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domingo, 12 de julio de 2020

LECCIONES (DES) APRENDIDAS

De la ética de la irresponsabilidad
Luis Barragán

El 16 de julio de 2017, los venezolanos protagonizamos una extraordinaria, concurrida e inédita consulta popular, cuya convocatoria y resultados fueron enteramente avalados por la Asamblea Nacional.  El régimen respondió, agrediendo al país con un tal proceso constituyente que sinceró dramáticamente su situación y  condiciones reales, repitiendo inmediatamente después el fraude con unos comicios regionales. 

Comicios de predecibles resultados, supo de la participación de aquellos partidos que empeñaron antes su palabra con la citada consulta, traicionándola. A tempranas horas de la noche anunciaron una arrolladora victoria en las gobernaciones que, minutos más tarde, fue reducida a cinco referentes y, con la honrosa excepción de Juan Pablo Guanipa en el estado Zulia, todos se juramentaron ante la constituyente denostada.

Lección absolutamente desaprendida, hubo otros torneos afianzados, directa o indirectamente, por sectores de la oposición que, simultáneamente, persistieron en los diálogos, ridiculizados – más que fracasados – en tan particulares lides políticas. No obstante, nada casual, fue orquestada y adelantada una intensa campaña favorable al voto a todo trance, convirtiendo el solo acto en sinónimo inequívoco de ejercicio democrático, aunque no hubiese indicio alguno de la más elemental y  libre competitividad. 

El caso no está en puntualizar los incontables, garrafales y suficientemente advertidos errores que  signan aquella desviación del compromiso de 2017, sino en la continuidad que no, simple similitud, de una campaña burdamente electoralista que envidia alguna, salvo los comprensibles matices, suscitaría en el Pérez Jiménez plebiscitario de 1957. Una adecuada sucesión de falacias que parten del mal intencionado diagnóstico de la realidad, dice reivindicar el campeonato parlamentario en el que está empeñado, estratégicamente empeñado, el régimen: a todo evento debemos sufragar, no importa el origen ilegítimo de un CNE confeso, es  evidente el arreglo normativo y judicial para consagrar el asalto de  los partidos políticos, pretendiendo afianzar una polarización devenida fetiche, o – espeso barniz de ocasión – invocando fórmulas como la de “ganar-ganar” en un conflicto nada agonal.

El caso está en que, verificado cada fracaso con sus nefastas secuelas, explicación alguna dan los actores políticos de la faena y los analistas nada inocentes que abonan el golpeado ámbito de la opinión pública, pues, versamos en torno al más indecible oportunismo, presto a la rivalidad desleal, y a consultores que envilecen el oficio, percibiendo honorarios que se traducen en la desgracia ajena. Ética de la irresponsabilidad,  el discurso realza y celebra toda habilidad política  que, por tal, adulterado Maquiavelo, dirán por siempre incomprensible y el benefactor, eternamente incomprendido.   

10/07/2020:

miércoles, 24 de junio de 2020

PETICIÓN

Piden a Guaidó designar Comisionado Especial para atender la controversia por El Esequibo
En la actualidad en la Asamblea Nacional existe una comisión mixta en Defensa del Esequibo y la fachada Atlántica, pero es necesario fortalecer el trabajo de defensa de la nación

Diputados de la legítima Asamblea Nacional solicitarán al presidente interino Juan Guaidó el nombramiento de un Comisionado Especial para la defensa de Venezuela frente al juicio que iniciará la Corte Internacional de Justicia por solicitud de la República Cooperativa de Guyana.

El diputado Luis Barragán, miembro de la fracción 16 de Julio destacó que frente a la primera audiencia de la Corte de Justicia pautada para el 30 de Junio audiencia de la CIJ se necesita de una actuación ejecutiva que haga efectiva la defensa de los derechos de la República Bolivariana de Venezuela sobre el territorio Esequibo.

“Desde la Asamblea Nacional la comisión mixta en Defensa del Esequibo y la fachada Atlántica ha mantenido la defensa de los intereses de Venezuela sin embargo necesario fortalecer el trabajo que se viene adelantando a través de un Comisionado Especial”, dijo Barragán.

“Dada la importancia, jerarquía y los retos que están planteados en los próximos días con la audiencia de la Corte Internacional de Justicia consideramos importante que Venezuela esté representada a través de un Comisionado Especial que tiene las funciones de un ministro”, expresó el parlamentario.

Destacó que el Comisionado Especial que se designe actuará de manera exclusiva en el tema de El Esequibo mientras que desde el Parlamento se deberá continuar con las investigaciones de manera de establecer las responsabilidades de los funcionarios de la usurpación en el manejo de la controversia existente entre ambas naciones.

La fracción 16 de Julio espera que en los próximos días el diputado Guaidó someta a consideración de la plenaria la solicitud y procesa a la designación del funcionario que deberá asumir la defender a la nación ante la incompetencia en la materia que han tenido los funcionarios del gobierno usurpador de Nicolás Maduro.

21/06/2020:
Fotografía: Arles Arcia (22/01/2019).

RODAJE

Guaidó ante fallo del TSJ : Aquí estamos y aquí seguimos
Deisy Martínez

La Asamblea Nacional (AN) no dejará de sesionar. En desafío a la sentencia número 65 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que valida a la directiva paralela presidida por Luis Parra, el parlamento encabezado por Juan Guaidó se instaló de manera remota y aprobó un acuerdo en rechazo a la decisión.  “Aquí estamos y aquí seguimos”, advirtió el también presidente interino.

La plenaria incluyó en el acuerdo una investigación contra los diputados Luis Parra, Franklin Duarte y José Gregorio Noriega, integrantes de la directiva paralela, por usurpar funciones. Los diputados repudiaron que el trío de parlamentarios, seguidos de un grupo, fueran “comprados” por el régimen de Nicolás Maduro para servir a sus intereses en contra de la democracia.

“Esos diputados que fueron comprados y que pretenden usurpar cargos deben ser investigados por burlarse de la voluntad del pueblo”, advirtió Guaidó previo a la lectura del acuerdo. Pidió además a la ciudadanía y a la comunidad internacional no considerar al TSJ de Maduro como legítimo porque no lo es. Alertó que la sentencia “del bufete de abogados de la dictadura” busca confundir a la opinión pública.

Este martes 26 de mayo, la Sala Constitucional declaró válida la junta directiva de la Asamblea Nacional designada el 5 de enero de 2020 para el período 2020-2021, conformada por Luis Parra como presidente, Franklin Duarte como primer vicepresidente y José Noriega como segundo vicepresidente. El Tribunal respondió al amparo interpuesto por el político Enrique Ochoa Antich, que solicitó el 7 de enero se dilucidará la conformación de la presidencia del Parlamento, a raíz de la juramentación de dos directivas.

Según el fallo del TSJ “queda prohibida la instalación de un parlamento paralelo o virtual, el cual no tiene ningún efecto jurídico”, y establece que cualquier persona pública o privada que preste o ceda espacio para ello será “considerado en desacato, y cualquier acto ejercido como tal es nulo”.

No nos detendremos

“Todos sabemos que hay un fiscal usurpados y un bufete de abogados que actúan según órdenes de Miraflores, una vez más anula a la AN como si no lo hubiera intentando desde 2015. No es un tribunal, los magistrados legítimos están en el exilio porque los persiguieron, es una maniobra burda”, expresó Guaidó.

Advirtió, que la AN ni sus diputados ni la presidencia interina se detendrán así como no lo hicieron el 5 de enero de este año, cuando se les impidió entrar a la sede del Parlamento.

“Esto empezó desde 2016 con el desacato, luego la persecución a diputado y los encarcelamiento. Lo que hicieron es el desespero porque no pudieron comprar más conciencias”, subrayó.

En el acuerdo se incluyó además alertar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la comunidad internacional sobre el fallo del Poder Judicial.

Fraude y criminalización

La  diputada Delsa Solórzano subrayó que el 5 de enero de este año se impidió de manera violenta que la mayoría opositora ingresara al Palacio Legislativo para reelegir a Guaidó, no solo como titular del Poder Legislativo sino como presidente encargado. Advirtió también que la AN seguirá funcionando “y en pie de lucha”, bajo la dirección del líder opositor.

“Venezuela y el mundo  vieron como fuimos brutalmente agredidos para que en el interior pudiera perpetrarse un fraude, pretendían con ello acabar con la AN. Ahora el régimen ordena al escritorio jurídico que disfrazada de sentencia decida quitarse de encima a Guaidó. Hay una legítima AN que tiene una legítima junta directiva que preside Juan Guaidó”,  recalcó.

El diputado Rafael Veloz alertó que se está ante un Estado forajido porque se pretende detener a los parlamentarios sin delito y sin juicio solo por cumplir con su deber. “El régimen cierra cualquier vía democrática en desprecio a las instituciones, a las organizaciones políticas quieren declararlas terroristas, ahora actúan  a través del TSJ usurpados”, acotó.

La fracción parlamentaria 16 de julio, en voz del diputado Luis Barragán, expresó igualmente  apoyo a la directiva de Guidó y a la AN legítima. Rechazó que se pretenda criminalizar la actividad parlamentaria protegida por el artículo 200 de la Constitución que prevé la inmunidad de los diputados.  “Es una decisión infeliz”, acotó.

El primer vicepresidente de la AN, Juan Pablo Guanipa intervino para pedir no caer en el “juego propagandístico del chavismo madurismo” que busca deslegitimar al Parlamento, a su directiva y dividir a la oposición. Manifestó que es urgente “expulsar a los delincuentes de los cargos que ocupan” porque solo se aferran al poder sin importar el daño que causan al país.

“En Venezuela no hay TSJ es una farsa, es una sentencia sin fundamento que viola la justicia y la lógica. Esta Asamblea seguirá sesionando para hablar de los problemas del país, eso es lo que no quiere la dictadura”, dijo.

Crisis del agua

La crisis del agua en Venezuela fue el segundo punto en la agenda legislativa de la AN de este jueves. La presidenta de la Comisión de Administración y Servicios de la AN, Nora Bracho denunció que en 20 años poco se invirtió en el país para crear nuevas fuentes de aguas como represas. Indicó que 82% de la población no recibe agua de manera continua y la que recibe es de dudosa calidad.

“En el mes de abril se registraron 158 protestas por agua en el país, estadística que ya fue superada en lo que va de mayo, si se quisiera igualar la distribución de agua del acueducto metropolitano se necesita 86.400 viajes diarios de cisternas”, dijo.

La Secretaría de la AN transmitió un video en el que habitantes de varias zonas Caracas ofrecieron testimonios de lo que padecen a diario por la falta de agua, así como por su baja calidad.  Las personas también mostraron sus recipientes vacíos porque el líquido tarda hasta 15 días sin llegar por tubería, en algunos casos.

Responsabilidad política por Crystallex
Por último, los diputados aprobaron un segundo acuerdo sobre la sentencia del tribunal de Delaware en Estados Unidos contra la empresa Citgo. Vale recordar que un juez federal estadounidense autorizó  el 22 de mayo que continúen los procedimientos para la venta de acciones de Citgo, perteneciente a PDV Holding, propiedad de Pdvsa.

La Corte también abrió el camino para que la minera canadiense Crystallex recupere inversiones hechas para la explotación minera en Venezuela a partir de 2002, durante el gobierno de Hugo Chávez.

En el acuerdo en el caso de Citgo se incluyó declarar la responsabilidad política de Nicolás Maduro y de su procurador, Reinaldo Muñoz. El presidente de la Comisión de Energía y Petróleo, Elías Matta explicó que la sanción es por no ejercer la defensa de Venezuela en el caso Crystallex Internacional Corporation (CIC) y haberle entregado más de 400 millones de dólares sin el control de la AN.

“Citgo no se pierde por el gobierno interino que la ha defendido, se pierde por quienes llevaron al desastre la industria petrolera,  es la irresponsabilidad del régimen”, aseguró Matta.

Comité de Postulaciones Electorales en suspenso
Finalizada la sesión remota, Guaidó ofreció una rueda de prensa. Consultado sobre el tema electoral, dijo que la reactivación del Comité de Postulaciones Electorales “dependerá del clima político”. Recordó que hay una emergencia generada por el COVID-19 que debe ser resuelta.

“La dictadura se entrampa de nuevo. Para nosotros siempre será una opción las garantías, las condiciones electorales que no solo dependen del Comité de Postulaciones, ahora parece que el régimen va en vía contraria”, reprochó.

