Un gesto de cortesía, pues
Luis Barragán
La creciente suscripción popular del Acuerdo Nacional para la Transición, como la muerte injustificadísima de Kluivert Roa, obligó al acostumbrado y atractivo libreto. Una marcha anti-imperialista, como la que fracasó en la ciudad capital, está inscrita en el manual de los buenos modales del viejo leninismo habanero.
El referido documento que pretendieron estigmatizar, ha recibido un contundente apoyo por la sobriedad y sensatez de sus planteamientos. La represión tachirense, imposibilitados de inventar una temible conjura de liceístas, ha impactado profundamente al país.
Nada mejor que, a la cacería de brujas, se intente la del inveterado fantasma a través de un espectáculo que tiene por segura materia prima a los obligados empleados públicos. Poco importa que los neoimperialismos chino y ruso, a los que se supedita el régimen, puedan colorear el famoso libro del reflexivo bolchevique que versó sobre la etapa superior del capitalismo; o que hagan de la Faja Petrolífera del Orinoco un fabuloso negocio que deja atrás la Apertura de finales de los noventa que soportó el control parlamentario y el de una abierta opinión pública, pues, lo decisivo es conseguir el enemigo común de sus tempestuosas ocurrencias, ingeniándose un conflicto que únicamente está en el anacrónico guión de lo que una vez se llamó la Guerra Fría.
Los capitalinos los vieron desfilar, inflamado el lenguaje soez de sus inconsistencias, sin dar todavía respuestas a la debacle económica. Nadie o pocos se ocuparon de las repetidas consignas de ocasión, empobrecida la propaganda que, en el fondo, pretende generar un conflicto de consecuencias impredecibles, mientras el dólar trepa a cifras siderales en tan poco tiempo.
El nuevo particularismo, justificado en la defensa a ultranza del poder heredado, diciéndose medida de todo patriotismo que excluye a las grandes mayorías del país, belicista detrás del poemario que difunde TeleSur, ya no puede ocultar la obesidad de sus inevitables contradicciones internas al calor de las camarillas en pugna. Excepto los recursos que implicó para la movilización y el soporte técnico, no hubo otra atracción que la de presentarse en un escenario en el que no todos aplaudieron y sonrieron: un gesto de cortesía emparrandada, pues.
Fuente:
http://www.noticierodigital.com/2015/03/un-gesto-de-cortesia-pues/
http://www.noticierodigital.com/forum/viewtopic.php?t=1077255
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domingo, 1 de marzo de 2015
martes, 24 de febrero de 2015
ADHESIÓN
Me adhiero al acuerdo nacional
Román Duque Corredor
Yo, ROMÁN J. DUQUE CORREDOR, venezolano, mayor de edad, identificado con la Cédula de Identidad N° 2.455.372, abogado y doctor en Derecho, profesor universitario de posgrado de la UCV, UCAB y la UMA, doctor Honoris Causae de la ULA; ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la República de Venezuela; ex presidente e Individuo de Número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales; miembro de la Comisión Andina de Juristas; Primer vicepresidente del Instituto Latinoamericano del Ombudsman y ex presidente del Colegio de Abogados del Distrito Federal, hoy del Distrito Capital; en ejercicio de mi plena capacidad jurídica y de mis derechos políticos y como profesor de derecho constitucional, DECLARO:
De manera formal expreso mi adhesión a la propuesta del alcalde metropolitano Antonio Ledezma, Leopoldo López, coordinador nacional de Voluntad Popular y María Corina Machado, ex diputada independiente, de Acuerdo Nacional para la Transición Nacional, de fecha 11 de febrero de este año, dirigida en forma abierta y pública a todos los sectores del país, por las siguientes razones:
Por cuanto, las agendas político-institucionales, social y económica de dicha Propuesta tienen como objetivo la reconstrucción de la institucionalidad democrática del país, lo que es un fin lícito y legítimo.
Por cuanto, la exhortación contenida en el referido Acuerdo Nacional, lejos de constituir un delito de conspiración y de delincuencia organizada, por el contrario, es manifestación legítima del pluralismo y de los derechos de libertad de pensamiento y de expresión, propios del sistema democrático, consagrados en la Constitución, en la Carta Democrática y en los Tratados y Pactos suscritos por la República, entre otros, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del MERCOSUR y de UNASUR.
Porque la propuesta del Acuerdo Nacional para la Transición es cónsona con los valores y principios superiores del Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que proclama la Constitución, al igual que las agendas y medios que en dicho Acuerdo se proponen.
