TECH-GNOSIS ELECTORAL

Pitias o del “ganar-ganar”

José Rafael Herrera 

El microcosmos de la tech-gnosis electoral, su empeño en sobrevivir “a como dé lugar”, en medio de la difícil coyuntura que padece una Venezuela en crisis orgánica, profundamente empobrecida y secuestrada por un neo-régimen gansteril -o quizá, no sin cierta premeditación, a consecuencia de todo ello-, no parece tener límites gaseosos. Flatus vocis, dirían los latinos. Lo cierto es que los “numeritos” y “sondeos de opinión”, siempre acompañados de las inefables interpretaciones tautológicas de los pitonisos de rigor y de una que otra retropulsión “noticiosa”, propia del rumor del día, que se va apelmazando cual bola de nieve hasta devenir un tropel que, dos o tres días después, es sustituido por otro y por otro, hasta el “infinito malo” del que hablaba Hegel -es decir, un infinito de pésima calidad-, hacen la delicia del momento, especialmente entre quienes se hayan convencidos de que en una sociedad “polarizada” no queda otro remedio que dirimir las diferencias existentes mediante una “masiva participación electoral”.

Decía Goebbels, el genio detrás de la propaganda fascista, que cuando no se pueden negar las malas noticias es menester inventar otras que las distraigan. Y, mención aparte de los aparatos de propaganda del régimen cubano, bajo la sombra de tal principio se cubren de la luz de la verdad unos cuantos ideólogos, ciertos promotores de la “inmediatez de la noticia” y otros tantos pitones profesionales. El oráculo de Delfos fue uno de los principales centros sagrados de la antigua Grecia, recinto consagrado al dios Apolo, símbolo de inspiración profética y, curiosamente, amante de las serpientes. Cuenta la leyenda que el buen Apolo se reunía en el Párnaso junto con las musas mientras tocaba la lira y las divinidades cantaban. Su santuario fue construido en un lugar no muy distante del Párnaso, conocido como Pitón, la gran serpiente que anidaba en el subsuelo del valle del Pleisto, de donde proviene el nombre de las pitias o pitonisas, las sacerdotisas del templo que interpretaban, de un modo particular, los extraordinarios misterios o “eventos” de la vida, a través de señales, como el tintineo de campanillas, los sonidos del viento, los sacrificios de animales, etc. Las respuestas, ante las presurosas demandas solicitadas, consistían en enigmáticas oraciones, generalmente repletas de simbolismos. No fallaban. Más bien, eran infalibles sus respuestas. Verbigracia, “si te llegan a matar, morirás”. “Si pierdes, no ganarás”. O “tendrás una sorpresa inesperada”. Eran la delicia de mandatarios y líderes, quienes regularmente consultaban ante ellas sus acciones, sobre todo, antes de ir al combate.

Claro que hay versiones más recientes, adecuadas a las más novedosas y muy precisas técnicas metodológicas de la investigación contemporánea, ubicadas entre los linderos del neo-positivismo y la posverdad. Tal vez un tanto menos clásicas, en el estricto sentido tautológico del término, pero no por ello menos efectivas y ciertamente más precisas y contundentes respecto del misterioso y abigarrado arte oracular tradicional: “si no participas en los próximos comicios pautados, ni ganarás ni perderás. Pero tendrás más que perder y menos que ganar. Quedarás por fuera de la relación ‘ganar-ganar, en la que, como afirmaba el Musiú, ‘mientras más juegues más oportunidades tienes de ganar»”. Y es entonces que, justo en ese momento decisivo, cual Agamenón ante el sacrificio de Ifigenia, un escalofrío atraviesa la médula espinal del líder y su piel se comienza a poner de gallina. Pero aún el dirigente en cuestión no ha terminado de superar el shock cuando viene la otra terrible advertencia: “porque, así no cuentes, habrá conteo”. ¡Oh sorpresa! Realmente admirable. Con razón, Aristóteles afirmaba que la auténtica sabiduría comenzaba con el asombro.

En el año 2006, calificados científicos italianos del Instituto de Geofísica y Vulcanología, aseguraron haber revelado el misterio de las profecías de Delfos, al descubrir la existencia de emanaciones de gas metano y etileno que aún brotan, en pequeñas cantidades, del subsuelo desde donde, en su momento, las pitonisas en trance -en realidad, intoxicadas por los gases- ejercían su sagrada labor de divinari. Y bien valdría la pena preguntarse por la procedencia del tipo de gases que parecieran estar afectando el sano y experto juicio de los pitias del presente, especialmente en un país que posee la mayor cantidad de reservas probadas de gas natural, pero que, por desgracia, hace ya bastante tiempo que carece de toda capacidad para producirlo. Quizá la respuesta esté en los tóxicos del humo de los fogones en los que los más humildes se han visto en la necesidad de cocinar. Habrá que consultarle a los geofísicos italianos, a ver si logran obtener alguna respuesta satisfactoria que le permita a los prestigiosos facilitadores o influencers encontrar de una buena vez el punctum dollens entre el “escenario ideal” y el “escenario real”, a ver si de tantas certezas resulta, al menos, la sobria verdad.

“Es un grave error quedarse en la nada, porque las demás vías están descartadas”, afirman. Valdría la pena preguntarse qué  significa “quedarse en la nada”. Porque nada más abstracto que aquello que parece más real y nada más fantástico que lo que parece más tangible. El miserable “agarrando aunque sea fallo”, dentro de las actuales circunstancias políticas, económicas y sociales, sólo puede significar que el “fallo” resulte ser nada menos que la nada misma. Advierte Hegel que el afirmar que una entidad cualquiera “es” solo sirve para poner de relieve que ella “no es”, o lo que es igual, que no es más que la nada. Abstraer a los hombres de su contexto histórico-cultural, de su quehacer cotidiano, de sus necesidades radicales y de sus relaciones sociales, para convertirlos en una tabla comparativa con realidades y contextos que poco tienen que ver con su modo de ser es eso: la nada.

La banalidad del “ganar-ganar” solo muestra ser la expresión invertida, el reflejo del hipócrita humanismo de utilería. Hay momentos en los cuales la praxis política concentra sobre una determinación específica su devenir, y es sobre su constante perseverancia, sobre su énfasis, que se logra finalmente conquistar el resultado deseado, la ruptura definitiva con el pasado, signado por el desgarramiento, y la consecuente conquista de un estadio propicio para la reconstrucción del tejido ético-político de la sociedad. Cuando la llamada polarización política se ha desvanecido por completo para dar paso a la distinción entre políticos y criminales, la superación de la crisis no puede ser política sino de carácter policial. Subestimar la caracterización que del presente venezolano han hecho prestigiosos políticos mundiales, veteranos expresidentes y presidentes en ejercicio, intelectuales y auténticos expertos en confrontaciones políticas, es una afrenta a la sensatez. Seguir creyendo que la solución está en el “pulseo” del “justo medio”, aunque ya no existan extremos que lo sustenten en el sentido onto-histórico de rigor, es negarse a concebir la realidad más allá de los buenos deseos, manipulados por viscosos intereses ocultos tras declaraciones sofísticas y llamados a una racionalidad carente de toda razón. Quien crea en los diagnósticos de los pitonisos del presente, será que busca inhalar los gases que con tanto afán promueve el narcoterrorismo.

25/06/2020:

https://www.elnacional.com/opinion/pitias-o-del-ganar-ganar

Composición gráfica: Misha Gordin.

(AUNQUE LA CREEMOS DE MUY ANTES)

Luis Salamanca: “La dictadura comenzó el 20 de mayo de 2018"

Hugo Prieto

En 2015, tras la clamorosa victoria de la oposición en las elecciones parlamentarias, el chavismo activó el Plan B (cuyo enunciado número uno se consigna en las líneas que siguen). Para entonces, un grupo de académicos, entre los cuales se encuentra Luis Salamanca, le practicaron una autopsia forense a El Sistema Electoral Venezolano. Precisamente, la frase sirvió como título a un libro que se publicó ese año.

El ensayo que le correspondió escribir a Luis Salamanca, politólogo, abogado, doctor en Ciencias Políticas, exrector del CNE (2006-2009), exdirector del Instituto de Estudios Políticos de la UCV, se titula Ventajismo y Autonomía del Elector en las Elecciones Venezolanas del Siglo XXI. Para ese año, el sistema político rozaba la frontera que separa el autoritarismo de una dictadura. ¿Qué se puede decir de lo que ocurrió en estos años? Algo de eso está plasmado en esta entrevista. De ese ensayo he rescatado, por razones obvias, una expresión del propio autor: «el roído hilo electoral». Y no ha sido casual.

Nunca como antes el régimen chavista ha dependido tanto del ventajismo y del control institucional. ¿Realmente podemos esperar, en caso de que se nombre un nuevo CNE, que se organicen unas elecciones libres, justas y transparentes?

Cuando hablamos sobre la necesidad de tener un proceso electoral democrático, ahí se están expresando dos cosas. Una. La sociedad venezolana que tiene, en su memoria colectiva, a la democracia como el método para resolver los conflictos, elegir a los gobernantes y organizar las instituciones. Ciertamente, en Venezuela no hay condiciones democráticas, pero la gente guarda un recuerdo vivo de lo que es ella, al menos en términos electorales. Entonces, ¿qué tenemos? Una sociedad que sigue siendo democrática frente a un régimen que no lo es. Dos. Por otra parte, ese debate refleja que el sistema político venezolano ya no está organizando elecciones democráticas. Se nos olvida, y no debería ser así, que desde hace 21 años estamos inmersos en un proceso de destrucción de la democracia. Maduro ha ilegalizado a los principales partidos políticos y ha creado, a partir del 20 de mayo de 2018, una oposición que no lo desafía, que no le genera ningún peligro.

