domingo, 29 de octubre de 2017

AGUAS REVUELTAS

Conflictividad y Estado No-Constitucional
Luis Barragán

Inherente a la política, no basta con invocar y asomar el conflicto. Requiere de una mínima base material para sustentarlo y de un arraigado simbolismo para expresarlo,  suscitando así las respuestas orientadas a su calificación  e incidencia real y también provechosa.

Por siempre latente, imposible de asfixiarlo, luce curiosa la dramática disminución de las causas en la jurisdicción ordinaria, como se nos ha dicho. Por cualesquiera motivos, nada difícil de adivinar, la solución de las diferencias cotidianas toma cauces diferentes y hasta impredecibles, condenándonos a los laberintos que ha sembrado el poder establecido.

Muy pocos acuden ya a los tribunales, debido al alto costo de incoar alguna acción justa y legítima, por modesta que sea. Excepto los inevitables problemas  relacionados con los delitos contra las personas, sucesorales, pensiones de alimentos o tributarios, el país económicamente quebrado y socialmente desbarajustado, hace innecesario y hasta contraproducente el litigio civil, mercantil, penal, laboral o de tránsito.

La conflictividad pierde así un importante y fundamental  referente institucional, desconfiados de todos los principios y formalidades que dicen garantizar caros derechos constitucionales. Vale decir, realizando el Estado No-Constitucional, convertida la vida política en un acto de fuerza, reglado el conflicto según los intereses – además – sobrevenidos del poder establecido, desinstitucionalizado hasta el hartazgo, nada extraña que haya dado alcance, re-creándose constantemente, al resto de la sociedad.

El problema está en que, impostergable, algún día reventarán los diques artificiales y el más sencillo esbozo de libertad,  será ocasión para que la conflictividad adquiera toda la sinceridad, vigor y empuje que reclama. Por ello, una transición democrática que, por sí misma, asegure una importante recuperación social y económica, ameritará de un radical saneamiento y actualización de la administración de justicia,  cuyo servicio será esencial para la propia existencia republicana.

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