Diputado Luis
Barragán (Movida Parlamentaria):
Al gobierno nacional se le
hizo tarde para resolver el problema de la inseguridad personal
“El gobierno nacional cree que
cualquier pretexto es válido, mientras
que la inseguridad personal se ha convertido definitivamente en el más indeseable
y emblemático de sus aportes en una ya larga
década y media de fracasada gestión”, expresó el diputado Luis Barragán (Movida
Parlamentaria) al referirse a las recientes declaraciones del ministro Miguel
Rodríguez Torres, desde el estado Apure.
Recordemos, el titular del
despacho del Interior, Justicia y Paz dijo que la politización del tema
debilita al Estado frente a un problema que es complejo, siendo fuerte cuando
actúa de manera articulada. Al respecto, el diputado Barragán respondió:
“Yerra el ministro del Interior,
pues, al pedir la despolitización del problema, no sólo incurre en su
paradójica politización, creyendo monopolizar el diagnóstico de una realidad
que este gobierno, el mismo desde hace quince años, ha agudizado, sino que
pretende que toda observación, queja y demanda de la ciudadanía indefensa
debilita al Estado. Es decir, a la diaria comisión y sorprendente variedad de
delitos que el gobierno no prevé, persigue y castiga, se suma el crimen de
opinión por el que diferentes y altos funcionarios pugnan por definir, lo que
es peor, indolentes, ideologizando la muerte que – por supuesto – siempre les es ajena”.
Alega el parlamentario del estado
Aragua la otra paradoja, la del Estado que es demasiado fuerte y demasiado
débil a la vez: “El hiperestatismo en boga ha desembocado en la propia
debilidad del Estado que es exteriormente decidido, fuerte y oportuno para reprimir la disidencia política, gozando
de todo el dineral petrolero que permita – además – literalmente sostener a otros Estados como Cuba; pero
interiormente incompetente, displicente y temeroso del hampa que no logra
dominar, viéndose inexorablemente contaminado. Digamos que es el Estado el que
debilita al Estado, por la excesiva atención, recursos y servicios que presta a
sus actuales conductores, olvidando a la población que lo legitima, la defensa
de la vida y el bien común estructural”.
Agregó: “El ministro Rodríguez
Torres requiere también de la urgente y necesaria orientación de la oposición,
pues, ha de escuchar sus planteamientos y responder con la sobriedad que exige
tan delicada materia. Todavía esperamos que conteste la carta suscrita por los
integrantes de la Movida Parlamentaria, personalmente consignada por los
diputados en la propia sede ministerial en fecha 15 de enero, la que cuenta con
un respaldo de más de 18 mil personas (http://movidaparlamentaria.com/).
Y es más, que acepte la interpelación de una comisión especial del parlamento, conformada por las bancadas
del gobierno y de la oposición, que aborde los asuntos específicos del problema y las soluciones
concretas, en lugar de una comparecencia a la plenaria de la Asamblea Nacional
dispuesta para la evasión, la generalización y el espectáculo”.
El ministro del Interior advirtió
que, en su visita, llevó todas las estadísticas criminales del estado Apure,
reiterando que la inseguridad personal es un problema de todos. Sin embargo, el
diputado Barragán discrepó:
“Haciéndosele cada vez más tarde,
es un problema del gobierno que no ha sabido ni podido resolver, aún tratándose de un asunto que es precisamente de
Estado, porque la ciudadanía no puede ni debe hacer algo más allá que tomar las
previsiones personales u hogareñas del caso, cooperando con unas autoridades
que – por cierto - no oyen. Valga
añadir, el gobierno no puede reservarse las cifras que conciernen a todos los
venezolanos, y está en el deber de publicarlas en forma transparente y
confiable, revelando la metodología empleada, como lo hizo el Observatorio
Venezolano de la Violencia cuando afirmó que la conservadora tasa de muertes
violentas en el país para 2013 fue de 79
por cada cien mil habitantes, en vez de 39 por cada cien mil habitantes que
proclamó, mas no argumentó, el ministro Rodríguez Torres. O anunciar la
suspensión o anulación de los portes de armas de la población civil, luce como algo
risible porque el malandraje para acechar, atracar y asesinar no cuida del
cumplimiento de tal requisito o incurre en la delicadeza de adquirir el timbre
fiscal correspondiente para tramitar una licencia para matar”.
Finalmente, concluyó: “A la
impunidad del delito en Venezuela, desean agregar la inmunidad de los altos
funcionarios a los que tanto les irrita la más modesta observación en torno a
una penosa gestión gestión, pero es imposible ya censurar la muerte y el dolor
en un país que está en emergencia. Y es que al gobierno ya se le hizo para
remediar un mal que, innegable, ha acrecentado y esto lo debe recordar muy bien
el venidero 4-F”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario