"Una pena de muerte disimulada": la polémica
Operación de Liberación del Pueblo, la mano dura del gobierno de
Venezuela contra el crimen
Daniel García Marco / BBC Mundo Caracas
El ruido de las
botas militares sobre el asfalto sobresaltó a Araceli a las 2:00 de la
madrugada. "Era como si toda la calle fuera un cuartel", dice.
Mandó
callar a su familia. Esa noche, las fuerzas de seguridad no entraron en
su casa en el barrio de El Valle, uno de los más peligrosos de Caracas.
Días después, sí. Y el resultado fue la muerte de su hijo, según
denuncia.
Situaciones como la que Araceli relata se repiten en los
últimos meses en Venezuela. Desde que el gobierno creó en julio de 2015
la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), han aumentado las
denuncias por
asesinatos y desaparecidos a manos de la policía.
Seis
madres y abuelas hablaron con BBC Mundo para contar cómo hijos,
sobrinos y nietos, algunos relacionados con la delincuencia pero otros
no, murieron por el fuego de los cuerpos de seguridad del Estado.
"A
los cuatro niños (dos hijos y dos sobrinos) me los mataron con dos
tiros en el pecho", dice Gloria mientras me muestra la foto de uno de
sus hijos en la morgue
con un orificio en su torso desnudo.
BBC Mundo no obtuvo respuesta a la petición de entrevistar al ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz,
Néstor Reverol, para comentar las acusaciones.
El
viernes y sábado pasados se descubrieron los cadáveres de 12 personas
cuya desaparición en el estado Miranda fue denunciada hace más de un mes
y el gobierno anunció la
detención de ocho militares por el caso y la fiscalía acusó a 11.
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, dijo que los responsables "admitieron su culpabilidad" y calificó el suceso como un
"hecho aislado", pero no lo relacionó con la OLP.
La Operación de Liberación del Pueblo es la propuesta de
mano dura del gobierno contra uno de los principales problemas de Venezuela: la violencia.
Caracas,
la capital, fue en 2015 la ciudad con más asesinatos del mundo, según
el informe anual del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la
Justicia Penal.
Pero
la OLP no se ha limitado al Distrito Capital, sino que también se ha
extendido a otros estados del país como Zulia, Carabobo, Miranda o
Bolívar.
Los números
No hay
cifras oficiales precisas, pero de julio de 2015 a febrero de 2016 el
gobierno dijo que hubo 245 víctimas y 2.310 detenidos. Después dejó de
hacer público el conteo.
En octubre de este año, el ministro
Reverol informó de que 19 personas habían sido "abatidas" en un
operativo en varios estados venezolanos.
A falta de cifras exactas
e independientes, las asociaciones venezolanas de derechos humanos
llevan las suyas. El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) asegura
que son más de
400 muertos desde julio de 2015, pero Provea habla de más de
750.
Cofavic,
organización dedicada a investigar y denunciar ejecuciones
extrajudiciales y la violencia policial, afirma que en 2015 el número de
víctimas por este tipo de violencia aumentó un 37%.
De enero a
septiembre de 2016, el repunte es de un 30% comparado con el mismo
periodo del año anterior. El incremento coincide en el tiempo con el
nacimiento de la OLP, explican.
El gobierno suele achacar las "bajas" a
"enfrentamientos". Sin embargo, esa teoría es rebatida por los
familiares de las víctimas. Provea, que ha hecho un seguimiento de los
caídos, destaca la
desproporción que existe entre el número de civiles fallecidos y el de agentes: un muerto y tres heridos, según sus cifras.
Las
seis mujeres que hablaron con BBC Mundo lamentaron en conjunto la
muerte de diez familiares. A Gloria le mataron en su casa a
dos hijos y dos sobrinos el mismo día.
"Etapa de gran impacto"
"Las
autoridades están alentando la comisión de estas violaciones contra los
derechos humanos", critica Inti Rodríguez, de Provea. El activista
denuncia la "militarización de la actividad policial" y que la crueldad
siga creciendo.
El 3 de agosto, el presidente Nicolás Maduro, poco
después del nombramiento del comandante Reverol como nuevo ministro, ya
dejó ver que la OLP se recrudecería en una nueva fase.
"Vamos a profundizar la lucha contra las bandas paramilitares, contra las bandas de narcotraficantes.
La vamos a llevar a la 'n' potencia.
Quiero que iniciemos una etapa de gran impacto para golpear a todos los
jefes de bandas criminales que atracan, secuestran y matan a nuestro
pueblo a lo largo y ancho del país", anunció.
Provea confirma que el carácter letal de las acciones ha aumentado en los últimos meses.
¿Cómo opera la OLP?
La OLP, en la que participan fuerzas especiales civiles y militares, nació el 13 de julio de 2015 como un nuevo
plan contra el crimen,
pero no hay ningún documento oficial y público que detalle su
metodología ni sus metas, denuncian las organizaciones de derechos
humanos.
Maduro dijo entonces que el objetivo era "apretar al máximo el castigo de todos los crímenes".
Y
la OLP ha golpeado especialmente en los barrios más pobres, los más
violentos, allí donde la presencia del Estado es escasa y donde los
policías son el enemigo de las bandas. Según las cifras del Observatorio
Venezolano de Violencia (OVV), 2,6 agentes mueren cada semana sólo en
Caracas.
