DETRÁS DE LA MORISQUETA, ESTABA LA GRACIA

CIUDAD CARACAS, 25 de Julio de 2012
Venezuela se retira de la CIDH

El presidente de la República, Hugo Chávez Frías, ratificó ayer que Venezuela se retira de la Corte Interamericana de los Derechos humanos (CIDH)”.
“Le dije a Nicolás Maduro anoche, Nicolás no esperemos más, Venezuela se retira de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por dignidad, y la acusamos ante el mundo de ser indigna de llevar ese nombre de derechos humanos, imagínate tú”.
Así lo anunció durante los actos de celebración por el 189º aniversario de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo y el Día de la Armada Nacional Bolivariana. Celebración que se llevó a cabo en Puerto Cabello, estado Carabobo.
El Presidente tomó la decisión luego de que la CIDH fallara a favor de Raúl Díaz Peña, autor de los atentados terroristas contra el Consulado General de la República de Colombia y la Oficina de Comercio del Reino de España en Venezuela en 2003. Por estos hechos Díaz fue sentenciado por los delitos de intimación pública, daños a la propiedad pública y lesiones leves, a cumplir nueve años y cuatro meses de prisión, dice un comunicado de Cancillería.
Chávez recordó que Díaz es “un prófugo” de la justicia, porque no terminó de cumplir su condena y huyó del país.
El fallo de la CIDH del 20 de julio acusa al Estado venezolano de ser “internacionalmente responsable por la violación del derecho a la integridad personal y por los tratos inhumanos y degradantes en perjuicio del señor Raúl José Díaz Peña”, señala AVN.
Chávez aseguró que el fallo de la CIDH “es una gran manipulación política. Son agresiones contra nosotros por atrevernos a ser libres”. Indicó que con esta medida la CIDH vuelve “a atropellar a Venezuela, a atropellar el derecho internacional y a ofender la dignidad de todo un pueblo, el venezolano”.
RATIFICA APOYO A LA ARMADA Y A LA FANB
El jefe de Estado ratificó su apoyo a la Armada Nacional Bolivariana y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y anunció que continuará fortaleciéndolas.
En ese sentido anunció que aprobó un proyecto financiado por la República Popular China para fortalecer la infantería de Marina.
Chávez condecoró a integrantes de la Armada y ascendió a altos oficiales de esta institución y de la FANB, hizo un llamado a los venezolanos a no dejarse “manipular” por la oposición, quienes “están diciendo que el Consejo Nacional Electoral (CNE) está preparando el fraude”.
Chávez, quien pidió respeto por la soberanía de los países, criticó que la empresa española Repsol, intente demandar a Argentina. “Queremos seguir trabajando con Repsol en Suramérica, pero deben entender que meterse con Argentina nos afecta a nosotros, porque somos una sola gran patria”.
Armada Nacional Bolivariana es socialista
“Frente a este inmenso mar ratifico que la Armada Bolivariana está sumada a la intención geopolítica del Estado socialista, única vía de acceso para alcanzar los más sublimes objetivos nacionales”.
Así lo aseguró ayer el almirante Diego Molero Bellavia, comandante general de la Armada Nacional Bolivariana, durante los actos realizados en honor a la Armada en Puerto Cabello.
En nombre de la Armada agradeció al jefe de Estado por su apoyo y confianza con los marinos, “le ratificamos que estamos con usted en este proyecto bolivariano, socialista y antiimperialista y que con nuestra vela desplegada avanzamos hacia la independencia plena de la patria grande de Bolívar”.
Morelo ratificó que la Armada Bolivariana está obligada a vigilar permanentemente y proteger la soberanía de la Patria.
YULEIDYS HERNÁNDEZ TOLEDO/CIUDAD CCS

CONSTRUYENDO UNA GRAN PRISIÓN

EL NACIONAL - Viernes 08 de Junio de 2012     Opinión/9
¡Para qué la CIDH!
HÉCTOR FAÚNDEZ LEDESMA

En la última Asamblea General de la OEA, celebrada en Cochabamba, Bolivia, del 3 al 5 de junio pasado, con el pretexto de fortalecer el sistema interamericano de derechos humanos, Venezuela, Ecuador y Brasil, con el apoyo del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, continuaron una campaña dirigida a debilitar o, de ser posible, desmantelar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En este sentido, el lunes pasado, en una breve aparición pública, el presidente Chávez se preguntó para qué se necesita una Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La pregunta es pertinente, y merece ser respondida.