El Comité designado por la AN en 2019, está integrado por seis legisladores de oposición que reconocen a Guaidó como presidente, incluido quien preside la instancia, el diputado Ángel Medina de Primero Justicia. Son miembros además tres parlamentarios del chavismo y Franklin Duarte de la directiva paralela del Parlamento. El pasado 26 de febrero esos diputados escogieron por consenso a 10 miembros de la sociedad civil para completar 21 miembros.

Guaidó advirtió que cualquier acto emanado de la AN paralela, incluido el nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), será nulo y desconocido por la comunidad internacional.

“Sería un CNE írrito porque su conformación debe ser aprobada por esta Asamblea Nacional.  Ningún acto emanado será reconocido así como no ha sido reconocido ningún acto de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente”, concluyó.

28/05/2020:
https://efectococuyo.com/politica/guaido-ante-fallo-del-tsj-aqui-estamos-y-aqui-seguimos/

lunes, 15 de junio de 2020

LOS BYTES DESPILFARRADOS

Desorden establecido
Luis Barragán

Ha ocurrido otras veces, el régimen dice tender – arrepentido – la mano y, desesperados, corren a estrecharla quienes se juran como los habilísimos dirigentes de una oposición tan injustamente denostada. Viene el zarpazo y se escurren los defensores del entendimiento a todo trance, esperando otra ocasión para salir – estridentes – al foro virtual.

Demasiados bytes despilfarrados en una gesta inverosímil: la del nombramiento de los rectores del CNE, luego de lo varios años perdidos por una Asamblea Nacional llamada en 2015 a allanar el camino de la liberación.  Diligencias ciertas y engañosas, desembocaron en una sentencia del espurio departamento de asuntos judiciales de Miraflores, concluyendo otro capítulo más.

Articulada y aceitada muy bien la campaña previa, obviar el llamado a  un entendimiento con el régimen constituía una imperdonable afrenta a las más elementales normas de urbanidad.  Incluso, hubo quienes dictaron cátedra sobre lo político, la política y los políticos, en las redes o aplicaciones telefónicas, pues, era cosa del oficio el apretón de manos entre los diputados de Guaidó, los diputados de Parra y los diputados de Maduro.

María Corina Machado planteó públicamente una opción seria, coherente y convincente, concibiendo una extraordinaria Operación de Paz y Estabilización(OPE), cónsona con el cese de la usurpación como objetivo consensuado por el país. No obstante, intentando inútilmente de descalificarla, como refiere el periodista Santiago Romero, se le pide un diagrama de Gantt, una explicación maquetada y presupuesto detallado de las operaciones, mientras que los augustos, hábiles e intrépidos negociadores del CNE, exigen prudencia, encuentran comprensión y consiguen el majestuoso consenso en torno a varias fórmulas de pontificación: no todo se dice en política, las estrategias no se revelan, de algo hay que vivir (y bien), etc. 

Acaecerá mil veces más, bajo este régimen que tiende sus garras de descomposición a quiere y desea recibirlas, licuados éticamente. Por ello, versamos en torno a la más radical sustitución del actual desorden establecido.

15/06/2020:

martes, 12 de mayo de 2020

PROBLEMAS LIMÍTROFES

Militares bajo control
Fernando Ochoa Antich

En un extenso artículo titulado “Venezuela: militares bajo control”, publicado en la revista Foreign Affairs Latinoamérica, del Instituto Tecnológico de México, dos de sus colaboradores, Víctor Mijares y Alejandro Cardozo, desarrollan una nueva tesis que trata de explicar las profundas transformaciones ocurridas   en el pensamiento y en la   conducta de la  Fuerza Armada Nacional a partir de los hechos del 11 de abril de 2002 y dar una respuesta a los venezolanos que no logran entender las razones por las cuales la mayoría de sus miembros activos se inhiben de tomar una posición ante la tragedia nacional y el debilitamiento de nuestra soberanía como consecuencia de la permanente intervención de Cuba en nuestros asuntos internos. Voy a analizar, en este artículo, los planteamientos que utilizan sus autores a objeto de expresar mis puntos de vista sobre el tema exponiendo mis diferencias y acuerdos.

El artículo comienza con un recuento del período histórico que se inició a partir del 23 de enero de 2019, al juramentarse el diputado Juan Guaidó como presidente encargado y establecer la oposición democrática una estrategia, que se resume en la consigna “cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”, la cual fue respaldada por Estados  Unidos, Canadá, el Grupo de Lima y la Unión Europea. Esa estrategia considera que una transición política en Venezuela surgirá de una ruptura de la coalición gobernante bajo la premisa de que el chavismo no es una alianza de partidos políticos sino una unión cívico-militar, en la cual tiene una marcada preponderancia  la Institución Armada. Al considerar posible la ruptura de esa alianza, se estableció como primer paso en la estrategia “el cese de la usurpación”, dando por sentado que la Fuerza Armada Nacional  reaccionaría ante la gravedad de la crisis nacional y el seguro reconocimiento internacional. Esa equivocada percepción condujo al fracaso del conato insurreccional del 30 de abril de 2019.

En la segunda parte del artículo se establece que “en Venezuela se ha elaborado una mitología política alrededor de los militares” que surge de nuestro proceso histórico: la guerra de independencia, el caudillismo, los gobiernos militares andinos y el muy débil control de los gobierno civiles sobre las Fuerzas Armadas durante los años 1958-1998. “Finalmente, la elección como presidente del ex militar golpista Chávez terminó por consolidar la tesis del control militar sobre el poder civil en Venezuela”. Inmediatamente, se inicia una severa crítica de esta tesis al explicar que esa realidad histórica ha traído por consecuencia que se crea  equivocadamente que la Fuerza Armada Bolivariana es el principal soporte del socialismo del siglo XXI, y que el gobierno de Maduro se sostiene porque cuenta con el respaldo de la burocracia castrense. En realidad, según el criterio de los autores, “la revolución bolivariana ha dado muestra de ser, en efecto, el vehículo de una fuerza política civil de profundas raíces en la izquierda histórica castrista, guerrillera, universitaria, intelectual, gremial, sindical, policial y militar”.

Los autores mantienen, como tesis central del artículo, que el error en la estrategia de la oposición surge del “anquilosamiento teórico según el cual el régimen de Maduro es un autoritarismo pretoriano sin entender que el chavismo civil ha desarrollado un extraordinario sistema de control sobre la Fuerza Armada Nacional, especialmente por vía de la transferencia de conocimientos y experiencias políticas del régimen cubano”. Ese control, principalmente en el área de inteligencia y contrainteligencia, ha tenido como objetivo central a los miembros de la Fuerza Armada Nacional. Además, afirman: “Esta intervención del poder civil sobre el militar ha fragmentado el mando y le ha restado eficacia operativa a las fuerzas armadas. Una somera revisión de las cifras de prisioneros políticos arroja un creciente número de militares en los últimos años”. Esta situación es una consecuencia de las permanentes denuncias entre compañeros de armas y es un indicativo de la ruptura de valores fundamentales como son el compañerismo y el espíritu de cuerpo.

Comparto en algunos aspectos los razonamientos mantenidos por los autores del artículo. Sin embargo, tengo algunas observaciones. Ellos opinan equivocadamente que el control civil sobre los militares durante el régimen democrático fue un espejismo, al afirmar que existe “un abundante correlato historiográfico sobre los planes e intentos de golpes de Estado durante el ensayo democrático, con el que se pretende demostrar que el control civil fue un espejismo y los militares siempre estuvieron al acecho del poder en Venezuela”. En verdad, durante esos cuarenta años, la gran mayoría de los cuadros profesionales acataron la supremacía del poder civil establecido en la Constitución de 1961. En las actuales circunstancias existe una situación diferente. Una parte, sumamente importante del poder del Estado, está controlado por militares, observándose su presencia en numerosas empresas, institutos autónomos y otros muchos aspectos del funcionamiento del gobierno. La pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿Significa esta realidad formal que el régimen venezolano es actualmente un pretorianismo autoritario? Creo que no. A partir de la muerte de Chávez la dirección del “proceso revolucionario” se ha ido desplazando desde la Fuerza Armada Nacional al liderazgo civil. Esta realidad no quiere decir que la estrategia de la oposición tiene que ser revisada. Lo que es necesario hacer es instrumentarla de una manera diferente.

El razonamiento que hacen al afirmar que una posible intervención militar humanitaria, planificada por un organismo multilateral, con el respaldo de Estados Unidos, Colombia y Brasil, tendría un gran costo para las fuerzas interventoras debido a que Venezuela “tiene un eficiente sistema de intercepción aérea, lo considero equivocado. Realmente no creo que una alianza militar tan poderosa, la cual de inmediato obtendría el control del espacio aéreo, tenga dificultades para neutralizar, en muy breve tiempo, cualquier sistema de defensa aérea y los correspondientes sistemas de misiles. Tampoco creo que el reparto de “lanzaderas de misiles portátiles tierra-aire entre grupos insurgentes y del crimen organizado” pondría en jaque la seguridad de la región y mucho menos que esta amenaza sea suficiente para evitar una posible intervención militar humanitaria. Creo que no ha ocurrido, por razones de política interna en Estados Unidos.

Ojalá que mis compañeros de armas analicen con detenimiento el importante trabajo de investigación realizado por  Víctor Mijares y Alejandro Cardoza y reflexionen el daño que le ha hecho a Venezuela el régimen chavista-madurista al destruir el profesionalismo militar alcanzado en casi cien años de permanente esfuerzo de las diferentes generaciones militares. La responsabilidad de Hugo Chávez y de los Altos Mandos Militares en el crimen que ha significado permitir la partidización de la Fuerza Armada Nacional es indiscutible. Más grave aún es haberlo hecho siguiendo las orientaciones de Fidel y Raúl Castro, para satisfacer su avieso deseo de controlar las riquezas venezolanas, en particular su petróleo, para ponerlas al servicio de Cuba y su nefasta revolución.

26/04/2020:

Venezuela: militares bajo control
Víctor Mijares - Alejandro Cardozo / Foreign Affairs Latinoamérica 

El 23 de enero de 2019, Juan Guaidó, Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, juró como Presidente encargado de su país ante una multitud caraqueña. El joven e inexperto político venezolano, prácticamente desconocido fuera de su país, se convirtió en el agente clave de una estrategia constitucional orientada a impulsar una transición. “Cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres” fue la consigna con la que se dio a conocer este nuevo líder enfrentado al autocrático régimen chavista de Nicolás Maduro. Pero la estrategia iba más allá de las fronteras venezolanas. La nueva cabeza visible de la oposición en Venezuela encajó a la perfección en una estrategia hemisférica que se articuló entre Washington y el incipiente Grupo de Lima. La idea de un cerco diplomático con consecuencias internas cobraba forma ante los cambios de gobierno y de signo ideológico que venían operando en Latinoamérica. Como era de esperarse, con Guaidó se generaron altas expectativas de cambio político. Las presiones derivadas de la masiva emigración de venezolanos, con creciente impacto socioeconómico en Sudamérica, y muy especialmente en Colombia, hicieron que este giro político fuese considerado el cambio más extraordinario de 2019 en Latinoamérica. La estrategia constitucional brindaba legitimidad interna a la operación. Asimismo, el apoyo mayoritario de gobiernos latinoamericanos y occidentales cumplía con la función de legitimar internacionalmente al Presidente encargado. Las sanciones de Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea provocarían una situación de tensión interna para quebrantar la unidad alrededor de Maduro. La operación contaba, en consecuencia, con una sólida lógica, al tiempo que se ajustaba a las tesis dominantes sobre transiciones y poder militar en Venezuela.

