NO VIOLENCIA

EL PAÍS, Madrid, 11 de julio de 2018
EN CONCRETO
Las institucionalizaciones requeridas
José Ramón Cossío Díaz

Los votos fueron muchísimos. Transformados, alcanzaron para cubrir numerosos cargos. La presidencia de la República, cómodas mayorías en el Congreso de la Unión, diversas gubernaturas y congresos estatales, al igual que alcaldías y ayuntamientos. Las razones del triunfo se han querido ver en la promesa de cambio. La necesidad de trascender lo existente otorgó un mandato para conseguirlo. Existe la posibilidad de lograrlo, pues las mayorías están alineadas para ello. Basta que el Presidente o los gobernadores utilicen sus fuerzas camerales para tener reformas legales, tal vez hasta constitucionales. No es necesario operar por decreto, ni esconder las intenciones. Es posible identificar el objetivo, redactar las propuestas normativas y accionar a los órganos competentes para obtener la solución deseada. Hace tiempo que no estábamos así. Hace tiempo que la negociación, el pacto y el intercambio de propuestas para conseguir votos, era parte esencial del transcurrir político. Al menos en los próximos tres años las cosas podrán ser distintas.

En un mundo donde un movimiento social y diversas corrientes opositoras se harán gobierno, ¿qué institucionalización quisiéramos esperar? Desde luego, es posible, y espero que no sea así, que el triunfo ciegue y haga suponer que hay un mandato de transformación desinstitucionalizada. También, que quienes vencieron interioricen que deben trascender lo existente, incluidas las malas prácticas políticas y jurídicas que llevaron al estado de cosas que posibilitó su llegada. Por las mayorías conseguidas y lo precario de nuestros frenos y contrapesos, muchas de las limitaciones serán auto-impuestas. Quienes ejerzan los cargos tendrán que asumir moderación a partir de lo que el derecho prevea.

Los llamados a la institucionalización que se hacían antes de la elección nos siguen haciendo falta. Ahora debemos concretarlas, pero no sólo en lo estatal. Debemos incrementarlas y consolidarlas en el ámbito social. Las mayorías conseguidas requieren mecanismos para contrastar su imaginar y su actuar. Son tan grandes y tan justificadas las órdenes de transformación, que exigen dialogantes externos a ellas mismas. Es la única forma de evitar desboques.

Hablar de la necesidad de establecer espacios para contrastar lo que legítimamente pueda hacerse, parece tan natural a las democracias que sobra señalarlo. Hacerlo podría parecer un ataque a quienes habrán de ejercer el poder político o la pretensión de escamotearles su triunfo. No es así. Que una y otra estén ahí no implica suponer que el mero triunfo electoral genera experiencia y racionalidad. Mal haríamos como sociedad en aceptar que procesos y prácticas debidas van juntas de por sí. Suponer que llegar equivale a saber, o que poder es igual a querer. Lo mejor que nos puede pasar es que nuestros representantes asuman la gravedad de los problemas que todos enfrentamos y los límites que nos imponen la realidad material y las formas jurídicas para solucionarlos. A partir de ahí habrá que preguntarse y preguntar por las mejores maneras de hacer lo que haya que hacer. La sociedad tiene que impulsar sus análisis, estudios y soluciones, y buscar formas para contrastarlos con los de las autoridades, por mucho que éstas lo sean.

Así como hablamos de la necesidad de institucionalizar el ejercicio del poder político, es indispensable institucionalizar mucho y de todas las maneras posibles los espacios sociales de reflexión, crítica y propuestas. Esta reinstitucionalización es distinta pero, a la vez, necesaria para alcanzar los fines que colectivamente buscamos. De otra forma y por otras vías y motivos, estaremos generando dos diálogos y dos actuares antitéticos. El de los vencedores y el de los vencidos. A ello no podemos regresar. Participar de la cosa pública tanto como se pueda, es precondición de su apropiación y, tal vez, de su mejoramiento.

Fuente:
https://elpais.com/internacional/2018/07/09/mexico/1531170247_359832.html

EL PAÍS, Madrid, 16 de mayo de 2018
EN CONCRETO
Derechos humanos y distorsiones institucionales
¿No sería bueno exigir a las autoridades el cumplimiento de las tareas impuestas?
José Ramón Cossío Díaz

Hace una semana, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos rindió el informe de labores correspondiente a 2017. El documento es breve, conciso y en extremo preocupante. En una pluralidad de materias, ámbitos y modalidades, las violaciones a derechos humanos se han incrementado en México. Me gustaría particularizar un tema para darle significación al todo. En el periodo que va del 2000 al 31 de diciembre de 2017, la Comisión tiene registrados 130 homicidios de periodistas, 13 de ellos en 2017. Los Estados con mayor incidencia son Veracruz, Oaxaca, Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua y Sinaloa. A esa cifra, la Comisión agrega la desaparición de 20 periodistas entre 2005 y el 31 de diciembre de 2017, y 52 atentados contra instalaciones de medios de información de 2006 al 31 de diciembre de 2017. La Comisión solicitó 66 medidas cautelares en favor de periodistas para salvaguardar su seguridad o su vida.

Por lo que hace a las personas defensoras de derechos humanos, la Comisión tiene registrados 34 homicidios en el periodo del 2006 al 31 de diciembre de 2017, primordialmente en Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Sinaloa, Veracruz y Jalisco. Además, entre el 2009 y el 31 de diciembre de 2017, hay registro de 4 personas desaparecidas. Tratándose de los defensores de derechos humanos, se solicitaron 32 medidas cautelares.

Si consideramos el conjunto de datos sobre la muerte de periodistas y defensores y el indudable valor del informe del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cabe preguntarnos el motivo por el que ese órgano se ocupa de esos hechos. Es decir, ¿por qué la Comisión es el órgano del Estado que está conociendo de esas muertes y de otros asuntos semejantes? Al respecto, hay tres posibles respuestas. Una, porque periodistas y defensores componen un grupo especialmente vulnerable que no está siendo protegido por las autoridades; dos, porque la violencia proviene directamente del Estado; y tres, porque las autoridades no están haciendo su tarea de investigación de los hechos consumados. Cualquiera que sea la respuesta, es importante advertir de que la Comisión Nacional y las locales están realizando funciones que, en principio, no debieran corresponderles. Dicho de otra manera, ¿por qué las comisiones están actuando en relación con la comisión de delitos, cuando tales funciones corresponden a los órganos de procuración de justicia? Ante la muerte de un periodista, defensor o cualquier otra persona, debieran ser las procuradurías y las policías las que debieran actuar para investigar el delito. Sin embargo, ante la falta de capacidades institucionales de unas y otras, se tiene que reconstruir el lenguaje y con ello la realidad para hacer de tales hechos un tema de derechos humanos y así permitir la actuación de un órgano que, en principio, debiera actuar subsidiariamente.