Por cuanto, en dicho Acuerdo se hace declaración expresa de respeto de la democracia y de la vía del sufragio para lograr el cambio político y de gobierno necesarios para superar la crisis nacional política, económica y social. Y,
Porque del contenido del mencionado Acuerdo no se desprende ninguna instigación al odio, ni a la violencia, ni a la violación de la Constitución y la ley, y mucho menos, un llamamiento para realizar un cambio de gobierno y lograr la transición política mediante un golpe de Estado.
Así lo declaro en Caracas a los veintidós días del mes de febrero de 2015, haciendo votos por la reconciliación y la pacífica convivencia entre los venezolanos y por su progreso con justicia y equidad, sin sacrificio de su libertad.
Fuente: http://www.el-nacional.com/roman_duque_corredor/adhiero-acuerdo-nacional_0_580142127.html
Fotografía: https://www.facebook.com/duquedeprado/media_set?set=a.2027184597736.2121181.1187686816&type=3
Román Duque Corredor
Yo, ROMÁN J. DUQUE CORREDOR, venezolano, mayor de edad, identificado con la Cédula de Identidad N° 2.455.372, abogado y doctor en Derecho, profesor universitario de posgrado de la UCV, UCAB y la UMA, doctor Honoris Causae de la ULA; ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la República de Venezuela; ex presidente e Individuo de Número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales; miembro de la Comisión Andina de Juristas; Primer vicepresidente del Instituto Latinoamericano del Ombudsman y ex presidente del Colegio de Abogados del Distrito Federal, hoy del Distrito Capital; en ejercicio de mi plena capacidad jurídica y de mis derechos políticos y como profesor de derecho constitucional, DECLARO:
De manera formal expreso mi adhesión a la propuesta del alcalde metropolitano Antonio Ledezma, Leopoldo López, coordinador nacional de Voluntad Popular y María Corina Machado, ex diputada independiente, de Acuerdo Nacional para la Transición Nacional, de fecha 11 de febrero de este año, dirigida en forma abierta y pública a todos los sectores del país, por las siguientes razones:
Por cuanto, las agendas político-institucionales, social y económica de dicha Propuesta tienen como objetivo la reconstrucción de la institucionalidad democrática del país, lo que es un fin lícito y legítimo.
Por cuanto, la exhortación contenida en el referido Acuerdo Nacional, lejos de constituir un delito de conspiración y de delincuencia organizada, por el contrario, es manifestación legítima del pluralismo y de los derechos de libertad de pensamiento y de expresión, propios del sistema democrático, consagrados en la Constitución, en la Carta Democrática y en los Tratados y Pactos suscritos por la República, entre otros, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del MERCOSUR y de UNASUR.
Porque la propuesta del Acuerdo Nacional para la Transición es cónsona con los valores y principios superiores del Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que proclama la Constitución, al igual que las agendas y medios que en dicho Acuerdo se proponen.
Por cuanto, en dicho Acuerdo se hace declaración expresa de respeto de la democracia y de la vía del sufragio para lograr el cambio político y de gobierno necesarios para superar la crisis nacional política, económica y social. Y,
Porque del contenido del mencionado Acuerdo no se desprende ninguna instigación al odio, ni a la violencia, ni a la violación de la Constitución y la ley, y mucho menos, un llamamiento para realizar un cambio de gobierno y lograr la transición política mediante un golpe de Estado.
Así lo declaro en Caracas a los veintidós días del mes de febrero de 2015, haciendo votos por la reconciliación y la pacífica convivencia entre los venezolanos y por su progreso con justicia y equidad, sin sacrificio de su libertad.
Fuente: http://www.el-nacional.com/roman_duque_corredor/adhiero-acuerdo-nacional_0_580142127.html
Fotografía: https://www.facebook.com/duquedeprado/media_set?set=a.2027184597736.2121181.1187686816&type=3
domingo, 22 de febrero de 2015
(DES) ASEO
Mentir descaradamente
Luis Barragán
La realidad no puede ser adulterada con facilidad por mucho tiempo, transcurriendo insobornablemente a la vista de todos. Por demasiadas maniobras en las que incurra el gobierno nacional, la vivimos, padecemos, resistimos, soportamos, reclamando el derecho a ejercer las alternativas democráticas, cívicas y pacíficas expresamente señaladas en la Constitución.
Alternativas imposibles de criminalizar, por más que el oficialismo queme sus neuronas en invectivas, subterfugios, trampas y falsedades, delatando su más íntima naturaleza. Por cierto, empleados los ejemplares frecuentemente para otros menesteres, como el aseo dentro y fuera de casa, por las personas que los reciben gratuitamente, por casualidad reparamos en dos notas del diario de la alcaldía menor de Caracas de reciente edición: de un lado, reporta la noticia de la detención de Antonio Ledezma al referirlo con un “subversivo” documento que suscribiera y el supuestísimo ataque aéreo múltiple de Caracas; y, por el otro, desenfadadamente, reseña una golpiza en un parlamento extranjero, a propósito de una ley de intervenciones telefónicas, como si los muy gubernamentales fuesen una suerte de los más tímidos Carmelitas Descalzos en una y otra materia.