En materia de transiciones se ha propagado la idea de la necesidad de generar quiebres en la coalición gobernante. En el caso del chavismo, la coalición gobernante no consiste en un grupo de partidos, sino en lo que el propio Hugo Chávez llamó la “unión cívico-militar”, o la unidad del partido civil con las fuerzas armadas. La bibliografía dominante sobre las relaciones entre civiles y militares en Venezuela tiende a ser tajante y se decanta por las tesis del pretorianismo como fórmula recurrente de gobernabilidad autoritaria, con un sustrato lasswelliano de “Estado guarnición”. El término “pretorianismo” se refiere a una forma de gobierno en la que las fuerzas armadas ejercen una influencia decisiva, llegando incluso a controlar a los civiles o, en casos extremos, a ejercer el gobierno de forma directa. La opinión informada que señalaba la recurrencia militar en la vida política venezolana ayudó a interpretar que, en la unión cívico-militar chavista, el centro de gravedad era, en efecto, el componente militar de la coalición gobernante. Las evidencias reforzaban esta idea, pues en la revisión de la historia universal de los golpes de Estado, Venezuela aparece entre los países con mayor número de asonadas y levantamientos militares desde la Segunda Guerra Mundial. No obstante, consideramos que las evidencias históricas dicen poco acerca de los cambios que se han suscitado en la Venezuela chavista. El anquilosamiento teórico que se refiere a Venezuela como un Estado pretoriano, cuyo centro de gravedad son las fuerzas armadas, ha tenido consecuencias adversas para la estrategia de cambio político gestada desde Caracas con apoyos externos, sobre todo de Bogotá y Washington. Ante la improbabilidad de que se produzcan acciones de fuerza contundentes contra el régimen venezolano, el cerco diplomático y las sanciones surgieron como alternativas estratégicas para activar lo que se considera el talón de Aquiles del chavismo bajo el régimen de Maduro: su alta dependencia, cuando no sometimiento, a la autoridad militar. Nuestro argumento va a contracorriente de dicha tesis y cuestiona la creencia generalizada en la supremacía militar sobre los civiles en Venezuela. Consideramos que el poder civil ―con el Partido Socialista Unido de Venezuela (psuv) como vehículo― infiltró al poder militar y anuló la posibilidad de que ahí surgieran mandos unificados que pudiesen rebelarse. Por eso la estrategia de inducir divisiones dentro de las fuerzas armadas para que una parte abandonara la coalición gobernante no funcionó.

Una teoría anquilosada

En Venezuela se ha elaborado una mitología política alrededor de los militares. La fuerte impronta simbólica de un “imaginario pretoriano” parte de un culto militaristabolivariano y del relato de las guerras de independencia. La larga lucha caudillista del siglo xix tardío también lleva el sello de la imposición castrense en el sistema político venezolano, que corona con el “ciclo andino” de gobiernos militares (de 1908 a 1958). Asimismo, la democracia inaugurada en 1958 ha estado plagada de amenazas y defecciones militares golpistas (entre 1961 y 1992 se registraron cinco intentos). Finalmente, la elección como Presidente del exmilitar golpista Chávez terminó por consolidar la tesis del control militar sobre el poder civil democrático en Venezuela.
En la idea del control castrense sobre las fuerzas civiles, esta historia de conspiraciones y golpes militares plantea varias líneas teóricas anquilosadas, tanto en el análisis como en la misma política venezolana. Las tesis más alentadoras postulan que, de 1958 a 1999, Venezuela vivió una era de control civil sobre el estamento castrense. A estas consideraciones se interpone el concepto revisionista de un espejismo, que recoge un abundante correlato historiográfico sobre los planes e intentos de golpes de Estado durante el ensayo democrático, con el que se pretende demostrar que el control civil fue un espejismo y los militares siempre estuvieron al acecho del poder en Venezuela. Ambos argumentos (control civil sobre los militares o viceversa) no contravienen la línea maestra del culto pretoriano en Venezuela, y desembocan en varias hipótesis. Una se refiere a la lucha del sector militar venezolano por mayor reconocimiento político, pues desconfía del liderazgo civil en el contexto del subdesarrollo venezolano. Dispuestos a participar en las decisiones nacionales, que habían sido relegadas a una élite política inútil, los militares decidieron tomar las riendas del país. Esta corriente explica que el Plan Educativo Integral Militar para las escuelas de formación de oficiales, conocido como el plan Andrés Bello (aplicado desde 1971), fue muy influyente en las siguientes generaciones de oficiales y les inculcó un sentido de responsabilidad política, por el que se animaron a maquinar conjuras golpistas contra el “corrompido” sistema democrático. Dentro de esta misma línea hay otra explicación, acaso más sugerente. Estos cadetes en formación y oficiales jóvenes no solo fueron sacudidos políticamente por el nuevo plan educativo, sino que además entraron en contacto con partidos y movimientos de izquierda infiltrados en las fuerzas armadas y formaron logias militares como el Movimiento Revolucionario Bolivariano 200 (mrb-200), Revolución 83 y la Alianza Revolucionaria de Militares Activos (arma). Ambas hipótesis intentan consolidar la noción del escaso control objetivo de las fuerzas políticas civiles que gobernaron hasta 1999. Asimismo, fortalecen la idea del culto pretoriano en la política venezolana. Ciertamente, el siglo xx venezolano está cargado de conjuras urdidas en los cuarteles. Se percibe una como especie de vehemente oficialidad joven que trama conspiraciones contra el poder establecido desde la generación de Marcos Pérez Jiménez, quien terminó imponiéndose como dictador durante la década de 1950. Así también, las sublevaciones militares, motines e intentos golpistas del Barcelonazo (1961), el Porteñazo y el Carupanazo (1962) explican este fenómeno: el asalto de los militares a las instituciones civiles venezolanas. Este largo correlato histórico-político de las relaciones entre civiles y militares en Venezuela se centra, pues, en la tesis del Estado guarnición de Harold Lasswell (1941). Así, se postula que Venezuela, lejos de haber tenido una democracia con control civil objetivo durante sus diferentes ensayos, ha sido presa de los militares o, al menos, de su influencia sobre las instituciones. Por ende, en los tiempos que corren, la explicación del fenómeno del chavismo bajo el régimen de Maduro se ha reducido a una noción general del pretorianismo venezolano, con una simplificación teórica de un fenómeno político más complejo, que va más allá de un autoritarismo militar. Esta teoría estancada se ha venido transformando en el análisis político central sobre la crisis venezolana, en un ciclo improductivo y repetitivo, que intenta dar cuenta de diferentes expresiones del autoritarismo chavista. Estos viejos-nuevos planteamientos se refieren a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (fanb) como el principal soporte del socialismo del siglo xxi. Algunos escritos todavía conciben que el chavismo-madurato tenga como finalidad expresa erigir a la fanb como “soporte supremo” de su proyecto político. Estas posiciones teóricas argumentan que existe un pretorianismo militante en las fuerzas políticas chavistas que ha derivado hacia una fase superior, correspondiente a una militarización progresiva de la sociedad. Es decir, que un núcleo central de control y poder militar expande su influencia castrense hacia los espacios políticos naturales de la sociedad civil. Quienes se adhieren esta tesis deducen que el poder de Maduro se sustenta en un núcleo militar o que, en todo caso, procede de ese núcleo. Con ello, esta corriente teórica dominante endosa una responsabilidad histórica al alto mando militar venezolano en el sistema político. En la bibliografía sobre las relaciones entre civiles y militares se arguye que los militares, por ende, se han expandido dentro de la burocracia civil venezolana, colonizándola con mentalidad y objetivos pretorianos para hacer prosperar, en toda ley, un gobierno militar. Entonces, se alega que Maduro encabeza un gobierno militar, pues cuenta con la burocracia castrense para tener, definitivamente, el control del Estado venezolano. En estas explicaciones de la crisis venezolana actual también se interpreta que el chavismo ha erigido a la fanb como gran árbitro de las diferencias políticas en el país, por lo que el anterior soldado neutral hoy sería un soldado políticamente comprometido con la revolución. En cualquiera de las derivaciones de la hipótesis de que Maduro ha implantado poco a poco las formas de un autoritarismo militar, las ideas centrales de esta argumentación se basan en evidencias históricas del siglo xx que demuestran, en efecto, una recurrente impronta de los militares en la política venezolana. Con ello se supone que los militares han infiltrado subrepticiamente al sistema político civil y, una vez adentro, han modelado toda la estructura según formas pretorianas de gobierno y Estado. Nuestro planteamiento es diferente. Las fuerzas armadas no se inocularon en el proyecto democrático civil venezolano por medio del golpe de Estado fallido de Chávez y ni siquiera por la vía electoral de su triunfo en 1999. La Revolución bolivariana ha dado muestras de ser, en efecto, el vehículo de una fuerza política civil de profundas raíces en la izquierda histórica castrista, guerrillera, universitaria, intelectual, gremial, sindical y policial en el ejército y sus componentes. El proyecto final es la desarticulación del núcleo castrense por medio de la desprofesionalización, la degradación de sus rangos operativos y la politización de todos sus espacios que, con un fino tramado propagandístico y simbólico pretoriano, pretendidamente militarista y nacionalista, desmembró al aparato militar profesional. Este error ha confundido la estrategia internacional alrededor de Guaidó. Siguien – do las tesis e imágenes dominantes sobre el militarismo de Maduro, la oposición ope- ró con la esperanza de entablar algún diálogo con el supuesto núcleo militar del régimen venezolano. En el supuesto de que el poder de Maduro reside en los militares, se quiso amenazar y seducir a ese núcleo castrense para que desertara o, en el mejor de los casos, concurriera en un golpe de Estado con miras a restaurar la democracia venezolana. Como veremos, la falla del plan Guaidó reside, precisamente, en una desorientación teórica. La corriente intelectual hasta ahora dominante, en la que se intenta explicar los últimos años como una realidad pretoriana del poder y la política venezolana, se ha equivocado al señalar el motor del autoritarismo chavista: no fue la bota militar la que menoscabó la democracia venezolana, sino el aparato ideológico civil que preparó el fin de unas fuerzas armadas profesionales y debilitó a una sociedad con aspiraciones democráticas. El hecho de que se dote a la fanb de equipo moderno lleva a algunos a pensar que el poder militar es el actor más influyente en la coalición gobernante. No obstante, esto es una confusión. En los hechos se ha utilizado una parte de la estructura de las fuerzas armadas para descomponer a la propia institución militar. Y se lleva a cabo una política de persecución y castigos internos. El verdadero poder es civil y reside en el psuv. No haber comprendido todo lo anterior, al haberse estancado en un debate teórico inerte sobre el pretorianismo en la política venezolana, ha llevado a la desorientación a actores políticos venezolanos y extranjeros que intentan poner fin al régimen de Maduro.