Lo que la constante actuación de las comisiones de derechos humanos nos muestra es la peculiar transformación de diversos temas de administración ordinaria en otros de derechos humanos. Ahí donde las autoridades de salud, trabajo, vivienda, educación o cualquier otra instancia administrativa no pueden actuar en la cotidianeidad, o ahí donde lo hagan mal, el asunto terminará por transformarse en un asunto de derechos humanos. Esta narrativa logra la transmutación de los problemas, que entonces parecieran abandonar su sede original, convirtiéndose en algo distinto, y diluyéndose la responsabilidad de las instituciones y autoridades que en principio son las obligadas a resolverlo. Este discurso distorsiona, para mal, el debido funcionamiento de las instituciones estatales. Antes de seguir convirtiéndolo todo en un tema de derechos humanos y, con ello, recargar hasta desacreditar sus significados y posibilidades, ¿no sería bueno exigir a las autoridades originalmente competentes el cumplimiento de las tareas que las normas les imponen? Al sobrecargar todo como derechos humanos se ocultan deficiencias graves y generan ilusiones de cambio que, desafortunadamente, no habrán de concretarse.

Fuente:
https://elpais.com/internacional/2018/05/16/mexico/1526478685_739770.html

EL PAÍS, Madrid, 13 de junio de 2018
EN CONCRETO
La jurídica. Otra desigualdad
Quien está desdibujado en el derecho, terminará por estarlo también socialmente
José Ramón Cossío Díaz   

El Colegio de México acaba de publicar el estudio "Desigualdades en México 2018". Iniciado en el año 2000, en el esfuerzo se identifican "las distribuciones inequitativas de resultados y accesos a oportunidades entre individuos o grupos". Las variables tradicionales son educación, ingreso, movilidad y trabajo, se han agregado migración de retorno y cambio climático. Las conclusiones son importantes. Una de ellas, es la posibilidad de existencia del colectivo al que pertenecemos. Al relacionarse las variables, es claro que los recursos se acumulan por ciertos grupos sociales en demérito de otros. Al identificarse las intersecciones, se muestra que los marginados tenderán a empeorar su condición. Al considerarse las acumulaciones, se evidencia que el mal inicial tenderá a perpetuarse y agravarse en el tiempo. Finalmente, que a las causas conocidas de la desigualdad se acumulan otras nuevas.

Como persona que trabaja con el derecho, el estudio me pareció relevante por los retos que la desigualdad le impone. Sin diagnósticos y sin objetivos materiales, es difícil que la técnica jurídica sea encaminada a lograr o a evitar conductas que incidan en la corrección de la desigualdad. Sin embargo, el estudio me generó una inquietud: ¿hay maneras de estar frente al derecho que en sí mismas sean constitutivas de desigualdad? Así como sabemos que está en desigualdad quien tiene un ingreso raquítico o ínfimas posibilidades de educación, ¿cabe identificar situaciones jurídicas que impedirán a las personas o grupos acceder a una mejor condición de vida? Me parece que sí.

El derecho se compone de una gran cantidad de normas de diversa jerarquía y materia y de sus consiguientes prácticas. A pesar de que desde nuestro nacimiento unas y otras estén ahí, en ningún caso tienen un carácter natural. Por diversas razones han sido generadas por seres humanos para lograr ciertas conductas. Saber quién y de qué se puede ser propietario y quién efectivamente lo es, resulta de una construcción social. También, quién es delincuente, mexicano o médico. Si la determinación de las condiciones personales o relacionales en el mundo dependen del derecho, encontrarse fuera de él o estar desdibujado ante él, tendrá graves efectos. Los órdenes jurídicos están construidos para prever y ordenar regularidades mediante la realización de formalidades. Si alguien pretende hacerse de un bien y sigue los pasos previstos en la ley, su posición se encontrará respaldada y la podrá defender desde el propio derecho. De no ser así y por buena intencionalidad que haya tenido, perderá lo adquirido.

Quienes se encuentran en los deciles superiores del ingreso, suelen adquirir bienes o servicios en lugares regulados, registrar y asegurar su operación. En caso de conflicto, ejercen las garantías o demandan el cumplimiento de lo convenido. El automóvil en que se transportan, el predio en que radican, la intervención quirúrgica de la que fueron objeto, se encuentran así respaldados. Al ajustar sus conductas al orden jurídico, pueden prevalerse de él para sostener su situación. Quienes se encuentran en los deciles de ingresos inferiores, actúan en mercados que si bien son lícitos, se encuentran mal reglamentados y vigilados. Los predios no siempre son regulares, las adquisiciones no se registran y los seguros son inviables. Ante el incumplimiento, no existen garantías que ejercer y el acceso a los tribunales es dificultoso, cuando no parte del mismo problema. Al no haberse podido incorporar lo querido a las formas del derecho, éste, metafóricamente hablando, no sirve para proteger. Así, el mal estar en el derecho reproduce, de otras maneras, las condiciones de desigualdad que solemos atribuir a la pobreza o a la falta de empleo o educación. No suele pensarse en la posibilidad de que el derecho se constituya como factor de desigualdad. Ello puede deberse a que para lograr su mantenimiento, tenga que atribuírsele neutralidad. Sin embargo, quien está desdibujado en él, terminará por estarlo también socialmente. Ello, sin duda, lo mantendrá en su desigualdad.

Fuente:
https://elpais.com/internacional/2018/06/13/america/1528842074_707490.html

EL PAÍS, Madrid, 31 de mayo de 2016
EN CONCRETO
Preservemos las instituciones
Están en juego la protección de los derechos humanos en la región
José Ramón Cossío Díaz   

En las últimas semanas se ha hecho evidente la crisis financiera por la que atraviesa el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La Comisión ha declarado que en julio despedirá al 40% de su personal y suspenderá las visitas y los periodos de sesiones programados para este año. La Corte ha considerado que la suspensión a partir de diciembre de las ayudas noruegas, comprometerá su estabilidad presupuestal e institucional. Lo que en ambos casos está en juego es el funcionamiento efectivo de los mecanismos de protección de los derechos humanos en la región y, en el mediano plazo, su sobrevivencia.

