VICISITUDES DEL ESTADO DE SITIO

Colgadura
Siul Nagarrab

Por algunas décadas, en un edificio próximo a la caraqueñísima esquina de Gradillas, funcionó la biblioteca de la Fundación de los Tribunales, bajo el nombre de Juan José Rojas Astudillos. La pequeña sala de lectura, sobre todo por las pesadas sillas rotatorias de noble madera que le daban el marcado acento de mediados del siglo pasado a un ambiente que, por cierto, respiramos en  las novelas iniciales de Salvador Garmendia, convocaba a los profesionales, estudiantes y curiosos del derecho.

La colección que, entendemos, hoy está custodiada por una importante universidad, incluyó una jurisprudencia a veces centenaria, expuesta   a la pantalla de una fotocopiadora que, no faltaba más, sufría de recurrentes fallas mecánicas. Por entonces, las normas de preservación del patrimonio documental no gozaban de la universalidad de la que supimos posteriormente, esta vez, conscientes de la violación.

Más allá de la añoranza, el asunto viene a colación por una de las efímeras polémicas que caracterizan a las redes sociales. Larga y tendida, inquirían – esta vez - sobre la universidad y, particularmente, la Universidad Central de Venezuela, como cuna del llamado chavismo.

Sintiendo importante el debate, al menos, halando la punta del hilo de otro superior, se diluyó entre los acostumbrados estereotipos y sandeces. Lo curioso es que tuvo una mayor fuerza y terquedad que otros problemas planteados con menor suerte y audiencia, como es el caso de las tablas salariales del profesorado o el destino mismo de la universidad en un país sometido a los más elementales afanes de supervivencia. 

Así como todo adolescente ha cursado en este país la materia, por largos cinco años, sin ni siquiera finalmente leer en inglés, una de las carreras históricamente de mayor demanda ha sido la del derecho, paradójicamente huérfanos de un innovador pensamiento jurídico. Esto no significa que carezcamos enteramente de una reflexión normativista de interés y novedad, pero lo cierto es, interpelando a la universidad venezolana, convengamos en tres circunstancias.

Digamos, por una parte,  el gigantesco número de abogados que ostentamos en Venezuela, por cierto, sin que  metan miedo a nadie, como ocurría muy antes, no guarda correspondencia con la cantidad de artículos académicos, libros de cierta rigurosidad u otros textos alusivos a una materia de tan diversos y complejos ámbitos; por otra, generalmente provisorios, a buena parte de los jueces el litigante debe demostrarle que no sabe nada para intentar una comprensión, aquiescencia y facilidades que ayuden a resolver los casos; y, luego,  reducido el oficio a las taquillas, simplificados muchos procedimientos a través de los portales digitales que no requieren de visado, la competencia entre gestores se ha hecho banal. Empero, obra una más poderosa circunstancia a  la que la universidad venezolana, como un todo, tarda en asumir: la del atípico socialismo que nos muele.

Consabido, no hay Estado de Derecho, por lo que en el campo del derecho público, antes abonado por insignes autores, es poco lo que puede hacerse; y el del derecho privado, el que una vez recibió  el empuje de las grandes y medianas inversiones extranjeras que lo dinamizaron, relegando tan injustamente el derecho agrario, hoy  prácticamente es inexistente, por poca o mucha interconectividad que haya, pues, la revolución digital de los contratos, del delito o de la manipulación de la ata personal, constituye una lejana curiosidad que se da en países de un franco desarrollo tecnológico. Y es que así, entendemos, como ha disminuido dramáticamente el número de litigios civiles y mercantiles, añadidos los laborales y hasta del tránsito automotor, siendo preferible el arreglo extrajudicial o una infinita postergación, acotemos, muchísimo menos hay la exigencia de un mínimo y actualizado pensamiento jurídico.

Difícilmente, con un deficitario presupuesto, bajísimos salarios y plaga de la deserción  docente y estudiantil, la universidad poco puede aportar, excepto el patrimonio bibliográfico del que dispone, enfermo de anacronismos y también de las condiciones necesarias para preservarlo. Además, bibliotecas especializadas, como la Rojas Astudillos, ubicadas en una calle cualquiera de la ciudad, constituyen una rareza del pasado.

Finalmente, todo dependerá del cambio de régimen, pues, el presente, carece de toda regla para dirimir pacífica y razonablemente las diferencias en el ámbito político, por lo que obviamente ha de reflejarse en el jurídico. Nada difícil deducir, nada extraña que la regla sea la de una irreflexión en ambas disciplinas, pues, todavía estamos colgados de convicciones y supuestos anacrónicos.

09/09/2018:
http://www.opinionynoticias.com/opinioncultura/33439-nagarrab-s

NO VIOLENCIA

EL PAÍS, Madrid, 11 de julio de 2018
EN CONCRETO
Las institucionalizaciones requeridas
José Ramón Cossío Díaz

Los votos fueron muchísimos. Transformados, alcanzaron para cubrir numerosos cargos. La presidencia de la República, cómodas mayorías en el Congreso de la Unión, diversas gubernaturas y congresos estatales, al igual que alcaldías y ayuntamientos. Las razones del triunfo se han querido ver en la promesa de cambio. La necesidad de trascender lo existente otorgó un mandato para conseguirlo. Existe la posibilidad de lograrlo, pues las mayorías están alineadas para ello. Basta que el Presidente o los gobernadores utilicen sus fuerzas camerales para tener reformas legales, tal vez hasta constitucionales. No es necesario operar por decreto, ni esconder las intenciones. Es posible identificar el objetivo, redactar las propuestas normativas y accionar a los órganos competentes para obtener la solución deseada. Hace tiempo que no estábamos así. Hace tiempo que la negociación, el pacto y el intercambio de propuestas para conseguir votos, era parte esencial del transcurrir político. Al menos en los próximos tres años las cosas podrán ser distintas.

En un mundo donde un movimiento social y diversas corrientes opositoras se harán gobierno, ¿qué institucionalización quisiéramos esperar? Desde luego, es posible, y espero que no sea así, que el triunfo ciegue y haga suponer que hay un mandato de transformación desinstitucionalizada. También, que quienes vencieron interioricen que deben trascender lo existente, incluidas las malas prácticas políticas y jurídicas que llevaron al estado de cosas que posibilitó su llegada. Por las mayorías conseguidas y lo precario de nuestros frenos y contrapesos, muchas de las limitaciones serán auto-impuestas. Quienes ejerzan los cargos tendrán que asumir moderación a partir de lo que el derecho prevea.