Detienen al Alcalde Metropolitano, fruto de los comicios populares que no lograron finalmente torcer, despojado de sus competencias y hasta violentamente de la sede natural de trabajo, desde el mismo momento de su elección, utilizando un número considerable de agentes que pocas o ninguna vez se ve para frenar el hampa común. Huérfanos de pruebas, groseramente manipulada toda noción jurídica, lo encarcelan. Y, a la vez, desatan una feroz persecución contra la diputada María Corina Machado, quien tuvo el coraje de apersonarse inmediatamente en la tristemente célebre sede de La Tumba.
Poco les importa la verdad de los hechos, pues, para subir el precio de la gasolina y perfeccionar la estrategia de las venideras parlamentarias que retardarán, manteniendo en ascuas al país hasta que les convenga, entre otras medidas impopulares que agudizarán la crisis, optan por atacar, agredir, cercar, fustigar a los más notorios líderes de la oposición democrática. Valga recordar que, a pesar de las evidencias en contra, el régimen ha desarrollado una matriz de opinión orientada a confundir a la población, predicando que sus adversarios carecen de un proyecto de país: sin embargo, afectándolo sísmicamente en sus ya escasas bases políticas, el Acuerdo Nacional para la Transición Democrática, propuesto por Ledezma, María Corina y Leopoldo López, provocó una demencial reacción.
Ya apuntan al diputado Julio Borges, pretendiendo allanar su inmunidad, y – seguramente – más adelante aplicarán semejante y desesperada medida contra quien ose criticarlos aún en los términos más comedidos. Los actuales elencos del poder establecido, pisoteando la Constitución que los emparaguó, perdieron desde hace rato la sensatez y la cordura que demanda tan urgentemente el pueblo venezolano.
Fuentes:
http://www.opinionynoticias.com/opinionpolitica/21825-del-mentir-descaradamente
http://www.noticierodigital.com/2015/02/mentir-descaradamente/
http://www.noticierodigital.com/forum/viewtopic.php?t=1076045
http://www.diariocontraste.com/mentir-descaradamente-por-luis-barragan-luisbarraganj/
Luis Barragán
La realidad no puede ser adulterada con facilidad por mucho tiempo, transcurriendo insobornablemente a la vista de todos. Por demasiadas maniobras en las que incurra el gobierno nacional, la vivimos, padecemos, resistimos, soportamos, reclamando el derecho a ejercer las alternativas democráticas, cívicas y pacíficas expresamente señaladas en la Constitución.
Alternativas imposibles de criminalizar, por más que el oficialismo queme sus neuronas en invectivas, subterfugios, trampas y falsedades, delatando su más íntima naturaleza. Por cierto, empleados los ejemplares frecuentemente para otros menesteres, como el aseo dentro y fuera de casa, por las personas que los reciben gratuitamente, por casualidad reparamos en dos notas del diario de la alcaldía menor de Caracas de reciente edición: de un lado, reporta la noticia de la detención de Antonio Ledezma al referirlo con un “subversivo” documento que suscribiera y el supuestísimo ataque aéreo múltiple de Caracas; y, por el otro, desenfadadamente, reseña una golpiza en un parlamento extranjero, a propósito de una ley de intervenciones telefónicas, como si los muy gubernamentales fuesen una suerte de los más tímidos Carmelitas Descalzos en una y otra materia.
Detienen al Alcalde Metropolitano, fruto de los comicios populares que no lograron finalmente torcer, despojado de sus competencias y hasta violentamente de la sede natural de trabajo, desde el mismo momento de su elección, utilizando un número considerable de agentes que pocas o ninguna vez se ve para frenar el hampa común. Huérfanos de pruebas, groseramente manipulada toda noción jurídica, lo encarcelan. Y, a la vez, desatan una feroz persecución contra la diputada María Corina Machado, quien tuvo el coraje de apersonarse inmediatamente en la tristemente célebre sede de La Tumba.
Poco les importa la verdad de los hechos, pues, para subir el precio de la gasolina y perfeccionar la estrategia de las venideras parlamentarias que retardarán, manteniendo en ascuas al país hasta que les convenga, entre otras medidas impopulares que agudizarán la crisis, optan por atacar, agredir, cercar, fustigar a los más notorios líderes de la oposición democrática. Valga recordar que, a pesar de las evidencias en contra, el régimen ha desarrollado una matriz de opinión orientada a confundir a la población, predicando que sus adversarios carecen de un proyecto de país: sin embargo, afectándolo sísmicamente en sus ya escasas bases políticas, el Acuerdo Nacional para la Transición Democrática, propuesto por Ledezma, María Corina y Leopoldo López, provocó una demencial reacción.