Tales noticias han generado diversas reacciones, todas ellas negativas. Pocos Estados nacionales se han manifestado y muchos han guardado silencio. De entre los manifestados, la mayoría ha anunciado que sus propias condiciones económicas les impiden aportar mayores recursos. Los Estados nacionales ajenos al Sistema que durante años hicieron considerables entregas, han decidido no continuar haciéndolo. Tomadas en conjunto, las declaraciones no dan la idea de solidaridad ni generan esperanzas de cambio, menos de solución.

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha sido un factor muy importante de protección de individuos concretos y de racionalización de conductas de autoridades en la región. Nadie puede negar que debido a las actuaciones de la Comisión y la Corte, algunas de las más graves violaciones a los derechos humanos han sido denunciadas, analizadas, juzgadas y reparadas. Tampoco puede negarse que las resoluciones de ambos órganos han construido mejores prácticas de actuación e inhibido algunas de las peores. Igualmente, es difícil negar que el escrutinio de ambos órganos es el único medio de revisión de las conductas de los agentes estatales en contra de la población, ahí en donde los regímenes políticos se han cerrado en sí mismos y arrollado a sus judicaturas.

Si la Comisión y la Corte son organismos relevantes, ¿por qué llevan años de penuria financiera y se encuentran al borde de la crisis institucional? Ante todo, pienso que más allá de retóricas cotidianas, las autoridades estatales no han alcanzado a comprender que los órganos interamericanos forman parte de sus sistemas jurídicos. La manera de proteger los derechos humanos de sus poblaciones pasa por la posibilidad de que sus titulares acudan a ellos para lograr su reparación. Este entendimiento descansa en una peligrosa reconstitución de las nacionalidades, producto de los complejos momentos de cambio que vivimos, de regresos autoritarios, la instauración de populismos y de la pérdida de legitimidad de mucho de lo que se dice y hace políticamente. El desplazamiento y la invisibilización de los centros de decisión han llevado a la ilusoria construcción de poder y dominio mediante el fortalecimiento autoritario de los nacionalismos, como si mandar más adentro, compensará lo mucho que viene dado de fuera.

En este equivocado contexto puede entenderse lo que los Estados americanos están haciendo con los órganos comunes de protección a los derechos humanos. Si algunos de los problemas vigentes vienen dados de fuera en una variedad enorme de formas, parecería más sensato y previsor reforzar el mecanismo de regularidad común. México, por ejemplo, puede dejar caer a la Comisión o a la Corte por suponerlas poco relevantes o por ajustar cuentas con funcionarios o actuaciones. Al hacerlo, contribuirá a dejar sin autoridad supranacional a Centroamérica, con lo cual los problemas de la zona empeorarán y los flujos migratorios hacia México se incrementarán. Con ellos, la delincuencia, la trata de personas y la presión en la frontera norte.

Si los Estados de la región requieren más Estado de derecho, la pérdida de los órganos del Sistema que están tratando de construirlo desde la protección de los derechos humanos, va en sentido equivocado. Ojalá se reflexione y apoye con recursos a los órganos que llevan a cabo esa labor, más allá de las contingencias y los disgustos cotidianos que los propios órganos generan al tratar de imponer racionalidad en países o zonas que poco la tienen.

Fuente:
https://elpais.com/internacional/2016/05/31/america/1464727212_237858.html

EL PAÍS, Madrid, 1º de mayo de 2018
EN CONCRETO
Violencia política
Del 8 de septiembre al 8 de abril hubo 173 agresiones a políticos; 78 fueron homicidios
José Ramón Cossío Díaz

Quise escribir de la violencia política en México y acumulé información sobre ella. Al revisar lo obtenido durante varias semanas, concluí que, en efecto, acumulaba. El conjunto no adquiría forma. Las diferenciaciones eran difíciles de marcar. La expresión “violencia política” enunciaba mucho y aclaraba poco. ¿La violencia se hacía desde la política? ¿Sus participantes la ejercían para preservar o para adquirir poder? ¿La violencia se hacía contra la política para eliminar a sus titulares? ¿Se les quería desplazar para generar caos o para posibilitar sustituciones? ¿La violencia se hacía dentro de la política como forma de lucha entre contrincantes? ¿Toda muerte a un político en activo o a quien pretendía serlo era violencia política, o debía existir una motivación específica? Más allá de diferencias personales u operativas o intencionalidades, el fenómeno aumenta gravemente. Su propio desorden y sus muchas expresiones hacen difícil saber frente a qué estamos. Todavía más, cuáles serán sus consecuencias en los años por venir.

Hace dos semanas se publicó el Tercer Informe de Violencia Política en México 2018, por Etellekt Consultores. Sus métodos, muestras y resultados permiten dimensionar la magnitud del problema. Del 8 de septiembre de 2017 al 8 de abril de este año, se produjeron 173 agresiones a políticos, de las cuales 78 fueron homicidios. Las víctimas de este último universo fueron, destacadamente, 20 precandidatos, 14 exalcaldes, 13 regidores, 10 militantes, 8 alcaldes y 6 dirigentes partidistas. El 69% de ellos murió a manos de un comando armado, primordialmente en Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Estado de México, Chihuahua, Jalisco y Tamaulipas. Por pertenencia partidista fueron asesinados 29 priistas, 16 perredistas, 8 panistas, 5 de Movimiento Ciudadano y 4 de Morena. Al día siguiente de la publicación del Informe, mataron al presidente municipal de Tlanepantla, Puebla, y dos días después al de Jilotlán, Jalisco (con licencia). La lista sigue aumentando.

La dimensión de la violencia política muestra que lo pervertido no es solo el régimen democrático y sus funciones de gobierno

Al cerrar este artículo no sé con precisión cuántas personas han muerto en este proceso electoral por razones políticas o por su ejercicio político. Del análisis de riesgos hecho por Etellekt Consultores y otras organizaciones, puedo suponer que el fenómeno seguirá durante el proceso electoral, incluidos los días de los muy previsibles conflictos poselectorales. Es difícil proyectar con cuántos muertos políticos acabaremos. En todo caso, es necesario formular una pregunta simple: ¿qué explica el que las personas señaladas, en los niveles de gobierno apuntados, dentro de los territorios identificados y con los modos descritos hayan sido asesinadas? De ello pocos se han ocupado (Alejandro Hope, El Universal, 20-10-17). Es relevante hacerlo para descifrar varias cosas. Comienzo con una hipótesis.