Hitler, Mussolini, Franco, Stalin, Idi Amín, o Pol Pot, no se sentían sometidos a estándares internacionales que debían respetar, y no tuvieron que responder ante ninguna instancia internacional por la forma como trataban a sus pueblos. Por el contrario, en nuestro continente, dictadores como Pinochet, Videla, o Ríos Montt, debieron enfrentarse a una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, aunque con escasos poderes, tuvo oportunidad de visitar esos países (con el consentimiento de los tiranos), rescatar de la tortura a muchas víctimas, e incluso salvar vidas humanas. Los informes de la CIDH denunciaron ante el mundo lo que estaba pasando en esos países, e hicieron posible que la presión internacional pusiera fin a esos regímenes detestables.

El Gobierno de El Salvador debió responder ante la CIDH por el asesinato de los sacerdotes jesuitas, del mismo modo que el régimen de Fujimori encontró en la CIDH un obstáculo más para avanzar en sus propósitos dictatoriales. Tiranías de izquierda y de derecha han debido responder ante esa instancia internacional.

Incluso en países con cierta cultura democrática, la labor de la CIDH también ha tenido un impacto notable. Discrepancias razonables en torno al alcance de los derechos humanos, de sus limitaciones o de las restricciones legítimas que se pueden imponer a tales derechos en una sociedad democrática han sido abordadas por la CIDH, lo que derivado en reformas legislativas, en cambios en las prácticas policiales o militares, y en modificaciones en las tendencias jurisprudenciales. Para los Estados que tienen un compromiso genuino con el respeto a los derechos humanos, la actuación de la CIDH nunca ha sido traumática, ni se ha percibido como una amenaza para la soberanía nacional. Por eso, cuando los electores sustituyan a este gobierno, muchos chavistas se arrepentirán de no haber levantado su voz para defender a la CIDH.

Los regímenes de Pinochet y de Somoza se enfrentaron con virulencia a la CIDH, la acusaron de violar el derecho de defensa del Estado, de inmiscuirse en sus asuntos internos, de atentar contra la soberanía nacional, y de ser un instrumento al servicio de Estados Unidos. Llama la atención que el presidente Chávez recurra al mismo lenguaje y a los mismos argumentos de dictadores de extrema derecha para descalificar a un órgano encargado de proteger a los ciudadanos cuyos derechos han sido conculcados. Es irónico que un gobierno que se niega a acatar las decisiones de la Comisión y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos proponga crear nuevos mecanismos de protección de los derechos humanos, en el marco del Celac o de Unasur. ¿Para qué? ¿Por qué hay que desmantelar una instancia que les ofrece garantías a los ciudadanos, y sustituirla por un órgano que, sin duda, carecerá de independencia e imparcialidad? La pregunta es ¿por qué Chávez le teme a la CIDH y no permite que ésta visite Venezuela? La respuesta a su pregunta es simple, Presidente: la CIDH sirve para protegernos de gobernantes como usted.

PROFESIÓN U OFICIO: LA DEFENSA DE LOS DEMÁS

EL NACIONAL - Domingo 13 de Mayo de 2012     Siete Días/3
entrevista
Ligia Bolívar
"Los venezolanos no quedarán en situación de indefensión total"
La experta afirma que denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos no exonera a Venezuela de sus otras responsabilidades ni a la CIDH de velar por el respeto de los derechos humanos en el país. Para que una sociedad sane heridas, asegura, requiere transitar un proceso de verdad, justicia y reconciliación, en ese orden
TAL LEVY

" El Gobierno ha entendido inteligentemente, pero con una inteligencia que se usa para hacer daño, que no hace falta aplastar masivamente; con que haga un gesto simbólico y contundente es suficiente para transmitir el mensaje. Eso sucedió con las emisoras de radio, cuando cerraron treinta y pico, y con el caso de María Lourdes Afiuni. Para qué encarcelar a más jueces si hay una que me recuerda todo el tiempo lo que me puede suceder si pongo en tela de juicio las indicaciones que vienen de arriba y aplico instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos", afirma Ligia Bolívar, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello.