Los llamados a la institucionalización que se hacían antes de la elección nos siguen haciendo falta. Ahora debemos concretarlas, pero no sólo en lo estatal. Debemos incrementarlas y consolidarlas en el ámbito social. Las mayorías conseguidas requieren mecanismos para contrastar su imaginar y su actuar. Son tan grandes y tan justificadas las órdenes de transformación, que exigen dialogantes externos a ellas mismas. Es la única forma de evitar desboques.

Hablar de la necesidad de establecer espacios para contrastar lo que legítimamente pueda hacerse, parece tan natural a las democracias que sobra señalarlo. Hacerlo podría parecer un ataque a quienes habrán de ejercer el poder político o la pretensión de escamotearles su triunfo. No es así. Que una y otra estén ahí no implica suponer que el mero triunfo electoral genera experiencia y racionalidad. Mal haríamos como sociedad en aceptar que procesos y prácticas debidas van juntas de por sí. Suponer que llegar equivale a saber, o que poder es igual a querer. Lo mejor que nos puede pasar es que nuestros representantes asuman la gravedad de los problemas que todos enfrentamos y los límites que nos imponen la realidad material y las formas jurídicas para solucionarlos. A partir de ahí habrá que preguntarse y preguntar por las mejores maneras de hacer lo que haya que hacer. La sociedad tiene que impulsar sus análisis, estudios y soluciones, y buscar formas para contrastarlos con los de las autoridades, por mucho que éstas lo sean.

Así como hablamos de la necesidad de institucionalizar el ejercicio del poder político, es indispensable institucionalizar mucho y de todas las maneras posibles los espacios sociales de reflexión, crítica y propuestas. Esta reinstitucionalización es distinta pero, a la vez, necesaria para alcanzar los fines que colectivamente buscamos. De otra forma y por otras vías y motivos, estaremos generando dos diálogos y dos actuares antitéticos. El de los vencedores y el de los vencidos. A ello no podemos regresar. Participar de la cosa pública tanto como se pueda, es precondición de su apropiación y, tal vez, de su mejoramiento.

Fuente:
https://elpais.com/internacional/2018/07/09/mexico/1531170247_359832.html

EL PAÍS, Madrid, 16 de mayo de 2018
EN CONCRETO
Derechos humanos y distorsiones institucionales
¿No sería bueno exigir a las autoridades el cumplimiento de las tareas impuestas?
José Ramón Cossío Díaz

Hace una semana, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos rindió el informe de labores correspondiente a 2017. El documento es breve, conciso y en extremo preocupante. En una pluralidad de materias, ámbitos y modalidades, las violaciones a derechos humanos se han incrementado en México. Me gustaría particularizar un tema para darle significación al todo. En el periodo que va del 2000 al 31 de diciembre de 2017, la Comisión tiene registrados 130 homicidios de periodistas, 13 de ellos en 2017. Los Estados con mayor incidencia son Veracruz, Oaxaca, Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua y Sinaloa. A esa cifra, la Comisión agrega la desaparición de 20 periodistas entre 2005 y el 31 de diciembre de 2017, y 52 atentados contra instalaciones de medios de información de 2006 al 31 de diciembre de 2017. La Comisión solicitó 66 medidas cautelares en favor de periodistas para salvaguardar su seguridad o su vida.

Por lo que hace a las personas defensoras de derechos humanos, la Comisión tiene registrados 34 homicidios en el periodo del 2006 al 31 de diciembre de 2017, primordialmente en Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Sinaloa, Veracruz y Jalisco. Además, entre el 2009 y el 31 de diciembre de 2017, hay registro de 4 personas desaparecidas. Tratándose de los defensores de derechos humanos, se solicitaron 32 medidas cautelares.

Si consideramos el conjunto de datos sobre la muerte de periodistas y defensores y el indudable valor del informe del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cabe preguntarnos el motivo por el que ese órgano se ocupa de esos hechos. Es decir, ¿por qué la Comisión es el órgano del Estado que está conociendo de esas muertes y de otros asuntos semejantes? Al respecto, hay tres posibles respuestas. Una, porque periodistas y defensores componen un grupo especialmente vulnerable que no está siendo protegido por las autoridades; dos, porque la violencia proviene directamente del Estado; y tres, porque las autoridades no están haciendo su tarea de investigación de los hechos consumados. Cualquiera que sea la respuesta, es importante advertir de que la Comisión Nacional y las locales están realizando funciones que, en principio, no debieran corresponderles. Dicho de otra manera, ¿por qué las comisiones están actuando en relación con la comisión de delitos, cuando tales funciones corresponden a los órganos de procuración de justicia? Ante la muerte de un periodista, defensor o cualquier otra persona, debieran ser las procuradurías y las policías las que debieran actuar para investigar el delito. Sin embargo, ante la falta de capacidades institucionales de unas y otras, se tiene que reconstruir el lenguaje y con ello la realidad para hacer de tales hechos un tema de derechos humanos y así permitir la actuación de un órgano que, en principio, debiera actuar subsidiariamente.

Lo que la constante actuación de las comisiones de derechos humanos nos muestra es la peculiar transformación de diversos temas de administración ordinaria en otros de derechos humanos. Ahí donde las autoridades de salud, trabajo, vivienda, educación o cualquier otra instancia administrativa no pueden actuar en la cotidianeidad, o ahí donde lo hagan mal, el asunto terminará por transformarse en un asunto de derechos humanos. Esta narrativa logra la transmutación de los problemas, que entonces parecieran abandonar su sede original, convirtiéndose en algo distinto, y diluyéndose la responsabilidad de las instituciones y autoridades que en principio son las obligadas a resolverlo. Este discurso distorsiona, para mal, el debido funcionamiento de las instituciones estatales. Antes de seguir convirtiéndolo todo en un tema de derechos humanos y, con ello, recargar hasta desacreditar sus significados y posibilidades, ¿no sería bueno exigir a las autoridades originalmente competentes el cumplimiento de las tareas que las normas les imponen? Al sobrecargar todo como derechos humanos se ocultan deficiencias graves y generan ilusiones de cambio que, desafortunadamente, no habrán de concretarse.

Fuente:
https://elpais.com/internacional/2018/05/16/mexico/1526478685_739770.html

EL PAÍS, Madrid, 13 de junio de 2018
EN CONCRETO
La jurídica. Otra desigualdad
Quien está desdibujado en el derecho, terminará por estarlo también socialmente
José Ramón Cossío Díaz   

El Colegio de México acaba de publicar el estudio "Desigualdades en México 2018". Iniciado en el año 2000, en el esfuerzo se identifican "las distribuciones inequitativas de resultados y accesos a oportunidades entre individuos o grupos". Las variables tradicionales son educación, ingreso, movilidad y trabajo, se han agregado migración de retorno y cambio climático. Las conclusiones son importantes. Una de ellas, es la posibilidad de existencia del colectivo al que pertenecemos. Al relacionarse las variables, es claro que los recursos se acumulan por ciertos grupos sociales en demérito de otros. Al identificarse las intersecciones, se muestra que los marginados tenderán a empeorar su condición. Al considerarse las acumulaciones, se evidencia que el mal inicial tenderá a perpetuarse y agravarse en el tiempo. Finalmente, que a las causas conocidas de la desigualdad se acumulan otras nuevas.