Ya apuntan al diputado Julio Borges, pretendiendo allanar su inmunidad, y – seguramente – más adelante aplicarán semejante y desesperada medida contra quien ose criticarlos aún en los términos más comedidos. Los actuales elencos del poder establecido, pisoteando la Constitución que los emparaguó, perdieron desde hace rato la sensatez y la cordura que demanda tan urgentemente el pueblo venezolano.
Fuentes:
http://www.opinionynoticias.com/opinionpolitica/21825-del-mentir-descaradamente
http://www.noticierodigital.com/2015/02/mentir-descaradamente/
http://www.noticierodigital.com/forum/viewtopic.php?t=1076045
http://www.diariocontraste.com/mentir-descaradamente-por-luis-barragan-luisbarraganj/
martes, 17 de febrero de 2015
PROPUESTA
LLamado a los venezolanos a un Acuerdo Nacional para la Transición
El pueblo de Venezuela vive una de las circunstancias más difíciles de su historia, a la que ha sido llevado por un régimen que en los últimos dieciséis años aplicó un modelo fracasado y ha ejercido de manera impune la antidemocracia; un régimen ineficiente y corrupto que robó, regaló y despilfarró recursos públicos cuantiosos, con los cuales se hubiese podido impulsar el bienestar y el progreso de todos, en lugar de generar la ruina que hoy sufrimos. En fin, el desastre que vivimos responde al proyecto de una élite sin escrúpulos de no más de cien personas, que tomó por asalto al Estado para hacerlo totalitario, que se ha apoyado en grupos violentos y en un militarismo de cúpulas corruptas para controlar a la sociedad a través de la represión, que degradó las instituciones y que violentó todo ámbito de la sociedad hasta devastar la economía y dañar gravemente las bases de la paz.
La precariedad y las tensiones que resultan de esta crisis y la insistencia del régimen en “profundizar” el modelo que la genera, pueden llevarnos en muy corto plazo a una emergencia humanitaria y han deslegitimado en extremo al gobierno. Es claro que el régimen no resolverá la crisis y que el gobierno de Maduro ya entró en fase terminal.
Nuestro llamado: construir un acuerdo para conducir la transición en paz
Es la obligación de todo demócrata ayudar a resolver la actual crisis, defender la libertad, evitar que el ya ineludible derrumbe del régimen desborde los cauces de la paz y la constitucionalidad y hacer que la transición, es decir, el paso del sistema superado a uno nuevo lleno de esperanza, se produzca de la mano de la mayoría de los venezolanos y nos lleve sin retrocesos a recuperar el espíritu y el orden democrático.
Asumiendo ese compromiso hacemos un llamado, sin distingos políticos y trascendiendo las diferencias, para que pongamos en marcha, con la urgencia del caso, un Acuerdo Nacional para la Transición en el que esté representada la Unidad de todos los ciudadanos de Venezuela, a través de las visiones de los trabajadores, los jóvenes, los empresarios, los académicos, los políticos, los miembros de las iglesias y de la Fuerza Armada, en fin, de todos los sectores nacionales. Los consensos y compromisos del Acuerdo Nacional le darán solidez a las decisiones que deberán ser adoptadas para salir de la crisis en todos los ámbitos; para armonizar socialmente al país y para asegurar la estabilidad política en su paso por un proceso que experimentará riesgos, turbulencias y acechanzas de diverso orden.
A tal fin, proponemos un programa basado en tres agendas de acciones concretas, el cual se ha alimentado de las contribuciones que han hecho en los últimos tiempos diversos grupos de valiosos venezolanos. Como instrumento del Acuerdo Nacional, el programa que invitamos a acompañar y enriquecer con las perspectivas de todos los sectores, servirá de guía para superar la crisis y comenzar la reconstrucción del país.