"Cuando se empezó a criminalizar la cooperación internacional, a los defensores de los derechos humanos, no se llegó a aprobar la Ley de Cooperación Internacional pero el efecto fue el retiro o una mayor cautela de muchos donantes", señala Bolívar, quien alerta sobre la aplicación indirecta, por la vía de los hechos, de esta ley no promulgada. "Eso sucede cuando se niega en una notaría, controlada por personas que por cierto no son venezolanas, el registro a una organización en cuyos objetivos de sus estatutos habla de democracia o de derechos humanos, y eso es ilegal".

--En un análisis ha escrito que el estudio solicitado al Consejo de Estado sobre la desincorporación del país a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos "pareciera estar más orientado a un efecto mediático que normativo", ¿por qué? --El Consejo de Estado es un órgano inconstitucional porque se creó vía Habilitante y el Presidente no está habilitado para legislar en esa materia, sino en aquellas relacionadas con las lluvias. Su función es brindar orientación al Ejecutivo en materias prioritarias de alto interés estratégico para la República. Digo que es más mediático que normativo porque lo que establece la ley es que el Presidente es el rector de la política exterior y el órgano encargado de ejecutar esas directrices es la Cancillería. El Consejo de Estado no tiene nada que ver con esto, a menos que consideremos que la CIDH es un área de alto interés estratégico nacional por encima de la seguridad ciudadana, la defensa, el petróleo, el comercio exterior, la salud pública. Hay una intención de hacer muy visible el tema de la agenda, que es el posible retiro del sistema interamericano, mediante una figura nueva que genera expectativas y que fue anunciada en una cadena.

Es como armar la fiesta para enterrar al muerto, pero ese muerto ya existe. Qué estudio van a realizar si ya la opinión la tienen tomada, quizá la van a barnizar con algún discurso medianamente jurídico, pero de allí no van a pasar porque varios de sus miembros desde 2008 e incluso antes han hecho pronunciamientos sobre que Venezuela debe denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos.

--¿Qué repercusión puede tener esta medida si se lleva a cabo? --Venezuela puede denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos, tratado del cual algunos países de la OEA no son parte, caso típico y deplorable: Estados Unidos, pero eso no la exonera de ninguna de las demás responsabilidades ni exonera a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de seguir velando por el cumplimiento y el respeto de los derechos humanos en el país. Por cierto, me parece lamentable que un representante del Gobierno estadounidense considere lamentable que Venezuela se retire, porque ellos no tienen ninguna autoridad moral para darnos lecciones en derechos humanos. La variedad de cosas que la comisión puede hacer es muy grande, como visitas in loco, informes temáticos periódicos, informes por país e incluso no pierde su capacidad de proteger a quienes están en riesgo inminente mediante medidas cautelares, como las aprobadas en el caso de Estados Unidos a favor de migrantes en calidad ilegal cuya vida estaría en peligro de ser deportados a su país de origen.

Sólo no puede tramitar casos individuales con arreglo a la violación de ciertos artículos de la Convención, pero puede hacer ese trámite con arreglo a la violación de artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que está en la Carta de la OEA, que es lo que está haciendo con Estados Unidos, porque son principios que están por encima de cualquier convenio. La decisión tiene un alto componente político mediático porque las consecuencias no son tan graves como se ha querido hacer creer. El que el Presidente la haya presentado de esa manera lleva a que muchos sientan que esto es el acabose, apaga la luz y vámonos porque se acabaron los derechos humanos, quedaremos en una situación de indefensión total, pero no es así. Me preocupó escuchar a un profesor supuestamente de prestigio decir que el Presidente estaba preparando el escenario preelectoral para una posible suspensión de garantías y que no tendremos adónde acudir. Eso es completamente falso porque una vez denunciado el tratado pasa un año hasta que entre en vigencia el retiro. Esto no es el fin de mundo, es un mensaje muy negativo que puede generar parálisis, desasosiego, pero no dejaremos de documentar lo que sucede, de elevar denuncias y darle a las víctimas posibilidad de respuesta.