Como persona que trabaja con el derecho, el estudio me pareció relevante por los retos que la desigualdad le impone. Sin diagnósticos y sin objetivos materiales, es difícil que la técnica jurídica sea encaminada a lograr o a evitar conductas que incidan en la corrección de la desigualdad. Sin embargo, el estudio me generó una inquietud: ¿hay maneras de estar frente al derecho que en sí mismas sean constitutivas de desigualdad? Así como sabemos que está en desigualdad quien tiene un ingreso raquítico o ínfimas posibilidades de educación, ¿cabe identificar situaciones jurídicas que impedirán a las personas o grupos acceder a una mejor condición de vida? Me parece que sí.

El derecho se compone de una gran cantidad de normas de diversa jerarquía y materia y de sus consiguientes prácticas. A pesar de que desde nuestro nacimiento unas y otras estén ahí, en ningún caso tienen un carácter natural. Por diversas razones han sido generadas por seres humanos para lograr ciertas conductas. Saber quién y de qué se puede ser propietario y quién efectivamente lo es, resulta de una construcción social. También, quién es delincuente, mexicano o médico. Si la determinación de las condiciones personales o relacionales en el mundo dependen del derecho, encontrarse fuera de él o estar desdibujado ante él, tendrá graves efectos. Los órdenes jurídicos están construidos para prever y ordenar regularidades mediante la realización de formalidades. Si alguien pretende hacerse de un bien y sigue los pasos previstos en la ley, su posición se encontrará respaldada y la podrá defender desde el propio derecho. De no ser así y por buena intencionalidad que haya tenido, perderá lo adquirido.

Quienes se encuentran en los deciles superiores del ingreso, suelen adquirir bienes o servicios en lugares regulados, registrar y asegurar su operación. En caso de conflicto, ejercen las garantías o demandan el cumplimiento de lo convenido. El automóvil en que se transportan, el predio en que radican, la intervención quirúrgica de la que fueron objeto, se encuentran así respaldados. Al ajustar sus conductas al orden jurídico, pueden prevalerse de él para sostener su situación. Quienes se encuentran en los deciles de ingresos inferiores, actúan en mercados que si bien son lícitos, se encuentran mal reglamentados y vigilados. Los predios no siempre son regulares, las adquisiciones no se registran y los seguros son inviables. Ante el incumplimiento, no existen garantías que ejercer y el acceso a los tribunales es dificultoso, cuando no parte del mismo problema. Al no haberse podido incorporar lo querido a las formas del derecho, éste, metafóricamente hablando, no sirve para proteger. Así, el mal estar en el derecho reproduce, de otras maneras, las condiciones de desigualdad que solemos atribuir a la pobreza o a la falta de empleo o educación. No suele pensarse en la posibilidad de que el derecho se constituya como factor de desigualdad. Ello puede deberse a que para lograr su mantenimiento, tenga que atribuírsele neutralidad. Sin embargo, quien está desdibujado en él, terminará por estarlo también socialmente. Ello, sin duda, lo mantendrá en su desigualdad.

Fuente:
https://elpais.com/internacional/2018/06/13/america/1528842074_707490.html

EL PAÍS, Madrid, 31 de mayo de 2016
EN CONCRETO
Preservemos las instituciones
Están en juego la protección de los derechos humanos en la región
José Ramón Cossío Díaz   

En las últimas semanas se ha hecho evidente la crisis financiera por la que atraviesa el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La Comisión ha declarado que en julio despedirá al 40% de su personal y suspenderá las visitas y los periodos de sesiones programados para este año. La Corte ha considerado que la suspensión a partir de diciembre de las ayudas noruegas, comprometerá su estabilidad presupuestal e institucional. Lo que en ambos casos está en juego es el funcionamiento efectivo de los mecanismos de protección de los derechos humanos en la región y, en el mediano plazo, su sobrevivencia.

Tales noticias han generado diversas reacciones, todas ellas negativas. Pocos Estados nacionales se han manifestado y muchos han guardado silencio. De entre los manifestados, la mayoría ha anunciado que sus propias condiciones económicas les impiden aportar mayores recursos. Los Estados nacionales ajenos al Sistema que durante años hicieron considerables entregas, han decidido no continuar haciéndolo. Tomadas en conjunto, las declaraciones no dan la idea de solidaridad ni generan esperanzas de cambio, menos de solución.

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha sido un factor muy importante de protección de individuos concretos y de racionalización de conductas de autoridades en la región. Nadie puede negar que debido a las actuaciones de la Comisión y la Corte, algunas de las más graves violaciones a los derechos humanos han sido denunciadas, analizadas, juzgadas y reparadas. Tampoco puede negarse que las resoluciones de ambos órganos han construido mejores prácticas de actuación e inhibido algunas de las peores. Igualmente, es difícil negar que el escrutinio de ambos órganos es el único medio de revisión de las conductas de los agentes estatales en contra de la población, ahí en donde los regímenes políticos se han cerrado en sí mismos y arrollado a sus judicaturas.

Si la Comisión y la Corte son organismos relevantes, ¿por qué llevan años de penuria financiera y se encuentran al borde de la crisis institucional? Ante todo, pienso que más allá de retóricas cotidianas, las autoridades estatales no han alcanzado a comprender que los órganos interamericanos forman parte de sus sistemas jurídicos. La manera de proteger los derechos humanos de sus poblaciones pasa por la posibilidad de que sus titulares acudan a ellos para lograr su reparación. Este entendimiento descansa en una peligrosa reconstitución de las nacionalidades, producto de los complejos momentos de cambio que vivimos, de regresos autoritarios, la instauración de populismos y de la pérdida de legitimidad de mucho de lo que se dice y hace políticamente. El desplazamiento y la invisibilización de los centros de decisión han llevado a la ilusoria construcción de poder y dominio mediante el fortalecimiento autoritario de los nacionalismos, como si mandar más adentro, compensará lo mucho que viene dado de fuera.

