Abultando un problema
Luis Barragán
De contar con otro régimen político y modelo económico, el gobierno venezolano hubiese presionado de mil formas al guyanés. Basta la hermandad con la consabida dinastía caribeña, más que la común profesión de fe en un socialismo que ni en los Grundrisse se asoma, para trastocar el reclamo en complicidad.
Nuestro país fue injustamente despojado de un extenso territorio que, a pesar de las largamente comprobadas trampas y triquiñuelas, procuró recuperar por la vía pacífica, agotando las instancias y mecanismos que el derecho internacional concede. E, incluso, con una mayor imaginación política que no implicó el abandono de tan caras e históricas exigencias, nuestro acercamiento a Georgetown constituyó la esperanza de Forbes Burnham para que los condujéramos al siglo XX.
La dictadura cubana nos denunció como expansionistas, a la vez que alcanzaba importantes concesiones que apalancaban a sus tropas hacia África. Jamás intervino para contribuir a solventar las diferencias vecinales, sino que esperaba a atuércarlas en unas distintas circunstancias que, simplemente, llegaron y facilitaron Chávez Frías y sus sucesores. Empero, éstos temen sincerarse.
Nicolás Maduro y Elías Jaua prefieren la evasión, distracción y postergación del problema, retrotrayéndonos a etapas que dijimos superadas. Para ellos ya no existe el Acuerdo de Ginebra (1966), porque – ante las declaraciones oficiales del país de al lado – callan o sueltan vaguedades que nunca pueden considerarse como un gesto de prudencia.
Ambos funcionarios venezolanos, incluyendo a sus más parlanchines subalternos, tampoco desearon mencionar la legítima visita que un grupo de parlamentarios de oposición hizo a tierra esequibana y, muchísimo menos, aspiran a diligencia alguna respecto al Proyecto de Ley de Defensa y Desarrollo de la Fachada Atlántica de Venezuela? que tal grupo responsablemente introdujo a la Asamblea Nacional. Apenas, la participación es una consigna.
No arriesgarán convicciones y políticas en el debate de una propuesta legal que pide franqueza, ni siquiera en la intimidad de la Comisión Permanente de Política Exterior. Al parecer, no hay o son escasos los reparos técnicos que puedan hacérsele.
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