--¿Cómo puede hacer la sociedad para movilizarse y responder a abusos del Gobierno sin hacerle el juego y permitirle que marque la agenda? --Por eso es tan importante el trabajo de documentación.

Lamentablemente, Venezuela es una cultura ágrafa, aquí todo se basa en el "me dijeron", "yo supe que", "a mí me contaron". La documentación es esencial para cualquier trámite ante un organismo nacional primero, porque es una instancia que hay que agotar para después acudir a los internacionales. El canciller Nicolás Maduro ha dicho que la mayoría de casos que están en el ámbito interamericano no habían agotado antes los recursos internos, pero es que ellos tienen la posibilidad de alegar eso en el momento de su admisibilidad. Hay gente que de manera temeraria acude a los órganos internacionales desde una perspectiva de una agenda política y a lo mejor el interés sí ha sido restregarle al Gobierno ciertos hechos en la cara sin haber tenido el cuidado de agotar las instancias internas porque no se tiene en cuenta la necesidad de la víctima, sino una intención política. Eso es verdad, pero es un hecho absolutamente minoritario.

--De acuerdo con el ex magistrado Eladio Aponte Aponte, la justicia en Venezuela es moldeable como una plastilina. ¿Cómo describiría nuestro sistema judicial? --No voy a decir que el señor tiene razón, digo que nosotros teníamos razón porque venimos diciendo eso desde hace muchos años. La falta de independencia del Poder Judicial es de larga data, previo a la llegada del presidente Hugo Chávez al poder, simplemente que a partir de ese momento se ha agudizado, se ha generalizado y se ha perdido cualquier tipo de pudor y de forma para tratar de disimularlo.

--¿Cómo hacer para que la necesaria reconciliación del país no conduzca a la impunidad? --La reconciliación es necesaria y posible, pero es un proceso social y político, no legal ni judicial. El proceso legal y judicial incluye el derecho a la verdad de las víctimas y la sanción de los victimarios. La reconciliación no se decreta. Los países que han logrado cerrar heridas de manera saludable han transitado por un proceso de verdad, justicia y reconciliación, en ese orden. El único ejemplo para mí exitoso en todos los ámbitos es el de Suráfrica, donde al victimario incluso se le dio la oportunidad de contar también su versión, de pedir perdón y de tratar de llegar a algún tipo de acuerdo reparatorio con la víctima que sufrió por su acción; lo contrario hubiera sido impunidad, que es lo que sucedió en Chile. En la reconciliación el Presidente tiene una labor importantísima como la tuvo Nelson Mandela, que si hubiera llegado con la espada de la venganza en la mano acaba con Suráfrica.

Fotografía: Ernesto Morgado

RETRATO MIRAFLORINO DE LA CIDH

EL NACIONAL - Martes 08 de Mayo de 2012     Opinión/7
Torpeza y arrogancia inefectivas
VÍCTOR RODRÍGUEZ C.

El régimen bolivariano insiste torpemente en hacer de Venezuela un Estado forajido, al intentar sustraerle de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Con el anuncio del "retiro" de la CIDH se pretende dejar el campo abierto a las violaciones de los derechos humanos en el país, en ausencia de un control efectivo por un sistema judicial sometido al Ejecutivo.

El anuncio de Chávez refleja la mayor ignorancia en la materia. La CIDH es un órgano de la OEA (artículos 53 y 106 de la Carta y 1 del Estatuto), cuyas funciones están descritas en su Reglamento (art. 18, 19 y 20). Fue creada para "promover la observancia y la defensa de los derechos humanos", entendidos estos como los definidos en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, de 1948, y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969.