Control civil y expectativas frustradas

Durante casi todo el primer semestre de 2019, la discusión sobre la cuestión venezolana estuvo marcada por el debate en medios de comunicación y redes sociales acerca de la posibilidad de una intervención militar con fines humanitarios. Frecuentemente, este debate se centraba más en la deseabilidad de una operación de esa envergadura, que en sus posibilidades técnicas y políticas. La tradicional y mayoritaria animosidad latinoamericana a un reforzamiento de la presencia militar estadounidense en la región se tornó en aversión cuando el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en 2017 que, en el caso de Venezuela, “todas las opciones están sobre la mesa”. Esta posición de ambigüedad estratégica, junto con el aumento del número de sanciones a individuos, la imposición de sanciones a la industria petrolera venezolana y el reconocimiento de Guaidó como Presidente encargado, constituyeron el eje de la diplomacia coercitiva contra el régimen de Maduro. El 24 de febrero de 2019, la posición estadounidense se reforzó en Bogotá, cuando Mike Pence, Iván Duque y el mismo Guaidó se abstuvieron de acompañar el comunicado del Grupo de Lima sobre el rechazo a cualquier forma militarizada de intervención en la región. La consigna de oponer una amenaza creíble estaba en marcha. No obstante, las evidencias apuntaban en otra dirección. A pesar de las limitadas capacidades ofensivas convencionales de Venezuela, sus sistemas de intercepción aérea podrían ser los mejores de Latinoamérica. La transferencia de tecnología militar rusa en la forma de aviones de combate y sistemas de defensa tierra-aire se ha completado con capacidades de rastreo del espacio aéreo con nuevos radares chinos. Más allá de los temibles equipos diseñados para el combate contra las fuerzas y la tecnología propias de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, las lanzaderas de misiles portátiles tierra-aire son una pesadilla potencial para los gobiernos y los ejércitos estadounidenses, colombianos y brasileños. Expertos en defensa han destacado la posibilidad de una difusión de este armamento entre grupos insurgentes y del crimen organizado, lo que pondría en jaque la seguridad de la región. Así, la defensa venezolana es una combinación de doctrina convencional, con disuasión, basada en la posibilidad de colapso y diseminación de armamento moderno en manos de fuerzas trasnacionales. La posibilidad del caos disuade a cualquier potencia de intervenir directamente en Venezuela. De allí que los debates sobre la deseabilidad de una acción humanitaria con ejercicio de fuerza no sean tan importantes como el de su viabilidad política. Ante esta realidad, se plantearon hipótesis sobre las verdaderas intenciones de la presión externa, con la idea de quebrar la coalición gobernante de esa unidad cívico-militar chavista. Informes periodísticos, preparados con testimonios de exfuncionarios del contradictorio gobierno de Trump, daban cuenta de lo acertada de aquellas hipótesis: el gabinete de seguridad nacional del gobierno de Estados Unidos habría discutido si instigaba un golpe de Estado en Venezuela. El pretorianismo venezolano y la historia golpista del país alentaban esa estrategia. El resultado esperado sería una transición de bajo costo político para Washington, estabilizaría en el corto plazo a Venezuela y liberaría de presiones humanitarias y militares a Brasil y a Colombia. Con este objetivo, se ampliaron y endurecieron las sanciones a civiles y militares chavistas, y al mismo tiempo, se enviaron mensajes directos e indirectos a los militares venezolanos en la forma de promesas de amnistía que no ampararían a los civiles chavistas, y se evadió por largo tiempo la aplicación de sanciones a prominentes figuras militares activas o en retiro, como Vladimir Padrino López, Ministro de la Defensa, y Diosdado Cabello, Vicepresidente del psuv. La operación planteada generó grandes esperanzas de cambio. El 23 de febrero de 2019, en la frontera con Colombia, se incrementaron las expectativas cuando militares venezolanos comenzaron a desertar, y esa misma tarde, un pequeño grupo de ellos reconoció como comandante en jefe a Guaidó. Sin embargo, acciones simbólicas como esa de Cúcuta, así como la estrategia en su conjunto, han sido una frustración para sus diseñadores y para la mayoría de los venezolanos. El problema que detectamos está en el diagnóstico previo a la estrategia, es decir, en el anquilosamiento teórico según el cual el régimen de Maduro es un autoritarismo pretoriano. El chavismo civil ha desarrollado formidables capacidades de control sobre las fuerzas armadas venezolanas, especialmente por vía de la transferencia de conocimientos y experiencias políticas del régimen cubano. La cooperación autoritaria entre Cuba y Venezuela es una pieza central de la resiliencia del régimen venezolano, en tanto que, como ha sido documentado, La Habana ha transferido capacidades de inteligencia y contrainteligencia a Caracas, con las fuerzas armadas como uno de los principales objetivos. Esta intervención del poder civil sobre el militar ha fragmentado el mando militar y le ha restado eficacia operativa a las fuerzas armadas. Una somera revisión de las  cifras de prisioneros políticos en Venezuela arroja un creciente número de militares en los últimos años. Así, el plan de dar un golpe de Estado para destituir a Maduro requeriría una operación militar muy complicada. En términos de despliegue y objetivos, un golpe podría tener un grado equivalente de complejidad político-militar que la ocupación de un país extranjero, con la diferencia de que el país ocupado es el propio. Esta complejidad operativa solo se alcanza por medio de mandos unificados que cuenten con una importante autonomía con respecto a los civiles, y no es el caso de las fuerzas armadas venezolanas, que han sido larga y duramente intervenidas por el partido de gobierno con el fin de evitar rebeliones militares. La cooptación del Estado bajo el chavismo se ha visto, sobre todo, en el manejo de la industria petrolera, proeza política que se consolidó a partir de 2004. La importancia del petróleo en Venezuela ha hecho que la cooptación de las fuerzas armadas haya pasado parcialmente desapercibida. A raíz de los sucesos de abril de 2002, cuando Chávez fue depuesto momentáneamente por una conjura en el antiguo alto mando militar, el chavismo activó mecanismos para evitar golpes. Allí entró la asistencia cubana junto con un proceso de progresiva desprofesionalización militar. El partido cooptó a los militares y las fuerzas armadas incorporaron la ideología del gobierno, y adoptaron posteriormente el inconstitucional nombre de Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los lemas del psuv. Diecisiete años de intervención rindieron sus frutos el 30 de abril de 2019. Esa mañana, Guaidó y el hasta entonces Jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia, el general Manuel Cristopher Figuera, aparecieron junto al liberado líder opositor Leopoldo López, llamando al levantamiento militar. Con el paso de las horas el movimiento se frustró de forma incruenta, al quedar de manifiesto que la fanb no actuaría coordinadamente contra Maduro. Ello puso en evidencia que el anquilosamiento teórico ha tenido graves consecuencias políticas y demanda una revisión que permita entender la confusa situación venezolana.

Los límites del militarismo venezolano

La fuerza civil del chavismo-madurato consiste en la consolidación férrea de un aparato ideológico y propagandístico que cuenta con la poderosa maquinaria de un partido hegemónico como el psuv. Este partido ha cooptado al aparato militar del Estado, al tiempo que en su dirección nacional la presencia de civiles es abrumadoramente mayor que la de los militares activos y retirados. Apenas un puñado de militares históricos vinculados al intento de golpe de Estado del 4 de febrero de 1992 forma parte de esta dirección. Otro elemento significativo, inherente a esta dinámica de poder civil sobre el militar, es la histórica cuota ―única en los anales de la República― de unos 211 militares imputados por delitos de traición a la patria, instigación a la rebelión o contra el decoro militar ―cifra actualizada a diciembre de 2019—. Tampoco pasa desapercibido el hecho de que dos oficiales históricos del más alto prestigio durante el chavismo temprano, miembros del selecto círculo de los generales del 4f, cofrades de la rebelión militar originaria de Chávez, hayan quedado sometidos a un cruento presidio. En efecto, para los generales Raúl Baduel y Miguel Rodríguez Torres se construyó un calabozo especial, con intimidantes medidas de seguridad y aislamiento. Después, le siguió la orden de transferir a 321 433 fusiles de las fanb a la Milicia Bolivariana, brazo armado civil del psuv, lo que deja en claro que el poder en Venezuela no está tomando la forma de un Estado de guarnición, sino el de un “Estado comunal”, cada vez más cercano a la doctrina del partido de gobierno. Estos hechos conforman dos elementos: el lanzamiento de un mensaje a las fuerzas armadas venezolanas de que la revolución es comandada por fuerzas civiles, y que ya no temen la injerencia militar sobre sus cuotas de poder ni el mando en Venezuela. El segundo elemento, fundamental en la lógica del poder del chavismo, es que la inteligencia civil, vista como interferencia, información, ideologización y propaganda, pudo resquebrajar la estructura formal militar de las fuerzas armadas venezolanas basándose en la fragmentación de los mandos operacionales, la incomunicación de los diferentes componentes de la fuerza y la anulación, por ende, de su poder de fuego coordinado ante levantamientos y golpes de Estado. Así, debe quedar atrás el análisis histórico-político tradicional de las relaciones civiles y militares que sostiene, todavía, una tesis pretoriana sobre el poder civil en Venezuela. Los tiempos presentes obligan a considerar la crisis venezolana, tanto para actores nacionales como extranjeros, desde el prisma renovado de un autoritarismo civil, policiaco y no militar, con fuerza en la ideología, la propaganda y el control social estructural. Asimismo, el equipamiento militar de la fanb y la expresión de ese poderío no deben ser confundidos con la existencia de una intervención castrense profesional y sistemática en el sistema político venezolano. La adquisición de equipamiento militar ofensivo y defensivo de China y Rusia, diestramente instrumentalizado por el chavismo bajo el madurato para propaganda e intimidación interna y externa, no es la manifestación política de unas fuerzas armadas profesionales en el gobierno. El nuevo papel de los militares en Venezuela es obedecer a ese poderío expresado en el psuv, para esperar el reparto de prebendas a los leales y responder oportunamente a cualquier amenaza interna o externa a la soberanía de la revolución. Tanto Guaidó como sus acompañantes y aliados internacionales deben comprender ese nuevo razonamiento de la fanb, guardiana del psuv.
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Fuente:
Cfr.

sábado, 25 de abril de 2020

ESCÁNDALO (¿Y CONSUELO?)

Diputados niegan que recibirán un pago de 5.000 dólares
Sarai Coscojuela
 
Parlamentarios reconocen que habrá una ayuda, incluyendo a los asistentes, pero que el monto no ha sido aprobado.
Diputados de la Asamblea Nacional negaron que vayan a recibir un sueldo de 5 mil dólares, como lo informó la agencia de noticias AP el pasado jueves, 23 de abril.
En la nota publicada por la agencia se indicó que los parlamentarios aprobaron ese presupuesto, al mismo tiempo que el pago del bono de 100 dólares al personal de salud por tres meses. 
Este pago, que dos legisladores en el anonimato dijeron que es una ayuda y no un sueldo, saldría del Fondo para la Liberación de Venezuela que aprobó en la sesión del 15 de abril, un presupuesto de 14 millones de dólares para el funcionamiento de la Asamblea Nacional.
Un diputado, quien prefirió no revelar su nombre, explicó a Runrun.es que ciertamente habrá una ayuda para los legisladores y también para los asistentes que fueron despedidos por el diputado Luis Parra. 
Pero aseguró que la cantidad no ha sido aprobada y que ese sería el siguiente paso, “con toda la transparencia debida”.
Sin sueldo
Igualmente el primer vicepresidenta de la AN, Juan Pablo Guanipa confirmó en una entrevista a Politiks que habrá una ayuda a los diputados para el funcionamiento de su gestión y que deberá rendir cuentas ante el Parlamento sobre los gastos. 
Recordó que desde hace cuatro años los diputados no cobran su sueldo, luego de que la administración de Nicolás Maduro declarara un supuesto “desacato” sobre el Parlamento. “Ningún extremo es bueno, que no haya un sueldo que sea impensable, ni tampoco haya el sueldo actual, el sueldo actual es absolutamente nada, es cero”, agregó.
El diputado Luis Barragán (Vente- Aragua) declaró a TalCual que en los últimos días se ha venido hablando de distintos montos, pero que hasta el momento lo único cierto es el monto global que se aprobó en la sesión. 
“Si existe la posibilidad de paliar o ayudar un poco en el sostenimiento de la diputación, eso no constituye ningún pecado”, expresó el diputado de Vente.
Ese mismo jueves en la noche la AN emitió un comunicado desmintiendo el pago de 5 mil dólares. “Es falso que se haya aprobado un sueldo de 5 mil dólares mensuales para los diputados. Ni la AN ni el Gobierno legítimo han aprobado el monto del apoyo económico respectivo y necesario”.
Ratificaron que sí habrá un pago y que el presupuesto aprobado contempla cubrir los ingresos personales de los diputados y su funcionamiento así como el del Parlamento. La ayuda será para equipos de apoyo de seguridad, protección social de los integrantes, funcionamiento de oficinas, equipos de comunicaciones, sesiones, traslados, defensa y soporte de diputados presos o perseguidos.
“Las autoridades de la AN determinarán y aprobarán el ingreso personal que requieren los diputados. Eso será difundido y comunicado al país de manera transparente y oportuna”, puntualizaron.

24/04/2020:

Proyecto para ayudar a diputados sí existe aunque no por monto de 5.000 dólares
Luisa Quintero 

