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domingo, 19 de agosto de 2018

AVATARES

De un aleccionador desenlace de la crisis, por ejemplo
Luis Barragán


La última entrega de la revista especializada  Tiempo y Espacio, reúne un conjunto de trabajos,  debidamente arbitrados, bajo un título harto elocuente: “Avatares de la democracia 1958-2018" (https://es.calameo.com/books/0048760919b1edbb7be35), próximo a ser colgado en el portal correspondiente al concluir el receso académico (http://revistas.upel.edu.ve/index.php/tiempo_y_espacio). De indispensable consulta, distintos autores de afilado bisturí, hurgan en las intimidades de unas décadas ya desconocidas, por obra de la intensa y falsificadora campaña propagandística y publicitaria del actual régimen que incluye  los intereses de sectores que se le oponen o dicen oponérsele.

Desde múltiples ángulos, nos permiten reconstruir una perspectiva del presente diluido y, aunque la materia es enteramente histórica, resulta inevitable la mirada al XXI, un siglo que se supuso prometedor al abrir sus puertas. Quienes tienen por vocación y oficio el pensamiento sistemático, a contracorriente, realizan un responsable y sobrio aporte a la necesarísima polémica pública que no ha de tardar en asimilarlo, manifestarlo y mejorarlo, dejando atrás los esquemas convencionales evidentemente agotados.

Desde la caída de la dictadura militar de Pérez Jiménez hasta la instauración de la otra que marca la actual centuria, quizá para muchos inadvertida por la perversa modalidad de su ascenso, hubo y hay situaciones, posiciones, resultados e interrogantes pendientes. Buena parte de los trabajos, responden o intentan responder, teniendo por mérito indiscutible una novedosa aproximación: nota postrera, la década militar, en Domingo Irwin; la intromisión soviética de acuerdo a un alto funcionario del perezjimenato defenestrado, en José Alberto Olivar; la dramaturgia anti-dictatorial, en William Anseume; el populismo persistente, en Leonardo Favio Osorio; la antipolítica,  en Luis Alberto Buttó; una panorámica del uso de la renta, en Liliana Velásquez G.; las orientaciones uslaristas, en David Ruíz Chataing; el reformismo democrático, en Richard López; la política y la  literatura, en Rosmar Brito Márquez y María Susana Harringhton; la ciudadanía, en Antenor Viáfara; y, estudio aparte, la edición nos obsequia con una sugestiva curiosidad, como es la del béisbol y el control social en tiempos del lopecismo, en Gloria Rebeca Mota.

Inelegante mención, contribuimos con un modesto texto sobre  los dos alzamientos militares  del 1º de enero de 1958 y el carácter sorpresivo que alcanzaron o dijeron alcanzar. Una de sus conclusiones, nos remite al 23 de enero como la materialización de un desenlace, entre varios de los que fueron posibles, aunque ninguna de las circunstancias – exhaustas -  apuntó a un diálogo o negociación entre gobierno y oposición, aleccionándonos.

Vicisitudes, corrientes y actores políticos de entonces, ahora francamente ignorados por las más recientes generaciones, añadiendo a no pocos de las intermedias, nos imponen de un liderazgo político superior al  actual. Siendo ésta nuestra convicción, quizá estamos viviendo la emergencia de otro definitivamente innovador, capaz de superar la llamada antipolítica que aún nos consume.