Si algo tenemos los venezolanos es mala memoria Y hemos dado fe de ello en infinidad de ocasiones.

Maduro ha inventado las mil y una no sólo para tener ventajismo institucional frente a sus adversarios, sino para torcer el sentido democrático del voto. Se nos olvida que nosotros estamos viviendo un proceso histórico político en el cual se ha ido devastando a la democracia, gradualmente, evolutivamente, institución por institución; se han liquidado, uno tras otros, los espacios democráticos. De tal forma que hoy en Venezuela la oposición existe de facto. Y voy a los hechos. Esta ilegalizada la Mesa de la Unidad, así como Voluntad Popular, Primero Justicia y Acción Democrática. Si hoy hubiera elecciones, la oposición no tendría tarjeta para ir a ellas. Esto es producto de un proceso gradual de demolición y en este momento nos encontramos en una zona absolutamente no democrática. Ya no se puede hablar de que la democracia está en riesgo. No, hace rato pasamos esa etapa. De la democracia queda muy poco y ese poco Maduro lo puede manejar, pero llegado el momento, las circunstancias, también lo va a liquidar.

 ¿A qué se refiere? ¿Puede señalar algunos casos?

El hecho de que Guiadó, por ejemplo, esté haciendo campaña en el país, no responde a que Maduro sea un demócrata, sino a una represalia internacional. El hecho de que haya ciertos programas en algunas emisoras o que algunos periodistas puedan hacer su trabajo, es porque el régimen lo permite, pero llegado el caso, cierra esos espacios, como ocurrió con Radio Caracas Radio —con Maduro— o con RCTV —con Chávez—. Entonces, la dinámica política no es autoritaria sino dictatorial. Y lo es porque tiene dos elementos que la definen: Uno, el origen no legítimo del poder del gobernante, y dos, el ejercicio ilimitado, sin límites legales, de ese poder.

¿No se rompió «el roído hilo electoral» con la elección presidencial del 20 de mayo de 2018, una elección a todas luces fraudulenta?

En mi opinión, la fecha en la cual se puede oficializar la quiebra definitiva de la democracia en Venezuela, lo que quedaba del «roído hilo electoral», es el 20 de mayo de 2018. En la etapa de Chávez, al menos, la gente podía expresarse. Había una autonomía del voto. Y también partidos políticos que participaban en nombre del elector. Claro, el campo de juego estaba desnivelado. Digamos que había una semicompetencia. Entonces, cualquier discusión sobre una posible elección en Venezuela tiene que tomar en cuenta en qué fase del proyecto de chavismo nos encontramos. Lo que hemos visto con Maduro es que para conseguir el objetivo de mantenerse en el poder, lo ha hecho por vía de la manipulación de las instituciones, digamos, que es el plan B, pero no hemos visto el plan C, que podría ser mediante el uso de la fuerza… aunque paradójicamente sea la fuerza lo que sostenga esto.

¿No se perdió también el 20 de mayo de 2018 la «autonomía del elector»?

Chávez intentó atrapar el alma de los electores mediante el uso de mecanismos de control —Maduro los ha profundizado con los CLAP, el Carnet de la Patria, entre otros— pero los venezolanos han demostrado tal grado de autonomía, que le propinaron a Chávez una derrota en 2007 (Reforma Constitucional) y también le dieron palo en las parlamentarias de 2010 (en las que casi hubo un empate). Y en 2015, el elector no sólo demostró que era autónomo sino que decidió, electoralmente, quitarle el apoyo a los chavistas. Ese fue un mensaje que Maduro captó muy claramente y por eso decidió lanzar el plan B. Me tomo el poder manipulando las instituciones, sin todavía usar la fuerza directa. En esa etapa estamos hoy. Hay algo, además, muy importante. Recuerda que el nivel de abstención de ese día era algo nunca vivido en Venezuela. Y me atrevo a decir que la cifra final que dio el CNE no se compadece con lo que pudimos ver a lo largo de todo el país. El elector, ciertamente, también demostró su autonomía en esa elección.

Tengo mis dudas. ¿Realmente cree que se puede hablar de autonomía del elector y de criterio político?  

El mensaje del 20 de mayo no sólo fue para el chavismo sino también para la oposición. La abstención, en términos absolutos fue de 14 millones de electores y lo que hemos visto es que la oposición mayoritaria no pasa de siete millones. Entonces, estamos hablando de siete millones de electores adicionales que… ¡Decidieron por su cuenta! Y ahí también tenemos que ver la figura de Henri Falcón. El argumento es que sin esa abstención, él hubiese ganado las elecciones. Pero resulta que la gente no lo identificó a él como el catalizador del cambio. Ese es un criterio político, a mi juicio. ¿Qué estaba esperando la gente? No a cualquier llanero solitario, sino a un candidato unitario, a un candidato que agregara. No lo vio en Falcón y decidió enviar un mensaje en tres vías: Al chavismo, al que le quitó su apoyo. A la oposición mayoritaria, a la que respaldó, y también a la oposición minoritaria, que intentó pescar en ese río revuelto, creyendo que sólo era necesario tener un candidato para que la gente fuese a votar. Ese mensaje, Falcón no lo ha querido entender, por eso sigue hablando como si estuviéramos en 2018.

¿Si esa propuesta resultó insuficiente qué haría falta para que los electores salieran a votar?

Si en 2018 hubiese habido una candidatura unitaria, quizás no de toda pero sí de una amplísima gama de la oposición, estoy seguro que ese candidato hubiera ganado.

Puede ser. Pero lo que vimos claramente después de 2015 fue un franco proceso de manipulación para restarle poder y eficacia a la Asamblea Nacional, además vimos otras cosas. ¿Cómo definiría el modelo político actual de Venezuela? O más bien, hagamos la pregunta más simple. ¿Esto es una dictadura?

Sí, pero no es una dictadura típica, no es una dictadura clásica. Por algo me estás haciendo esa pregunta, ¿no? El asunto es que en Venezuela, a lo largo de 21 años, el régimen político establecido por Chávez y Maduro ha ido talando la democracia, la ha ido desmontando, demoliendo, pero manteniendo el voto como un instrumento de legitimación. Lo hicieron para imponer una nueva Constitución y para relegitimar los poderes. El sistema político metabolizó tanto una cosa como la otra, las convirtió en energía y empezó a describir una dinámica autoritaria. De ahí en adelante, Chávez bajó de nivel, pero continuó talando espacios democráticos, entre otros, y de manera muy visible, el sector empresarial. Nada podía hacerse sin la autorización del poder. El resultado fue el estallido de la crisis económica.

Invariablemente la economía es la que envía la primera señal de alarma, después viene la crisis social y la crisis política. Es decir, la crisis sistémica de la que tanto se habla en Venezuela. ¿Alguien pensó que íbamos a ser la excepción de la regla? No fue así y la crisis se volvió en contra del chavismo.

Lo relevante aquí es que el electorado mantuvo su autonomía, su criterio político. ¿Qué hace Maduro cuando llega a Miraflores y sobre todo cuando el chavismo pierde las elecciones parlamentarias de 2015? Pone en marcha el plan B, que en su capítulo uno dice: Tienes el control institucional, utilízalo para mantenerte en el poder. Usurparon el poder y lanzaron una Constituyente avalada por el CNE y por el TSJ, con una convocatoria errada y un sistema electoral que no se compadecía con lo que establece la ley. Otra violación de la Constitución. Y además la convirtieron en un poder legislativo paralelo, con lo cual usurpaban el poder legislativo legítimo. Es decir, destruían lo que quedaba de la democracia representativa. Si tú no respetas la Asamblea Nacional, si tú usurpas sus funciones como se hizo en 2016 y 2017, entonces lo que estás haciendo es liquidando la democracia. Pero quedaba «el roído hilo electoral», entonces Maduro introduce una competencia electoral… sin competidores, sin la oposición mayoritaria, sin nadie que le pudiera ganar.

Pero hubo elecciones y ese es el argumento del chavismo. Si la oposición no quiso ir… ¡Ah, ese es problema suyo, caballero!

Se hizo una elección presidencial, pero desde el punto de vista jurídico, esa elección no existió, entre otras cosas, porque no se da de acuerdo a las condiciones exigidas por la democracia. Tú usurpas el poder sin dar un golpe de Estado, pero estás apoyado por los militares. Y además, estás ejerciendo el poder sin límites. Tú eres un dictador. El sistema, como tal, ya está funcionando como una dictadura. Pero no al estilo de Pinochet, que en uno o dos días cerró todo espacio político. No. Aquí todavía quedan pequeños islotes, algunos espacios, por eso ves a María Corina recorriendo el país. La atacan, pero no la terminan de sacar del juego. Es una dictadura atípica, yo la he llamado evolutiva, porque llega, precisamente, por evolución, a través de los años, pero en la medida en que Maduro enfrente más oposición y sienta amenazado su poder, será una dictadura clásica.

¿Usted cree que en estas circunstancias, como parte del momento político, como dice, es posible nombrar un CNE independiente?

No lo creo. Después de haber visto lo que hemos visto es muy difícil que tú vayas a permitir un CNE independiente. Eso no existe. Maduro no va a permitir unas elecciones democráticas, olvídate de eso. ¿Elecciones libres? ¿Elecciones justas? ¿Elecciones limpias? ¿Elecciones competitivas? No. De hecho, si en este momento hubiera elecciones, la oposición mayoritaria se enfrentaría a una enorme dificultad: no tiene tarjeta, todos están ilegalizados. La única que queda es la de UNT y de partidos más pequeños que están, y esto es bueno advertirlo, muy reñidos con Guaidó, o se la pasan atacándolo permanentemente, como los de Falcón, como los de Fermín, organizaciones que no tienen mayor representación política en Venezuela. Además, votar no es elegir. Votar es depositar física o electrónicamente el voto. Es un acto mecánico. Pero elegir es que tú decidas, libérrimamente, quién quieres que gobierne y a quién quieres darle el poder. Esa no existe. Maduro puede hacer votaciones, pero no elecciones. De hecho, está montando todo el tinglado para ver si logra dar la imagen de que está aceptando algunos señalamientos nacionales e internacionales como, por ejemplo, cambiar el CNE.

