De la crisis institucional en dictadura
Luis Barragán
Asistimos a una crisis institucional del régimen que aspira a su definitiva consolidación como una dictadura – no redundamos – irrefutable que cuente con el reconocimiento de la comunidad internacional, por el mínimo y suficiente cumplimiento de ciertas formalidades democráticas, pues, al fin y al cabo, Cuba tiene las suyas, y – a la vez – le permita diligenciar los recursos financieros que les son tan indispensables para su mera supervivencia: acceso al mercado de las armas, publicidad gubernamental y puntual cumplimiento del servicio de la deuda externa. Y es que, como ocurre con toda dictadura que ha transitado la etapa bonapartista (*), tarde o temprano tendrá que afrontar el caos social y económico que ha generado y agravado, agotado como una herramienta favorable a sus objetivos tácticos.
Significa zanjar las diferencias, negociando y pactando una convivencia estable, entre las distintas e inevitables corrientes internas del poder establecido, procurado el definitivo del dominio del madurismo que ejerce el mandato real de una tal constituyente ideada como un instrumento algo más que complementario. Se abre paso el potencial relevo de los venideros años, capaz de relegar al ya viejo sector militar del PSUV, olvidado el que soportó al MVR-200, hoy concedidos determinados poderes de negociación a quienes, años atrás, desempeñaban roles secundarios.
Relevo que pasa del solo dominio de los resortes ministeriales, velando por una retaguardia burocrática, que ahora se exige como vanguardia política, añadido el pronto regreso al poder, emulando más al sandinismo que al peronismo, en el caso de cualquier eventualidad. Luego, la crisis es la del reacomodo al interior de una tripulación que amplía la cabina para el relegamiento de los otrora copilotos, como sucedió con Luis Alfonso Dávila y sucederá con Diosdado Cabello, ya expulsados Jorge Giordani o Héctor Navarro, so pretexto de una carta de navegación vedada a la discusión.
Además, sin que la hipótesis implique desmotivación alguna, pretendiendo aleccionarnos respecto a la capacidad de incurrir en un masivo e impune fraude, como acaeció el consabido 30 de julio, el relevo dice ostentar un poder originario a través de la tal constituyente, aplaudiendo la faena de los comicios regionales reducidos a la única selección de los gobernadores, luego de empujar a una oposición que decidió concurrirlos inconsultamente. Negada la MUD como una instancia de colegiación, celebradas luego unas primarias de un curioso carácter censitario, sectores de la oposición probarán suerte en unas elecciones sesgadas, semicompetitivas y, por consiguiente, de resultados no garantizados.
La dictadura que, por siempre, se ha dicho participativa y protagónica, ensaya una modalidad de coexistencia de las propias tendencias que la informan, pues, no ha existido jamás un tránsito inocente por el poder, deseándolas regladas por la tal constituyente que también espera por los recursos que afanosamente buscan en el exterior, aspirando a competirlos gracias a la sobrevenida facultad de sancionar el presupuesto público nacional. Dándole algún piso social, surge el nuevo clientelismo a la sombra de las cajas del CLAP, curioso soviet de los días que transcurren, afincado más en una modalidad de negocios y de la violencia que en su fuerza y eficiencia movilizadora.
La necesidad es la de mantener un conflicto de distintas intensidades, con los adversarios reales o imaginarios trastocados en el enemigo común del antiguo populismo de movilización, sumados los lacayos del imperialismo; asestarle un duro golpe a la unidad opositora, soslayando la vigencia y consumación de los resultados del plebiscito del 16 de julio próximo pasado; y, a la vez, minimizar los riesgos de una creciente deslegitimación, convidándola a unos comicios que acredite una diplomacia que no cuenta, precisamente, con agentes de una comprobada destreza política.