En este equivocado contexto puede entenderse lo que los Estados americanos están haciendo con los órganos comunes de protección a los derechos humanos. Si algunos de los problemas vigentes vienen dados de fuera en una variedad enorme de formas, parecería más sensato y previsor reforzar el mecanismo de regularidad común. México, por ejemplo, puede dejar caer a la Comisión o a la Corte por suponerlas poco relevantes o por ajustar cuentas con funcionarios o actuaciones. Al hacerlo, contribuirá a dejar sin autoridad supranacional a Centroamérica, con lo cual los problemas de la zona empeorarán y los flujos migratorios hacia México se incrementarán. Con ellos, la delincuencia, la trata de personas y la presión en la frontera norte.

Si los Estados de la región requieren más Estado de derecho, la pérdida de los órganos del Sistema que están tratando de construirlo desde la protección de los derechos humanos, va en sentido equivocado. Ojalá se reflexione y apoye con recursos a los órganos que llevan a cabo esa labor, más allá de las contingencias y los disgustos cotidianos que los propios órganos generan al tratar de imponer racionalidad en países o zonas que poco la tienen.

Fuente:
https://elpais.com/internacional/2016/05/31/america/1464727212_237858.html

EL PAÍS, Madrid, 1º de mayo de 2018
EN CONCRETO
Violencia política
Del 8 de septiembre al 8 de abril hubo 173 agresiones a políticos; 78 fueron homicidios
José Ramón Cossío Díaz

Quise escribir de la violencia política en México y acumulé información sobre ella. Al revisar lo obtenido durante varias semanas, concluí que, en efecto, acumulaba. El conjunto no adquiría forma. Las diferenciaciones eran difíciles de marcar. La expresión “violencia política” enunciaba mucho y aclaraba poco. ¿La violencia se hacía desde la política? ¿Sus participantes la ejercían para preservar o para adquirir poder? ¿La violencia se hacía contra la política para eliminar a sus titulares? ¿Se les quería desplazar para generar caos o para posibilitar sustituciones? ¿La violencia se hacía dentro de la política como forma de lucha entre contrincantes? ¿Toda muerte a un político en activo o a quien pretendía serlo era violencia política, o debía existir una motivación específica? Más allá de diferencias personales u operativas o intencionalidades, el fenómeno aumenta gravemente. Su propio desorden y sus muchas expresiones hacen difícil saber frente a qué estamos. Todavía más, cuáles serán sus consecuencias en los años por venir.

Hace dos semanas se publicó el Tercer Informe de Violencia Política en México 2018, por Etellekt Consultores. Sus métodos, muestras y resultados permiten dimensionar la magnitud del problema. Del 8 de septiembre de 2017 al 8 de abril de este año, se produjeron 173 agresiones a políticos, de las cuales 78 fueron homicidios. Las víctimas de este último universo fueron, destacadamente, 20 precandidatos, 14 exalcaldes, 13 regidores, 10 militantes, 8 alcaldes y 6 dirigentes partidistas. El 69% de ellos murió a manos de un comando armado, primordialmente en Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Estado de México, Chihuahua, Jalisco y Tamaulipas. Por pertenencia partidista fueron asesinados 29 priistas, 16 perredistas, 8 panistas, 5 de Movimiento Ciudadano y 4 de Morena. Al día siguiente de la publicación del Informe, mataron al presidente municipal de Tlanepantla, Puebla, y dos días después al de Jilotlán, Jalisco (con licencia). La lista sigue aumentando.

La dimensión de la violencia política muestra que lo pervertido no es solo el régimen democrático y sus funciones de gobierno

Al cerrar este artículo no sé con precisión cuántas personas han muerto en este proceso electoral por razones políticas o por su ejercicio político. Del análisis de riesgos hecho por Etellekt Consultores y otras organizaciones, puedo suponer que el fenómeno seguirá durante el proceso electoral, incluidos los días de los muy previsibles conflictos poselectorales. Es difícil proyectar con cuántos muertos políticos acabaremos. En todo caso, es necesario formular una pregunta simple: ¿qué explica el que las personas señaladas, en los niveles de gobierno apuntados, dentro de los territorios identificados y con los modos descritos hayan sido asesinadas? De ello pocos se han ocupado (Alejandro Hope, El Universal, 20-10-17). Es relevante hacerlo para descifrar varias cosas. Comienzo con una hipótesis.

El recurso a la eliminación total y definitiva de los funcionarios actuales o presuntos, tiene que ver con la forma de operación de la delincuencia en el país. Esta se realiza cotidianamente en ámbitos acotados, donde el apoyo policial determina la vida y la subsistencia. Quien lo tenga podrá operar y, simultáneamente, detener, desplazar o eliminar a sus contrincantes. Al ser las policías una parte importante de la extensión institucionalizada de las actividades delictivas, es vital contar con ellas. Si quienes las controlan son amigos, merecen vivir. En caso contrario, no.

Si la hipótesis acabada de formular es correcta, es pertinente hablar de una “narcodemocracia” (Claudio Lomnitz, La Jornada, 25-4-18). De un régimen en el que van borrándose las fronteras entre la estatalidad y la no estatalidad. La dimensión de la violencia política muestra que lo pervertido no es solo el régimen democrático y sus funciones de gobierno. Que también lo es el modo de alcanzar el poder legítimo a fin de ejercerlo delincuencialmente, eso, sí, mediante formas estatalmente formalizadas.

Fuente:
https://elpais.com/internacional/2018/05/01/america/1525210779_388615.html

EL PAÍS, Madrid, 8 de marzo de 2018
En concreto
La normalización de los derechos humanos
Una cosa es ajustar los procesos democráticos y otra ordenar la convivencia humana
José Ramón Cossío Díaz

Vistas las cosas con perspectiva, pareciera que cada cierto tiempo aparece una idea encaminada a lograr redenciones colectivas e individuales. A partir de ellas se producen análisis, diseños, algunos cambios y se miden incidencias. Después, las prometedoras realizaciones se muestran insuficientes para lograr las predichas transformaciones. Entonces aparecerá otra propuesta de solución. Hace años, los sistemas de planeación democrática fueron tenidos como suficientes para lograr una mejor redistribución de los bienes públicos y privados. Poco después, se quiso ver en el cambio democrático de la nueva ola, el inicio de un modo generalizado de alcanzar y ejercer el poder político. También se supuso que la adopción del Rule of Law, modalidad Consenso de Washington, ayudaría a ordenar las transacciones y hacer eficiente la economía. Que el pastel crecería y habría más que repartir. A ello se agregó luego la idea de que la transparencia gubernamental sería tan poderosa que terminaría con las opacas y corruptas prácticas públicas. Se entendió también que el paso a los procesos penales acusatorios sería suficiente para reordenar el mundo penal y, de alguna manera, los fenómenos delictivos.