El gatopardo, cambiarlo todo para que nada cambie. De esa práctica, en los últimos 20 años, también hemos visto lo que hemos visto.

El CNE es un aparato tomado por el chavismo, en el que permiten que exista un rector opositor que no puede hacer nada. Y que tampoco tiene el carácter personal para esforzarse y hacer algo. No es Vicente Díaz, ¿verdad? Esa estructura no la va a modificar el chavismo, porque si la cambia por ahí se le puede ir el poder. El chavismo no va a permitir que la Mesa de la Unidad Democrática se legalice de nuevo, porque sabe que ese fue el instrumento que usó la oposición para ganar en 2015. No le puedes abrir esa brecha a un adversario que, en términos electorales, está más fuerte que tú. No vas a abrir esa puerta para que se metan por ahí.

¿Qué podría hacer la oposición? ¿Cuál sería su trabajo? ¿Cómo romper el dique y el cerco institucional?

Si se da una elección presidencial, la oposición puede ganar siempre y cuando exista un candidato unitario, un candidato que aglutine. Estoy pensando en esos términos. La autonomía del elector y la imperiosa necesidad que siente por el cambio, sin duda marcarán la diferencia.  Pero hace falta un instrumento adecuado de presión. Es decir, un candidato unitario. Dado el caso, la oposición te gana aún con este CNE y aún con estas condiciones. Con la elección parlamentaria, la cosa sería más compleja porque habría que poner de acuerdo a mucha gente.

El problema es que la elección presidencial no está en el mapa del chavismo. Ese sería el objetivo de la oposición, conseguir unas elecciones generales, parlamentarias y presidenciales. Yo no veo esa posibilidad en el horizonte.

Exactamente, Maduro no las va a hacer. Pero recuerda que él tampoco juega solo. Si la oposición y la comunidad internacional trazan una estrategia para presionar y la calle se activa y, adicionalmente hay presión de distintos sectores en Venezuela, eso puede cambiar el cuadro. Pero en este momento, ciertamente, no hay suficiente presión para que Maduro se vea obligado a llamar a unas elecciones presidenciales. A Maduro le están dando mucho tiempo. Todo esto está apuntando para el revocatorio. Es decir, para el 2022, si no pasa nada antes. Sí, estoy de acuerdo contigo. Maduro no va hacer esa elección, pero es deber de la oposición mayoritaria no conformarse con una elección parlamentaria. Esa es la posición de Falcón, para quien las elecciones presidenciales ya se hicieron. Es una oposición complaciente que acepta todo lo que el gobierno establece, porque el plan, creo yo, es que ellos crezcan para desplazar a la oposición mayoritaria.

Fotografía:Roberto Mata | RMTF

Meme: Tomado de las redes.

Fuente:

https://prodavinci.com/luis-salamanca-la-dictadura-comenzo-el-20-de-mayo-de-2018/?fbclid=IwAR3ZfjfUAHjiil4-ioD75u_GtVK16xEmvZmyPCZf4QKEzQpJsHjsgfmBJL4

ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO

Entre la ficción y la virtualidad

Asdrúbal Aguiar 

La más elemental regla de la democracia es que solo se puede acceder al ejercicio del poder con apego al Estado de Derecho, en otras palabras, de acuerdo con unas normas constitucionales, sancionadas democráticamente por la soberanía popular, y en vigor.

De modo que, a la luz de dicha premisa, solo bajo la vigencia de un orden constitucional, jamás en su ausencia, puede predicarse la realización de unas elecciones libres y democráticas, léase competitivas, no discriminatorias, fundadas en la universalidad del voto, realizadas con transparencia, sujetas a control previo y posterior.

La cuestión viene al caso a propósito de un hecho central que se maneja con ligereza, no sólo en el ámbito interno de Venezuela sino por actores parciales dentro de la comunidad internacional.

Que Venezuela ha de resolver a través de unas elecciones democráticas su muy grave problema de gobernabilidad, para luego alcanzar condiciones de gobernanza, es un presupuesto indiscutible. Pero es estulticia señalar que se pueden hacer elecciones, así no más y para salir de un atolladero; pues para que sean legítimas y legales, sobre todo para que cumplan, al término, con el cometido señalado, se requiere de reglas, de cánones a los que deban ajustarse los electores y los elegidos. Y eso, exactamente, es de lo que carecen hoy los venezolanos, huérfanos de Estado de Derecho.

No especulo. Una cosa es el fraude o la ficción de juridicidad, cosa muy diferente la juridicidad virtual.

Hay ficción cuando se finge o se imagina uno lo que no es ni puede ser –lo recordaba en su tiempo Piero Calamandrei, a quien no me canso de citar hasta el cansancio– tanto como el fraude, que implica la vivencia bajo el “régimen de la mentira”: lo ilegal se presenta como legal y lo legal se ilegaliza, se prosterna, bajo una práctica de “organización de la ilegalidad”, tal y como ocurre bajo el fascismo italiano.

Así las cosas, es elemental convenir con lo declarado, a manera de aforismo, por la Cancillería de Colombia el pasado 16 de enero: “Una transición rápida hacia la democracia es la ruta hacia la paz y el desarrollo en Venezuela y la superación de la crisis requiere de elecciones libres, limpias y transparentes organizadas por un gobierno transicional, que cuenten con la supervisión de la comunidad internacional” (las cursivas son mías).

Sin un gobierno transicional, que asegure un marco básico de derecho y de legitimidad constitucional, nunca habrá elecciones libres, limpias y transparentes en Venezuela, internacionalmente reconocibles. En la actualidad no gozan ni el Estado ni la nación de soberanía territorial efectiva, de suyo hay orfandad real y total de gobierno efectivo, y su población es diáspora hacia adentro y hacia afuera.

De modo que, quienes ponen la carreta delante de los bueyes y hablan de convocar elecciones –unos que presidenciales, otros que generales, y las mafias que se reparten los restos de una “cosa pública” que ha desaparecido, proponen elecciones parlamentarias– apenas cuidan de sus mendrugos. No quieren ir a la cárcel, o viviendo como se encuentran dentro de la cárcel que es ese espacio infernal conocido como Venezuela y donde se juntan todas las maldades indescriptibles, apenas aspiran al plato de comida que les promete su carcelero, que son muchos y se turnan, en medio de la anarquía reinante.

Pero volvamos a lo esencial, al debate sobre la ficción y la virtualidad venezolanas.

El 5 de febrero de 2019, los venezolanos, por mediación de su representación popular legítima e internacionalmente reconocida, adoptó un Estatuto para la Transición, cabalmente virtual, es decir, “muy posible que se alcance o realice”.

En él se dice, textualmente, que su propósito es “restablecer la vigencia de la Constitución”, dado que se ha impuesto un sistema “alejado de los principios constitucionales y de la tradición republicana del país”. En síntesis, al no haber Estado constitucional de Derecho, dicho estatuto provisorio sostiene los hilos precarios de una mínima civilidad dentro de unos términos espaciales ganados por la ignominia y, lo que es peor, detentados por una criminalidad sin banda o grupo que la uniforme en sus despropósitos.

“La reinauguración del orden constitucional”, así las cosas, es el desiderátum, son los bueyes. De suyo vale, así, el orden lógico prescrito por el mismo Estatuto: “Los fines de la transición son… (1) el pleno restablecimiento del orden constitucional, (2) el rescate de la soberanía popular a través de elecciones”, según su artículo 3.

Ello explica, no de otra manera, que la Asamblea Nacional, último reducto y objetivo de guerra para las fuerzas de la delincuencia que, irremisiblemente y a la manera de tsunami inunda con sus olas fétidas los espacios sagrados de la patria, tanto como arrastra a las carroñas que se cuelan dentro de estos, haya expedido un acto sensato el 17 de septiembre del pasado año: Acordó el “respaldo político irrestricto al liderazgo de Juan Guaidó Márquez como presidente de la Asamblea Nacional, y como presidente (e) de la República Bolivariana de Venezuela, hasta que se produzca el cese de la usurpación” (cursivas mías).

Calamandrei, a quien he citado, describe a la ficción de juridicidad, y ella no encuentra mejor ejemplo que el mismo Estatuto provisorio, suerte de galimatías demencial: “El 5 de enero de 2021 se instalará la nueva Legislatura de la Asamblea Nacional de conformidad con el artículo 219 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a cuyo efecto se celebrarán elecciones parlamentarias durante el último trimestre del año 2020”.

¿Habrá miserables que se presten a tan grave fraude, para medrar a los pies de sus secuestradores?

Fuente:

https://www.elnacional.com/opinion/entre-la-ficcion-y-la-virtualidad/

¿AHORA?

APOSENTO EXTENDIDO DE UNA CRISIS

Quid ultra faciam?
Guido Sosola

El problema de las universidades sigue agravándose ante la indiferencia generalizada de la llamada clase política, tentada ahora por el juego electoral que antepone al propio cese de la usurpación que tanto perifoneó. Por supuesto, hablamos de un terreno específico  y exigente en el que no se puede piratear, necesitado de  la indispensable orientación opositora para correr juntos hacia la libertad, salvando la autonomía universitaria y la existencia misma de la universidad en Venezuela.