20/08/2018:
http://www.opinionynoticias.com/opinionpolitica/33319-barragan-l

martes, 14 de abril de 2015

RETRATO HABLADO

¿Embargos?
Julio César Moreno León  

En el año 2013 fueron embargados tres buques de PDV MARINA, como consecuencia de la demanda por incumplimiento de pagos de servicio de fletamento, incoado por la sociedad mercantil CH Offshore Ltd (CHO) el 14 de agosto ante la Corte Suprema del Reino Unido. En esa ocasión, en Curazao fueron retenidos los barcos Terepaima y Guanoco, y en Suráfrica el  Río Caroní.
La petrolera nacional adeudaba 45,524 millones de dólares y la cuantía de la demanda fue de 70 millones, monto que luego de intensas negociaciones se depositó como garantía  para el rescate de las embarcaciones.
Los hechos referidos no fueron investigados por la Asamblea Nacional, ni por ninguna otra de las instituciones encargadas de controlar el manejo de los recursos públicos. Esto a pesar de que las medidas judiciales ocasionaron erogaciones mayores a lo adeudado inicialmente y lesionaron severamente la solvencia internacional de Petróleos de Venezuela.  
Cuando el embargo de los buques ocurrió, todavía estábamos en tiempos de bonanza y de altos precios petroleros. En ese entonces existían recursos suficientes para pagar por la irresponsabilidad, la piratería y la desidia burocrática, lo que le permitía al gobierno pasar por debajo de la mesa los actos irresponsables de sus funcionarios. Por tanto, las retenciones del Terepaima, el Guanoco y el Río Caroní no fueron noticia importante. El gobierno, como todo rico maula, forzado a pagar pagó y la situación no llegó a mayores.
Dos años después de aquel acontecimiento, al régimen y a su disminuida PDVSA se les presenta una  situación  bastante más delicada. Se trata de  las decisiones arbitrales del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI).
En esos tribunales se procesan más de veinte demandas  millonarias por las expropiaciones a las trasnacionales de minería y petróleo decretadas por el Presidente Chávez. Estas expropiaciones se cumplieron en función de la radicalización del modelo socialista, por lo que el procedimiento empleado correspondió al criterio de no compensar, o de resarcir lo menos posible a las compañías  afectadas. Y en ese orden de ideas, en enero de 2012, la Cancillería anuncia su separación de la CIADI, argumentando que la adscripción a ese organismo ocurrida en 1993 formó parte de un plan de desmantelamiento de la soberanía  orquestado por sectores económicos trasnacionales. A pesar de ello, el retiro de Venezuela del organismo arbitral  no le exime de  enfrentar las demandas introducidas con anterioridad a esa decisión. Por lo tanto el gobierno de Maduro  debe pagar lo que establezcan cada una de las sentencias pendientes. De hecho las primeras decisiones obligan al Estado a cancelar en términos perentorios 46,4 millones de dólares a la norteamericana Tidewater  por la confiscación de 11 buques; 455 millones a la Owens Illinois por las dos plantas de producción de envases de vidrio que la multinacional tenía en Los Guayos y en Valera; 1600 millones a la Exon Móbil por la liquidación de sus contratos en la Faja del Orinoco; y a la minera Gold Reserve 740.3 millones por la eliminación de sus  dos grandes proyectos auríferos en el Estado Bolívar.
A estas sentencias ya decididas, vendrán a sumarse otras en CIADE y en diferentes instancias judiciales internacionales. Algunas de esas reclamaciones con sus respectivos montos son: Crystallex International Corporation, 3.417,85 millones; Highbury International AVV y Ramstein Trading Inc c, 633,26 millones; Conoco Phillips 50.000 millones; PDV Sweeeny, Inc y PDV Texas, Inc 548 millones; Opic Karimum Corporation, 325 millones; The Simco Consortium, Wood Group Engineering, 624 millones y 163,34 millones; Helmerich & International, Drilling Co. y Helmerich & Paine de Venezuela C.A, 32 millones; Rusoro, 3.030 millones; Tenaris, 28 millones. Por su parte Gambrinus; Nova Scotia; Venoklim Holding; Saint Gobain; Universal; y Wilpro plantean nuevos juicios por cantidades que no conocemos.
Las nuevas obligaciones derivadas de los juicios a los que nos hemos referido, surgen en tiempos de una creciente escasez de divisas, y de la necesidad de afrontar el pago del servicio total de la deuda externa estimado para este año en 12 mil millones de dólares. Las sentencias dictadas hasta ahora, obligan al Estado a pagar  prontamente más de 2.800 millones de dólares y si consideramos el gigantesco monto de los otros juicios en curso, es de temer que a pesar de la habilidad y competencia de los bufetes contratados para defender al Estado, serán multimillonarias las erogaciones que el Ejecutivo tendrá que cumplir  para evitar el embargo de sus activos, cuentas y bienes en el exterior.
Por cierto, un vocero de la Owens Illinois declaró a los medios internacionales en marzo pasado: “Si Venezuela no cumple sus obligaciones, trataremos de ejecutar el laudo contra sus activos en todo el mundo”.

(http://www.opinionynoticias.com/opinionnacional/22234-iembargos)