En nuestros días se encuentra instalado un discurso tan querido y esperanzador como los que lo precedieron: los derechos humanos. Con él se cree que mucho de lo que social y políticamente nos perturba será resuelto. Que sobrevendrá un estado de cosas en el que la actuación de las autoridades nacionales, el comportamiento de las élites económicas y financieras, la ordenación social y el bienestar individual habrán de darse. En esta narrativa, personas nuevas y empoderadas harán valer su condición y exigirán lo que les es propio. Así generarán un orden distinto. Por la diversificada materialidad de lo reclamable, derechos de diversa generación, se piensa que terminarán por constituirse individuos que ejercerán a plenitud su proyecto de vida, contarán con amplios satisfactorios materiales y elegirán a sus autoridades, periódica y pacíficamente.

¿Por qué el nuevo sueño de la capacidad transformadora de los derechos humanos, habría de tener una vida distinta a las olas democratizadoras que tanto nos entusiasmaron hace 30 años, o a los procesos distributivos que con tanta energía se predicaron cuando en el mundo se redujeron y fijaron las tasas impositivas? Desde luego, la magnitud de los cambios entonces buscados y los que implican los derechos humanos es distinta. Una cosa es querer ajustar los procesos democráticos y otra encontrar un modo de ordenar la convivencia humana. De igual modo, también es diferente la fundamentación moral de los derechos humanos y del cambio tributario. Más allá de estos aspectos, lo que en las últimas décadas se ha querido establecer y lo que hoy muchos quisiéramos ver hecho realidad, ha levantado grandes esperanzas y ha concluido, sino en rotundos fracasos, sí en algo con menor capacidad transformadora a la prevista o deseada.

El proyecto de transformación mediante los derechos humanos pareciera estar entrando en una fase recesiva, después de años de expansión medible en el número de reformas constitucionales, tratados internacionales, instituciones creadas y concretos contenidos alcanzados. Ésta no es perceptible tanto por los discursos rutinarios, sino por los limitados alcances de las transformaciones cotidianas. Las libertades públicas no crecen, las asignaciones prestacionales novedosas son episódicas y los procesos democráticos se reducen a lo electoral.

La ralentización observada puede deberse a varias causas. El reposicionamiento de las condiciones de dominación ante un proyecto liberador, la competencia proveniente del miedo generado por la inseguridad global, el aletargamiento de los impulsores ante lo que estiman un triunfo ya consolidado, por ejemplo. Cualquiera que sea la causa o combinación de ellas, conviene recordar que más allá de su intrínseca moral, los derechos humanos no van a realizarse por sí solos o, más aún, que ello va a encontrar graves obstáculos. Es necesario volver a entender su condición utópica y, por lo mismo, las dificultades de implantar una racionalidad nueva y generalizada ahí donde trágicamente no la hay. Sería lamentable que nos pasara lo que a quienes supusieron que la democracia o la redistribución llegarían en automático, por algún curioso designio.

Fuente:
https://elpais.com/internacional/2018/03/06/america/1520376080_623476.html
Escultura: Carl Fredrik Reuterswärd.

DE LA PUNTADA Y DEL DEDAL

EL NACIONAL, Caracas, 13 e junio de 2017
Trump y los eufemismos de Estados Unidos
Jorge Castañeda

El Estado de Derecho norteamericano tiene una fama legendaria. Como repiten de manera insaciable sus presidentes, legisladores, intelectuales y empresarios, Estados Unidos es un país de leyes. El resto del mundo suele admirar ese Estado de Derecho y tratar de emularlo cuando es posible, pero sin dejar de lado las dimensiones de la hipocresía norteamericana: existe para los hombres blancos, no para las mujeres negras o latinas. Los dos puntos de vista son un poco excesivos, pero, a propósito de Donald Trump hoy, tenemos elementos para ver con más precisión cómo funciona el famoso Estado de Derecho norteamericano, o su imperio de la ley.
En realidad, el Estado de Derecho estadounidense funciona de manera escalonada. A lo largo de su historia, para los varones, los blancos, los anglosajones y las personas mayores de 40 años, ha funcionado increíblemente bien desde mediados del siglo XIX. Obviamente, no funcionaba para los esclavos en esas mismas épocas, ni para las mujeres hasta hace muy poco, e incluso hoy para los latinos y los jóvenes de raza afroamericana no funciona casi para nada. Ahora, que funcione para cierto sector no quiere decir que lo haga a la perfección, y Trump puede volverse víctima de sus ilusiones sobre el funcionamiento del Estado de Derecho norteamericano para tres sectores que él debiera conocer mejor: los magnates, los empresarios del sector de bienes raíces y hombres de negocios que viven y trabajan en estados como Nueva York, Nueva Jersey, quizás Illinois o por lo menos la ciudad de Chicago, y desde luego ciudades como Las Vegas y algunas más.
Trump puede pensar, con algo de razón, que mentir, engañar, recurrir a eufemismos, a legalismos, a todo tipo de maniobras jurídico-políticas, puede ser exitoso o surtir efecto en las condiciones que siempre le han correspondido a él: un multimillonario dedicado a los bienes raíces, básicamente en el estado de Nueva York y en menor medida en Nueva Jersey. Algo por el estilo le sucedió a Bill Clinton a finales de los años noventa cuando trató de evitar su propia destitución por el caso Monica Lewinsky y la obstrucción de la justicia y el perjurio, al recurrir a eufemismos como: “No tuve sexo con esa mujer”. Luego, cuando le preguntaron si había tenido algún tipo de relación sexual oral con ella dijo: “Defina sexual”. Trump vive en un mundo parecido, pero no es seguro que los jueces y los jurados de Brooklyn y Queens sean iguales que el Congreso de Estados Unidos, el tribunal de la opinión pública y la propia Suprema Corte tratándose del presidente de Estados Unidos.
¿A qué me refiero? Que Trump está recurriendo al mismo tipo de subterfugios legales que le funcionaron maravillosamente bien en otros lugares, en otros momentos. Pero no son necesariamente tan eficaces en su situación actual. Discutir si dijo o no la frase “espero que puedas no insistir en esto”, a propósito de lo que le dijo al director del FBI James Comey en el caso del asesor de seguridad nacional Michael Flynn, es una discusión muy estrecha. Seguramente en un tribunal administrativo o civil del Bronx eso pasa, ya en instancias jurídicas o políticas de otro nivel es más difícil. Lo mismo sucede cuando habla de si hay o no grabaciones de sus conversaciones con el ex director del FBI, o las hay o no las hay. Si las hay, debiera soltarlas porque debieran exonerarlo. Si las hay y no las suelta es porque no solo no lo exoneran sino porque lo condenan. Lo mismo sucede con varias de sus declaraciones de estas últimas semanas, atribuidas a él por el ex director del FBI. Es posible que Comey haya mentido, no sería el primero que lo haga (recordemos a J. Edgar Hoover).
Pero ese no es el tema central ahorita. El tema es si Trump no se estará metiendo en un berenjenal jurídico, político y legislativo que acabe por destituirlo, ya sea por la vía del impeachment, ya sea por la incapacidad de desempeñar sus funciones, o por renuncia. Dar una batalla jurídica en Estados Unidos creyendo que todo son bienes raíces para ricos en Nueva York es un grave error. Hay que admirar y creer en el Estado de Derecho norteamericano pero no hacerse bolas, es para algunos, en algunos lugares, en algunos momentos; no para otros, en otros lugares y en otros momentos.
Fuente:
http://www.el-nacional.com/noticias/columnista/trump-los-eufemismos-estados-unidos_187282