Corre el plazo literalmente ordenado por la dictadura para realizar los comicios a su manera, en febrero de 2020. Está a la vuelta de la esquina, pero la conducción parlamentaria se limita a pocas cosas, entre ellas, a realizar un debate donde desfilan varios oradores con un trillado mensaje e intervienen, como invitados especiales, dirigentes gremiales que lo repiten y, después, cada  quien a su casa, quedando como una suerte de acto cultural de la escuela, donde sólo faltó bailar la burriquita.

Tamaña indiferencia es la que permite que surjan en importantes casas de estudios, maniobras destinadas a congraciarse con el régimen y obtener algunas prebendas inmediatas que por ley debe cumplimentar el tal ministerio de Educación Superior. El caso  está en que se articulan aspiraciones muy definidas para “competir” en el venidero febrero, bajo las reglas inconstitucionales que desean imponerse: les da igual a los distintos aspirantes al solio rectoral haberse retratado  públicamente en el consabido acto del Aula Magna y, por ahora, privadamente hacerlo con los funcionarios ministeriales para afinar una estrategia que convaliden la famosa sentencia del TSJ. ¿Total, no hay panas en  la AN que comprenden bien la movida y, luego, un favor por aquí y, otro, por allá, no arregla todo?

Esta complicidad tácita y expresa, se explica por la cátedra que ha sentado la clase política, pues, compartiendo el CNE con el  propio régimen del que dice abjurar, está presta a celebrar las elecciones presidenciales que Diosdado limita sólo a las parlamentarias. Entonces, ¿si la AN entra en combo con sus verdugos, qué más tenemos que hacer de acuerdo al latinazo que nos sirve de título? Sin embargo, algo muy diferente es el carnestolendo propósito de burlar la confianza ciudadana al asociarse con la dictadura para unos comicios de resultados ya cantados, y muy otra celebrar las elecciones de acuerdo a la Constitución y la Ley de Universidades para derrotarla y rechazar la parodia que cuenta con sendas complicidades en varias universidades.

Las generaciones recientes no supieron nunca de las célebres sillas de extensión de décadas anteriores, en las que se estudiaba pasada la medianoche en las seguras plazas públicas de ciudades y pueblos, y menos aún conocen el nombre de Jesús María Bianco (el infame, como lo llama nuestro amigo Nicomedes Febres), quien se convirtió en todo un símbolo de la autonomía universitaria, aunque ésta sirvió de burladero para la insurrección armada que, después de la derrota, vivió simplemente del presupuesto universitario. Parece mentira que por muchísimo más de lo que pasó antes, violentada y empobrecida cada universidad, la autonomía no sea una bandera nacional,  al liderazgo opositor le importe un bledo su  suerte y se imponga una suerte de cultura de izquierda que le da – al menos -  el beneficio de la duda a los herederos de Bianco, hoy en el poder.

17/11/2019:
https://www.lapatilla.com/2019/11/17/guido-sosola-quid-ultra-faciam/
https://newstral.com/es/article/es/1139843152/guido-sosola-quid-ultra-faciam-

https://venezuelaunida.com/guido-sosola-quid-ultra-faciam/

https://tenemosnoticias.com/noticia/faciam-quid-ultra-sosola-962245/1722193

NO VIOLENCIA

EL PAÍS, Madrid, 11 de julio de 2018
EN CONCRETO
Las institucionalizaciones requeridas
José Ramón Cossío Díaz

Los votos fueron muchísimos. Transformados, alcanzaron para cubrir numerosos cargos. La presidencia de la República, cómodas mayorías en el Congreso de la Unión, diversas gubernaturas y congresos estatales, al igual que alcaldías y ayuntamientos. Las razones del triunfo se han querido ver en la promesa de cambio. La necesidad de trascender lo existente otorgó un mandato para conseguirlo. Existe la posibilidad de lograrlo, pues las mayorías están alineadas para ello. Basta que el Presidente o los gobernadores utilicen sus fuerzas camerales para tener reformas legales, tal vez hasta constitucionales. No es necesario operar por decreto, ni esconder las intenciones. Es posible identificar el objetivo, redactar las propuestas normativas y accionar a los órganos competentes para obtener la solución deseada. Hace tiempo que no estábamos así. Hace tiempo que la negociación, el pacto y el intercambio de propuestas para conseguir votos, era parte esencial del transcurrir político. Al menos en los próximos tres años las cosas podrán ser distintas.

En un mundo donde un movimiento social y diversas corrientes opositoras se harán gobierno, ¿qué institucionalización quisiéramos esperar? Desde luego, es posible, y espero que no sea así, que el triunfo ciegue y haga suponer que hay un mandato de transformación desinstitucionalizada. También, que quienes vencieron interioricen que deben trascender lo existente, incluidas las malas prácticas políticas y jurídicas que llevaron al estado de cosas que posibilitó su llegada. Por las mayorías conseguidas y lo precario de nuestros frenos y contrapesos, muchas de las limitaciones serán auto-impuestas. Quienes ejerzan los cargos tendrán que asumir moderación a partir de lo que el derecho prevea.

Los llamados a la institucionalización que se hacían antes de la elección nos siguen haciendo falta. Ahora debemos concretarlas, pero no sólo en lo estatal. Debemos incrementarlas y consolidarlas en el ámbito social. Las mayorías conseguidas requieren mecanismos para contrastar su imaginar y su actuar. Son tan grandes y tan justificadas las órdenes de transformación, que exigen dialogantes externos a ellas mismas. Es la única forma de evitar desboques.

Hablar de la necesidad de establecer espacios para contrastar lo que legítimamente pueda hacerse, parece tan natural a las democracias que sobra señalarlo. Hacerlo podría parecer un ataque a quienes habrán de ejercer el poder político o la pretensión de escamotearles su triunfo. No es así. Que una y otra estén ahí no implica suponer que el mero triunfo electoral genera experiencia y racionalidad. Mal haríamos como sociedad en aceptar que procesos y prácticas debidas van juntas de por sí. Suponer que llegar equivale a saber, o que poder es igual a querer. Lo mejor que nos puede pasar es que nuestros representantes asuman la gravedad de los problemas que todos enfrentamos y los límites que nos imponen la realidad material y las formas jurídicas para solucionarlos. A partir de ahí habrá que preguntarse y preguntar por las mejores maneras de hacer lo que haya que hacer. La sociedad tiene que impulsar sus análisis, estudios y soluciones, y buscar formas para contrastarlos con los de las autoridades, por mucho que éstas lo sean.

Así como hablamos de la necesidad de institucionalizar el ejercicio del poder político, es indispensable institucionalizar mucho y de todas las maneras posibles los espacios sociales de reflexión, crítica y propuestas. Esta reinstitucionalización es distinta pero, a la vez, necesaria para alcanzar los fines que colectivamente buscamos. De otra forma y por otras vías y motivos, estaremos generando dos diálogos y dos actuares antitéticos. El de los vencedores y el de los vencidos. A ello no podemos regresar. Participar de la cosa pública tanto como se pueda, es precondición de su apropiación y, tal vez, de su mejoramiento.

Fuente:
https://elpais.com/internacional/2018/07/09/mexico/1531170247_359832.html

EL PAÍS, Madrid, 16 de mayo de 2018
EN CONCRETO
Derechos humanos y distorsiones institucionales
¿No sería bueno exigir a las autoridades el cumplimiento de las tareas impuestas?
José Ramón Cossío Díaz

Hace una semana, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos rindió el informe de labores correspondiente a 2017. El documento es breve, conciso y en extremo preocupante. En una pluralidad de materias, ámbitos y modalidades, las violaciones a derechos humanos se han incrementado en México. Me gustaría particularizar un tema para darle significación al todo. En el periodo que va del 2000 al 31 de diciembre de 2017, la Comisión tiene registrados 130 homicidios de periodistas, 13 de ellos en 2017. Los Estados con mayor incidencia son Veracruz, Oaxaca, Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua y Sinaloa. A esa cifra, la Comisión agrega la desaparición de 20 periodistas entre 2005 y el 31 de diciembre de 2017, y 52 atentados contra instalaciones de medios de información de 2006 al 31 de diciembre de 2017. La Comisión solicitó 66 medidas cautelares en favor de periodistas para salvaguardar su seguridad o su vida.

Por lo que hace a las personas defensoras de derechos humanos, la Comisión tiene registrados 34 homicidios en el periodo del 2006 al 31 de diciembre de 2017, primordialmente en Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Sinaloa, Veracruz y Jalisco. Además, entre el 2009 y el 31 de diciembre de 2017, hay registro de 4 personas desaparecidas. Tratándose de los defensores de derechos humanos, se solicitaron 32 medidas cautelares.

Si consideramos el conjunto de datos sobre la muerte de periodistas y defensores y el indudable valor del informe del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cabe preguntarnos el motivo por el que ese órgano se ocupa de esos hechos. Es decir, ¿por qué la Comisión es el órgano del Estado que está conociendo de esas muertes y de otros asuntos semejantes? Al respecto, hay tres posibles respuestas. Una, porque periodistas y defensores componen un grupo especialmente vulnerable que no está siendo protegido por las autoridades; dos, porque la violencia proviene directamente del Estado; y tres, porque las autoridades no están haciendo su tarea de investigación de los hechos consumados. Cualquiera que sea la respuesta, es importante advertir de que la Comisión Nacional y las locales están realizando funciones que, en principio, no debieran corresponderles. Dicho de otra manera, ¿por qué las comisiones están actuando en relación con la comisión de delitos, cuando tales funciones corresponden a los órganos de procuración de justicia? Ante la muerte de un periodista, defensor o cualquier otra persona, debieran ser las procuradurías y las policías las que debieran actuar para investigar el delito. Sin embargo, ante la falta de capacidades institucionales de unas y otras, se tiene que reconstruir el lenguaje y con ello la realidad para hacer de tales hechos un tema de derechos humanos y así permitir la actuación de un órgano que, en principio, debiera actuar subsidiariamente.