En un comunicado, el gobierno interino dijo que serán las autoridades del parlamento venezolano las que determinarán y aprobarán «el ingreso personal que requieren los diputados»
La agencia de noticias The Associated Press publicó una nota, firmada por el periodista Joshua Goodman, donde se asegura que los diputados de la Asamblea Nacional acordaron en privado recibir un pago de 5.000 dólares mensuales como parte de uno de los proyectos contenidos en la Ley especial del fondo para la liberación de Venezuela, cuyo presupuesto se aprobó el 15 de abril, y contempla un monto total de 80 millones de dólares.
Varios diputados negaron que exista una partida específica, hasta ahora, donde se haya establecido un monto de $5.000 mensuales para cada diputado enmarcado dentro del área de «fortalecimiento del poder Legislativo y protección social de sus integrantes».
Un diputado que prefirió no ser identificado confirmó a TalCual que, efectivamente, se dieron algunas discusiones entre algunas fracciones sobre la asignación de una «ayuda» y para la cual se utilizarían estos fondos aprobados a través de la Ley especial, aunque, debido a la negativa de varios parlamentarios, la discusión no trascendió a fijar montos.
Para esta área de «fortalecimiento del poder Legislativo», el presupuesto aprobado por los diputados la primera quincena de abril establece un monto total de 14 millones de dólares, el segundo más alto para un ítem de los siete que se incluyeron en este fondo especial.
Luis Barragán, integrante de la fracción 16 de julio, explicó que desde hace días han estado circulando informaciones distintas sobre montos pero lo único cierto es el presupuesto que se aprobó el 15 de abril en una sesión ordinaria del parlamento y donde también se incluye la ayuda para el personal de salud, mantenimiento de las legaciones diplomáticas y ayuda a magistrados del legítimo TSJ.
«Aquí solo está aprobado el monto global y después se precisó ciertas cantidades para cada área», reiteró Barragán, al tiempo que indicó que los integrantes de su fracción «no han recibido ningún tipo de ayuda y tampoco la han aceptado. A la propia fracción se le ha sugerido la opción de contribuir al mantenimiento de los miembros y no hemos aceptado».
Sin embargo, el diputado de Vente Venezuela recordó que los diputados padecen necesidades como el resto de la población pero siempre ha existido cierto rechazo a los ingresos a los parlamentarios. «Si existe la posibilidad de paliar o ayudar un poco en el sostenimiento de la diputación, eso no constituye ningún pecado».
Además, la asignación no será solo para los diputados que no cobran salarios desde hace 49 meses por una decisión de la administración de Nicolás Maduro luego de que se declarase a la Asamblea Nacional en el llamado «desacato» en 2016, como recordó Luis Florido (Un Nuevo Tiempo – Lara). Esta situación también afectó a sus equipos cercanos y los asistentes parlamentarios.
Carlos Prosperi (Guárico), jefe de la fracción de Acción Democrática, agregó que al hecho de que los parlamentarios no tengan salarios por decisión de Maduro, «el régimen se niega a ponerse al día con lo que adeuda al Instituto Parlamentario y hoy (23 de abril) están suspendiendo la póliza de salud» que tenían con una empresa privada.
Mientras la diputada por Aragua Adriana Pichardo, jefa de la fracción de Voluntad Popular, sentenció que muchos parlamentarios «no tienen ni con qué hacer mercado», al tiempo que recordó la situación de sus colegas detenidos -tres hasta la fecha- que están «pasando trabajo duro, sin comida ni ningún tipo de atención».
Todos los proyectos que se aprueben dentro de las siete áreas establecidas en el «fondo especial para la liberación de Venezuela y atención de casos prioritarios» deberán pasar por la Comisión permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional para su aprobación y, posteriormente, serán llevados a discusión en la plenaria del parlamento.
En todo caso, ni los $14 o los $80 millones de dólares están disponibles en la actualidad. Este dinero provendrá de una cuenta privada del Banco Central de Venezuela (BCV) en Estados Unidos, cuyo monto asciende a 342 millones de dólares, donde estaban depositadas ciertas transacciones relacionadas con oro venezolano.
El mismo día que los diputados aprobaron el presupuesto de la Ley especial, se autorizó la transferencia de este dinero hacia una cuenta federal en Estados Unidos que también pertenece al BCV. Para poder hacerse efectiva, es necesario que la junta ad hoc del Banco Central solicite una licencia a la Oficina de Protección de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos para realizar esta operación.
Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, dijo en entrevista a Politiks que hasta ahora se ha conversado es de aportarle recursos al diputado para el funcionamiento de su gestión como parlamentario. Insistió en la falta de pago hacia los legisladores desde 2016. «Aquí a ningún diputado le han preguntado cómo ha hecho para trasladarse a Caracas, para mantener a su familia».
Dijo que ese dinero que se entregue a cada diputado deberá ser reportado ante la Asamblea Nacional, y deberá ser usado «en gastos referentes a su diputación, con su seguridad (…) Un diputado tiene que buscar una infraestructura» para realizar su trabajo y «lo que se busca es que tenga recursos para eso».
Señaló que no maneja ningún monto y dijo además que «cualquier discusión puede ser hecha en este momento porque es dinero que todavía no ha entrado ni se ha invertido en nada».
Guanipa además mencionó que tanto la Comisión permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional como el Comité especial de Contraloría, una instancia creada para apoyar al contralor especial, serán vigilantes de estos recursos por provenir de fondos públicos.
El primer vicepresidente de la AN comentó que 5.000 dólares «es un monto muy elevado pero como digo, esperemos que la discusión se dé y cuando eso suceda, evidentemente podremos hacer afirmaciones. Yo prefiero ser cauto y esperar a que eso se discuta en el seno de la Asamblea Nacional y se justifique la cantidad y el uso previsto para ese dinero».
«Ni calvo ni con dos pelucas (…) ningún extremo es bueno, que no haya un sueldo que sea impensable, ni tampoco haya el sueldo actual, el sueldo actual es absolutamente nada, es cero», sentenció.
Habla el interino
En un comunicado emitido la noche del 23 de abril, el gobierno interino presidido por Juan Guaido, quien también ejerce la presidencia de la Asamblea Nacional, calificó como falsa la información publicada por The Associated Press sobre la entrega de 5.000 dólares mensuales a cada diputado.
«Ni la Asamblea Nacional ni el gobierno legítimo han aprobado el monto del apoyo económico respectivo y necesario», dice parte del comunicado, que aclaró que este presupuesto contempla cubrir los ingresos personales de los diputados, así como los que requiera para ejercer sus funciones y las del Parlamento.
En este punto se señaló que «no se debe confundir ingresos personales (el ingreso económico que recibe el diputado por su trabajo) con los gastos de funcionamiento o asociados a la labor parlamentaria y a la lucha contra la dictadura (ejemplo: equipos de apoyo, seguridad, protección social de sus integrantes, funcionamiento de oficinas, equipos de comunicaciones, sesiones, traslados, defensa y soporte de diputados presos o perseguidos, entre otros)».
Además, se mencionó que serán las autoridades del parlamento venezolano las que determinarán y aprobarán «el ingreso personal que requieren los diputados. Esto será difundido y comunicado al país de manera transparente y oportuna».

23/04/2020:

sábado, 4 de abril de 2020

SUPUESTA POLARIZACIÓN PARA UN LUGAR MUY REAL

Venezuela Is the Eerie Endgame of Modern Politics
Anne Applebaum / The Atlantic Post Column