EL NACIONAL, Caracas, 20 de junio de 2017
Trump y su nueva política cubana
Carlos Alberto Montaner

 El presidente Donald Trump se propone modificar y endurecer la política de Barack Obama con relación a Cuba. Obama, que acertó en ciertos aspectos sociales de su política interna, erró totalmente en su estrategia cubana. Me parece, pues, razonable cambiarla. No todo lo que Trump hace es equivocado. A veces, entre tweets insomnes, acierta.
Si hay algo que el jefe de cualquier Estado debe tener muy claro, es precisar quiénes son los amigos y los enemigos de la nación a la que le toca proteger. Trump sabe o intuye que los Castro, desde hace décadas, intentan perjudicar a su país por cualquier medio. En 1957 Fidel Castro le escribió una carta a Celia Sánchez, entonces su amante y confidente, explicándole que la lucha contra Batista (la carta está firmada en Sierra Maestra) era solo el prólogo de la batalla épica que libraría contra Washington durante toda su vida.
Fidel Castro, que fue un comunista convencido, cumplió esa promesa, luego reiterada docenas de veces oralmente y por la naturaleza de sus acciones. Por eso, cuando Fidel murió, Donald Trump, que había sido electo presidente pocas semanas antes, pero todavía no había tomado posesión, tras calificarlo de “dictador brutal”, aseguró que: “A pesar de que las tragedias, muertes y dolor causados por Fidel Castro no pueden ser borrados, nuestro gobierno hará todo lo posible para asegurar que el pueblo cubano pueda iniciar finalmente su camino hacia la prosperidad y libertad”.
En consecuencia, Trump, a los pocos meses de iniciar su andadura, ha retomado el propósito de cambiar el régimen cubano, irresponsablemente cancelado por Barack Obama en abril de 2015, como anunció el ex presidente durante la Cumbre de Panamá; aunque, contradictoriamente, tuvo la solidaria cortesía de reunirse con disidentes cubanos que habían viajado desde la isla, gesto simbólico que hay que agradecerle.
¿Por qué Trump ha retomado la estrategia de “contener” a Cuba, como se decía en la jerga de la Guerra Fría? Porque Trump y sus asesores, guiados por la experiencia del senador Marco Rubio y del congresista Mario Díaz-Balart, verdaderos expertos en el tema, piensan que Raúl Castro no ha renunciado a la confrontación, lo que aconseja privarlo de fondos.
Muy en consonancia con la impronta que Fidel le dejó a su hermano y a su régimen, la revolución cubana continúa siendo enemiga de los ideales e intereses de Estados Unidos, como si la URSS continuara existiendo y el marxismo no se hubiera desacreditado totalmente hace ya más de un cuarto de siglo. Para Cuba la Guerra Fría no ha concluido. Para ellos, “la lucha sigue”.
Eso se demuestra en la alianza cubana con Corea del Norte, que incluye suministros clandestinos de equipos bélicos, prohibidos por Naciones Unidas, incluso mientras negociaba el “deshielo” con Washington. Es evidente en el respaldo a Siria, a Irán, a Bielorrusia, a la Rusia de Putin, y a cuanto dictador u “hombre fuerte” se enfrenta a las democracias occidentales. Se prueba en la permanente hostilidad contra el Estado de Israel, pero, sobre todo, queda clarísimo en la actuación de Raúl Castro en el caso venezolano.
Si Obama creía que la dictadura cubana, a cambio de buenas relaciones, ayudaría a Estados Unidos a moderar la conducta de la Venezuela de Chávez y Maduro, se equivocó de plano. La Cuba de Raúl Castro se dedica a echar gasolina al incendio que devora a ese país, con el objeto de no perder los subsidios que le genera la enorme colonia suramericana.

Los militares cubanos son el sostén esencial de la dictadura de Nicolás Maduro, personaje formado en la Escuela de Cuadros del Partido Comunista cubano llamada “Ñico López”. Les proporcionan inteligencia y adiestramiento a sus colegas venezolanos para que repriman cruelmente a los demócratas de la oposición. Los muy hábiles operadores políticos cubanos, formados en la tradición del KGB y la Stasi, asesoran a los chavistas y le dan forma y sentido a la alianza de los cinco gobiernos patológicamente “antiyanquis” de América Latina: la propia Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador.
Tiene razón el presidente Trump cuando afirma que Barack Obama (pese a su hermoso discurso en defensa de la democracia pronunciado en La Habana) no debió haber entregado todas las fichas norteamericanas sin que Raúl Castro hiciera concesiones fundamentales en beneficio del pueblo cubano y de su derecho a la libertad y la democracia. Eso es lo que Trump ahora intenta corregir.
Fuente:
http://www.el-nacional.com/noticias/columnista/trump-nueva-politica-cubana_188511

REDUCIDA Y ENROSCADA

La nomenclatura apenas reglamentada
Luis Barragán

Imposibilitada una respuesta razonable, distintos voceros oficiales coinciden en   postergar cualesquiera comicios so pretexto de la situación social y económica que confrontamos. Reconocida así su extrema gravedad, ausente el mínimo rubor, violentan con el mayor desparpajo de sus franquezas, el propio ordenamiento jurídico impuesto al país, remitiéndonos a la sólida noción que ha aportado Luigi Ferrajoli sobre los poderes salvajes.

Renovado ad infinitum el decreto de emergencia, agravando una  conducta que es delictiva,  desconocen las propias previsiones de la Ley Orgánica Sobre Estados de Excepción, convirtiéndose en una amenaza para la seguridad de la nación, de sus ciudadanos e instituciones. A pesar de “auto-autorizarse” para aplicar las medidas que libérrimamente les venga en gana, huérfanos de todo control parlamentario, ha empeorado la situación que se prolonga a través de un instrumento nada excepcional ya, restringiendo las garantías y  pretendiendo interrumpir el funcionamiento del único órgano independiente del Poder Público, como es la Asamblea Nacional.