El recurso a la eliminación total y definitiva de los funcionarios actuales o presuntos, tiene que ver con la forma de operación de la delincuencia en el país. Esta se realiza cotidianamente en ámbitos acotados, donde el apoyo policial determina la vida y la subsistencia. Quien lo tenga podrá operar y, simultáneamente, detener, desplazar o eliminar a sus contrincantes. Al ser las policías una parte importante de la extensión institucionalizada de las actividades delictivas, es vital contar con ellas. Si quienes las controlan son amigos, merecen vivir. En caso contrario, no.

Si la hipótesis acabada de formular es correcta, es pertinente hablar de una “narcodemocracia” (Claudio Lomnitz, La Jornada, 25-4-18). De un régimen en el que van borrándose las fronteras entre la estatalidad y la no estatalidad. La dimensión de la violencia política muestra que lo pervertido no es solo el régimen democrático y sus funciones de gobierno. Que también lo es el modo de alcanzar el poder legítimo a fin de ejercerlo delincuencialmente, eso, sí, mediante formas estatalmente formalizadas.

Fuente:
https://elpais.com/internacional/2018/05/01/america/1525210779_388615.html

EL PAÍS, Madrid, 8 de marzo de 2018
En concreto
La normalización de los derechos humanos
Una cosa es ajustar los procesos democráticos y otra ordenar la convivencia humana
José Ramón Cossío Díaz

Vistas las cosas con perspectiva, pareciera que cada cierto tiempo aparece una idea encaminada a lograr redenciones colectivas e individuales. A partir de ellas se producen análisis, diseños, algunos cambios y se miden incidencias. Después, las prometedoras realizaciones se muestran insuficientes para lograr las predichas transformaciones. Entonces aparecerá otra propuesta de solución. Hace años, los sistemas de planeación democrática fueron tenidos como suficientes para lograr una mejor redistribución de los bienes públicos y privados. Poco después, se quiso ver en el cambio democrático de la nueva ola, el inicio de un modo generalizado de alcanzar y ejercer el poder político. También se supuso que la adopción del Rule of Law, modalidad Consenso de Washington, ayudaría a ordenar las transacciones y hacer eficiente la economía. Que el pastel crecería y habría más que repartir. A ello se agregó luego la idea de que la transparencia gubernamental sería tan poderosa que terminaría con las opacas y corruptas prácticas públicas. Se entendió también que el paso a los procesos penales acusatorios sería suficiente para reordenar el mundo penal y, de alguna manera, los fenómenos delictivos.

En nuestros días se encuentra instalado un discurso tan querido y esperanzador como los que lo precedieron: los derechos humanos. Con él se cree que mucho de lo que social y políticamente nos perturba será resuelto. Que sobrevendrá un estado de cosas en el que la actuación de las autoridades nacionales, el comportamiento de las élites económicas y financieras, la ordenación social y el bienestar individual habrán de darse. En esta narrativa, personas nuevas y empoderadas harán valer su condición y exigirán lo que les es propio. Así generarán un orden distinto. Por la diversificada materialidad de lo reclamable, derechos de diversa generación, se piensa que terminarán por constituirse individuos que ejercerán a plenitud su proyecto de vida, contarán con amplios satisfactorios materiales y elegirán a sus autoridades, periódica y pacíficamente.

¿Por qué el nuevo sueño de la capacidad transformadora de los derechos humanos, habría de tener una vida distinta a las olas democratizadoras que tanto nos entusiasmaron hace 30 años, o a los procesos distributivos que con tanta energía se predicaron cuando en el mundo se redujeron y fijaron las tasas impositivas? Desde luego, la magnitud de los cambios entonces buscados y los que implican los derechos humanos es distinta. Una cosa es querer ajustar los procesos democráticos y otra encontrar un modo de ordenar la convivencia humana. De igual modo, también es diferente la fundamentación moral de los derechos humanos y del cambio tributario. Más allá de estos aspectos, lo que en las últimas décadas se ha querido establecer y lo que hoy muchos quisiéramos ver hecho realidad, ha levantado grandes esperanzas y ha concluido, sino en rotundos fracasos, sí en algo con menor capacidad transformadora a la prevista o deseada.

El proyecto de transformación mediante los derechos humanos pareciera estar entrando en una fase recesiva, después de años de expansión medible en el número de reformas constitucionales, tratados internacionales, instituciones creadas y concretos contenidos alcanzados. Ésta no es perceptible tanto por los discursos rutinarios, sino por los limitados alcances de las transformaciones cotidianas. Las libertades públicas no crecen, las asignaciones prestacionales novedosas son episódicas y los procesos democráticos se reducen a lo electoral.

La ralentización observada puede deberse a varias causas. El reposicionamiento de las condiciones de dominación ante un proyecto liberador, la competencia proveniente del miedo generado por la inseguridad global, el aletargamiento de los impulsores ante lo que estiman un triunfo ya consolidado, por ejemplo. Cualquiera que sea la causa o combinación de ellas, conviene recordar que más allá de su intrínseca moral, los derechos humanos no van a realizarse por sí solos o, más aún, que ello va a encontrar graves obstáculos. Es necesario volver a entender su condición utópica y, por lo mismo, las dificultades de implantar una racionalidad nueva y generalizada ahí donde trágicamente no la hay. Sería lamentable que nos pasara lo que a quienes supusieron que la democracia o la redistribución llegarían en automático, por algún curioso designio.

Fuente:
https://elpais.com/internacional/2018/03/06/america/1520376080_623476.html
Escultura: Carl Fredrik Reuterswärd.

BREVÍSIMO CURSO COMPARATIVO

Perdedero
Luis Barragán

Quienes tenemos por afición la historia, solemos sorprendernos del cinismo gubernamental, pues, con demasiada frecuencia los elencos del poder se exhiben con credenciales morales que no tienen aval alguno, comenzando por la placidez reportada por un larguísimo continuismo en contraste con muchas de las luchas desarrolladas por sus pretendidos antecesores en la escuela ideológica de adscripción.  Se creen hereditarios de toda suerte de heroísmos completamente ajenos, pero no reparan en circunstancias específicas que, sencillamente, los desmienten.

Por ejemplo, la década de los sesenta del XX fue escenario de una violencia de muy distintos orígenes que comulgaba en el propósito de derribar la naciente experiencia democrática. Fueron incontables las situaciones vividas por Betancourt y sus inmediatos sucesores que jamás hubiese soportado Chávez Frías ni Maduro Moros, procurando salvaguardar las libertades públicas indispensables.