Last month, Juan Guaidó appeared in Washington in the role of political totem. Venezuela’s main opposition leader—the man who is recognized by that country’s National Assembly, millions of his fellow citizens, and several dozen foreign countries as the rightful president of Venezuela—was one of the special guests at the State of the Union address. President Donald Trump welcomed Guaidó as living evidence that his own administration was “standing up for freedom in our hemisphere” and had “reversed the failed policies of the previous administration”; he called Venezuela’s current leader, Nicolás Maduro, an illegitimate ruler whose “grip on tyranny will be smashed and broken.” He gave no details of how that would happen. Trump, who has never been to Venezuela or shown any prior interest in it—or, for that matter, shown any interest in freedom anywhere else —presumably knows that the country matters to some voters in South Florida. To their credit, members of Congress gave a bipartisan standing ovation to Guaidó nevertheless.
Trump is not the only world leader to cite Venezuela for self-serving ends. Regardless of what actually happens there, Venezuela—especially when it was run by Maduro’s predecessor, the late Hugo Chávez—has long been a symbolic cause for the Marxist left as well. More than a decade ago, Hans Modrow, one of the last East German Communist Party leaders and now an elder statesman of the far-left Die Linke party, told me that Chávez’s “Bolivarian socialism” represented his greatest hope: that Marxist ideas—which had driven East Germany into bankruptcy—might succeed, finally, in Latin America. Jeremy Corbyn, the far-left leader of the British Labour Party, was photographed with Chávez and has described his regime in Venezuela as an “inspiration to all of us fighting back against austerity and neoliberal economics.” Chávez’s rhetoric also helped inspire the Spanish Marxist Pablo Iglesias to create Podemos, Spain’s far-left party. Iglesias has long been suspected of taking Venezuelan money, though he denies it. Even now, the idea of Venezuela inspires defensiveness and anger wherever dedicated Marxists still gather, whether they are Code Pink activists vowing to “protect” the Venezuelan embassy in Washington from the Venezuelan opposition or French Marxists who refuse to call Maduro a dictator.
One of the three was Susana Raffalli, a widely recognized Venezuelan expert in nutrition and food security. During her long career, Raffalli has worked all over the world, never imagining that her skills would be necessary in Venezuela, which has large oil reserves and was long a middle-income country. Raffalli and I met in a deceptively chic restaurant in Altamira, one of the wealthiest neighborhoods in Caracas. Just around the corner stood one of the shiny new hard currency stores, where people with dollars can buy things like Cheerios or large bottles of Heinz ketchup. Imported goods like these had disappeared in recent years as hyperinflation rendered the Venezuelan bolívar almost worthless, and as international sanctions and Venezuela’s own import controls disrupted trade. Now they are again available—but only to those who have access to foreign currency.
Members of the Chavista-Madurista elite do indeed have such access, and the new dollarization of the Venezuelan economy has suddenly allowed them to flaunt their money. One academic I met described how shocked he was to see a woman reach into her handbag and pull out $3,000 in cash to buy a designer coat. “What kind of person,” he mused, “could have that kind of money?” By contrast, his elderly neighbors—formerly middle-class people, living on fixed pensions with no access to dollars—look thin and wasted. He himself had left his university to work for a foreign charity, because an academic salary paid in bolívares is no longer sufficient to buy food.
The glitzy evidence of dollarization also masks the deep crisis of the rural poor. Upon Chávez’s death in 2013, Corbyn thanked him on Twitter for “showing that the poor matter and wealth can be shared.” But neither Chávez nor Maduro has ever shown anything of the sort. Whatever progress the country made against poverty in the past was due to high oil prices, which have since slumped. Now Maduro presides over a disaster that is devastating the poor above all. Raffalli told me that the food-production system began to break down nearly a decade ago, thanks to the expropriation of land and the destruction of small agricultural companies, though a few big ones survive. Widespread malnutrition began a few years later. The Catholic charity Caritas believes that 78 percent of Venezuelans eat less than they used to, and 41 percent go whole days without eating. The side effects of hunger—higher rates of both chronic and infectious diseases—are spreading too. But if you haven’t heard about hunger in Venezuela, that’s not an accident: The government is going to great lengths to hide it.
The tactics of deception include the use of outdated nutrition measures, which help conceal the severity of the problem. Government departments have also resorted to euphemistic jargon. “Malnutrition” has become “nutrition vulnerability,” Raffalli said, and a system of health centers for starving children is now the Service for Nutritional Education. The country’s National Assembly, which is controlled by the opposition, passed special measures to address the health crisis; the Supreme Court, which is controlled by Maduro, rejected them. Most ominously, doctors in Venezuelan hospitals have faced pressure not to list malnutrition as either a cause of illness or a cause of death. Though the official media do not mention these policies, people know about them anyway. Raffalli herself witnessed an extraordinary scene in one hospital: The parents of a child who had died from starvation tried to give her the corpse, because they were afraid that state officials would take it away and hide it. She was also in a rural region where children leave school at midday to hunt for birds or iguanas to cook and eat for lunch.
To anyone who knows the long history of the relationship between Marxist regimes and famine, this development seems uncannily familiar. More than 80 years ago, in the winter of 1932–33, Stalin confiscated the food of Ukrainian peasants and did nothing while nearly 4 million died. Then he covered up their deaths, even altering Soviet population statistics and murdering census officials to disguise what had happened. To anyone who knows the long history of Communist countries’ use of food as a weapon, the Venezuelan regime’s manipulation of the food supply comes as no surprise, either. Most Venezuelans—80 percent according to a recent survey—now rely on boxes of food, containing staples such as rice, grain, or oil, from the government. Agencies known as Local Committees for Supply and Production hand the packages out to people who register for a Patria (“fatherland”) card or smartphone app, which are also used to monitor participation in elections. Raffalli has called this policy “not a food program, but a program of penetration and social domination.” The hungrier people get, the more control the government exerts, and the easier it is to prevent them from protesting or objecting in any other way. Even people who are not starving now spend most of their time just getting by—standing in lines, trying to fix broken generators, working second or third jobs to earn a little bit more—all activities that keep them from politics.
But when Raffalli’s voice broke, she was talking about something else: the indifference that was growing, both at home and abroad. The United Nations, perhaps thanks to some officials who admired Chávez—or who do not admire Trump—has not launched a major humanitarian-aid program in Venezuela. “The trauma here is that it is forgotten by outsiders, and also forgotten by us,” Raffalli said. “We are getting used to it … you have to keep saying, ‘No, it’s not normal!” This, she said, is what Venezuela has become: “a country with some of the world’s biggest rivers, and yet we have water shortages. A country with vast reserves of oil, and yet people are cooking food over wood fires.” In this type of protracted crisis, “people start to lose hope. Hunger co-exists with fatigue and lack of hope. And we are forgetting what we used to be.”
And yet, despite the clear historical echoes, the cause of the crisis in Venezuela is not merely the familiar, fanatical application of Marxist theory. If some elements of recent Venezuelan history sound amazingly like a replay of Soviet history, other elements strongly resemble the more recent histories of Russia, Turkey, and other illiberal nationalist regimes whose leaders slowly chipped away at civil rights, rule of law, democratic norms, and independent courts, eventually turning their democracies into kleptocracies. This process also took place in Venezuela. Like the destruction of the economy, the destruction of the political culture took some time, because there were several decades’ worth of democratic institutions to destroy. Writing in The New Yorker in 1965, not long after a round of successful elections, a visitor to the country observed, rather elegantly, that “the high-minded, steadfast enthusiasm for the republican ideal is one of the determining factors in Venezuelan history … the Venezuelan seeks the City of Justice as his forerunners sought the City of Gold, with the same dedication, the same indestructible hope, and the same splendid determination.”
But democracy became weaker in the 1990s, thanks to widespread corruption linked to the oil industry. Chávez broke the rule of law completely. His first attempt to take power was via a coup d’état, in 1992. He won a legitimate election in 1998, but once in power he slowly changed the rules, eventually making it almost impossible for anyone to beat him. In 2004, he packed the Supreme Court; in 2009, he altered the electoral system. Just like other illiberal governments, the Venezuelan regime also sought to undermine abstract ideas of justice—which might have protected ordinary people from the authoritarian state—by dismissing them as a Western plot. Rafael Uzcátegui, an activist who runs PROVEA (the Venezuelan Education-Action Program on Human Rights), told me that the country’s rulers had tried to redefine the problem: “They said everything that we understood as human rights was a ‘liberal hegemonic imposition.’” They also created parallel institutions—such as the Bolivarian Alliance for the Peoples of Our America, Chávez’s version of the Organization of American States—to limit the influence of established multinational bodies and global human-rights groups inside Venezuela.  
Having gained full control of his nation’s legal and judicial institutions, Chávez did not use it to benefit poor Venezuelans, contrary to the mythology spread by far-left admirers. Instead, Chávez began to transfer the wealth of the country to his cronies. This process was extraordinarily well documented, in real time, by many people. A Foreign Affairs article about Chávez in 2006 spoke of “blatant violations of the rule of law and the democratic process.” A 2008 article in the same publication noted that “neither official statistics nor independent estimates show any evidence that Chávez has reoriented state priorities to benefit the poor.” The slide into spectacular corruption grew worse under Maduro. In Caracas, I met at least a dozen academics and journalists who are still charting the regime’s dishonest social-media campaigns, infringements on what remains of the constitutional order, and stunning corruption, as well as its humanitarian disaster. Their ability to observe and describe all of these things has not necessarily helped them to stop them.
Some elements of Chávez’s method will seem strangely familiar to anyone who has studied other kleptocracies. The Venezuelan writer Moisés Naím has described his country’s political system as a “loose confederation of foreign and domestic criminal enterprises with the president in the role of mafia boss,” which makes it sound very much like Vladimir Putin’s Russia. In Caracas, I sat in a room full of people who were debating just exactly how much money the regime had stolen—$200 billion? $600 billion?—a parlor game that gets played in Moscow too. Scattered around the Venezuelan capital are several brand-new, completely empty apartment buildings that are reportedly a side effect of money laundering: Their owners are storing stolen money in glass and concrete, hoping that real-estate prices will rise someday. A couple of years ago, a court in Miami charged a network of Venezuelan officials with laundering $1.2 billion into property and assets in Florida and elsewhere. Investigations into that case and others still involve law-enforcement agencies all over the world.
How did Chávez get away with this level of theft? How can Maduro sustain it? Among other things, the two strongmen have made it almost impossible for the independent press to function, undermined the credibility of experts, and distracted supporters, both domestic and foreign, with a combination of fairy tales—how wonderful were the lives of the poor!—and conspiracy theories. For Americans, some elements of this story should hit uncomfortably close to home. At the height of his power, Chávez appeared every Sunday on his own surreal, unscripted reality-television program, called Aló Presidente. He would interview supporters, hire and fire ministers, insult people, even declare war while on air, using television much as President Trump uses Twitter, to shock and entertain, sometimes continuing for many hours. Chávez made up names for his enemies—“El Diablo” was one of several for President George W. Bush—and he was vulgar and rude. These traits convinced people that he was “authentic.” Just as Trump used to shout “You’re fired” as a kind of punch line on The Apprentice, Chávez would shout “Exprópiese!” at buildings and property, supposedly owned by rich people, that he intended to expropriate.
Over time, Chávez successfully polarized society into groups of fanatical supporters and equally dedicated enemies—warring tribes who felt they had little in common. Some of the differences were based on class or race, but not all. One Venezuelan I met—he owned a bookstore before people could no longer afford to buy books—told me that he fell out with a university friend who’d become a fanatical Chavista. They never made up.
Even now, polarization is built into the streetscape of Caracas. In the middle-class Chacao district, which is controlled by the opposition, the names of activists murdered by the regime are painted onto a fence that stands near a square where many anti-Maduro demonstrations have been held. In the working-class neighborhoods, one sees pro-regime murals and billboards, though many of these defy the clichés. Some of them, heavy on Venezuelan flags and “No Trump” slogans, could easily be described as nationalist rather than socialist. Others—the paintings of Chávez’s eyes, for example—belong more strictly to what can only be described as a cult of personality.
None of those signs and symbols necessarily means that the regime is popular. Most of the political scientists whom I met reckoned that Maduro has the support of no more than a quarter of the population—some of whom support him only for the food boxes or out of fear. Those who speak out, especially from the slums, are periodically subjected to violence too. In one poor neighborhood, I met a woman whose cousin had recorded a video of himself, draped in a Venezuelan flag, going to an anti-government demonstration, and posted it on Facebook. A neighbor recognized him and told the authorities—another act with Stalinist echoes. A couple of days later, police thugs from the Special Actions Force—a unit known as FAES, which Maduro created in 2017 supposedly to “fight terrorism” —abducted and murdered him.
Extrajudicial murders like this one are now common. An initiative called Mi Convive—whose mission is to monitor and reduce violence—registered 1,271 extrajudicial murders in Caracas alone from May 2017 to December 2019, out of more than 3,300 violent deaths in the city. Late last year, the UN high commissioner for human rights concluded that FAES and other police had killed 6,800 Venezuelans from January 2018 to May 2019, a period of sharp political conflict. The commissioner’s report included details of torture, such as electric-shock treatment and waterboarding. Precisely because those who criticize the government can be subjected to harassment or violence, especially if they come from the slums, I am withholding the names of some of the Venezuelans whom I met or interviewed.
But cynicism is just as powerful a demotivator as fear. Over and over again, people told me that while they don’t dislike Guaidó, they do not believe he can win. So what if the Trump administration recognizes him as the rightful president? The Venezuelan army does not. Democracy is broken, elections are unfair, the police can enter anyone’s house at any time, so how can the regime be brought down? One of Guaidó’s former teachers, a university professor, told me he had let his former student know that he would not come to any more demonstrations until he knew exactly what he was demonstrating for. What is the realistic path to change?
Polarization adds to this cynicism by creating suspicion and mistrust on both sides; people hear politicians shouting diametrically opposing slogans or presenting contradictory facts, and their instinct is to cover their ears. Then they retreat inward—or they leave, in vast numbers. The 4.5 million people who are thought to have left Venezuela in recent years have done so either by walking across the border into neighboring countries or by seeking to study or work abroad. Historically, Venezuela was a magnet for immigrants, not a source of refugees. The current exodus has left enormous gaps in many institutions, broken up families, and destroyed circles of friends.
The second person I met who started to cry was a translator. At one event, I responded in English to a question about the wave of Venezuelan refugees now spreading across South America, North America, and Europe. As the translator put my answer into Spanish, she broke down. “I suddenly thought of my nieces and nephews,” she told me afterward. “All of those hopeful young people, all gone.”
The third time someone cried was in rather different circumstances. I was in La Vega, one of the slums that cling to the hills around Caracas, a little bit like the favelas around Rio de Janeiro. The paved roads in La Vega attest to the money that was once available to spend on infrastructure; the jerry-rigged electricity cables and water pipelines attest to that infrastructure’s decline. We were sitting in a community kitchen created by a group called Alimenta la Solidaridad (a name that translates loosely to “food solidarity”), which serves regular meals to children in poor neighborhoods. This is one of a pair of initiatives originally conceived by Roberto Patiño, a young opposition politician turned humanitarian activist. The first one is Mi Convive, the group that monitors and mitigates violence; its name, also translated loosely, means “live together.” Patiño was a student leader who campaigned on behalf of a previous opposition leader, Henrique Capriles, who ran for president and lost by a tiny and probably fraudulent margin in 2013. As he traveled around the country, Patiño told me, he was shocked by the lack of faith that people had in the whole process. They didn’t hate Capriles; they just thought that “everything related to politics is a lie.”
Patiño’s organizations are not political, and they are not intended to affect election campaigns directly. Instead, they seek to undermine the polarization, and dampen the cynicism, that has frozen Venezuelan society. Propaganda divides people. Fear isolates them. By contrast, Alimenta and Mi Convive create projects that bring people together, regardless of their socioeconomic status or political views, building networks of friendship and support. The projects are staffed, in part, by educated, middle-class people in their 20s and 30s who have deliberately decided not to emigrate, though any of them could. Alberto Kabbabe, the co-founder and executive director of Alimenta, has a degree in chemical engineering; he says most of his university friends have left for the U.S. or Colombia. Back when he was in the student movement with Patiño, Kabbabe didn’t imagine himself running community kitchens, but then, none of the group did. “I thought I would be doing politics, but something more … sophisticated,” one told me. But in a society where sophisticated politics feel pointless and impossible, working to create links between wealthy and poor neighborhoods feels positive and creative. “The government made people believe that we are all different and enemies. In fact, we are all different, but we can work together,” Kabbabe told me.
A trio of them took me to see a couple of the kitchens in La Vega. We began with a visit to a Jesuit school. Alimenta has worked closely alongside the order, which has a particular interest in refugees and the very poor. The Jesuit fathers in Caracas—I met several—reminded me of the kinds of priests who used to work in Polish working-class neighborhoods in the 1980s, when the Catholic Church was a unifying national institution in Poland and not part, as it is now, of a divisive war over modern culture.
From the school we went to one of the community kitchens—in reality, a dining space set up on a dirt floor beneath a corrugated-tin roof. The women who worked there were all volunteers, some of whom had lost their access to the free government food boxes because they work for Alimenta. They said they didn’t care—the food served at the kitchens is healthier anyway—and there are other benefits. “We can do something to make a difference,” one of the volunteers told me, and that creates a kind of psychological satisfaction, even aside from the food. Some of the women have become advocates for their communities, speaking out about school closures, water shortages, and the other hardships that Venezuela’s decline has imposed on them.
Conditions were a little better in another section of La Vega, farther down the hillside. There, the community kitchen is inside a real building, connected to a convent. Posted on the walls are lists of daily menus; the space smells slightly of disinfectant and the floors positively shine. The volunteer who runs the kitchen—gray-haired, wearing blue jeans and an Alimenta la Solidaridad T-shirt—showed us around. She started to tell her life story, a tale of bad luck and crises, a son who was shot during local violence, another who died in an accident. But now she has had some success: Her daughters are studying, and she is feeding children—a role that allows her to keep an eye on local families in trouble. This is when she started to cry. One of the women from Alimenta—several decades younger, from a different neighborhood and a luckier family background—stood up and put her hand on her shoulder. The older woman stopped for a moment, and then resumed her story.
I am tempted to end here with a warning, because Venezuela does represent the conclusion to a lot of processes we see in the world today. Venezuela is the endgame of ideological Marxism; the culmination of the assault on democracy, courts, and the press now unfolding in so many countries; and the outer limit of the politics of polarization. But I don’t want, as so many have done, to treat Venezuela as just a symbol. It’s a real place, and the hardships faced by the people who live there have not ended, culminated, or been limited at all. Whatever the United States and other members of the international community do next in Venezuela, the goal should be to help real Venezuelans, not to further an ideological argument, especially as the humanitarian and political crises deepen and spread.

Fuente:
Fotografías:
Carlos García Rawlins (Reuters): Protestas en Caracas (2014).