Franqueza que también se agradece, el ejercicio arbitrario del poder los coloca contra la misma historia venezolana que hizo de la democracia un logro fundamental, fruto de las luchas cívicas de un pueblo que, por cierto, mal que bien, entró – entusiasta – en escena por 1945.  Y nos retrotrae a etapas ya impensadas, extraviada la paz que alguna vez conquistamos para el contraste con más de 150 años de vida republicana.

Decididamente schmittianos y kelsenianos, el derecho y el Estado de Derecho únicamente es aceptable cuando les conviene y, casi nunca, les ha convenido. Por lo menos, así lo refleja un pasaje inadvertido de “Doña Bárbara” de Rómulo Gallegos, el gomecismo cuidaba celosamente de las formas hasta para apropiarse el dictador de las tierras ajenas, cuidando de las diligencias registrales que públicamente dejasen constancia de sus propiedades.

Desconocido hoy el derecho y el Estado de Derecho, solamente parece apto para regular básicamente las relaciones internas de la nomenclatura, redistribuir, reconocer y preservar sus intereses hasta nuevo aviso. Empero, ese ámbito privativo  inexorablemente va reduciéndose y llegará el día, como ya ocurre, en el que las diferencias, aspiraciones y logros del llamado chavismo, cada vez más reducido y enroscado, sean dirimidos por la mera fuerza: no habrá más regla que la impuesta por el dueño de las armas.


Ilustración: Aimé Montandon, "Les Cousines". Ville de Neuchâtel / Bibliothèques et Musées / 1967.
Breve nota LB: La obra en cuestión, no aparece en la red de redes y, apenas, hay algunas referencias iconográfica sobre  Montandon. Descubrimos varios catálogos, editados por la Universidad de Neuchâtel, en la Hemeroteca de la Academia Nacional de la Historia,no indexados,  facilitados por el archivólogo Gabriel López. Agradecidos.

10/10/2016:

http://www.radiowebinformativa.com/opinion/la-nomenclatura-apenas-reglamentada-luisbarraganj/

http://class987fm.com/2016/10/11/la-nomenclatura-apenas-reglamentada-escrito-por-luisbarraganj/

LA SALSA BUENA PARA EL PAVO Y NO PARA LA PAVA

Del monopolio de los derechos constitucionales
Luis Barragán

El sector  político e ideológico que ahora pretende eternizarse en el poder, clamaba por los derechos constitucionales en las remotas décadas en las que, confesamente,  incursionó en la subversión armada. Y esto, con una curiosa (in) comprensión jurídica de sus actos, pues pedía para sí el reconocimiento de su condición beligerante ante el Estado Liberal, como lo identificaba, pero – caracterizándolo como harto represivo – la negaba y la ha negado por siempre, si fuere el caso, a las fuerzas policiales, por ejemplo, cuyos agentes más humildes ultimó cumpliendo funciones de orden ciudadano en las calles: esto es, los otrora célebres “policías de punto”.

Otro ejemplo, en la ciudad capital,  ,era costumbre semanal el apedreamiento de sendos encapuchados en la Universidad Central o en el Instituto Pedagógico,  con la correspondiente quema de cauchos en los sitios de gran afluencia de vehículos, pero – luego de la llegada de Chávez Frías al poder – evidentemente eso terminó. Y, no cabe duda, al menor gesto de una semejante rebeldía por los actuales estudiantes, las fuerzas represivas pueden llegar y llegan, a lo indecible con la ventaja adicional de la censura.

Toda actividad pacífica que promueva la oposición, automáticamente hoy  acarrea la suspensión inconstitucional de los derechos … constitucionales, protegido únicamente el ejercicio de los más leales y reconocidos partidarios del régimen.  Además de la segregación que comporta, no habrá recurso de amparo alguno que prospere, cuyo extendido retardo o negación tampoco desembocará en la responsabilidad de quien le tocaba decidir.

Apenas ilustrado por los días previos a la consabida y exitosa toma de Caracas, la detención de personas vinculadas a la oposición, anunciada – además – por funcionarios de partido carentes de autoridad  pública, o la obstaculización del tránsito en el territorio nacional, haciéndolo de todo menos libre, nos remite a esta tan prolongada circunstancia: la de vivir bajo un Estado No-Constitucional que, en definitiva, es Inconstitucional. Únicamente, esos derechos y garantías avisan del monopolio de muy pocos dirigentes del PSUV que, para remate, no responden a nadie por sus actos.

El dato es universal, porque no hay totalitarismo que no convierta un poemario en ley fundamental. Algo que constatamos en Venezuela, día a día.
05/09/2016:
http://www.radiowebinformativa.com/opinion/del-monopolio-de-los-derechos-constitucionales-luisbarraganj/

CAZA DE CITAS

"El análisis somero de las actividades del Libertador durante el año diecisiete, revela su constante ansiedad por el establecimiento de un régimen constitucional que pusiese la República a cubierto de toda contingencia. Aún sin formular la Carta fundamental porque no se lo permite la guerra, Boolívar se consagra a la tarea de dar los pasos iniciales en ese sentido. En sus Decretos, como se ha visto, crea organismos legales y se desprende, en parte, de las omnímodas atribuciones que le ba (SIC) impuesto la conflagración. Sin sombra de duda, puede afirmarse que la mira constante del Libertador fue siempre la fundación de un régimen de Derecho"

Cristóbal L. Mendoza 

("Prólogos a los escritos del Libertador", Italgráfica, Caracas, 1977: 403)

Reproducción: "En Teatro del Hogar, el espacio de los lunes, en Televisa, han hecho buena obra. 'Corona de Gloria', con el Boívar en 1830, encarnado por Américo Montero, fué (SIC) una de estas creaciones. No obstante, la falta de ensayos en todo sentido, a veces hace ver ciertas fallas en cosas tan serias como éstas. Manuel Pozón, Pedro Hurtado, Francisco Ferrari y Andrés Peinado han logrado buenas actuaciones en este espectáculo. Y, por supuesto, cabe destacar el trabajo del maquillador Miguel Angel Casal". Élite, Caracas (1957).