Para noviembre de 1963, recrudeció la agresión subversiva de un guerrillerismo que, después, probó el gigantesco yerro de una aventura política. La alteración del orden público fue noticia recurrente en el confeso esfuerzo de sabotear los comicios generales y caseríos, pueblos y ciudades supieron de un despliegue insólito que, en la ciudad capital y sus áreas aledañas, supo del súbito intercambio de disparos de cada día en sus principales arterias, el extenso  riego de tachuelas en las vías públicas o el trágico asalto al tren de El Encanto. Sin embargo, las elecciones se realizaron, reconocida una minoría en las instancias parlamentarias que indirectamente representó a las fuerzas en armas.

Maduro Moros se queja de una conspiración de la violencia que no llega a un modesto porcentaje de los hechos que, cierta y objetivamente, experimentaron los gobernantes de la citada década. Nunca hubiese respondido con una decidida política de pacificación, como la que impulsó Caldera en su primer gobierno, además, desde el inicio, sometido a una constante agitación que claramente evidenciaba al desesperado remanente de esas obstinadas corrientes guerrilleras.

Luego, por muchísimas menos razones, Nicolás no acepta una consulta electoral puntual y convincente, monopolizado todo el rectorado del CNE. Y, lo que es peor, causante de una inédita crisis humanitaria,  presume de gran árbitro del futuro nacional al que tanto contribuye para perderlo.

SOBRE EL MAL

No matarás
(Editorial de la Revista SIC, Caracas, nr. 764, mayo 2014)

Los árboles nos impiden ver el bosque. Los muertos, víctimas de la violencia política, inadmisibles como cualquier otra muerte, han tenido el efecto de ocultar durante estos meses ante la opinión pública, ante la conciencia nacional y ante la agenda política las muertes cotidianas, víctimas del hampa común, de los cuerpos de seguridad y, más en general, de la violencia horizontal, que enlutan cada día a muchos hogares venezolanos sembrando el horror, la desolación, el abatimiento y la impresión generalizada de que la vida no vale nada, de que no estamos ante un Estado de derecho y de que no se sabe a quién acudir. Porque la mayor parte de los asesinatos quedan impunes y la ciudadanía está completamente desprotegida.

Cada vez hay más dolientes de las víctimas que expresan con mucha tristeza y no poca indignación que no tienen ninguna esperanza de que se haga justicia y que por eso se la dejan a Dios, que ciertamente las reivindicará.

Dios, garante de la vida digna y compartida

Esta referencia confiada a Dios es muy importante porque se constituye en un principio de dignidad y de esperanza. Dios pondrá todo en su sitio y caminar humildemente en su presencia ayuda sobremanera a vivir humanamente, pase lo que pase, a no perder la sensibilidad ni la conciencia, a no rendirse ante la maldad, a que lo que nos afecte negativamente, aunque nos llegue hasta el fondo del alma, no nos influya, porque nuestra vida nace de esa relación filial con Dios y consiguientemente de la relación fraterna con todos, aunque sean desconocidos o incluso aunque se nos muestren hostiles.

Es una gracia muy señalada de Dios y una riqueza muy estimable de nuestro pueblo que, cuando ya no se trasmite ambientalmente el cristianismo, tantos compatriotas nuestros lo alimenten personalmente, de manera que vivir ante el Dios de la vida y de la humanidad, que no se deja comprar por ninguna dádiva, se convierta en principio de realidad, de resistencia al mal, de consistencia interna y de esperanza cuando parecería que ya no hay ningún motivo para esperar.

Una apuesta imprescindible pero insuficiente

En un editorial sobre el tema, en diciembre de 1990, decíamos: “Todavía la abrumadora mayoría de los pobladores de barrios sufre la violencia como un quiste en un organismo sano”. Hoy, que en punto a violencia la situación es incomparablemente peor, todavía podemos decir lo mismo a pesar de algunas complicidades entre jóvenes que matan y sus familias, que pronosticábamos que se darían, si no se ponía remedio. Seguir apostando por la paz, a pesar de tantas rabias tragadas, de tanta violencia sufrida, de tanta impotencia, es el mayor mérito de nuestro pueblo y nuestro principal haber como país.

Pero, como se ve, no basta. Porque no hay derecho que la muerte antes de tiempo por la violencia criminal se ensañe cada día más en nuestros adolescentes y jóvenes de barrio y salpique a las demás clases sociales; y que el Estado, que es el principal culpable y la sociedad, que es también en parte cómplice, sigan mirando a otra parte.

Decisión de no hacer mal y vencerlo con el bien

La situación es tan extrema que solo se la puede hacer frente con dos actitudes complementarias. La primera es la decisión absoluta de no hacer violencia a nadie pase lo que pase. Creemos que la mayoría de los ciudadanos, sobre todo populares, viene cultivando esta decisión. Es imprescindible hacer un acto deliberado de no solo no hacer violencia a nadie, sea quien sea y haga lo que haga, sino de cultivar la vida, fomentar una respectividad positiva, cultivar sentimientos afirmativos, dirigiendo nuestra atención no tanto hacia quién tiene la culpa de lo que pasa, sino a cómo solucionar los problemas, usar la palabra como un puente tendido y no como un arma arrojadiza.

No podemos permitir que el odio o la rabia o el menosprecio se adueñen del corazón. Tenemos que optar por vencer al mal a fuerza de bien. Porque “quien borra a su hermano (y todos lo somos en Cristo) de su corazón es un homicida y no tiene dentro de sí el amor de Dios” y, por el contrario, “quien ama a su hermano ha pasado de la muerte a la vida” (1Jn 3,15 y 14), es decir, tiene dentro de sí la misma vida de Dios. Porque Dios es amor (1Jn 4,8).

El quinto mandamiento, no matarás, cobra todo su sentido desde esta revelación de que Dios no es el omnipotente y eterno que hemos fingido los seres humanos como proyección de nuestros anhelos, es decir el que, aunque prefiera usar siempre la misericordia, al fin se impone por las buenas o por las malas. El quinto mandamiento, no matarás, cobra todo su sentido desde la revelación de que en Dios solo hay amor y por tanto solo tiene el poder que cabe en el amor y, por consiguiente, no puede imponerse por las malas ni matar a nadie. No matarás cobra todo su sentido desde la revelación de ese Dios Enteramente Bueno que, si no puede matar al verdugo, sí reivindicará, dándolas a participar de su misma vida divina, a todas las víctimas de la historia. No hay nada más contrario a Dios que matar porque Dios es el amor creador de vida y recreador de los muertos. Matar es un antipoder, es la posibilidad más miserable del ser humano. Es lo más estéril, la acción que más seca la humanidad del ser humano.