Una agenda política-institucional dirigida a restituir las libertades conculcadas, la soberanía, la paz social y el Estado de Derecho:
- Restablecer la vigencia plena de las instituciones democráticas y los derechos humanos, liberar a los presos políticos, facilitar el inmediato retorno de los exiliados y solicitar del sistema judicial la apertura de los procesos a que haya lugar para el castigo de delitos graves cometidos al amparo del poder gubernamental;
- Reponer el ejercicio efectivo de la libertad de expresión y del derecho ciudadano a informarse sobre la gestión del Estado y revertir totalmente las violaciones y arbitrariedades cometidas en estos ámbitos;
- Rescatar la autonomía de los órganos del Poder Público, designar a sus directivos por las vías constitucionales y rehabilitar la pluralidad política y la soberanía del Estado nacional venezolano;
- Restituir plenamente la descentralización, el ejercicio de los poderes regionales y locales y la participación ciudadana genuina que establecen la Constitución y las leyes;
- Preparar y realizar elecciones presidenciales libres y absolutamente transparentes; - Asegurar la lealtad y el apego de la Fuerza Armada Nacional a la Constitución y su desvinculación de toda injerencia extranjera y actividad político-partidista; y - Abrir un proceso de despolarización política y de reconciliación nacional, que convoque e involucre activamente a toda la sociedad en la
reconstrucción de las bases para la paz.
Una agenda para atender la emergencia social y asegurar la atención eficaz a los sectores más vulnerables:
- Restablecer a cortísimo plazo el abastecimiento normal de alimentos y otros bienes de consumo esencial de las familias y los suministros de repuestos e insumos que impiden la operación de las cadenas de distribución;
- Corregir las fallas de los servicios públicos fundamentales en todo el país, con especial prioridad en los de electricidad, agua, saneamiento, gas doméstico y transporte público;
- Garantizar que sean cubiertas las necesidades de salud de todo el pueblo de Venezuela, atendiendo las fallas y deformaciones existentes en la gestión de la salud pública y los sistemas hospitalarios; resolver el desabastecimiento actual de medicinas, insumos y equipos médicos y suplir los déficits de personal de salud de distintos niveles; y
- Enfrentar como prioridad de Estado la emergencia de seguridad ciudadana, desmantelar las redes criminales que proliferaron gracias a la impunidad y a la complicidad del régimen actual y abordar de manera integral el problema en sus facetas de prevención, acción policial, administración de justicia para eliminar la impunidad y elevación de la eficacia del sistema penitenciario.
Una agenda económica enfocada en estabilizar la economía, recuperar el ingreso familiar y generar confianza en el país:
- Recuperar la capacidad operativa y elevar significativamente la producción de la industria petrolera, revisar los marcos legales y los acuerdos lesivos a la misma y designar una nueva directiva de PDVSA, honesta y con capacidades, para garantizar su funcionamiento eficiente al servicio del país;
- Insertar nuevamente a Venezuela en los circuitos financieros internacionales y obtener de ellos los apoyos económicos necesarios para superar las dificultades del corto plazo;
- Desacelerar el proceso inflacionario actual, asumir una política cambiaria que promueva la producción nacional y, en general, corregir los desequilibrios macroeconómicos generados por años de excesos y corruptelas; restablecer la autonomía del BCV; poner en vigor un sistema eficiente y transparente para la coordinación de las finanzas públicas y designar nuevas autoridades de los entes económicos del Estado, con base en las normas y en criterios de capacidad y méritos;
- Llegar a acuerdos para la justa reparación de los daños a que hubiere lugar por expropiaciones arbitrarias; revisar el estado real de todas las empresas no petroleras que acabaron en manos estatales por la voracidad del régimen y decidir las formas de propiedad y gestión que ellas deban asumir para asegurar su recuperación productiva.
- Desmontar la maraña de controles que ahoga a la economía y reconstruir las bases jurídicas y económicas que son necesarias para atraer la inversión productiva que garantice un crecimiento estable en el futuro.
Venezuela será lo que los venezolanos hagamos de ella a través del cambio de rumbo que nosotros mismos decidamos. Ese rumbo estará asegurado por los consensos y compromisos del Acuerdo Nacional para la Transición.
Caracas, 11 de Febrero de 2015
Antonio Ledezma Leopoldo López María Corina Machado
Fuente: http://www.ventevenezuela.org/comunicado/
Para quienes deseen suscribirse al documento: http://www.acuerdonacionalparalatransicion.com/
El pueblo de Venezuela vive una de las circunstancias más difíciles de su historia, a la que ha sido llevado por un régimen que en los últimos dieciséis años aplicó un modelo fracasado y ha ejercido de manera impune la antidemocracia; un régimen ineficiente y corrupto que robó, regaló y despilfarró recursos públicos cuantiosos, con los cuales se hubiese podido impulsar el bienestar y el progreso de todos, en lugar de generar la ruina que hoy sufrimos. En fin, el desastre que vivimos responde al proyecto de una élite sin escrúpulos de no más de cien personas, que tomó por asalto al Estado para hacerlo totalitario, que se ha apoyado en grupos violentos y en un militarismo de cúpulas corruptas para controlar a la sociedad a través de la represión, que degradó las instituciones y que violentó todo ámbito de la sociedad hasta devastar la economía y dañar gravemente las bases de la paz.