El reto de la dictadura está en lograr su aceptación resignada, comprometida a no expandirse como la cubana posterior a los ’70 del ‘XX, porque – objetivamente – Maduro Moros dista demasiado de Chávez Frías, ya no dispone de los recursos petroleros que sorteó en el continente, ni el respaldo militante de los gobiernos de Brasil o Argentina, excepto pise más a fondo el terreno delictivo de la comercialización de las armas, las drogas, la manipulación financiera o el terrorismo mismo. Esa resignación tiene una menor significación interna, revalidada por la feroz censura y represión, aguijoneando las rivalidades de una oposición que ayuda a la superior aglutinación política y, acaso, cohesión social de los sectores oficialistas en una forzada y permanente tregua.
La tal constituyente, cual soviet supremo, multitudinario e inoperante, le confiere al relevo una mejor posición para afianzar la fusión PSUV-Estado, reforzando la esfera ministerial, compacta y presupuestada, cuya promesa es la de moldear una institucionalidad en la que quepan todos los afectos. Nada fácil la fusión definitiva, habida cuenta del rol estelar de la corporación castrense, debilitada la petrolera con sus tecnócratas de ocasión, es de suponer que la encabezará – hasta nuevo aviso – Maduro Moros ad infinitum, junto a sus inmediatos colaboradores o elegidos llamados – de plantearse – a la sucesión, forzando a sus más cercanos seguidores a desempeñar una influencia similar a la de unos señores feudales que sólo velan por sus intereses e, impedidos de transitar libremente el globo terráqueo para los que le sobra dinero, por su propio pellejo.
La redistribución interna de poderes dista de la que hizo Chávez Frías, heredero de las vetustas prácticas del engranaje clientelar y prebendario que supuso la aceptación e incómoda convivencia con factores o grupos sociales y económicos de presión, hasta amilanarlos sin que jamás los reconociese como actores públicos. El actual reparto obliga a una simplificación de las instancias de poder, dejando atrás el inútil, complejo y costo dispositivo de gobierno que bien lo ejemplifica el sistema de vicepresidencias ejecutivas, ministerios y viceministerios, protectorados y empresas diversas, fungiendo las embajadas y consulados como medios de compensación personal.
Los resultados de las próximas elecciones regionales, como de las sucesivas que la experiencia autorice, tenderán a preservar una ficción de equiparación de fuerzas, aunque se diga competitiva la dictadura sobre la cual pesa más del 90% del rechazo de la población. Pudiendo excederse más de lo que efectivamente hizo el 30 de julio, cuidó de la polarización estratégica que, insistimos, la compacta ante los adversarios que terminan confundidos, a la vez que la ayuda a maquillarse en los foros internacionales.
Bastándole la formal selección de un número conveniente de gobernadores de oposición, además, los capacitará para rivalizar con sus referentes nacionales y, aún no seleccionados, de influirlos decisivamente, pues, saldo de la derrota, los habrá consagrados como interlocutores o líderes regionales que posiblemente probarán a la posterior ocupación de una importante alcaldía. Desactualizada la representación, la postergación de los comicios para los legisladores regionales y concejales, no sólo asegurarán el adicional control de los futuros gobernadores y alcaldes, sino que facilitarán la emergencia de una dirigencia de la oposición local que, en aprietos, no tendrá adversarios cercanos y calificados en sus propias filas.
Aceptando la antigua jerga, poco importará la dramática separación entre el país nacional y el país político, tras avivar una polarización artificial que se traduzca en un modelo de usos múltiples: la cohabitación que, negociaciones por delante, garantice el predominio madurista y, a la vez, ofrezca garantías de supervivencia a sectores de la oposición que, por ahora, la inhabilitación administrativa ensombrece o puede ensombrecer, torpedeada por la anulación frecuente del pasaporte. El reconocimiento de la tal constituyente con el respeto provisional de la Asamblea Nacional, ofrecen una de las variadas pautas de utilidad para el poder establecido que ha sido eficaz en la administración del conflicto.
La crisis nos remite a la de la propiedad institucionalidad del oficialismo en su definitiva fusión con el Estado, siéndole indispensable una oposición que ayude a moldearla. En la era del post-bonapartismo, sabe muy bien que, salvo la pólvora, carece de los recursos materiales y simbólicos necesarios, desconfiando del soporte social que descansa en un lumpemproletariado que, como todo aquel que se precie, tiene por vocación el oportunismo y la deserción.
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