Lo que la constante actuación de las comisiones de derechos humanos nos muestra es la peculiar transformación de diversos temas de administración ordinaria en otros de derechos humanos. Ahí donde las autoridades de salud, trabajo, vivienda, educación o cualquier otra instancia administrativa no pueden actuar en la cotidianeidad, o ahí donde lo hagan mal, el asunto terminará por transformarse en un asunto de derechos humanos. Esta narrativa logra la transmutación de los problemas, que entonces parecieran abandonar su sede original, convirtiéndose en algo distinto, y diluyéndose la responsabilidad de las instituciones y autoridades que en principio son las obligadas a resolverlo. Este discurso distorsiona, para mal, el debido funcionamiento de las instituciones estatales. Antes de seguir convirtiéndolo todo en un tema de derechos humanos y, con ello, recargar hasta desacreditar sus significados y posibilidades, ¿no sería bueno exigir a las autoridades originalmente competentes el cumplimiento de las tareas que las normas les imponen? Al sobrecargar todo como derechos humanos se ocultan deficiencias graves y generan ilusiones de cambio que, desafortunadamente, no habrán de concretarse.

Fuente:
https://elpais.com/internacional/2018/05/16/mexico/1526478685_739770.html

EL PAÍS, Madrid, 13 de junio de 2018
EN CONCRETO
La jurídica. Otra desigualdad
Quien está desdibujado en el derecho, terminará por estarlo también socialmente
José Ramón Cossío Díaz   

El Colegio de México acaba de publicar el estudio "Desigualdades en México 2018". Iniciado en el año 2000, en el esfuerzo se identifican "las distribuciones inequitativas de resultados y accesos a oportunidades entre individuos o grupos". Las variables tradicionales son educación, ingreso, movilidad y trabajo, se han agregado migración de retorno y cambio climático. Las conclusiones son importantes. Una de ellas, es la posibilidad de existencia del colectivo al que pertenecemos. Al relacionarse las variables, es claro que los recursos se acumulan por ciertos grupos sociales en demérito de otros. Al identificarse las intersecciones, se muestra que los marginados tenderán a empeorar su condición. Al considerarse las acumulaciones, se evidencia que el mal inicial tenderá a perpetuarse y agravarse en el tiempo. Finalmente, que a las causas conocidas de la desigualdad se acumulan otras nuevas.

Como persona que trabaja con el derecho, el estudio me pareció relevante por los retos que la desigualdad le impone. Sin diagnósticos y sin objetivos materiales, es difícil que la técnica jurídica sea encaminada a lograr o a evitar conductas que incidan en la corrección de la desigualdad. Sin embargo, el estudio me generó una inquietud: ¿hay maneras de estar frente al derecho que en sí mismas sean constitutivas de desigualdad? Así como sabemos que está en desigualdad quien tiene un ingreso raquítico o ínfimas posibilidades de educación, ¿cabe identificar situaciones jurídicas que impedirán a las personas o grupos acceder a una mejor condición de vida? Me parece que sí.

El derecho se compone de una gran cantidad de normas de diversa jerarquía y materia y de sus consiguientes prácticas. A pesar de que desde nuestro nacimiento unas y otras estén ahí, en ningún caso tienen un carácter natural. Por diversas razones han sido generadas por seres humanos para lograr ciertas conductas. Saber quién y de qué se puede ser propietario y quién efectivamente lo es, resulta de una construcción social. También, quién es delincuente, mexicano o médico. Si la determinación de las condiciones personales o relacionales en el mundo dependen del derecho, encontrarse fuera de él o estar desdibujado ante él, tendrá graves efectos. Los órdenes jurídicos están construidos para prever y ordenar regularidades mediante la realización de formalidades. Si alguien pretende hacerse de un bien y sigue los pasos previstos en la ley, su posición se encontrará respaldada y la podrá defender desde el propio derecho. De no ser así y por buena intencionalidad que haya tenido, perderá lo adquirido.

Quienes se encuentran en los deciles superiores del ingreso, suelen adquirir bienes o servicios en lugares regulados, registrar y asegurar su operación. En caso de conflicto, ejercen las garantías o demandan el cumplimiento de lo convenido. El automóvil en que se transportan, el predio en que radican, la intervención quirúrgica de la que fueron objeto, se encuentran así respaldados. Al ajustar sus conductas al orden jurídico, pueden prevalerse de él para sostener su situación. Quienes se encuentran en los deciles de ingresos inferiores, actúan en mercados que si bien son lícitos, se encuentran mal reglamentados y vigilados. Los predios no siempre son regulares, las adquisiciones no se registran y los seguros son inviables. Ante el incumplimiento, no existen garantías que ejercer y el acceso a los tribunales es dificultoso, cuando no parte del mismo problema. Al no haberse podido incorporar lo querido a las formas del derecho, éste, metafóricamente hablando, no sirve para proteger. Así, el mal estar en el derecho reproduce, de otras maneras, las condiciones de desigualdad que solemos atribuir a la pobreza o a la falta de empleo o educación. No suele pensarse en la posibilidad de que el derecho se constituya como factor de desigualdad. Ello puede deberse a que para lograr su mantenimiento, tenga que atribuírsele neutralidad. Sin embargo, quien está desdibujado en él, terminará por estarlo también socialmente. Ello, sin duda, lo mantendrá en su desigualdad.

Fuente:
https://elpais.com/internacional/2018/06/13/america/1528842074_707490.html

EL PAÍS, Madrid, 31 de mayo de 2016
EN CONCRETO
Preservemos las instituciones
Están en juego la protección de los derechos humanos en la región
José Ramón Cossío Díaz   

En las últimas semanas se ha hecho evidente la crisis financiera por la que atraviesa el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La Comisión ha declarado que en julio despedirá al 40% de su personal y suspenderá las visitas y los periodos de sesiones programados para este año. La Corte ha considerado que la suspensión a partir de diciembre de las ayudas noruegas, comprometerá su estabilidad presupuestal e institucional. Lo que en ambos casos está en juego es el funcionamiento efectivo de los mecanismos de protección de los derechos humanos en la región y, en el mediano plazo, su sobrevivencia.

Tales noticias han generado diversas reacciones, todas ellas negativas. Pocos Estados nacionales se han manifestado y muchos han guardado silencio. De entre los manifestados, la mayoría ha anunciado que sus propias condiciones económicas les impiden aportar mayores recursos. Los Estados nacionales ajenos al Sistema que durante años hicieron considerables entregas, han decidido no continuar haciéndolo. Tomadas en conjunto, las declaraciones no dan la idea de solidaridad ni generan esperanzas de cambio, menos de solución.

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha sido un factor muy importante de protección de individuos concretos y de racionalización de conductas de autoridades en la región. Nadie puede negar que debido a las actuaciones de la Comisión y la Corte, algunas de las más graves violaciones a los derechos humanos han sido denunciadas, analizadas, juzgadas y reparadas. Tampoco puede negarse que las resoluciones de ambos órganos han construido mejores prácticas de actuación e inhibido algunas de las peores. Igualmente, es difícil negar que el escrutinio de ambos órganos es el único medio de revisión de las conductas de los agentes estatales en contra de la población, ahí en donde los regímenes políticos se han cerrado en sí mismos y arrollado a sus judicaturas.

Si la Comisión y la Corte son organismos relevantes, ¿por qué llevan años de penuria financiera y se encuentran al borde de la crisis institucional? Ante todo, pienso que más allá de retóricas cotidianas, las autoridades estatales no han alcanzado a comprender que los órganos interamericanos forman parte de sus sistemas jurídicos. La manera de proteger los derechos humanos de sus poblaciones pasa por la posibilidad de que sus titulares acudan a ellos para lograr su reparación. Este entendimiento descansa en una peligrosa reconstitución de las nacionalidades, producto de los complejos momentos de cambio que vivimos, de regresos autoritarios, la instauración de populismos y de la pérdida de legitimidad de mucho de lo que se dice y hace políticamente. El desplazamiento y la invisibilización de los centros de decisión han llevado a la ilusoria construcción de poder y dominio mediante el fortalecimiento autoritario de los nacionalismos, como si mandar más adentro, compensará lo mucho que viene dado de fuera.

En este equivocado contexto puede entenderse lo que los Estados americanos están haciendo con los órganos comunes de protección a los derechos humanos. Si algunos de los problemas vigentes vienen dados de fuera en una variedad enorme de formas, parecería más sensato y previsor reforzar el mecanismo de regularidad común. México, por ejemplo, puede dejar caer a la Comisión o a la Corte por suponerlas poco relevantes o por ajustar cuentas con funcionarios o actuaciones. Al hacerlo, contribuirá a dejar sin autoridad supranacional a Centroamérica, con lo cual los problemas de la zona empeorarán y los flujos migratorios hacia México se incrementarán. Con ellos, la delincuencia, la trata de personas y la presión en la frontera norte.

Si los Estados de la región requieren más Estado de derecho, la pérdida de los órganos del Sistema que están tratando de construirlo desde la protección de los derechos humanos, va en sentido equivocado. Ojalá se reflexione y apoye con recursos a los órganos que llevan a cabo esa labor, más allá de las contingencias y los disgustos cotidianos que los propios órganos generan al tratar de imponer racionalidad en países o zonas que poco la tienen.