La precariedad y las tensiones que resultan de esta crisis y la insistencia del régimen en “profundizar” el modelo que la genera, pueden llevarnos en muy corto plazo a una emergencia humanitaria y han deslegitimado en extremo al gobierno. Es claro que el régimen no resolverá la crisis y que el gobierno de Maduro ya entró en fase terminal.
Nuestro llamado: construir un acuerdo para conducir la transición en paz
Es la obligación de todo demócrata ayudar a resolver la actual crisis, defender la libertad, evitar que el ya ineludible derrumbe del régimen desborde los cauces de la paz y la constitucionalidad y hacer que la transición, es decir, el paso del sistema superado a uno nuevo lleno de esperanza, se produzca de la mano de la mayoría de los venezolanos y nos lleve sin retrocesos a recuperar el espíritu y el orden democrático.
Asumiendo ese compromiso hacemos un llamado, sin distingos políticos y trascendiendo las diferencias, para que pongamos en marcha, con la urgencia del caso, un Acuerdo Nacional para la Transición en el que esté representada la Unidad de todos los ciudadanos de Venezuela, a través de las visiones de los trabajadores, los jóvenes, los empresarios, los académicos, los políticos, los miembros de las iglesias y de la Fuerza Armada, en fin, de todos los sectores nacionales. Los consensos y compromisos del Acuerdo Nacional le darán solidez a las decisiones que deberán ser adoptadas para salir de la crisis en todos los ámbitos; para armonizar socialmente al país y para asegurar la estabilidad política en su paso por un proceso que experimentará riesgos, turbulencias y acechanzas de diverso orden.
A tal fin, proponemos un programa basado en tres agendas de acciones concretas, el cual se ha alimentado de las contribuciones que han hecho en los últimos tiempos diversos grupos de valiosos venezolanos. Como instrumento del Acuerdo Nacional, el programa que invitamos a acompañar y enriquecer con las perspectivas de todos los sectores, servirá de guía para superar la crisis y comenzar la reconstrucción del país.
Una agenda política-institucional dirigida a restituir las libertades conculcadas, la soberanía, la paz social y el Estado de Derecho:
- Restablecer la vigencia plena de las instituciones democráticas y los derechos humanos, liberar a los presos políticos, facilitar el inmediato retorno de los exiliados y solicitar del sistema judicial la apertura de los procesos a que haya lugar para el castigo de delitos graves cometidos al amparo del poder gubernamental;
- Reponer el ejercicio efectivo de la libertad de expresión y del derecho ciudadano a informarse sobre la gestión del Estado y revertir totalmente las violaciones y arbitrariedades cometidas en estos ámbitos;
- Rescatar la autonomía de los órganos del Poder Público, designar a sus directivos por las vías constitucionales y rehabilitar la pluralidad política y la soberanía del Estado nacional venezolano;
- Restituir plenamente la descentralización, el ejercicio de los poderes regionales y locales y la participación ciudadana genuina que establecen la Constitución y las leyes;
- Preparar y realizar elecciones presidenciales libres y absolutamente transparentes; - Asegurar la lealtad y el apego de la Fuerza Armada Nacional a la Constitución y su desvinculación de toda injerencia extranjera y actividad político-partidista; y - Abrir un proceso de despolarización política y de reconciliación nacional, que convoque e involucre activamente a toda la sociedad en la
reconstrucción de las bases para la paz.
Una agenda para atender la emergencia social y asegurar la atención eficaz a los sectores más vulnerables:
- Restablecer a cortísimo plazo el abastecimiento normal de alimentos y otros bienes de consumo esencial de las familias y los suministros de repuestos e insumos que impiden la operación de las cadenas de distribución;
- Corregir las fallas de los servicios públicos fundamentales en todo el país, con especial prioridad en los de electricidad, agua, saneamiento, gas doméstico y transporte público;
- Garantizar que sean cubiertas las necesidades de salud de todo el pueblo de Venezuela, atendiendo las fallas y deformaciones existentes en la gestión de la salud pública y los sistemas hospitalarios; resolver el desabastecimiento actual de medicinas, insumos y equipos médicos y suplir los déficits de personal de salud de distintos niveles; y
- Enfrentar como prioridad de Estado la emergencia de seguridad ciudadana, desmantelar las redes criminales que proliferaron gracias a la impunidad y a la complicidad del régimen actual y abordar de manera integral el problema en sus facetas de prevención, acción policial, administración de justicia para eliminar la impunidad y elevación de la eficacia del sistema penitenciario.