Un Estado no puede "retirarse" , a menos que lo haga de la organización en su conjunto, mediante la denuncia de la Carta (artículo 143), que surtirá efectos dos años más tarde.

Un Estado miembro de la organización no puede desconocer uno de sus órganos. Podría, en todo caso, retirar la aceptación de su competencia, como sucede en el caso de la Corte Internacional de Justicia, el órgano judicial de la ONU (artículo 96 de la Carta), de cuyo Estatuto son parte ipso facto todos los Estados miembros de la organización, cuya competencia es facultativa.

Venezuela puede, en el caso de la CIDH, retirar la declaración de aceptación de su competencia, hecha el 9 de agosto de 1977, aunque esa competencia se refiera a la posibilidad de que un Estado alegue que otro Estado parte ha incurrido en violaciones de los derechos humanos establecidos en la Convención (artículo 45) y no a las peticiones de los individuos. Puede también denunciar la Convención (artículo 78), lo que surtirá efecto un año después.

El anuncio del "retiro" de la Comisión, sin embargo, a pesar de ser una decisión inconsulta y contraria al artículo 31 de la Constitución de 1999 que establece que "toda persona tiene derecho (...) a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales" de derechos humanos, no tendrá los efectos perversos que persigue el régimen, por cuanto la Comisión protege los derechos consagrados en la Declaración Americana de Deberes y Derechos del Hombre de 1948 y puede por ello recibir peticiones de los nacionales de los Estados miembros, incluso no partes en la Convención, en relación con la supuesta violación de los derechos protegidos en ella y en los distintos instrumentos regionales de derechos humanos, tal como lo precisa el artículo 23 del Reglamento. La Comisión ha admitido peticiones de nacionales de Estados no partes en ella, al considerar que se refieren a derechos protegidos en la Declaración, con base en las supuestas violaciones de ésta.

Todo ciudadano tiene derecho de introducir una petición acerca de la violación por un Estado miembro de la OEA de uno de los derechos protegidos por los instrumentos regionales de derechos humanos (art.44 de la Convención de 1969).

La Secretaría Ejecutiva de la Comisión tiene la obligación de estudiarlos, cuando llenan los requisitos exigidos (art. 26 del Reglamento), y los Estados, la obligación de no obstaculizar la presentación de peticiones y quejas ante la Comisión, lo que se deduce de una amplia interpretación del artículo 44 del Reglamento de la Comisión que constituye la piedra angular del sistema de protección americano.

El anunciado "retiro" de la CIDH que completa la descabellada propuesta de crear un nuevo órgano regional de protección no puede realizarse sino mediante la denuncia de la Carta de la OEA. Si, recurriendo a otra vía, se denuncia la Convención, ello no afecta la protección ni el derecho de los nacionales de los Estados miembros a recurrir a uno de sus órganos, la CIDH, en particular, cuando se trate de derechos protegidos en instrumentos regionales distintos a ella, como la Declaración de 1948 que recoge el Derecho internacional consuetudinario, cuya normativa no puede ser inobservada por los Estados, reflejo de una clara tendecia del Derecho internacional hacia una concepción objetiva, que supera su naturaleza estrictamente contractual en beneficio de la creación de un orden público internacional integrado por normas y principios de interés común, entre ellas las relativas a los derechos humanos.

La irreverencia bolivariana no tiene límites. Sólo falta que el régimen desconozca la Declaración y denuncie los instrumentos regionales de protección, derecho material aplicable por la CIDH y la Corte.

Ilustraciones: Réné Magritte, "Edward James in Front of On the Threshold of Liberty" (1937)
Por cierto, valga la doble curiosidad: la de James (http://es.wikipedia.org/wiki/Edward_James); y la del empleo del motivo gráfico para un estupendo libro de Rafael del Águila (http://www.alibri.es/la-senda-del-mal-politica-y-razon-de-estado-155462).
NOTA (¿INNECESARIA?) DE LB: Nos permitimos invertir el sentido u orietación de las ilustraciones.