Fuente:
https://elpais.com/internacional/2016/05/31/america/1464727212_237858.html

EL PAÍS, Madrid, 1º de mayo de 2018
EN CONCRETO
Violencia política
Del 8 de septiembre al 8 de abril hubo 173 agresiones a políticos; 78 fueron homicidios
José Ramón Cossío Díaz

Quise escribir de la violencia política en México y acumulé información sobre ella. Al revisar lo obtenido durante varias semanas, concluí que, en efecto, acumulaba. El conjunto no adquiría forma. Las diferenciaciones eran difíciles de marcar. La expresión “violencia política” enunciaba mucho y aclaraba poco. ¿La violencia se hacía desde la política? ¿Sus participantes la ejercían para preservar o para adquirir poder? ¿La violencia se hacía contra la política para eliminar a sus titulares? ¿Se les quería desplazar para generar caos o para posibilitar sustituciones? ¿La violencia se hacía dentro de la política como forma de lucha entre contrincantes? ¿Toda muerte a un político en activo o a quien pretendía serlo era violencia política, o debía existir una motivación específica? Más allá de diferencias personales u operativas o intencionalidades, el fenómeno aumenta gravemente. Su propio desorden y sus muchas expresiones hacen difícil saber frente a qué estamos. Todavía más, cuáles serán sus consecuencias en los años por venir.

Hace dos semanas se publicó el Tercer Informe de Violencia Política en México 2018, por Etellekt Consultores. Sus métodos, muestras y resultados permiten dimensionar la magnitud del problema. Del 8 de septiembre de 2017 al 8 de abril de este año, se produjeron 173 agresiones a políticos, de las cuales 78 fueron homicidios. Las víctimas de este último universo fueron, destacadamente, 20 precandidatos, 14 exalcaldes, 13 regidores, 10 militantes, 8 alcaldes y 6 dirigentes partidistas. El 69% de ellos murió a manos de un comando armado, primordialmente en Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Estado de México, Chihuahua, Jalisco y Tamaulipas. Por pertenencia partidista fueron asesinados 29 priistas, 16 perredistas, 8 panistas, 5 de Movimiento Ciudadano y 4 de Morena. Al día siguiente de la publicación del Informe, mataron al presidente municipal de Tlanepantla, Puebla, y dos días después al de Jilotlán, Jalisco (con licencia). La lista sigue aumentando.

La dimensión de la violencia política muestra que lo pervertido no es solo el régimen democrático y sus funciones de gobierno

Al cerrar este artículo no sé con precisión cuántas personas han muerto en este proceso electoral por razones políticas o por su ejercicio político. Del análisis de riesgos hecho por Etellekt Consultores y otras organizaciones, puedo suponer que el fenómeno seguirá durante el proceso electoral, incluidos los días de los muy previsibles conflictos poselectorales. Es difícil proyectar con cuántos muertos políticos acabaremos. En todo caso, es necesario formular una pregunta simple: ¿qué explica el que las personas señaladas, en los niveles de gobierno apuntados, dentro de los territorios identificados y con los modos descritos hayan sido asesinadas? De ello pocos se han ocupado (Alejandro Hope, El Universal, 20-10-17). Es relevante hacerlo para descifrar varias cosas. Comienzo con una hipótesis.

El recurso a la eliminación total y definitiva de los funcionarios actuales o presuntos, tiene que ver con la forma de operación de la delincuencia en el país. Esta se realiza cotidianamente en ámbitos acotados, donde el apoyo policial determina la vida y la subsistencia. Quien lo tenga podrá operar y, simultáneamente, detener, desplazar o eliminar a sus contrincantes. Al ser las policías una parte importante de la extensión institucionalizada de las actividades delictivas, es vital contar con ellas. Si quienes las controlan son amigos, merecen vivir. En caso contrario, no.

Si la hipótesis acabada de formular es correcta, es pertinente hablar de una “narcodemocracia” (Claudio Lomnitz, La Jornada, 25-4-18). De un régimen en el que van borrándose las fronteras entre la estatalidad y la no estatalidad. La dimensión de la violencia política muestra que lo pervertido no es solo el régimen democrático y sus funciones de gobierno. Que también lo es el modo de alcanzar el poder legítimo a fin de ejercerlo delincuencialmente, eso, sí, mediante formas estatalmente formalizadas.

Fuente:
https://elpais.com/internacional/2018/05/01/america/1525210779_388615.html

EL PAÍS, Madrid, 8 de marzo de 2018
En concreto
La normalización de los derechos humanos
Una cosa es ajustar los procesos democráticos y otra ordenar la convivencia humana
José Ramón Cossío Díaz

Vistas las cosas con perspectiva, pareciera que cada cierto tiempo aparece una idea encaminada a lograr redenciones colectivas e individuales. A partir de ellas se producen análisis, diseños, algunos cambios y se miden incidencias. Después, las prometedoras realizaciones se muestran insuficientes para lograr las predichas transformaciones. Entonces aparecerá otra propuesta de solución. Hace años, los sistemas de planeación democrática fueron tenidos como suficientes para lograr una mejor redistribución de los bienes públicos y privados. Poco después, se quiso ver en el cambio democrático de la nueva ola, el inicio de un modo generalizado de alcanzar y ejercer el poder político. También se supuso que la adopción del Rule of Law, modalidad Consenso de Washington, ayudaría a ordenar las transacciones y hacer eficiente la economía. Que el pastel crecería y habría más que repartir. A ello se agregó luego la idea de que la transparencia gubernamental sería tan poderosa que terminaría con las opacas y corruptas prácticas públicas. Se entendió también que el paso a los procesos penales acusatorios sería suficiente para reordenar el mundo penal y, de alguna manera, los fenómenos delictivos.

En nuestros días se encuentra instalado un discurso tan querido y esperanzador como los que lo precedieron: los derechos humanos. Con él se cree que mucho de lo que social y políticamente nos perturba será resuelto. Que sobrevendrá un estado de cosas en el que la actuación de las autoridades nacionales, el comportamiento de las élites económicas y financieras, la ordenación social y el bienestar individual habrán de darse. En esta narrativa, personas nuevas y empoderadas harán valer su condición y exigirán lo que les es propio. Así generarán un orden distinto. Por la diversificada materialidad de lo reclamable, derechos de diversa generación, se piensa que terminarán por constituirse individuos que ejercerán a plenitud su proyecto de vida, contarán con amplios satisfactorios materiales y elegirán a sus autoridades, periódica y pacíficamente.

¿Por qué el nuevo sueño de la capacidad transformadora de los derechos humanos, habría de tener una vida distinta a las olas democratizadoras que tanto nos entusiasmaron hace 30 años, o a los procesos distributivos que con tanta energía se predicaron cuando en el mundo se redujeron y fijaron las tasas impositivas? Desde luego, la magnitud de los cambios entonces buscados y los que implican los derechos humanos es distinta. Una cosa es querer ajustar los procesos democráticos y otra encontrar un modo de ordenar la convivencia humana. De igual modo, también es diferente la fundamentación moral de los derechos humanos y del cambio tributario. Más allá de estos aspectos, lo que en las últimas décadas se ha querido establecer y lo que hoy muchos quisiéramos ver hecho realidad, ha levantado grandes esperanzas y ha concluido, sino en rotundos fracasos, sí en algo con menor capacidad transformadora a la prevista o deseada.

El proyecto de transformación mediante los derechos humanos pareciera estar entrando en una fase recesiva, después de años de expansión medible en el número de reformas constitucionales, tratados internacionales, instituciones creadas y concretos contenidos alcanzados. Ésta no es perceptible tanto por los discursos rutinarios, sino por los limitados alcances de las transformaciones cotidianas. Las libertades públicas no crecen, las asignaciones prestacionales novedosas son episódicas y los procesos democráticos se reducen a lo electoral.

La ralentización observada puede deberse a varias causas. El reposicionamiento de las condiciones de dominación ante un proyecto liberador, la competencia proveniente del miedo generado por la inseguridad global, el aletargamiento de los impulsores ante lo que estiman un triunfo ya consolidado, por ejemplo. Cualquiera que sea la causa o combinación de ellas, conviene recordar que más allá de su intrínseca moral, los derechos humanos no van a realizarse por sí solos o, más aún, que ello va a encontrar graves obstáculos. Es necesario volver a entender su condición utópica y, por lo mismo, las dificultades de implantar una racionalidad nueva y generalizada ahí donde trágicamente no la hay. Sería lamentable que nos pasara lo que a quienes supusieron que la democracia o la redistribución llegarían en automático, por algún curioso designio.

Fuente:
https://elpais.com/internacional/2018/03/06/america/1520376080_623476.html
Escultura: Carl Fredrik Reuterswärd.

LA TENTACIÓN DEL CUSTODIO

El Universal, Caracas, 13/02/1998.

(BIG BANGS CONSTITUYENTES)

EL PAÍS, Madrid, 4 de mayo de 2017
 TRIBUNA
Completar la democracia
En todos los Estados democráticos hay instituciones —desde tribunales hasta bancos centrales— que no rinden cuentas directamente a los votantes o representantes electos. Son imparciales y defienden determinado bien común
Daniel Innerarity

Las elecciones son demasiado poco para unos y demasiado para otros. Unos insisten en recordarnos los errores de los votantes (Surowiecki) y otros subrayan las limitaciones de los procesos electorales para determinar y hacer valer la voluntad popular (Van Reybroucke). Para los primeros, las elecciones representan demasiado bien lo que quieren los electores y para otros demasiado mal; la principal preocupación es, en el primer caso, el populismo, y en el segundo, la crisis de la democracia representativa. Unos consagran el orden constitucional o la legalidad vigente como algo que en ningún caso puede ser socialmente verificado; otros apelan a la voluntad de los militantes, a las consultas o defienden la tesis de la “absolución electoral” para los corruptos.

Algo está pasando en nuestros sistemas políticos cuando la inminencia de una cita electoral es vista como una amenaza (o la ausencia de elecciones inmediatas se celebra como una oportunidad para llevar a cabo ciertas políticas) o, en el caso opuesto, se tiene una concepción descontextualizada e irrefutable de la voluntad popular, es decir, sin contrapesos, marco legal, información suficiente, espacio para la deliberación o protección de las minorías.