Tenemos que decirnos una y otra vez y decirlo por donde pasemos que nunca hay ninguna razón válida para matar a nadie. Que lo único que Dios quiere para el que obra mal es la rehabilitación. Y que a eso tenemos que apostar también nosotros. Ante todo a la prevención: lo que nos toca a todos es la convivialidad, las relaciones profusas con todos; y lo que le toca sobre todo al Estado (por la renta petrolera) y a las fuerzas vivas es sembrar con acciones concretas y sistemáticas la expectativa de un horizonte abierto, de estudios cualificados, de trabajo productivo y congruamente remunerado.

Pero, si alguien obró mal, la única salida en la que tenemos que pensar es la rehabilitación. Para eso tenemos que cambiar el ambiente que hemos cultivado estas décadas y que ha hecho posible que las cárceles sean antros de perversión en vez de lo único que las justifica: lugares de rehabilitación.

Erradicar la violencia de la política

Pero para que todo esto que debe ser una apuesta personal y social, absoluta e incondicional, sea viable, es decir, produzca todos los frutos que está llamado a producir, tenemos que sanear de modo radical el clima político. En este punto ciertamente el Gobierno es el principal culpable; pero ya hemos dicho que no se trata de asentarlo, sino de superarlo. En primer lugar el Gobierno tiene que gobernar para todos, no solo para los suyos, porque el Presidente lo es de todos los venezolanos y el Gobierno debe expresarlo con sus palabras, con sus gestos y con sus hechos. En segundo lugar tiene que aceptar que la emergencia es tan aguda que tiene que convocar a todos para que aportemos nuestra cooperación en un gran acuerdo nacional, lo más amplio posible.

A la oposición le toca dejar de echar un pulso con el Gobierno, dejar de retarlo con el propósito de sacarlo, le toca deslindarse de los violentos y entrar en una fase constructiva. Ante todo, tiene que constituirse. La ineptitud del Gobierno no le otorga ninguna legitimidad. Tiene que constituirse en alternativa y no solo en oposición. Y para eso tiene mucho trecho que recorrer. Porque, si no lo hace, lo más que puede esperarse es un movimiento pendular que haga que retorne de nuevo el chavismo porque su gobierno solo fue el otro polo y no una superación que incluya lo mejor, al menos, de los propósitos del chavismo y también de algunas realizaciones.

Pero todo lo que se edifique en el terreno político tiene que construirse sobre el cimiento sólido de la renuncia a la violencia y, sobre todo, a la violencia que causa muertes. No matar tiene que constituirse en un punto de honor. Y para que no nos deslicemos por esa pendiente inclinada tenemos que empezar por no odiar ni despreciar ni vilipendiar a nadie, por no borrar a nadie de nuestro corazón. Tenemos que fomentar la respectividad positiva, el uso de la palabra como puente tendido, la negociación de buena fe, los proyectos compartidos. Tenemos que poner delante al país como la casa donde tiene que haber lugar y posibilidades para todos, una casa compartida de la que todos nos tenemos que responsabilizar. Solo allí nos encontraremos.

Fotografías: Tomadas de Facebook.

DE ALGUNOS RAZONAMIENTOS

LA RAZÓN, Caracas, año XX, nr. 1001 del 16 al 23 de marzo de 2014, pp. 1 y 6

Luis Barragán, diputado: “La MUD ha de replantearse de acuerdo a las circunstancias actuales”

“El gobierno sospecha de todo y de todos”

“Se inventan mecanismos de investigación y persecución, replanteándolos constantemente como si fuese el problema que en verdad no lo deja dormir”

Enrique Meléndez

El diputado Luis Barragán afirma que si es de hablar de la violencia, como lo destaca el presidente Nicolás Maduro, o de los antivalores, que predominan en nuestra sociedad, muy azotada por la delincuencia, son las plantas televisoras y radiales del oficialismo las principales responsables.

“El lenguaje del poder es tan violento, sistemáticamente agresivo, de una brutal o sofisticada persecución contra toda disidencia u oposición que, por supuesto,  acarrea consecuencias  sociales que el oficialismo no puede desmentir ni evadir, por más que se queje e inculpe a los demás”, expresa el diputado Barragán.

El diputado Barragán fue miembro por tres años de la Comisión Permanente de Cultura y Recreación de la Asamblea Nacional, y repentinamente lo transfirieron finalizando esta semana a la Comisión de Política Exterior. No olvidemos, se incorporó plenamente a raíz del allanamiento a la inmunidad parlamentaria de Richard Mardo.

El presidente Nicolás Maduro aseguró que una de las causas de este flagelo estribaba en el hecho de que las telenovelas fomentaban una serie de falsos valores ¿Qué piensa usted?

-Evidentemente que Nicolás Maduro no entiende ni asume responsablemente la realidad venezolana, porque  si hablamos  de violencia   son las plantas televisoras y radiales del oficialismo las que principalmente siembran a la sociedad de antivalores.

“El lenguaje del poder es tan violento, sistemáticamente agresivo, de una brutal o sofisticada persecución contra toda disidencia u oposición que, por supuesto,  acarrea consecuencias  sociales que el oficialismo no puede desmentir ni evadir, por más que se queje e inculpe a otros. Además, luce propiamente como un estereotipo de la Venezuela contemporánea, acusar a las telenovelas y a las plantas televisoras del sector privado, sin que el Estado sepa de una autocrítica seria y rigurosa que permita – incluso – evaluar la pertinencia de una hegemonía comunicacional que no social,  asfixiante”.

“Digamos, un examen de conciencia necesario para enmendar la plana, en lugar de mentir colosalmente. El creciente monopolio de medios que ejerce la cúpula de  un PSUV prácticamente confundido con el Estado,  desemboca y explica   una guerra psicológica que tiene importantísimas e indeseables consecuencias.  Luego, las crecientes tasas de homicidios de esta larga década y media, se ofrecen como un dato estructural del modelo socialista en boga, junto a la elevada inflación, el desempleo real, etcétera”.

“Sostenemos, por una parte, que la producción de telenovelas del sector privado nacional ha disminuido – valga el término – dramáticamente: ya no las exportamos, como ocurría lustros atrás. Esto es fácil de constatarlo a través de informes especializados y recientes como los del Observatorio Iberoamericano de la Ficción Televisiva (OBITEL)  al comparar el llamado contexto audiovisual de los países de la región, de acuerdo a los volúmenes que nos fueron obsequiados”.