Una agenda económica enfocada en estabilizar la economía, recuperar el ingreso familiar y generar confianza en el país:
- Recuperar la capacidad operativa y elevar significativamente la producción de la industria petrolera, revisar los marcos legales y los acuerdos lesivos a la misma y designar una nueva directiva de PDVSA, honesta y con capacidades, para garantizar su funcionamiento eficiente al servicio del país;
- Insertar nuevamente a Venezuela en los circuitos financieros internacionales y obtener de ellos los apoyos económicos necesarios para superar las dificultades del corto plazo;
- Desacelerar el proceso inflacionario actual, asumir una política cambiaria que promueva la producción nacional y, en general, corregir los desequilibrios macroeconómicos generados por años de excesos y corruptelas; restablecer la autonomía del BCV; poner en vigor un sistema eficiente y transparente para la coordinación de las finanzas públicas y designar nuevas autoridades de los entes económicos del Estado, con base en las normas y en criterios de capacidad y méritos;
- Llegar a acuerdos para la justa reparación de los daños a que hubiere lugar por expropiaciones arbitrarias; revisar el estado real de todas las empresas no petroleras que acabaron en manos estatales por la voracidad del régimen y decidir las formas de propiedad y gestión que ellas deban asumir para asegurar su recuperación productiva.
- Desmontar la maraña de controles que ahoga a la economía y reconstruir las bases jurídicas y económicas que son necesarias para atraer la inversión productiva que garantice un crecimiento estable en el futuro.
Venezuela será lo que los venezolanos hagamos de ella a través del cambio de rumbo que nosotros mismos decidamos. Ese rumbo estará asegurado por los consensos y compromisos del Acuerdo Nacional para la Transición.
Caracas, 11 de Febrero de 2015
Antonio Ledezma Leopoldo López María Corina Machado
Fuente: http://www.ventevenezuela.org/comunicado/
Para quienes deseen suscribirse al documento: http://www.acuerdonacionalparalatransicion.com/
TRANSIDOS
Acuerdo Nacional y escaramuza de Estado
Luis Barragán
Suscrito por María Corina Machado, Leopoldo López y Antonio Ledezma, el Acuerdo Nacional para la Transición cuenta con un conjunto concreto, conciso y directo de las políticas indispensables de implementar para superar la crisis actual que, siempre es necesario reiterarlo, obedece al modelo aplicado por el mismo gobierno de más de década y media. La propuesta, calificada de subversiva como suele ocurrir con cualquier fiel apego a la Constitución, empobrecida la imaginación oficial, constituye un repertorio de la sensatez tan urgida de reivindicar en esta etapa histórica, a la que responde el aludido documento que, por lo demás, deshace el ridículo mito del régimen como alternativa de sí dizque por ausencia de un proyecto alternativo.
La calificación, acompañada de medidas eventuales o efectivas de persecución, luce como la única opción política que se dice capaz de enmascarar la debacle económica en curso, esperada – por cierto – con motivo del mensaje presidencial próximo pasado al parlamento que le hubiese dado la fuerza de distracción que no logró el celebérrimo “Dios proveerá” de un confeso extravío, inédito en nuestro historial republicano. Opción que apuesta a la definitiva militarización y judicialización de los problemas comunes, pues, por una parte, la resolución 8610 y otras medidas encaminadas a la reducción de las inmensas y consabidas colas, según ha trascendido, aparentemente guardan correspondencia con la denuncia de una tentativa de golpe de Estado que los hechos parecen desmentir.
En efecto, no existe la debida proporcionalidad de las pruebas esgrimidas con los hechos denunciados y, mucho menos, con los epítetos acuñados de acuerdo al acostumbrado catálogo que, por lo visto, incluye a justos y pecadores, rompiendo con la más elemental lógica, como ocurre con la tal guerra económica de los tormentos gubernamentales. Recordando aquella orwelliana sentencia del sentido común trastocado en una temida y temible herejía, en la versión oficial hay más de escaramuza que de golpe de Estado, juzgando por la vieja hemerografia e historiografía, sumados los conocidos eventos de 1992, que le conceden una superior magnitud, envergadura y contundencia al indeseable acontecimiento.
Le corresponde y corresponderá a los tribunales ordinarios, por otra parte, atender los casos tan apremiados por una interpretación un poco más coherente y sustentable, aunque también tengan por origen una variedad de sanciones administrativas y, faltando poco, haya fundadas dudas en torno al debido proceso y a la legítima defensa. Quebrada la modernidad política en Venezuela, valiéndonos de un oxímoron, los prolongados e insolubles juicios sumarios, suerte de linchamiento moral organizado, chocan con caros principios y – ya añoradas – instancias como la deliberación pública, racionalidad, transparencia, legalidad, racionalidad que, a modo de ejemplo, en muy buena medida encarnaban el parlamento y los medios independientes de opinión.