Lo complicado del asunto es que todos tienen algo de razón. Se trataría, por tanto, de compaginar ambas posiciones, de completar la democracia, que no es una mera legalidad constitucional, pero tampoco una serie de big bangs constituyentes, que no puede prescindir del electorado, pero que no debe ser solo democracia electoral. No se pueden suprimir las instituciones de la democracia electoral sin dañar la democracia, pero se la puede y debe completar con otro tipo de instituciones que defienden valores igualmente necesarios para la calidad de la vida democrática.

En todos los Estados democráticos hay previsiones constitucionales o cuasiconstitucionales que limitan el poder del demos y configuran una serie de instituciones que no representan tanto a las personas sino a ciertos valores o bienes públicos. Representan de algún modo la imparcialidad y defienden determinado bien común al margen e incluso por encima de los electores actuales. Una característica de la gobernanza de todas las democracias contemporáneas es la delegación de poderes significativos en instituciones que no rinden cuentas directamente ante los votantes o los representantes electos: tribunales, bancos centrales independientes, autoridades regulatorias de supervisión y regulación, comisiones de la competencia y tribunales de cuentas se hacen cargo cada vez de más ámbitos de la vida política y económica. Hay un desplazamiento del poder hacia lugares menos sometidos al escrutinio y control públicos, y esa derivación no siempre está motivada por intenciones perversas sino también por necesidades funcionales que es necesario entender y legitimar.

¿Cómo se justifica la existencia de tales instituciones? De entrada, hay una justificación funcional. Existe un amplio consenso en torno a la convicción de que, por ejemplo, el control de las normas y la política monetaria o crediticia son mejor desempeñados por los tribunales constitucionales y los bancos centrales que por los parlamentos. Imaginemos las consecuencias desastrosas que tendría la asunción de estas tareas por los parlamentos. De ahí que la delegación de estos momentos de soberanía no debilite sino que fortalezca la democracia, si es que por democracia entendemos no solo la formalidad de quién toma las decisiones sino la capacidad de proporcionar determinados bienes públicos.

No está de moda defender las instituciones técnicas, pero conviene recordar la función que ejercen en una democracia. En una entrevista publicada por Süddeutsche Zeitung, el director general de la oficina estadística de la UE, Walter Rademacher, explicaba la responsabilidad de los Estados miembros al dar por buenas las cuentas de Grecia para su ingreso en la moneda única cuando todos tenían serias dudas acerca de la fiabilidad de las informaciones proporcionadas por el Gobierno griego. Por esta razón el Eurostat pidió más poderes de control pero los Estados miembros se opusieron a ello. En aquel caso, los técnicos tenía razón frente a quienes representaban a sus electorados.

Un segundo tipo de legitimidad de esta delegación en instituciones independientes del ciclo electoral procede de la justificación por el largo plazo. Uno de los problemas de las actuales democracias es su inconsistencia temporal, el hecho de que sacrifiquen los proyectos de largo alcance ante el altar de los beneficios electorales inmediatos. Todo lo que tiene que ver con la protección de las minorías, la justicia intergeneracional o ciertos compromisos medioambientales (es decir, con los intereses que por definición están escasamente presentes en nuestros procedimientos de decisión) requieren algún tipo de justificación que no depende de la voluntad de los electorados realmente existentes.

Este tipo de bienes solo pueden protegerse cuando una parte de la soberanía es transferida a un nivel menos “electoralmente democrático” y son adoptadas por instituciones más inmunes a las presiones inmediatas. Las instituciones europeas fueron creadas en parte para gestionar este tipo de externalidades intratables por procedimientos democráticos. Algunas de las acusaciones de tecnocracia o déficit democrático tienen que ver con esta circunstancia; no con que no sean suficientemente democráticas sino con que no son electoralmente democráticas. Los costes de una institución no democrática (o mejor: no electoral o mayoritariamente democrática) tienen que ser sopesados con los beneficios de salvaguardar ciertos bienes colectivos. Pensar de este modo no equivale a derogar la democracia sino más bien defenderla frente a su debilidad. Todo ello no es incompatible con ciertas reformas que deben asegurar sus procedimientos para hacerlas más democráticas, por ejemplo, más representativas (pensemos en la escandalosa infrarrepresentación de las mujeres en el Banco Central Europeo) o reformulando su independencia, siempre y cuando se lleven a cabo sin comprometer su naturaleza.

Podríamos concluir afirmando que estas instituciones deben entenderse como un constitucionalismo democráticamente configurado y no como una democracia constitucionalmente restringida. Serían democráticamente inaceptables si fueran modos de impedir el poder del pueblo y no un modo de canalizarlo adecuadamente o si estuvieran configuradas de tal manera que se encontraran absolutamente fuera del alcance de la discusión pública y la reforma.
(*) Daniel Innerarity es catedrático de Filosofía Política e investigador Ikerbasque en la Universidad del País Vasco. La democracia en Europa (Galaxia-Gutenberg) es su último libro.
Fuente:
https://elpais.com/elpais/2017/05/04/opinion/1493890247_820679.html


EL PAÍS, Madrid, 16 de febrero de 2017
 TRIBUNA
¿El final del multiculturalismo?
Los demócratas no han entendido el fenómeno de la diversidad cultural. La izquierda, los liberales y las élites no tienen contacto con el mundo industrial ni con “los otros”. Ignoran los nuevos conflictos, quiénes están excluidos y por qué
Daniel Innerarity

Uno de los hechos más sorprendentes de las recientes elecciones americanas es que la batalla se haya saldado principalmente en el campo de lo socioeconómico y que los conflictos que tienen que ver con la diversidad cultural hayan sido menos relevantes. Hay quien se ha lanzado con rapidez a declarar el final del multiculturalismo y el retorno de otros campos de confrontación anteriores a las reivindicaciones del reconocimiento e incluso un cierto retorno de las clases frente a la primacía que han tenido durante estos últimos decenios las diferencias de género y cultura.

Esta ha sido la interpretación por la que algunos han declarado el final del multiculturalismo. Mark Lilla afirmaba en The New York Times que el liberalismo americano ha caído en una especie de histeria moral en relación con la identidad racial, sexual y de género que ha distorsionado su mensaje y le ha convertido en una fuerza incapaz de unificar a la sociedad y gobernarla. La política tiene que ver también con intereses compartidos y propuestas para todos; incluso la defensa de una diferencia requiere un cuadro general de gobierno basado en los derechos, sin el cual no habrían tenido lugar las conquistas de los movimientos a favor de los derechos de las mujeres, por ejemplo, que no querían votar de otra manera sino al igual que los hombres. Para Lilla, explicar el éxito de Trump por el resentimiento de un grupo de hombres blancos, rurales y religiosos impediría a los demócratas entender que ese grupo de americanos se siente realmente como un grupo marginado en la medida en que no encaja en ninguna de las categorías de la acción afirmativa.

Ahora bien, si los habitantes de la América profunda se han movilizado de esta manera, como grupo discriminado, entonces no estaríamos ante el agotamiento del multiculturalismo sino en una fase nueva de este, en la que simplemente se reivindica el reconocimiento de un grupo que no estaba en el listado de los desfavorecidos: el de quienes carecían de adscripción que justificara un reconocimiento especial. El multiculturalismo sería criticado por no ser suficientemente multicultural. Lo que comenzó para destruir una determinada hegemonía habría terminado por convertirse en un instrumento contra la posible discriminación de los antiguos dominantes. Este giro inesperado de la argumentación supondría una especie de triunfo póstumo de la causa pluricultural. Quienes no se sienten acogidos por las categorías raciales o sexuales que ha inventariado el multiculturalismo se estarían vengando de él… recurriendo a una lógica multicultural. Para evitar dar la razón a lo que se combate, Pascal Bruckner ha propuesto en Le Monde interpretar este giro de otra manera. No se trataría de añadir una nueva particularidad a las actualmente reconocidas, sino de sublimarlas a todas; es el retorno del Pueblo (o la Nación), después de décadas de atención a las minorías, la vuelta de lo social tras lo étnico.

Sea de ello lo que fuere, es cierto que los demócratas no han entendido en toda su amplitud el fenómeno de la diversidad cultural, que incluye también aspectos conflictivos de difícil gestión. El discurso de las élites ante la diversidad cultural carece de realismo y sinceridad; ambas cosas resultan hirientes para quienes conviven habitualmente con esa diversidad en sus aspectos menos idílicos. Existe un tipo de persona progresista que se siente cosmopolita y moralmente superior porque se eleva por encima de sus intereses cuando en realidad sus intereses no están en juego y los que son sacrificados son los intereses de otros, más vulnerables, más en contacto con las zonas de conflicto. Hay una forma de arrogancia e hipocresía en las élites multiculturales porque su experiencia de la alteridad se reduce a encuentros agradables en el bazar de la diversidad (en el consumo, la diversión o como mano de obra barata). Son élites que no sienten la inseguridad física en sus barrios ni la inseguridad laboral en sus puestos de trabajo. Si la izquierda, los liberales o las élites no terminan de entender esto (salvo en cierto modo Sanders y Trump a su manera) es porque no tienen contacto ni con el mundo industrial ni con “los otros” y solo ven las ventajas de la globalización o los encantos de la diversidad.

¿Cómo debemos entender entonces los nuevos conflictos? ¿Podemos asegurar que vuelven los conflictos de clase, después de décadas de confrontación cultural e identitaria? ¿Cómo determinar quién está realmente excluido y por qué (si por ser mujer o pertenecer a determinada raza o simplemente por ser pobre)? Desde luego que no están hablando desde la lógica de clases quienes plantean reivindicaciones del estilo “Somos el 99%”. Muchas de las protestas que han tenido lugar en los últimos años no han sido en absoluto movilizaciones de clase sino que han formulado la oposición radical a un sistema del que se beneficiaría una ínfima minoría y que padecería una gran mayoría.

