Luis Barragán
Quizá porque jura aportar al equilibrio planetario frente a las más seguras ciudades del mundo, el gobierno venezolano contribuye con las más peligrosas. Un reciente informe de la ONG mexicana Seguridad, Justicia y Paz, revela que Caracas, Barquisimeto, Ciudad Guayana, Maracaibo y Valencia, destacaron en 2013 como emblemas indeseables de la criminalidad, aunque – palpablemente – Nicolás Maduro, ante la plenaria de la Asamblea Nacional, tiende a subestimar el fenómeno gracias a un malabarismo ideológico.
La errada y anacrónica invocación – que no, expuesta concepción – socialista, explícita e implícitamente asomada, apunta a una notoria indolencia y subestimación respecto a las elevadas tasas de homicidio que exhibimos, convertidas en un perverso recurso de control social. El ponente distinguió entre una escatología legítima y la que no lo es, por lo que debemos esperar a la profundización del modelo para solventar el problema.
Consabidos pretextos, la responsabilidad fundamental no es de todos ni del contenido programático de los medios independientes de comunicación, sino del Estado indiferente e incompetente que, por si bastara poco, ejerce una inédita hegemonía comunicacional. Sin embargo, deseamos colocar el acento en el comunalismo predicado, evidentemente inconstitucional, como respuesta.
Maduro inculpó a la sociedad por cifras que, por cierto, son propias de una guerra civil indeclarada. Responsabilizó a las comunidades reacias a cooperar con el Estado, como si éste no contase con los suficientes y especializados recursos y servicios de prevención e inteligencia, condenándolas a exponerse mediante la aventurada denuncia de los hampones con los que debe diariamente lidiar vis-à-vis, por ejemplo.
Asociando la espera respuesta con las comunas que cuidadosamente prefabrican y financian, por añadidura, reconoció que el Estado no tiene un efectivo control territorial por más que le sea un elemento existencial, por lo que ellas deben acometer tamaña empresa para acabar con la delincuencia común. Preocupante nota, pues, por una parte, el flagelo las desborda y es razonable que el Estado cuente con el legítimo monopolio y empleo de las armas, por citar un caso, evitando una franca desinstitucionalización que nos tribalice y haga depender de las literales camarillas del poder; y, por otra, surge la confesa lesión que el hiperestatismo paradójicamente le ha propinado al Estado, pues, éste no llega a los rincones donde lo hacen reconocidas marcas de cigarrillos, cervezas y televisoras satelitales que deben bregar con el crimen cada vez más organizado.
No olvidemos que, en el fondo, la fracasada reforma constitucional de 2007, desenfadadamente implementada después, tuvo por uno de sus principales objetivos el de transferir a la población los más agudos problemas que el gobierno nacional jamás ha encarado. Ahora, tipificándola, impotente frente al hampa ordinaria, las comunas en construcción tendrán por privilegiada tarea la de delatar, perseguir y reprimir a la delincuencia política.
Finalmente, deseamos consignar una observación en torno al papel a desempeñar por la Asamblea Nacional, ya que ésta servirá de escenario para la espectacular comparecencia de los ministros a la sesión plenaria que calculen como la más adecuada, contentándose con otras actividades complementarias como la realización de sendos foros abiertos que cuenten con la astucia de los convocantes ante la ingenuidad de los asistentes. Insistiendo que no todos somos culpables ni responsables de la calamitosa inseguridad personal en Venezuela, exigimos la reivindicación de las prácticas parlamentarias del caso, porque no puede la bancada del PSUV seguir impidiendo que las comisiones y subcomisiones especializadas los interpelen al igual que las más variadas denuncias sobre los aparatos judiciales y policiales nunca prosperen, gracias a los sospechosos mecanismos de protección consagrados, asegurando la inseguridad.
http://opinionynoticias.com/opinionnacional/17964-de-la-segura-inseguridad
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