La mera conversión de las responsabilidades políticas en penales, en procura de una verdad a la medida de los intereses circunstanciales del oficialismo, fuerza a un fenómeno que puede denominarse el de la mercalización del pensamiento, pues, todo ha de depender de las creencias, devociones y lealtades con las que trafica el gobierno. Por ello, vendida la presunta idea de una oposición huérfana de propuestas, pretendiendo inculpar a terceros de los errores propios, susceptibles de una insólita acusación los proponentes, el Acuerdo Nacional para la Transición de una clara e irrefutable vocación democrática, ha generado el monumental trauma y desasosiego del poder establecido en Venezuela.
Fuente
http://www.noticierodigital.com/2015/02/acuerdo-nacional-y-escaramuza-de-estado/
http://www.noticierodigital.com/forum/viewtopic.php?t=1074948
Luis Barragán
Suscrito por María Corina Machado, Leopoldo López y Antonio Ledezma, el Acuerdo Nacional para la Transición cuenta con un conjunto concreto, conciso y directo de las políticas indispensables de implementar para superar la crisis actual que, siempre es necesario reiterarlo, obedece al modelo aplicado por el mismo gobierno de más de década y media. La propuesta, calificada de subversiva como suele ocurrir con cualquier fiel apego a la Constitución, empobrecida la imaginación oficial, constituye un repertorio de la sensatez tan urgida de reivindicar en esta etapa histórica, a la que responde el aludido documento que, por lo demás, deshace el ridículo mito del régimen como alternativa de sí dizque por ausencia de un proyecto alternativo.
La calificación, acompañada de medidas eventuales o efectivas de persecución, luce como la única opción política que se dice capaz de enmascarar la debacle económica en curso, esperada – por cierto – con motivo del mensaje presidencial próximo pasado al parlamento que le hubiese dado la fuerza de distracción que no logró el celebérrimo “Dios proveerá” de un confeso extravío, inédito en nuestro historial republicano. Opción que apuesta a la definitiva militarización y judicialización de los problemas comunes, pues, por una parte, la resolución 8610 y otras medidas encaminadas a la reducción de las inmensas y consabidas colas, según ha trascendido, aparentemente guardan correspondencia con la denuncia de una tentativa de golpe de Estado que los hechos parecen desmentir.
En efecto, no existe la debida proporcionalidad de las pruebas esgrimidas con los hechos denunciados y, mucho menos, con los epítetos acuñados de acuerdo al acostumbrado catálogo que, por lo visto, incluye a justos y pecadores, rompiendo con la más elemental lógica, como ocurre con la tal guerra económica de los tormentos gubernamentales. Recordando aquella orwelliana sentencia del sentido común trastocado en una temida y temible herejía, en la versión oficial hay más de escaramuza que de golpe de Estado, juzgando por la vieja hemerografia e historiografía, sumados los conocidos eventos de 1992, que le conceden una superior magnitud, envergadura y contundencia al indeseable acontecimiento.
Le corresponde y corresponderá a los tribunales ordinarios, por otra parte, atender los casos tan apremiados por una interpretación un poco más coherente y sustentable, aunque también tengan por origen una variedad de sanciones administrativas y, faltando poco, haya fundadas dudas en torno al debido proceso y a la legítima defensa. Quebrada la modernidad política en Venezuela, valiéndonos de un oxímoron, los prolongados e insolubles juicios sumarios, suerte de linchamiento moral organizado, chocan con caros principios y – ya añoradas – instancias como la deliberación pública, racionalidad, transparencia, legalidad, racionalidad que, a modo de ejemplo, en muy buena medida encarnaban el parlamento y los medios independientes de opinión.
La mera conversión de las responsabilidades políticas en penales, en procura de una verdad a la medida de los intereses circunstanciales del oficialismo, fuerza a un fenómeno que puede denominarse el de la mercalización del pensamiento, pues, todo ha de depender de las creencias, devociones y lealtades con las que trafica el gobierno. Por ello, vendida la presunta idea de una oposición huérfana de propuestas, pretendiendo inculpar a terceros de los errores propios, susceptibles de una insólita acusación los proponentes, el Acuerdo Nacional para la Transición de una clara e irrefutable vocación democrática, ha generado el monumental trauma y desasosiego del poder establecido en Venezuela.
Fuente
http://www.noticierodigital.com/2015/02/acuerdo-nacional-y-escaramuza-de-estado/
http://www.noticierodigital.com/forum/viewtopic.php?t=1074948
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