“Una autoridad en la materia, como es el profesor Antonio Pasquali, por otra, cita un interesantísimo y revelador estudio: entre los1950 y 1990, tiempos de la Guerra Fría, con predominio de la programación fílmica estadounidense, la tasa de homicidios en Venezuela fue de 9,08 por cada cien mil habitantes, mermando a partir de 1995. No obstante, la tasa de homicidios en el año 2000, se eleva a 26,4 por cada cien mil habitantes; en 2005, a 45 por cada cien mil habitantes; en 2010, a 57 por cada cien mil habitantes; en 2013, a 79 por cada cien mil habitantes”.

“Casi 25 mil muertes violentas hablan del cierre de 2013, en un país en el que colapsó la industria telenovelística – además – de exportación. Faltando poco, cuando se supone que el Estado vela por la integridad física de los reclusos, siéndole más fácil que salvaguardarla en las calles,  las cárceles venezolanas exponen cifras espeluznantes de muertos y que sepamos, no guarda correspondencia alguna con las horas que sus victimarios – encerrados -  ahora acumulan frente al televisor para gozar de la serie favorita, reduciendo al absurdo el alegato gubernamental”

 “Por cierto, el ministro Rodríguez Torres señaló que la tasa de 2013 era sólo de 39 por cada cien mil habitantes, pero no indicó cómo arribó a una cifra que contrasta con la del Observatorio Venezolano de la Violencia, entidad que tiene el mérito adicional de señalar y especificar la metodología empleada. Valga acotar, algo que no extraña debido a la recurrente manipulación estadística del gobierno: suele maquillar los números, forzar las ecuaciones, subestimar las evidencias, en materia económica, de salud, vivienda, empleo, etc. La caída de la URSS, recordemos, fue precedida por la estrepitosa e inocultable insinceridad de sus estadísticas”.

“ Cornelius Castoriadis decía que el político es prisionero de sus palabras. Y cada vez que habla Nicolás, se nota la angostura de una cárcel ideológica en la que parece sentirse tan a gusto”.

Pero siempre se ha dicho que las telenovelas siembran una serie de estereotipos en el individuo; precisamente, condicionándolo para la sociedad de consumo; enajenándole su conciencia. ¿Eso todavía no se ha podido resolver?

“No soy especialista en la materia, aunque me ha interesado indagarla por el trabajo legislativo que hemos intentado hacer. La telenovela, como en otros ámbitos del arte, estereotipa o estigmatiza para bien o para mal, según la calidad del producto,  pudiendo influir profundamente en la sociedad. Hay telenovelas, guionistas y hasta actores extraordinarios, al lado de los peores y hasta mal intencionados. Importan tres datos: la libertad de elegir, ponderándolas adecuadamente;  la posibilidad de debatir, porque no debe contentarnos el sólo e interesado juicio del gobierno que, al condenarlas, no las hace mejores que las del sector privado, por lo que apuesta también por estigmatizarlas para liquidarlo, sin competir; y, paradójicamente, el régimen alienta el consumismo electrodoméstico, aunque no consumimos los insumos básicos como los alimentos y medicamentos. Una sociedad consumista, sin consumo”

“Contamos con una experiencia que satisfizo mucho al país, la llamada telenovela cultural, algunas décadas atrás. De modo que no todo ha sido un infierno. Empero, sin tener moral para ello, el gobierno se ha convertido en el telenovelero mayor, versionando sus propios fracasos, pretendiendo esconder las realidades que nos agobian. Una tragicomedia, pues, que se dice interminable aunque ya estamos en los capítulos postreros”.

¿Está la intelectualidad chavista preparada para diseñar una propuesta estética, como la que se planteó en la antigua Unión Soviética; conocida como realismo socialista?

- Es muy acertada tu observación, porque suscita otras que nos interrogan. Unos se quedaron y no tuvieron la posibilidad de escapar, como el prohibido Rachmaninoff, condenados a aceptar las imposiciones y caprichos del estalinismo, por no citar el caso de la pintura como he tenido ocasión de conversar con Nicomedes Febres sobre la antigua URSS.  Mucho tememos que, en el caso venezolano, es demasiado pedir un planteamiento estético más o menos organizado, meditado,  coherente, semejante al llamado realismo socialista.

“La alta burocracia cultural, por lo que ha demostrado, no tiene idea de lo que fue y significó esa polémica y, mucho menos, cuenta con la intención de provocarla, imponiendo orientaciones, pues, eso genera trabajo. Está más cerca del consabido caso de Heberto Padilla, y del socialismo real en su sentido literal: se trata de un privilegiado presupuesto público que los une, y de  aprovecharlo al máximo mediante un populismo cultural sin límites, exprimiendo toda la demagogia que les sea posible”.

“La actual dirigencia socialista no guarda relación con los fundadores del Partido Comunista de Venezuela, en cuanto a la hondura de pensamiento, por ejemplo. Decidieron equivocadamente la lucha armada, impulsaron un proyecto que estruendosamente ha fracasado en Cuba, pero  tenían una estatura y compromiso  muy diferente a los actuales conductores del Estado”.

“No es lo mismo, nuestro caso,  plantear en la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley Orgánica de Cultura en condiciones tan adversas, con una manipuladora dirección de debate, la estridencia de los palcos y los repetidores de consignas, que haberlo hecho – por ejemplo – con Héctor Mujica. Y hago la observación con mucho respeto y consideración, pero – el texto sancionado y los videos lo demuestran – la cultura del oficialismo tiene por esenciales requisitos la hegemonía del Estado y el presupuesto público a subastar en la vasta clientela política”.

Hace poco fue creado un organismo, que se va a ocupar de decidir lo que debe salir o no debe salir en los medios de comunicación; de acuerdo a lo que considera el régimen que atenta o no contra su imagen, y un organismo de este tipo de censura en el gobierno de López Contreras se intentó establecer, y el pueblo venezolano se levantó. ¿Significa esto que volvemos a una época semejante a la gomecista?

“Acá nos estamos metiendo en profundidades, porque en nombre de la post-modernidad se hacen todos estos desafueros, pegando un salto (antes impensable) hacia la pre-modernidad. La relación ciudadanía -  Estado no es igual hoy a la de ayer, cierto, pero retrocedemos a etapas que creímos haber superado en Venezuela. El gobierno actual se inventa mecanismos de investigación y persecución, replanteándolos constantemente como si fuese el problema que en verdad no lo deja dormir. Tiene una perspectiva conspiratorial de las personas, el mundo y las cosas que asombra. Sospecha de todo y de todos, moliendo los recursos del Estado, botando un dineral que no es para cuidar de la vida de los venezolanos, precisamente”.

