Luis Barragán
Evidentemente, hay una cacería de jóvenes que, por tales, incurren en un delito. Deseando reforzar el imaginario social de los sesenta, particularmente el insurreccional, parece inevitable para el régimen contrabandear y arrastrar la lejana circunstancia que se tradujo en una consigna de la difícil década, emblematizada - entre otros - por el llamado Poder Joven.
Un morral robusto o delgado, zapatos deportivos y bluyín, añadido el rostro de la adolescencia que pugnan por dejar, ofrecen el estereotipo adecuado que el represor cree una inspirada y acabada percepción policial del brutal represor, ahora, desinhibidamente morboso. Empero, es cierto, hasta los llamados adultos contemporáneos resultan candidatos ideales para la aviesa aprehensión, incorporándose ya los abuelos sobre quienes recae la sospecha del auxilio logístico y financiero al estirar las normas vigentes sobre terrorismo o delincuencia organizada.
La franca violación de los derechos humanos que puede muy bien representar el caso de la estudiante tachirense Agnelly Pernía, afortunada sobreviviente como no ocurrió con otros 42 muchachos desde febrero del presente año, inmediatamente recibe una soporífera versión oficial. Además, la creación de un Consejo de Derechos Humanos de la sola ocurrencia gubernamental que se despacha y se da el vuelto, citando la justa sentencia popular, confunde y aguijonea la candidez de algunos parlamentarios afines que presienten – evadiéndolas – las respuestas de una confidencial angustia experimentada.La inicial constatación es la de un desproporcionado abuso de la fuerza represiva bajo la responsabilidad de un componente castrense, aunado al empleo de los llamados colectivos. Fernando Falcón, una autoridad en la materia, a propósito de una de las faenas represivas de Altamira, comentaba el 17 de marzo del presente año: “Un batallón tiene un efectivo de 600 a 700 hombres y un frente de combate aproximado de 3.200 mts. No encuentro explicación a 661 efectivos de tropa para 400mts.” (https://www.facebook.com/fernandofalconv?fref=ts).
La sistemática persecución y captura de los muchachos, facilitada a corto y mediano plazo por las fotografías y videos propios que abundan en cada faena de agresión, deja muy atrás las tareas que realmente le corresponden al Estado: agotar todos sus esfuerzos de inteligencia para dar con el paradero, detener y deshacer las bandas criminales que azotan a la sociedad. Vemos con demasiada indignación y tristeza las imágenes de cada estudiante golpeado y esposado que es encaramado en una apresurada motocicleta, entre dos soldados de la Guardia Nacional, algo vedado para el malandro varias veces homicida que tampoco sabrá de los peligros que podrían correr sus familiares al esperar una decisión hasta altas horas de la noche, completamente desguarnecidos, a las puertas de los tribunales.Fotografías:
Carlos Becerra / Amnesty International
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