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viernes, 25 de mayo de 2018

DRAMA DEL PAÍS PETROLERO

EL UNIVERSAL, Caracas, 12 de mayo de 2018
Efectos del control de las remesas
Alberto José Hurtado B.

Los venezolanos en el exterior para enviar fondos a través de los canales formales a sus familiares en Venezuela; tanto los remitentes como los receptores deberán asumir mayores costos fijos por sus transacciones así como cumplir con nuevas disposiciones regulatorias
Las remesas son las transferencias corrientes, de capital en efectivo o en especie, entre hogares residentes y hogares no residentes de un país. Representan importantes recursos para muchas familias receptoras que pueden reducir la carga que enfrentan en periodos de crisis económica o logran incrementar el consumo, la inversión y el ahorro en fases de estabilidad de la economía. Así, constituyen un mercado para el cual resultan necesarias políticas públicas que incentiven la competitividad, la eficiencia y el desarrollo de sus operaciones, profundizando y promoviendo el conocimiento de los actores participantes e incentivando el avance de servicios innovadores que reduzcan los costos de estas transacciones.
En Venezuela, la profundización de la crisis económica, política y social, la migración masiva de venezolanos, la caída del flujo de divisas por exportaciones y la reducción de las asignaciones oficiales de moneda extranjera han incrementado la importancia de las remesas y sus canales de transmisión para facilitar la vida de los residentes del país que tienen familiares en el extranjero. Al mismo tiempo, esta situación ha llamado la atención de las autoridades que perciben en las remesas una oportunidad para facilitar la llegada de monedas extranjeras a la economía mediante el establecimiento de casas de cambio en todo el territorio nacional y el control del envío de fondos por esta vía. En este sentido, lo planteado por el gobierno nacional es una estrategia para cambiar el marco institucional que rige la actividad, reducir los canales disponibles para la transmisión de fondos e influir en el proceso de selección que realizan los remitentes.
El principal inconveniente de esta posición gubernamental es que incrementará los costos de las transferencias de recursos que realizan venezolanos en el extranjero a sus familiares en el país, debido a la necesidad de cambiar a servicios informales de transmisión o de invertir en el desarrollo de nuevos canales de transacciones. Así, los canales formales para el envío de remesas, es decir, las instituciones autorizadas oficialmente para operar en la actividad de transferencias monetarias, bancos, servicios de transferencias, entre otras, deberán cumplir con lo establecido en el marco legal nacional y utilizar la tasa de cambio oficial para cambiar cada dólar enviado como remesa, un precio considerablemente bajo para un producto que se puede vender a un precio mayor en la economía venezolana. Esto implicará que los servicios semiformales e informales de envío de remesas, instituciones formales que brindan servicios de transferencias sin estar controladas por alguna autoridad regulatoria de servicios financieros, así como los canales que están fuera de la regulación y supervisión financiera, se harán más atractivos para el remitente y el receptor de fondos en la medida que permitan obtener por cada divisa una mayor cantidad de bolívares.
De esta manera, el interés del gobierno por regular la llegada de remesas al país incrementará la complejidad de los trámites que deben realizar los venezolanos en el exterior para enviar fondos a través de los canales formales a sus familiares en Venezuela; tanto los remitentes como los receptores deberán asumir mayores costos fijos por sus transacciones así como cumplir con nuevas disposiciones regulatorias; se incorporarán mayores costos ocultos por transacciones en moneda extranjera, ante el impacto del diferencial de tasas de cambio al momento de elegir un canal de transferencia de fondos; y la informalización de la actividad acrecentará el riesgo de perder los recursos transferidos.

Fuente:
http://www.eluniversal.com/el-universal/8932/efectos-control-remesas
Ilustración: Tragedia de Amuay: http://world.time.com/2012/08/28/venezuelas-refinery-explosion-will-it-affect-hugo-chavezs-re-election-chances/

sábado, 21 de julio de 2012

¿Y EL INE?

EL UNIVERSAL, Caracas, 16 de Julio de 2012
Venezuela y el índice de riqueza inclusiva
ALBERTO JOSÉ HURTADO B.

La necesidad de identificar la capacidad de una sociedad para elaborar bienes y servicios, generar empleo y asegurar bienestar justifica la utilización del Producto Interno Bruto (PIB) como medida de la riqueza de un país, a partir de su estimación a través de los enfoques de producción, ingreso y gasto. Desde la perspectiva de la contabilidad económica constituye un instrumento útil para expresar de forma simplificada la capacidad productiva de una economía, convirtiéndose sus resultados en una "obsesión" para gobiernos, banqueros y catedráticos.
Referida preocupación por el crecimiento económico medido a través de la evolución del PIB por habitante ha cambiado en la actualidad, debido a un proceso de globalización en donde la participación de los países del mundo es cada vez mayor y el agotamiento progresivo de los recursos naturales sigue la misma tendencia, lo que ha disparado las alarmas sobre el daño irreversible que se pudiera estar causando al planeta y la incapacidad del actual modelo de producción para usar de forma eficiente los recursos escasos.
Desde esta perspectiva, en víspera de la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible Río+20, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente presentó el Informe de Riqueza Inclusiva 2012 que propone una nueva medida de la riqueza de las economías, concebido como un indicador para impulsar la sostenibilidad. El Índice de Riqueza Inclusiva (Inclusive Wealth Index) evalúa la base productiva de un país considerando la mayor gama de activos con que cuenta: capital manufacturero (infraestructura, bienes e inversiones), capital natural (combustibles fósiles, minerales, bosques, tierras cultivables) y capital humano (educación y habilidades de la población), con el propósito de mostrar de forma integral el verdadero estado de la economía (riqueza, empleo, bienestar y sostenibilidad del crecimiento).
De los resultados presentados en el informe se desprende que entre 1990-2008 la economía venezolana creció 1,3%  en términos del PIB per cápita, mientras que por el Índice de Riqueza Inclusiva nuestra capacidad por habitante para generar riqueza, empleo, bienestar y sostenibilidad fue de -0,3%. Resultados que deben llamarnos a la reflexión, no solo porque formamos parte de los seis países con  Índice de Riqueza Inclusiva negativo (de los veinte que consideró el estudio), sino porque la actividad económica nacional se sigue desarrollando sin ningún criterio de eficiencia y preocupación alguna por las generaciones futuras.