Y, a la vez, en el contexto internacional, cree solaparse, confundiendo el propio motivo de una oportuna intervención humanitaria.
Referencias:
Cfr.