Venezuela es el misterioso final de la política moderna
Anne Applebaum 

El mes pasado, Juan Guaidó apareció en Washington en el papel de tótem político. El principal líder de la oposición de Venezuela, el hombre que es reconocido por la Asamblea Nacional de ese país, millones de sus conciudadanos y varias docenas de países extranjeros como el presidente legítimo de Venezuela, fue uno de los invitados especiales en el discurso del Estado de la Unión. El presidente Donald Trump dio la bienvenida a Guaidó como evidencia viviente de que su propia administración estaba "defendiendo la libertad en nuestro hemisferio" y había "revertido las políticas fallidas de la administración anterior"; llamó al actual líder de Venezuela, Nicolás Maduro, un gobernante ilegítimo cuyo "control sobre la tiranía será aplastado y roto". No dio detalles de cómo sucedería eso. Trump, que nunca ha estado en Venezuela ni ha mostrado ningún interés previo en él, o, de hecho, ha mostrado interés en la libertad en cualquier otro lugar, presumiblemente sabe que el país es importante para algunos votantes en el sur de Florida. Para su crédito, los miembros del Congreso dieron una gran ovación bipartidista a Guaidó, sin embargo.
Trump no es el único líder mundial que cita a Venezuela para fines egoístas. Independientemente de lo que realmente sucede allí, Venezuela, especialmente cuando fue dirigida por el predecesor de Maduro, el fallecido Hugo Chávez, también ha sido durante mucho tiempo una causa simbólica para la izquierda marxista. Hace más de una década, Hans Modrow, uno de los últimos líderes del Partido Comunista de Alemania Oriental y ahora un anciano estadista del partido de extrema izquierda Die Linke, me dijo que el "socialismo bolivariano" de Chávez representaba su mayor esperanza: que las ideas marxistas, que había llevado a Alemania Oriental a la bancarrota, podría tener éxito, finalmente, en América Latina. Jeremy Corbyn, el líder de extrema izquierda del Partido Laborista británico, fue fotografiado con Chávez y describió su régimen en Venezuela como "una inspiración para todos nosotros luchando contra la austeridad y la economía neoliberal". La retórica de Chávez también ayudó a inspirar al marxista español Pablo Iglesias a crear Podemos, el partido de extrema izquierda de España. Desde hace tiempo se sospecha que Iglesias tomó dinero venezolano, aunque lo niega. Incluso ahora, la idea de Venezuela inspira defensa y enojo dondequiera que se reúnan marxistas dedicados, ya sean activistas del Código Rosa que prometen "proteger" a la embajada venezolana en Washington de la oposición venezolana o marxistas franceses que se niegan a llamar a Maduro un dictador .
Y sin embargo, Venezuela no es una idea. Es un lugar real, lleno de personas reales que están pasando por una crisis sin precedentes y, de alguna manera, muy inquietante. Si simboliza algo, es el poder distorsionador de los símbolos. En realidad, el país no ofrece consuelo a los marxistas juveniles ni a los antiimperialistas autodenominados, ni a los fanáticos de Donald Trump. Pasé unos días allí a principios de este mes, por invitación académica. Durante el curso de conversaciones ordinarias conmigo, tres personas se echaron a llorar mientras hablaban de su vida y su país.
Una de las tres fue Susana Raffalli, una reconocida experta venezolana en nutrición y seguridad alimentaria. Durante su larga carrera, Raffalli ha trabajado en todo el mundo, sin imaginar que sus habilidades serían necesarias en Venezuela, que tiene grandes reservas de petróleo y fue durante mucho tiempo un país de ingresos medios. Raffalli y yo nos conocimos en un restaurante engañosamente elegante en Altamira, uno de los barrios más ricos de Caracas. A la vuelta de la esquina estaba una de las nuevas y brillantes tiendas de divisas, donde las personas con dólares pueden comprar cosas como Cheerios o botellas grandes de ketchup Heinz. Los bienes importados como estos habían desaparecido en los últimos años cuando la hiperinflación hizo que el bolívar venezolano fuera casi inútil, y las sanciones internacionales y los propios controles de importación de Venezuela interrumpieron el comercio. Ahora están nuevamente disponibles, pero solo para aquellos que tienen acceso a moneda extranjera.
Los miembros de la élite chavista-madurista sí tienen ese acceso, y la nueva dolarización de la economía venezolana les ha permitido hacer alarde de su dinero. Un académico que conocí describió lo sorprendido que estaba al ver a una mujer meter la mano en su bolso y sacar $ 3,000 en efectivo para comprar un abrigo de diseñador. "¿Qué tipo de persona", reflexionó, "podría tener ese tipo de dinero?" Por el contrario, sus vecinos mayores, antes personas de clase media, que vivían con pensiones fijas sin acceso a dólares, se ven delgados y malgastados. Él mismo había dejado su universidad para trabajar para una organización benéfica extranjera, porque un salario académico pagado en bolívares ya no es suficiente para comprar comida.
La evidencia deslumbrante de la dolarización también oculta la profunda crisis de la población rural pobre. Tras la muerte de Chávez en 2013, Corbyn le agradeció en Twitter por "demostrar que los pobres y la riqueza se pueden compartir". Pero ni Chávez ni Maduro han mostrado nada por el estilo. Cualquier progreso realizado en el país contra la pobreza en el pasado se debió a los altos precios del petróleo, que desde entonces se han desplomado. Ahora Maduro preside un desastre que está devastando a los pobres sobre todo. Raffalli me dijo que el sistema de producción de alimentos comenzó a fallar hace casi una década, gracias a la expropiación de tierras y la destrucción de pequeñas empresas agrícolas, aunque sobreviven algunas grandes. La desnutrición generalizada comenzó unos años más tarde. La organización benéfica católica Caritas cree que el 78 por ciento de los venezolanos come menos de lo que solía y el 41 por ciento pasa días enteros sin comer. Los efectos secundarios del hambre (tasas más altas de enfermedades crónicas e infecciosas) también se están extendiendo. Pero si no ha oído hablar del hambre en Venezuela, eso no es un accidente: el gobierno hará todo lo posible para ocultarlo.
Las tácticas de engaño incluyen el uso de medidas nutricionales obsoletas, que ayudan a ocultar la gravedad del problema. Los departamentos gubernamentales también han recurrido a la jerga eufemística. La "desnutrición" se ha convertido en una "vulnerabilidad nutricional", dijo Raffalli, y un sistema de centros de salud para niños hambrientos es ahora el Servicio de Educación Nutricional. La Asamblea Nacional del país, controlada por la oposición, aprobó medidas especiales para abordar la crisis de salud; la Corte Suprema, controlada por Maduro, los rechazó. Lo más inquietante es que los médicos de los hospitales venezolanos se han visto presionados a no mencionar la desnutrición como causa de enfermedad o de muerte. Aunque los medios oficiales no mencionan estas políticas, la gente las conoce de todos modos. Raffalli misma fue testigo de una escena extraordinaria en un hospital: los padres de un niño que había muerto de hambre trataron de entregarle el cadáver, porque temían que los funcionarios estatales se lo llevaran y lo ocultaran. También estaba en una región rural donde los niños salen de la escuela al mediodía para cazar pájaros o iguanas para cocinar y almorzar.
Para cualquiera que conozca la larga historia de la relación entre los regímenes marxistas y la hambruna, este desarrollo parece extrañamente familiar. Hace más de 80 años, en el invierno de 1932–33, Stalin confiscó la comida de los campesinos ucranianos y no hizo nada mientras murieron casi 4 millones. Luego cubrió sus muertes, incluso alterando las estadísticas de la población soviética y asesinando a funcionarios del censo para ocultar lo que había sucedido. Para cualquiera que conozca la larga historia del uso de los alimentos por parte de los países comunistas, la manipulación del suministro de alimentos por parte del régimen venezolano tampoco es una sorpresa. La mayoría de los venezolanos —80 por ciento según una encuesta reciente— ahora dependen de cajas de alimentos, que contienen alimentos básicos como arroz, granos o aceite, del gobierno. Las agencias conocidas como Comités Locales de Abastecimiento y Producción entregan los paquetes a las personas que se registran para una tarjeta Patria ("patria") o una aplicación para teléfonos inteligentes, que también se utilizan para controlar la participación en las elecciones. Raffalli ha llamado a esta política "no un programa de alimentos, sino un programa de penetración y dominación social". Cuanto más hambrientos se sienten las personas, más control ejerce el gobierno y más fácil es evitar que protesten u objeten de cualquier otra manera. Incluso las personas que no se mueren de hambre ahora pasan la mayor parte de su tiempo simplemente haciendo cola, tratando de arreglar generadores rotos, trabajando en el segundo o tercer trabajo para ganar un poco más, todas las actividades que los alejan de la política.
Pero cuando la voz de Raffalli se quebró, estaba hablando de otra cosa: la indiferencia que estaba creciendo, tanto en casa como en el extranjero. Las Naciones Unidas, quizás gracias a algunos funcionarios que admiraban a Chávez, o que no admiran a Trump, no han lanzado un importante programa de ayuda humanitaria en Venezuela. "El trauma aquí es que es olvidado por extraños, y también olvidado por nosotros", dijo Raffalli. "Nos estamos acostumbrando a eso ... tienes que seguir diciendo, '¡No, no es normal!" Esto, dijo, es en lo que se ha convertido Venezuela: "un país con algunos de los ríos más grandes del mundo y, sin embargo, tenemos escasez de agua". Un país con vastas reservas de petróleo y, sin embargo, la gente está cocinando alimentos sobre fuegos de leña ”. En este tipo de crisis prolongada, “las personas comienzan a perder la esperanza. El hambre coexiste con la fatiga y la falta de esperanza. Y nos estamos olvidando de lo que solíamos ser ".
Y , sin embargo, a pesar de los claros ecos históricos, la causa de la crisis en Venezuela no es simplemente la aplicación familiar y fanática de la teoría marxista. Si algunos elementos de la historia venezolana reciente suenan asombrosamente como una repetición de la historia soviética, otros elementos se parecen mucho a las historias más recientes de Rusia, Turquía y otros regímenes nacionalistas iliberales cuyos líderes lentamente redujeron los derechos civiles, el estado de derecho, las normas democráticas, y tribunales independientes, que eventualmente convierten sus democracias en cleptocracias. Este proceso también tuvo lugar en Venezuela. Al igual que la destrucción de la economía, la destrucción de la cultura política tomó algún tiempo, porque había varias décadas de instituciones democráticas para destruir. Escribiendo en The New Yorker en 1965, no mucho después de una ronda de elecciones exitosas, un visitante del país observó, con elegancia, que "el entusiasmo firme y decidido por el ideal republicano es uno de los factores determinantes en la historia de Venezuela ... el venezolano busca la Ciudad de la Justicia como sus precursores buscaron la Ciudad del Oro, con la misma dedicación, la misma esperanza indestructible y la misma espléndida determinación ".
Pero la democracia se debilitó en la década de 1990, gracias a la corrupción generalizada vinculada a la industria petrolera. Chávez violó el estado de derecho por completo. Su primer intento de tomar el poder fue a través de un golpe de estado, en 1992. Ganó una elección legítima en 1998, pero una vez en el poder cambió lentamente las reglas, lo que eventualmente hizo casi imposible que alguien lo golpeara. En 2004, llenó la Corte Suprema; en 2009 alteró el sistema electoral . Al igual que otros gobiernos iliberales, el régimen venezolano también buscó socavar las ideas abstractas de justicia, que podrían haber protegido a la gente común del estado autoritario, al desestimarlas como un complot occidental. Rafael Uzcátegui, un activista que dirige PROVEA (el Programa Venezolano de Acción y Educación en Derechos Humanos), me dijo que los gobernantes del país habían tratado de redefinir el problema: "Dijeron que todo lo que entendíamos como derechos humanos era una" imposición hegemónica liberal. '”También crearon instituciones paralelas, como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, la versión de Chávez de la Organización de Estados Americanos, para limitar la influencia de los organismos multinacionales establecidos y los grupos globales de derechos humanos dentro de Venezuela.
Habiendo obtenido el control total de las instituciones legales y judiciales de su país, Chávez no lo usó para beneficiar a los venezolanos pobres, en contra de la mitología difundida por los admiradores de extrema izquierda. En cambio, Chávez comenzó a transferir la riqueza del país a sus compinches. Este proceso fue extraordinariamente bien documentado, en tiempo real, por muchas personas. Un artículo de Asuntos Exteriores sobre Chávez en 2006 habló de "violaciones flagrantes del estado de derecho y el proceso democrático". Un artículo de 2008 en la misma publicación señaló que "ni las estadísticas oficiales ni las estimaciones independientes muestran ninguna evidencia de que Chávez haya reorientado las prioridades estatales para beneficiar a los pobres". La caída hacia la corrupción espectacular empeoró bajo Maduro. En Caracas, conocí al menos a una docena de académicos y periodistas que todavía están trazando las campañas de medios sociales deshonestas del régimen, las infracciones de lo que queda del orden constitucional y la corrupción deslumbrante, así como su desastre humanitario. Su habilidad para observar y describir todas estas cosas no necesariamente los ha ayudado a detenerlos.