No creo que las cuestiones relativas al sexo, la raza o la identidad vayan a desaparecer de la escena política norteamericana ni de nuestras democracias en general. Del mismo modo que pudo ser un error suponer que las reivindicaciones de las minorías iban a disolver la cuestión social, se equivocaría igualmente quien tratara de volver a una lógica de clase que no tuviera en cuenta las discriminaciones específicas de las que son objeto todavía, por ejemplo, los afroamericanos, como pone de manifiesto el reciente movimiento de protesta Black Lives Matter. El paradigma del reconocimiento no invalida los problemas de redistribución. De hecho, todos los ejes de opresión en la vida real son mixtos; suele ocurrir que quien es excluido culturalmente sea desfavorecido económicamente. Es probable que lo más adecuado sea afirmar que la justicia requiere hoy ser pensada a la vez como redistribución y como reconocimiento.

Nadie ha extraído una conclusión más acertada, aunque modesta, de esta nueva constelación que el filósofo americano Michael Walzer: “De momento, los combates que necesitamos no han emergido todavía”. Ni sindicatos ni partidos están en ello. Hay intereses que no están suficientemente representados o del modo que les es debido. Emigrantes, jóvenes, generaciones futuras, trabajadores especialmente vulnerables no pueden ser representados como la vieja lucha sindical representó a los asalariados, pero tampoco los partidos políticos vehiculan adecuadamente el compromiso político de la ciudadanía. Es posible que haya nuevas mayorías que esperan nacer, en cuanto vuelvan a repartirse las cartas entre las élites y la gente, cuando comience el juego que vuelva a articular política, economía, sociedad y cultura de acuerdo con las nuevas circunstancias.
(*) Daniel Innerarity es catedrático de Filosofía Política, investigador Ikerbasque en la Universidad del País Vasco y profesor invitado en la Universidad de Georgetown. Su último libro es La política en tiempos de indignación.
Fuente:
https://elpais.com/elpais/2017/02/03/opinion/1486141680_059970.html
Ilustración:http://tv.dokult.com/blog/tag/critica/
Fotografía: http://de-avanzada.blogspot.com/2011/07/mas-islamofascismo-multicultural-en.html

¿MORDER EL ANZUELO?

Delincuentes sin coartada
Julio César Moreno León

La crisis venezolana parece llegar a un desenlace final. Los diversos sectores de la sociedad han tomado conciencia de la magnitud del conflicto que sufrimos. Y por primera vez la dirigencia opositora aparece unida en el propósito de salir de lo que ahora, sin ambages, llaman dictadura.
Esa realidad se ha evidenciado en las potentes movilizaciones populares ocurridas en Caracas y en el resto del país que exigen la salida del régimen, la restitución de la democracia, el restablecimiento del estado de derecho y la recuperación moral, económica, política  y social de la nación.
El gobierno, vista la precaria situación en que se encuentra, lanza ahora el anzuelo de unas posibles elecciones regionales con el fin de paralizar la calle y distraer los esfuerzos y objetivos de los partidos políticos, divorciándolos del verdadero clamor ciudadano.
Aceptar esa propuesta significaría transarse  por la obtención de victorias parciales en las regiones, y esperar hasta el año que viene para competir en la elección presidencial.
Seguramente la dirigencia opositora rechazará esa maniobra gubernamental, ya que el nivel de deslegitimación y descomposición del régimen va más allá del tema de las elecciones regionales suspendidas en abierta violación de la Constitución.
Las gentes rechazan esa y cualquier otra tramposa oferta que posponga la sustitución del gobierno.  Saben los ciudadanos que si este sistema continúa, Venezuela será una ruina impuesta por Cuba y por delincuentes que capturaron para su provecho las instituciones del Estado y los instrumentos de represión civil y militar con el fin de mantenerse a toda costa en el poder.
Perdida la calle, derrotados en las elecciones del Parlamento y en el debate público, el gobierno se queda sin discurso. Es el caso del criminal que no puede sostener su coartada ante el cúmulo de evidencias que el mismo construye en su intento de seguir incurriendo en el delito. Ya no hay la excusa del anti imperialismo, o de las conspiraciones de la “derecha vende patria” para justificar imperdonables tropelías.
Salvo Bolivia, y con menos entusiasmo Ecuador y Nicaragua, la mayoría de países que integran la OEA reconocen la crisis venezolana, señalan al gobierno como responsable de ella y exigen salida electoral, libertad de presos políticos y plena restitución de la democracia. Una prueba reciente es la actitud del hasta hace poco complaciente Presidente de Uruguay quien  está “altamente ofendido” por declaraciones de Maduro, en las que éste le acusa de coordinar acciones contra Venezuela a través de la Embajada de Estados Unidos en Montevideo.
En ese contexto, la firme posición de Luis Almagro y la ya inocultable dinámica de una represión cada día mayor en medio de la espantosa crisis humanitaria, han hecho cambiar la tradicional e inservible diplomacia de formalidades, por la diplomacia de los principios y de las claras definiciones a las puertas de un caos capaz de afectar a toda la región. 
El Secretario General de la OEA acaba de dejar constancia nuevamente de la situación en que se encuentra el gobierno venezolano, negado a cumplir con los principios que sustentan la Carta Democrática Interamericana  auspiciada por Chávez y suscrita por su gobierno en 2001.
Fortalecido moral y políticamente, Almagro afirma el día 7, cuando se refiere al asesinato del joven Jairo Ortiz: “Este crimen debe llamar a la democracia del país, a hacer justicia, a superar la cobardía de la ignominia de sus asesinos”.
De manera enfática emplaza a cesar la represión contra las manifestaciones pacíficas, y denuncia a “un autoritarismo que se escuda en las fuerzas armadas que, lejos de actuar como las fuerzas del orden actúan como las fuerzas de la represión y el terror”.
Dice además: “Es un autoritarismo que en sus escalada de odio y vergüenza contagia también de ese odio y vergüenza a las fuerzas armadas. Este régimen autodenominado cívico – militar es no sólo el responsable de la pérdida de la Democracia y de la crítica situación alimentaria en Venezuela, es también responsable de incitar al odio, mediante la represión”.
Por su parte el almirante Kurt Tidd jefe del Comando Sur ha señalado que la crisis humanitaria en Venezuela exige una “respuesta regional”. Con lo que el gobierno norteamericano (en labios de un militar metido en los más altos rangos de acción y decisión), pudiera estarnos anunciando no sólo la  suspensión de Venezuela del organismo regional, sino también la aplicación de medidas más directas que permitan la sustitución del actual gobierno, y luego el  restablecimiento de la democracia mediante elecciones generales, tal y como lo ha propuesto el Secretario General de la OEA.
Las declaraciones de Almagro y las del Jefe del Comando Sur, tienen como destinatario importante a los militares venezolanos en su condición de único sostén de un gobierno totalmente descalificado ante el mundo por violar derechos humanos, reprimir a la ciudadanía y exhibir una espantosa corrupción que ha conducido al país a la ruina y a la crisis humanitaria. A esos militares que sufren al igual que el resto de los ciudadanos estos tiempos de descomposición social y crispación colectiva, y que además saben que al obedecer órdenes contrarias a la ley y a los derechos humanos se convierten en responsables de crímenes contra la población civil, en un posible escenario de caos e incontrolable violencia.

COSAS DEL CALIFATO PETROLERO

Del deselectoralizado califato

Luis Barragán

El sabotaje del referendum revocatorio, al igual que ocurrió década y tanto atrás, procurando postergarlo o – simplemente – no realizarlo, obedece a una clarísima convicción y a un contundente hecho que lo explica: no ha de fundarse en los actos comiciales limpios, transparentes, concursados y competitivos. Y de imponerlos las circunstancias, deben reducirse a eventos absolutamente controlados que favorezcan plebiscitariamente al régimen.

Luego de las elecciones parlamentarias que les fueron tan adversas, los prohombres del gobierno maniobran intensamente para evitar toda consulta popular, libre y abierta. Parten de un presupuesto existencial: la democracia protagónica y participativa ha sido y es una cómoda consigna que esconde la   natural alergia hacia el libérrimo sufragio, trátese de actualizar los órganos del Poder Público Nacional, Estadal y Municipal; trátese de actualizar el comité directivo de la más modesta junta administradora de una fiesta patronal.

El esfuerzo incluye al ministerio del TSJ que, desde hace bastante tiempo, ha afinado sus argumentos para el resultado que cualquier ciudadano puede constatar respecto a los gremios y a las universidades. Y es que, evitando la segura derrota, de mucho o poco calibre, sirve todo pretexto para anquilosar y envilecer a las organizaciones de la sociedad civil que obstaculicen la conformación del califato petrolero.

Ampliando arbitraria y caprichosamente la base electoral, en esa apuesta por inflarla con personas ajenas a la institución, por ejemplo, la UCV se ha visto impedida de renovar a sus autoridades, prolongando artificiosamente el período con la finalidad de descomponerla, desacreditarla y humillarla. Ocurre algo semejante a los colegios profesionales impedidos de la realización de sus comicios, extendiendo el ejercicio de unas autoridades para agotar cualquier resquicio de legitimidad que facilite su paralización o intervención.

La deselectoralización se ha convertido en un rasgo lógico y característico del poder establecido que, reinventando el tal poder popular de inequívoco cuño norcoreano o cubano, tiene por principal enemigo al votante  directo, universal  y secreto. Empero, ha hecho falta la objetiva, aguda, profunda y larga crisis que atravesamos, para evidenciar  al hipócrita constituyente de 1999 que hoy ocupa Miraflores gracias a una extremadamente dudosa consulta electoral.

Ilustración: Dumont. 
20/06/2016
http://www.opinionynoticias.com/opinionpolitica/26733-del-deselectoralizado-califato