DESPROPORCIÓN

De la Comisión de la Verdad
Luis Barragán
05/03/14

Iniciándose la sesión del martes 25 de febrero del presente año, nos sorprendió que estuviese planteado el respaldo de la oposición para la creación de una Comisión de la Verdad, con participación y mayoría garantizada para el gobierno. Por supuesto, los integrantes de la Movida Parlamentaria nos negamos inmediatamente, porque es tal la magnitud de lo que ha acaecido en Venezuela que no debemos relevar al propio gobierno de sus responsabilidades en la evidente y feroz represión que ha desatado, conduciendo las investigaciones.

El desarrollo de la referida sesión, prontamente desenmascaró las intenciones del oficialismo, pues, de un lado, fue nefasta la intervención del vicepresidente de la República que amasó sus mentiras con el peor de los insultos en la supuesta rendición de las cuentas ministeriales, por cierto, exhibiendo una lamentable pobreza y confusión con  sus aparatosas citas marxistas; y, del otro, le quitaron el sonido a la diputada María Corina Machado, quien – con pruebas en mano -  denunció los casos de muertes, heridos, detenidos y desaparecidos por la desgraciada faena represiva.  A ésta pretendieron amilanarla con el acostumbrado coro de ofensas que amalgamó a la bancada gubernamental, la ventajista dirección de debate y las barras de sus tarifados activistas; y aquél, cual secretario adjunto de una prefectura, citando a sus desconocidos Marx y Gramsci, en la práctica confesó que el proyecto socialista carecía del apoyo de los trabajadores y de los jóvenes del país.

La tal comisión será de todo, menos de lo que universalmente se entiende como de la Verdad habida cuenta de las experiencias acumuladas en El Salvador, Chile, Argentina, Paraguay, Perú, Brasil, Guatemala, Marruecos y Sudáfrica, cuyos informes, caracterizándolas, se encuentran con facilidad en la red de redes.  Implican un reconocimiento decididamente compartido de la dramática situación, derivando en una institución independiente,  capaz de recopilar objetivamente la información y superar las trabas de la confidencialidad que el Estado ha de invocar, superando los obstáculos de orden político, legal y administrativo que pueda interponer.

Independencia que implica la decisiva participación de los órganos correspondientes de las Naciones Unidas que diligenciarán los fondos necesarios, gozando de las garantías indispensables del Estado que, no lo olvidemos, es el principal cuestionado, para que emita su informe y recomendaciones en un plazo razonable, orientadas a una efectiva reconciliación.  Vale decir, una iniciativa válida y valedera que no ha de sujetarse a las circunstancias e intereses de un gobierno que, muy a pesar de las evidencias, niega la violación de los derechos humanos y, por si faltara poco, impone un bloque informativo, distorsionando las realidades a través de su hegemónico control de los medios de comunicación.

En propiedad, como si se tratara de una concesión graciosa, el oficialismo plantea es una comisión especial de la Asamblea Nacional, la que debió rápidamente designar en clara correspondencia con la correlación de fuerzas existente. Sin embargo, disfrazándola de Comisión de la Verdad para darle una naturaleza y unas consecuencias que no tiene, caricaturizándola, no acepta la aplicación inequívoca e inmediata de la Constitución de la República y de las previsiones del Reglamento Interior y de Debates,  para investigar el vil asesinato de los jóvenes venezolanos, los heridos, detenidos, desaparecidos y aún perseguidos por el supuesto delito de protestar, como no ha ocurrido con otros casos (PDVAL, por ejemplo), por no mencionar el cómplice silencio de la Defensoría del Pueblo.

Además, hay precedentes como aquella – oficial y largamente intitulada – “Comisión Especial Política que investiga los hechos y circunstancias políticas e institucionales que dieron origen y desarrollo a los acontecimientos de los días 11, 12, 13 y 14 de Abril de 2002”.  Consabido, se convirtió en un indecible espectáculo que profundizó las heridas, por no mencionar la burla del régimen al idear y convocar por aquellos años a sendas comisiones de gestión de diálogo y  paz, atrayendo a actores de la oposición que contribuyeron a la neutralización de la vibrante contestación social, como recientemente lo recordara el ex – rector Giusseppe Giannetto, a través de las redes sociales.

Peor todavía, opera esta dudosa versión de la Comisión de la Verdad, como un subterfugio complementario a otro no menos peligroso, pues, escuchamos en el mismo hemiciclo, comentarios que condenaban la violencia viniese de dónde viniese. Empero, ésta tan elemental y hasta necia convicción es la que permite soslayar y ni siquiera nombrar  las responsabilidades del gobierno, pues, generalizándolas, lo releva de la clarísima culpabilidad que tiene en los hechos harto denunciados. Y, a modo de ilustración, no es poca cosa la incursión de los grupos irregulares que patrocina, incurriendo en terrorismo de Estado; la muerte de un joven que pacíficamente protestaba y, horas después, la del otro que intentó anteriormente auxiliarlo; o la inclemente golpiza que recibió una joven previamente apuntada por un arma de guerra, luego ruleteada por varios organismos de seguridad que resultó desvergonzadamente imputada.

Comprobado, el diálogo ha sido un pretexto para el régimen que también decretó la extensión del feriado carnestolendo, un hecho inédito en todo nuestro historial,  obviando el luto colectivo en nombre de un cínico jolgorio que propina una bofetada a los hogares venezolanos.  Hay condiciones irrenunciables para acordar el intercambio con el gobierno, como el fin de la represión, la liberación de los presos políticos o la clausura de los llamados colectivos, incluyendo el cabal funcionamiento del parlamento y la convincente administración de justicia.

Por consiguiente, la grandilocuentemente llamada Comisión de la Verdad y el propio diálogo en Miraflores, procuran anestesiar la calle donde se ha dado la viva unidad democrática de la oposición que la MUD tardó en reconocer, constituyendo un motivo real para replantearse.  Y, además, distraernos en torno a las soluciones que están establecidas en la Constitución de la República.
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