Algunos elementos del método de Chávez le parecerán extrañamente familiares a cualquiera que haya estudiado otras cleptocracias. El escritor venezolano Moisés Naím describió el sistema político de su país como una "confederación informal de empresas criminales extranjeras y nacionales con el presidente en el papel de jefe de la mafia", lo que lo hace parecer muy parecido a la Rusia de Vladimir Putin. En Caracas, me senté en una habitación llena de personas que debatían exactamente cuánto dinero había robado el régimen: ¿ $ 200 mil millones? $ 600 mil millones? —Un juego de salón que también se juega en Moscú. Esparcidos por la capital venezolana hay varios edificios de apartamentos completamente nuevos y completamente vacíos que, según los informes, son un efecto secundario del lavado de dinero: sus propietarios almacenan dinero robado en vidrio y concreto, con la esperanza de que los precios inmobiliarios aumenten algún día. Hace un par de años, un tribunal de Miami acusó a una red de funcionarios venezolanos de lavar $ 1.2 mil millones en propiedades y activos en Florida y otros lugares . Las investigaciones sobre ese caso y otros aún involucran a agencias de aplicación de la ley en todo el mundo.
¿Cómo salió Chávez con este nivel de robo? ¿Cómo puede Maduro sostenerlo? Entre otras cosas, los dos hombres fuertes han hecho que sea casi imposible para la prensa independiente funcionar, socavando la credibilidad de los expertos y distraídos seguidores, tanto nacionales como extranjeros, con una combinación de cuentos de hadas: ¡cuán maravillosas fueron las vidas de los pobres! —Y teorías de la conspiración. Para los estadounidenses, algunos elementos de esta historia deberían ser incómodos cerca de casa. En el apogeo de su poder, Chávez apareció todos los domingos en su propio programa de televisión de realidad surrealista, sin guión, llamado Al ó Presidente . Entrevistó a simpatizantes, contrató y ministros de bomberos, insultó a la gente, incluso declaró la guerra mientras estaba en el aire, usando la televisión de la misma manera que el presidente Trump usa Twitter, para sorprender y entretener, a veces continuando durante muchas horas. Chávez inventó nombres para sus enemigos: "El Diablo" fue uno de varios para el presidente George W. Bush, y fue vulgar y grosero. Estos rasgos convencieron a la gente de que él era "auténtico". Al igual que Trump solía gritar "Estás despedido" como una especie de frase en The Apprentice , Chávez gritaba "¡ Exprópiese !" en edificios y propiedades, supuestamente propiedad de personas ricas, que pretendía expropiar.
Con el tiempo, Chávez polarizó con éxito a la sociedad en grupos de seguidores fanáticos y enemigos igualmente dedicados, tribus en guerra que sentían que tenían poco en común. Algunas de las diferencias se basaron en la clase o la raza, pero no todas. Un venezolano que conocí —él era dueño de una librería antes de que la gente ya no pudiera permitirse comprar libros— me dijo que se había peleado con un amigo de la universidad que se había convertido en un chavista fanático. Nunca se inventaron.
Incluso ahora, la polarización está integrada en el paisaje urbano de Caracas. En el distrito de clase media de Chacao, controlado por la oposición, los nombres de los activistas asesinados por el régimen están pintados en una cerca que se encuentra cerca de una plaza donde se han llevado a cabo muchas manifestaciones contra Maduro. En los vecindarios de la clase trabajadora, uno ve murales y carteles a favor del régimen, aunque muchos de estos desafían los clichés. Algunos de ellos, cargados de banderas venezolanas y lemas de "No Trump", podrían describirse fácilmente como nacionalistas en lugar de socialistas. Otros, las pinturas de los ojos de Chávez, por ejemplo, pertenecen más estrictamente a lo que solo puede describirse como un culto a la personalidad.
Ninguno de esos signos y símbolos significa necesariamente que el régimen es popular. La mayoría de los politólogos a quienes conocí reconocieron que Maduro tiene el apoyo de no más de una cuarta parte de la población, algunos de los cuales lo apoyan solo por las cajas de comida o por miedo. Quienes hablan, especialmente desde los barrios bajos, también son objeto de violencia periódicamente. En un barrio pobre, conocí a una mujer cuyo primo había grabado un video de sí mismo, envuelto en una bandera venezolana, yendo a una manifestación antigubernamental, y lo publicó en Facebook. Un vecino lo reconoció y le dijo a las autoridades: otro acto con ecos estalinistas. Un par de días después, matones policiales de la Fuerza de Acciones Especiales, una unidad conocida como FAES, que Maduro creó en 2017 supuestamente para "combatir el terrorismo", lo secuestraron y asesinaron.
Los asesinatos extrajudiciales como este ahora son comunes. Una iniciativa llamada Mi Convive, cuya misión es monitorear y reducir la violencia, registró 1,271 asesinatos extrajudiciales solo en Caracas desde mayo de 2017 hasta diciembre de 2019, de más de 3,300 muertes violentas en la ciudad. A fines del año pasado, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos concluyó que FAES y otros policías habían asesinado a 6.800 venezolanos desde enero de 2018 hasta mayo de 2019, un período de agudo conflicto político. El informe del comisionado incluía detalles de tortura , como el tratamiento de descargas eléctricas y el submarino. Precisamente porque quienes critican al gobierno pueden ser objeto de hostigamiento o violencia, especialmente si provienen de los barrios bajos, estoy reteniendo los nombres de algunos de los venezolanos a quienes conocí o entrevisté.
Pero el cinismo es un desmotivador tan poderoso como el miedo. Una y otra vez, la gente me dijo que aunque no les desagrada Guaidó, no creen que pueda ganar. Entonces, ¿qué pasa si la administración Trump lo reconoce como el presidente legítimo? El ejército venezolano no lo hace. La democracia está rota, las elecciones son injustas, la policía puede entrar a la casa de cualquier persona en cualquier momento, entonces, ¿cómo puede derribar el régimen? Uno de los antiguos maestros de Guaidó, un profesor universitario, me dijo que le había hecho saber a su antiguo alumno que no asistiría a más manifestaciones hasta que supiera exactamente por qué se estaba manifestando . ¿Cuál es el camino realista para cambiar?
La polarización se suma a este cinismo al crear sospecha y desconfianza en ambos lados; la gente escucha a los políticos gritar consignas diametralmente opuestas o presentar hechos contradictorios, y su instinto es cubrirse los oídos. Luego se retiran hacia adentro, o se van, en gran número. Los 4.5 millones de personas que se cree que abandonaron Venezuela en los últimos años lo han hecho cruzando la frontera hacia países vecinos o buscando estudiar o trabajar en el extranjero. Históricamente, Venezuela fue un imán para los inmigrantes, no una fuente de refugiados. El éxodo actual ha dejado enormes brechas en muchas instituciones, familias separadas y círculos de amigos destruidos.
La segunda persona que conocí que comenzó a llorar fue un traductor. En un evento, respondí en inglés a una pregunta sobre la ola de refugiados venezolanos que ahora se está extendiendo por América del Sur, América del Norte y Europa. Cuando la traductora puso mi respuesta al español, se vino abajo. "De repente pensé en mis sobrinas y sobrinos", me dijo después. "Todos esos jóvenes esperanzados, todos se fueron".
La tercera vez que alguien lloró fue en circunstancias bastante diferentes. Estaba en La Vega, uno de los barrios marginales que se aferran a las colinas alrededor de Caracas, un poco como las favelas alrededor de Río de Janeiro. Los caminos pavimentados en La Vega atestiguan el dinero que una vez estuvo disponible para gastar en infraestructura; Los cables de electricidad y las tuberías de agua manipulados por el tambor atestiguan el declive de esa infraestructura. Estábamos sentados en una cocina comunitaria creada por un grupo llamado Alimenta la Solidaridad (un nombre que se traduce libremente como "solidaridad alimentaria"), que sirve comidas regulares a niños en barrios pobres. Esta es una de un par de iniciativas originalmente concebidas por Roberto Patiño, un joven político opositor convertido en activista humanitario. El primero es Mi Convive, el grupo que monitorea y mitiga la violencia; su nombre, también traducido libremente, significa "vivir juntos". Patiño era un líder estudiantil que hizo campaña en nombre de un anterior líder de la oposición, Henrique Capriles, quien se postuló para presidente y perdió por un margen pequeño y probablemente fraudulento en 2013. Mientras viajaba por el país, Patiño me dijo que estaba sorprendido por la falta de fe que la gente tuvo en todo el proceso. No odiaban a Capriles; simplemente pensaron que "todo lo relacionado con la política es una mentira".
Las organizaciones de Patiño no son políticas, y no tienen la intención de afectar directamente las campañas electorales. En cambio, buscan socavar la polarización y amortiguar el cinismo que ha congelado a la sociedad venezolana. La propaganda divide a las personas. El miedo los aísla. Por el contrario, Alimenta y Mi Convive crean proyectos que unen a las personas, independientemente de su estatus socioeconómico o puntos de vista políticos, construyendo redes de amistad y apoyo. Los proyectos están integrados, en parte, por personas educadas de clase media de entre 20 y 30 años que han decidido deliberadamente no emigrar, aunque cualquiera de ellos podría hacerlo. Alberto Kabbabe, cofundador y director ejecutivo de Alimenta, es licenciado en ingeniería química; Él dice que la mayoría de sus amigos universitarios se han ido a los Estados Unidos o Colombia. Cuando estaba en el movimiento estudiantil con Patiño, Kabbabe no se imaginaba a sí mismo dirigiendo cocinas comunitarias, pero ninguno del grupo sí. "Pensé que estaría haciendo política, pero algo más ... sofisticado", me dijo uno. Pero en una sociedad donde la política sofisticada se siente inútil e imposible, trabajar para crear vínculos entre barrios ricos y pobres se siente positivo y creativo. “El gobierno hizo creer a la gente que todos somos diferentes y enemigos. De hecho, todos somos diferentes, pero podemos trabajar juntos ”, me dijo Kabbabe.
Un trío de ellos me llevó a ver un par de cocinas en La Vega. Comenzamos con una visita a una escuela jesuita. Alimenta ha trabajado en estrecha colaboración con la orden, que tiene un interés particular en los refugiados y los muy pobres. Los padres jesuitas en Caracas, conocí a varios, me recordaron los tipos de sacerdotes que solían trabajar en barrios de clase trabajadora polacos en la década de 1980, cuando la Iglesia Católica era una institución nacional unificadora en Polonia y no era parte, como lo es ahora. , de una guerra divisiva sobre la cultura moderna .
De la escuela fuimos a una de las cocinas comunitarias, en realidad, un espacio de comedor ubicado en un piso de tierra debajo de un techo de chapa ondulada. Las mujeres que trabajaban allí eran todas voluntarias, algunas de las cuales habían perdido su acceso a las cajas de comida gratuitas del gobierno porque trabajaban para Alimenta. Dijeron que no les importaba, la comida que se sirve en las cocinas es más saludable de todos modos, y hay otros beneficios. "Podemos hacer algo para marcar la diferencia", me dijo uno de los voluntarios, y eso crea una especie de satisfacción psicológica, incluso aparte de la comida. Algunas de las mujeres se han convertido en defensoras de sus comunidades, hablando sobre el cierre de escuelas, la escasez de agua y las otras dificultades que el declive de Venezuela les ha impuesto.
Las condiciones fueron un poco mejores en otra sección de La Vega, más abajo de la ladera. Allí, la cocina comunitaria está dentro de un edificio real, conectado a un convento. En las paredes hay listas de menús diarios; el espacio huele ligeramente a desinfectante y los pisos brillan positivamente. El voluntario que dirige la cocina, canoso, vestido con jeans azules y una camiseta de Alimenta la Solidaridad, nos mostró los alrededores. Ella comenzó a contar la historia de su vida, una historia de mala suerte y crisis, un hijo que recibió un disparo durante la violencia local, otro que murió en un accidente. Pero ahora ha tenido cierto éxito: sus hijas están estudiando y está alimentando a sus hijos, un papel que le permite vigilar a las familias locales en problemas. Esto es cuando ella comenzó a llorar. Una de las mujeres de Alimenta, varias décadas más joven, de un vecindario diferente y de una familia más afortunada, se levantó y le puso la mano en el hombro. La mujer mayor se detuvo por un momento y luego retomó su historia.
Estoy tentado a terminar aquí con una advertencia, porque Venezuela representa la conclusión de muchos procesos que vemos en el mundo de hoy. Venezuela es el final del marxismo ideológico; la culminación del asalto a la democracia, los tribunales y la prensa que ahora se desarrolla en tantos países; y el límite exterior de la política de polarización. Pero no quiero, como tantos lo han hecho, tratar a Venezuela como un simple símbolo. Es un lugar real, y las dificultades que enfrentan las personas que viven allí no han terminado, culminado o limitado en absoluto. Independientemente de lo que hagan los Estados Unidos y otros miembros de la comunidad internacional en Venezuela, el objetivo debe ser ayudar a los verdaderos venezolanos, no promover un argumento ideológico, especialmente a medida que las crisis humanitarias y políticas se profundizan y se extienden.

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