La OLP tiene una metodología de acción bien definida, de acuerdo con los relatos a BBC Mundo de los familiares de las víctimas.
Las operaciones suelen ocurrir de madrugada o a primera hora de la mañana.
"Entran
encapuchados, toman la zona
como si hubiera una guerra, con helicópteros, drones, una cosa
terrible. La gente echa a correr, todo el mundo encerrándose en las
casas, y empiezan a tumbar puertas", recuerda Araceli.
Oli, que
vive en otro barrio de Caracas, perdió a tres familiares -hijo, sobrino y
nieto- el 26 de abril. "Fue a las 9 de mañana. Cierran la calle. Pensé
que se los iban a llevar presos. Nunca me imaginé que iba a pasar algo
como eso", me cuenta sin poder reprimir sus lágrimas.
Los objetivos de la OLP también están claros:
hombres jóvenes.
El 78% de las víctimas son menores de 25 años y el 99% son hombres,
según los datos de Cofavic. No extraña que los seis familiares con los
que hablé fueran mujeres.
"Buscan sobre todo 'chamos', muchachos
jóvenes", me dice Gloria, que recuerda cómo la mañana del 18 de mayo 20
policías entraron a su casa y sacaron a las mujeres, a su marido y a su
nieto de 9 años.
Dentro quedaron cuatro varones de entre 28 y 19 años.
Los cuatro murieron, acusa.
Las
madres y abuelas coinciden en que la policía no muestra órdenes de
allanamiento y denuncian además robos, tortura y extorsión, así como la
fabricación de pruebas para justificar el enfrentamiento.
"Porque cometieran un delito no es para que este gobierno haga este
exterminio, esta pena de muerte disimulada", lamenta Oli, una de las mujeres que se han asociado para denunciar los hechos.
Cofavic las apoya en el proceso, pero señala que hay un 99% de impunidad.
¿Resultados?
Más allá de las violaciones de derechos humanos denunciadas, surge la pregunta de si la mano dura está teniendo resultado.
Así opinan los expertos.
"El éxito está medido por el
número de personas que matan", critica el sociólogo Roberto Briceño, presidente del OVV.
"Cualquier política de seguridad debe estar destinada a pacificar la sociedad,
no a hacerla más violenta. La OLP manda un mensaje muy equivocado. No es posible enseñar a una sociedad que matar es malo matando", agrega.
Coincide Claudia Carrillo, de Cofavic: "El Estado ha asumido que es un plan de seguridad ciudadana, y preocupa".
"Estas
visiones de mano dura no reducen la criminalidad. Por el contrario: se
aumentan las violaciones de los derechos humanos", lamenta Inti
Rodríguez, de Provea.
Las denuncias de ONG, medios de comunicación y víctimas por la crueldad llevaron incluso a que la
fiscal general, Luisa Ortega, criticara la labor de la OLP.
"Estamos
en presencia de una inseguridad que viene creciendo, y eso tiene que
ver con los planes que se han implementado y las OLP. En la medida que
la actuación de los cuerpos de seguridad es violenta,
propicia la violencia", expresó la fiscal en julio.
Briceño denuncia que los más afectados sean los pobres y que un ejecutivo considerado como socialista emplee
"operaciones clásicas de los gobiernos militares de derecha".
Entre dos fuegos
Y el asunto no sólo se limita a las muchas víctimas directas y a no solucionar el problema que busca erradicar.
Inti Rodríguez destaca que la violencia institucional y la de las bandas ha generado una
"doble victimización" de los habitantes de esas comunidades pobres.
Y
eso se percibe en la Cota 905, otra barriada populosa y azotada por el
crimen de Caracas donde los locales están entre dos fuegos.
"Si están a favor de la OLP, los matan. Y si están a
favor de los delincuentes, también mueren", dice una vecina del barrio
que confiesa que no quiere revelar su identidad por temor.
La Cota 905 fue el escenario de la primera OLP. Era el territorio que mejor simbolizaba entonces la
guerra que mantenían (y ganaban) las bandas frente a la policía. Y el reflejo del fracaso de las llamadas
zonas de paz,
en las que los delincuentes estaban llamados a entregar sus armas a
cambio de una autogestión del barrio y de cierta laxitud policial.
Unos 500 agentes tomaron el barrio en la primera incursión. Ahora, la idea es una
ocupación militar
de la zona con una presencia constante: tanquetas, puntos de control y
unos objetivos específicos con nombre, apellidos, apodo y foto. Más
selectivos, pero igualmente violentos.
"Por un lado, está bien que estén guardando la zona, pero por otro lado
es una lástima que maten a jóvenes,
porque si es delincuente, detenlo, levántale un informe, llévalo, pero
no lo mates", me dice la vecina, acostumbrada a vivir entre disparos.
"Han muerto muchos jóvenes que no son delincuentes", lamenta, agradecida de que entre ellos no hayan estado sus hijos.
Fuente:
http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-38126651
Captura de imagen: Sobre una fotografía de AFP.
Fotografía: LB, testimonio reciente de familiares de las víctimas en la sesión plenaria de la Asamblea Nacional.
