Luis Barragán
Los más avisados sugieren una sobrecarga del sistema político, incapaz de procesar las demandas y – menos – de solventarlas, añadida la manipulación contraproducente de la memoria. Atrofiadas las válvulas de admisión que permiten oxigenarlo, las de escape están tapiadas escaseando las oportunidades para que fluya el sistema.
La Asamblea Nacional no discute ni investiga – frustrándolas - las denuncias hechas sobre la putrefacción de los alimentos importados o tragedias como la de Amuay, protegiendo a toda costa al Ejecutivo Nacional. Hay más de temerosa evasión que fundado rechazo a los planteamientos de una oposición comprobadamente representativa, generando – además – inéditas situaciones de violencia verbal y física.
Las altas tasas de homicidio, el colapso eléctrico o el desabastecimiento, reciben como respuesta aquello de la inseguridad como una sensación, el tropiezo con una iguana o la guerra económica que no prueban, insultando la inteligencia de los venezolanos que patentemente subestiman. A las varias capas de sedimentación, contribuye la abierta ofensiva contra la opinión pública, la (auto) censura, la deliberada escasez del papel periódico que monopoliza el Estado y el bloqueo informativo de las agencias internacionales.
A pesar de las obstrucciones, la Constitución de la República contempla el recurso ordinario de la protesta, pues, ella no puede calificarse de excepcional cuando versamos de derechos y garantías ciudadanas. Empero, el ejercicio pacífico y sostenido del estudiantado, ya generalizado en la población que lo respalda, ha sido objeto de un recurrente terrorismo de Estado.
Así, sumados a la Guardia Nacional Bolivariana, los conocidos grupos irregulares cumplen una feroz y desleal faceta represiva. La desproporcionada respuesta se ha traducido en un lamentable saldos de asesinados, torturados, detenidos, retenidos y hasta desaparecidos, obstruyendo decididamente la contestación social.
Obstrucción que es acumulación perniciosa de indignación, malestar e irritación, en una democracia pretendidamente participativa, deseando inútilmente amurallarla frente a toda la natural y legítima orientación política que merece. Llama poderosamente la atención el sadismo de los actos represivos que, por cierto, no distan de los actos criminales, antes inconcebibles, como el reciente homicidio de un niño en el estado Apure por un incidente de tránsito, pues, el presunto agresor, efectivo policial de la entidad, le disparó en venganza del tropiezo que sufrió su motocicleta por el automóvil del padre que únicamente le solicitó esperar a las autoridades correspondientes.
Ocupándose más de las consecuencias que de las causas, buscando la neutralización y reversión de la protesta, ha surgido – por una parte – la iniciativa del diálogo presidencial, con antecedentes inmediatos nada favorables, igualmente acometida por individualidades de la oposición que generan desconfianza; y – por otra – sospechamos de una cierta maniobra gubernamental respecto a la alteración del orden público que, al administrarla, aceptando su prolongación a través de las barricadas que también estimula, procura victimizarse tal como ocurrió a principios y mediados de la década pasada. Sentimos que, al dañar las válvulas de admisión y de escape, en uno y otro caso, prospera un deliberado ambiente de angustia, zozobra, incertidumbre y riesgo que apuesta teóricamente por la explosión misma del sistema.
Sistema que se niega a reconocer a las mayorías, repeliéndolas para no comprometerse a una nueva consulta electoral que la propia Constitución prevé en los casos de renuncia, referendum, enmienda o Constituyente. Y, faltando poco, compromete a la oposición políticamente organizada, confundiendo a algunos sectores que temen – sencillamente – a la calle, aunque ésta pueda reforzar la tesis conocida como la de la paciente acumulación de fuerzas para los todavía distantes comicios parlamentarios y, más aún, presidenciales.
La conducción opositora expone frecuentemente algunos preocupantes síntomas de confusión al adoptar la caracterización que hace el gobierno criminalizador, pues, trastocando el sentido, entiende por una postura radical la de provocar la ira oficial, como si los protestatarios incurriesen en actos de terrorismo, colocasen bombas o ejecutasen planes de gobiernos foráneos. Esto efectivamente ocurrió con el intento de sabotaje de las elecciones generales de 1963, por ejemplo, o con las acciones extremistas de decenios anteriores a la postre banales, sentenciadas por una paradoja que circula exitosamente en las redes sociales: en los ochenta y noventa, los encapuchados fueron considerados héroes, mientras que ahora son enemigos del pueblo aquellos jóvenes que protestan con la cara descubierta.
Invertidos los términos, los moderados no son los que reclaman por medios pacíficos sus derechos, caceroleando – incluso – al gobierno, sino que – inferimos – están representados por los que le colaboran, asisten a sus diálogos incondicionales, reconocen que acuden a título personal porque no lo discuten o dialogan con los propios partidos o fracciones parlamentarios de adscripción y, sacrificándose por la patria, están dispuestos a incorporarse al gabinete ejecutivo o a una embajada, conviniendo que Leopoldo López, entre otros, incurrió – por lo menos - en un delito. Por lo general, arguyen que los radicales están más propensos a caer en las emboscadas de violencia del régimen, aunque ellos – moderados – han reconocido el engaño cuando no se les dejó hablar en Miraflores, después de la humillante instalación de la Asamblea Nacional.
Sobresaturado, la crisis del sistema amerita de sendas válvulas de escape apreciando que la unidad opositora es un valor que también se realiza en las calles, imposible de sintetizar en un mecanismo institucional que, además, muestra sus fallas imposibles de postergar. Curioso, siendo la calle una clave fundamental para el replanteamiento de la Mesa de la Unidad, añadido el cabal reconocimiento de los sectores políticamente independientes de un parlamento que ha subestimado, y del mismo estudiantado, hay opinadores muy cercanos a su dirección que, desesperando por escapar ellos mismos a una situación sin precedentes, e impotentes para interpretarla, piden castigo para los responsables de la convocatoria y movilización que significativamente arrancó con las asambleas de ciudadanos del 2 de febrero pasado en Caracas y otras ciudades del país: «¿Quién mató al Comendador? / Fuenteovejuna, Señor / ¿Quién es Fuenteovejuna? / Todo el pueblo, a una»,
Fuente:
http://www.noticierodigital.com/2014/03/teoria-de-la-valvula-de-escape/
http://www.noticierodigital.com/forum/viewtopic.php?t=1021037
Reproducción: El Nacional, Caracas, 28/01/1993.
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