“López Contreras, un tanto inseguro ante la situación, intentó celebrar la transición reprimiendo a la población, bajo un formato e intereses que heredó, pero hubo la reacción del 14 de Febrero, una magnífica y pujante movilización popular que forzó al  lopecismo a administrar,  limar o aminorar sus orígenes gomecistas”.

“Además, se trataba de un gobierno, si valiese la comparación, que tuvo en su gabinete a figuras como Rómulo Gallegos, Alberto Adriani o Tulio Chiossone, sin equivalentes actuales. Cual sucursal del G-2, la mayor atención la dispensan hoy a las entidades y mecanismos de inteligencia, seguimiento y persecución de toda disidencia, penetrado el medio cultural”.

“Permanece el espíritu del 14 de febrero de 1936, el espíritu del 23 de enero de 1958; el espíritu de la inconformidad, de la protesta y de la lucha. Hay una cultura democrática imposible de pulverizar, así detengan, manden a la peligrosa cárcel de Puente Ayala, a los jóvenes que pacíficamente protestaron a la delegación cubana de la Serie del Caribe, tratados tan injusta y abusivamente como delincuentes comunes”. 

Usted forma parte de un grupo de parlamentarios que se han dado en llamar “La Movida Parlamentaria”. ¿Este es el primer paso para una salida de la MUD, un organismo muy cuestionado hoy en día, en un futuro próximo?

- De hecho, La Movida Parlamentaria está integrada por independientes y militantes de partidos que forman parte de la MUD. Deseamos un proceso de discusión que contribuya a relanzar la unidad para que se haga viva y eficaz,  yendo más allá de las direcciones partidistas que hacen la MUD.

“La MUD, coordinada por Ramón Guillermo Aveledo,  quien cuenta con todo nuestro respeto y admiración, ha cumplido un decisivo e importante papel en materia electoral, pero ha de replantearse de acuerdo a las difíciles circunstancias actuales.  Los directivos de los principales partidos sindicalizados,  que conforman y deciden la Mesa, deben reconocer que necesitamos ampliarla porque la unidad como sentimiento y mandato va mucho más allá, urgiendo de la pluralidad de los ámbitos ciudadanos (laborales, gremiales, vecinales, etc.).  

¿Usted es el diputado suplente de Richard Mardo? ¿Cómo ha sido su trayectoria política?

- El injusto allanamiento de Mardo, acarreando su suspensión e inhabilitación política, nos llevó a ocupar la curul que siempre ha sido de trabajo, pues, constando el récord de asistencia a la Comisión de Cultura y nuestras modestas intervenciones en las sesiones plenarias, hay una continuidad de esfuerzos. Tareas que asumimos con vocación y sentido de responsabilidad en una Asamblea Nacional que debe parlamentar, no parlar; controlar, no acatar;  legislar, no habilitar; y presupuestar, no fiar.

“Siempre resultante de los comicios internos, desempeñé tempranas responsabilidades en las direcciones regionales y nacionales de la Juventud Demócrata-Cristiana, sobre todo en el ámbito ideológico. En la adultez, ejercí la Secretaría de la Fracción Parlamentaria durante el dificilísimo cierre del Congreso de la República y, más tarde, la Subsecretaría General Nacional del Partido de la cual me separé en circunstancias no menos difíciles de la vida interna. Y, a sabiendas de los agudos problemas generados por este socialismo rentístico, decidí renunciar como militante de la organización con la prudencia que ameritaba un acto irrelevante para el país: discrepamos de la línea desarrollada por el partido, alejada toda rectificación, que – además – asistió al monólogo de Miraflores, sin que – por lo menos, algo que se hizo recurrente -  yo fuese consultado, aún siendo un diputado en funciones y adscrito a la bancada socialcristiana. Nuestra nostalgia es por el futuro que necesita de compromiso, imaginación y audacia para construirlo”.

DAKA A PERPETUIDAD

Lanzarse en una piscina vacía
Nicomedes Febres

Entré en la política a los 16 años cuando unos amigos me pidieron que fuera testigo de una mesa electoral para el Centro de Estudiantes de Medicina, lo cual acepté. Al poco rato un miembro de la Juventud Comunista de un curso dos años mayor del mío, que era primer año de medicina, me puso un revólver en la cabeza durante el escrutinio. Por acción refleja le di un carajazo y afortunadamente la cosa no paso a mayores, pero me sentí profundamente agraviado. De allí en adelante caímos todos en una espiral de violencia armada que prefiero olvidar. Hubo que separar la acción armada de la lucha estudiantil que conducimos cívicamente y obtuvimos los mejores resultados. Cuando el otro estaba a punto de graduarse decidió hacerse adeco pues su padre tenía vara alta en ese partido. Cuando estamos en confianza tomándonos un trago, mis viejos amigos comunistas, ninguno de los cuales ni fue ni es chavista, sino todo lo contrario, siempre recordamos entre risas esos episodios juveniles y me reclaman porque yo los jodía tanto. Los años han demostrado lo fácil que es perder el sentido de la realidad en Venezuela, en especial cuando se está en el Poder. La situación ha sido siempre así y por eso los forjadores de constituciones siempre incluyen una Cámara del Senado para dar espacio a los hombres mayores, que por su experiencia siempre actúan como cámara de refrigeración de las pasiones de los jóvenes diputados.
Ver al régimen actuando como lo hace me hace pensar que están locos y ebrios de Poder. Piensan que el fenómeno Daka puede ser perpetuo y no atisban que eso pudo la gente verlo como un mecanismo electoral desesperado. Quizás la oposición no lo vislumbro por lo disparatado ni valoró el golillerismo de algunos sectores venezolanos. Pero este madurismo golillerismo esta cosechando lo que sembró y ahora deben tirarse en una piscina sin agua y nadar allí. La economía esta virtualmente parada, uno lo ve en el tráfico, en la vida nocturna, en los centros comerciales y la consecuencia de una economía parada es el desempleo por cierre de las empresas, el retraso en los pagos, el desabastecimiento, la falta de planificación de cara al futuro y de allí la menor oferta de productos. Me gusta salir del gueto para ver si la cosa esta así en los sectores populares y allí esta igual o peor. Desconfiar y esperar como recomienda Ángel Álvarez, director del Instituto de Estudios Políticos de la UCV, que no es un tirapiedra.
* La foto del día es la urbanización El Conde hacia 1938
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