ESTUPIDOMÉTRICAMENTE, NOSOTROS

EL NACIONAL - Lunes 04 de Noviembre de 2013     Mundo/9
ANÁLISIS Índice de Prosperidad Legatum 2013 analiza la situación de 142 países en el mundo
¡Es el Estado de Derecho, estúpido!
El estudio destaca la importancia de la democracia para alcanzar el desarrollo
JEFFREY GEDMIN PRESIDENTE Y CEO DEL INSTITUTO LEGATUM PROJECT SYNDICATE

"Es la economía, estúpido" ha sido un mantra político por más de dos décadas. Hoy en día, la frase se repite hasta la saciedad en los debates sobre el desarrollo. Pero hacer que los países prosperen no es tan simple.
Hay una gran cantidad de literatura que describe los diversos factores que determinan la prosperidad. En su libro "¿Por qué fallan las naciones?" publicado en 2012 y ampliamente discutido, el economista Daron Acemoglu y el politólogo James A. Robinson enfatizan en la importancia de que las instituciones políticas y económicas sean inclusivas. De acuerdo con el nuevo libro "El Gran Escape" del economista Angus Deaton, la salud es un elemento clave.
El recientemente publicado Índice de Prosperidad Legatum apunta a otra condición fundamental para el éxito: el buen gobierno y el Estado de Derecho. Como lo señala Nathan Gamester, director del programa Legatum: "Vale la pena ser una democracia." De hecho, como se muestra en el estudio, 27 de los 30 países más prósperos del mundo son democracias. Cosa contraria sucede con los 30 menos prósperos, donde la democracia parece brillar por su ausencia.
Merece la pena tener en cuenta las diferencias de desarrollo entre los distintos países de África. Existen naciones como Botswana que tienen gobiernos que rinden cuentas a su pueblo, donde hay respeto por la ley, derechos de propiedad y poderes judiciales independientes y establecidos, a los que les va mucho mejor que sus contrapartes. Pero la mayoría de los países del continente caen en la categoría contraria, pues 24 de los 30 países que están por debajo del Índice de Prosperidad se encuentran en África subsahariana.
La mayoría de estos países sufren una importante déficit democrático. En Guinea Ecuatorial, por ejemplo, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, ha estado en el poder desde 1979 , lo que lo convierte en el gobernante del continente con mayor tiempo en el poder. En la mayor parte del tiempo de su mandato, su régimen ha logrado convertir a un pequeño país rico en petróleo, en un desastre desde el punto de vista del desarrollo. La mayoría de los ciudadanos de Guinea Ecuatorial han estado severamente limitados al acceso de agua potable, de educación y de atención sanitaria. El país tiene, además, una de las tasas de mortalidad infantil más altas del mundo, uno de cada cinco niños muere antes de cumplir cinco años de edad.
A pesar de estos ejemplos - de los cuales hay muchos existe una escuela de pensamiento que sostiene que las fallas en la inclusión en el proceso democrático obstruye el desarrollo económico. Por supuesto, es cierto que la democracia no siempre es eficiente basta con preguntar a un estadounidense, cuyo gobierno fue cerrado recientemente por 16 días y casi enfrenta la cesación de pagos de su deuda como consecuencia de desacuerdos políticos partidistas. Pero los sistemas democráticos basados en el buen gobierno y el Estado de Derecho son más conducentes a la prosperidad que cualquiera de las alternativas.El inédito crecimiento económico de China, que ha sacado a cientos de millones de personas de la pobreza en las últimas tres décadas, fue el resultado de la descentralización económica y de mercados más libres y competitivos, y no, como algunos pretenden argumentar, de una planificación inteligente del gobierno.
Es predecible que el futuro de China se caracterice por una mayor democracia y el fortalecimiento del Estado de Derecho, de lo que se encargará la clase media emergente. Este cambio va a ser vital para consolidar y construir sobre las ganancias económicas.
En América Latina, la consolidación de la democracia en las últimas tres décadas ha avanzado de manera acompasada con el desarrollo económico. Chile, Costa Rica y Uruguay tienen historias positivas que contar en el Índice de Prosperidad de este año.
El hecho es que cuando el gobierno es eficaz y el Estado de Derecho es fuerte, cosas positivas suceden en otras áreas, incluyendo en la economía.
Los botsuanos, por ejemplo, reportan altos niveles de confianza en las elecciones de su país ( 83%, en comparación con el promedio de la región subsahariana que da 47 % de credibilidad a los comicios) y en el sistema judicial ( 83 % frente a 53 %).
En ese país se están dando importantes progresos, como ejemplo, se ha duplicado en los últimos dos años el número de personas con teléfonos celulares (¿Se imaginan una economía próspera y sin comunicaciones modernas?) Y el éxito del crecimiento de las empresas se está dando como consecuencia de la reducción de los costos para su creación en comparación con 2010, lo que ha dado a los empresarios la confianza para pedir préstamos, contratar a más empleados y tomar riesgos calculados en su camino hacia el crecimiento.
Si bien no hay una receta única para la prosperidad, es evidente que el establecimiento de sistemas bien manejados y guiados por principios democráticos es una ruta eficaz para el progreso en la educación, la salud y la seguridad, sectores cruciales. Al poner de relieve los factores que se correlacionan con el éxito, el Índice de Prosperidad Legatum debería estimular a gobernantes y ciudadanos para reconsiderar sus prioridades.
Si cabe recoger sólo una idea del índice de este año, debería ser la siguiente: "Es la gobernanza y el Estado de Derecho, estúpido."
Traducción: ANNA CAROLINA MAIER

EL NACIONAL - Lunes 04 de Noviembre de 2013     Mundo/9
Venezuela en nivel medio bajo
ALEJANDRO HINDS

El Índice de Prosperidad 2013 del Instituto Legatum coloca a Venezuela entre los 41 países con nivel medio bajo, además de dejarla en el puesto 14 entre 19 naciones de América Latina evaluadas.
Venezuela ocupó la posición 78 entre los 142 países tomados en cuenta para elaborar el índice, liderado por Noruega, Suiza y Canadá y encabezado en la región por Uruguay, único país latinoamericano en el nivel alto al obtener el lugar 30.
Costa Rica (31), Chile (35), Panamá (40), Argentina (45), Brasil (46), México (59), Colombia (67), Paraguay (68) y República Dominicana (70) fueron los países de la región en el nivel medio alto.
Nicaragua (73), Ecuador (74) y Perú (75) tienen mejores ubicaciones que Venezuela, pero la acompañan en el nivel medio bajo, al igual que El Salvador (85), Bolivia (86), Guatemala (90) y Honduras (96).
Haití es el único país latinoamericano en el nivel más bajo del índice, al ocupar la posición 134, sólo por delante de Guinea, Yemen, Togo, Burundi, Afganistán, República Democrática del Congo, República Centroafricana y Chad.
El Instituto Legatum elabora el Índice de Prosperidad con los resultados obtenidos durante los últimos cinco años en ocho indicadores: economía, emprendimiento, gobernabilidad, educación, salud, seguridad, libertad personal y capital social.
Venezuela figuró en el nivel medio alto en educación (58), economía (60), capital social (68) y salud (69), pero estuvo en el medio bajo en libertad personal (84), emprendimiento (89) y seguridad (110), y entre los peores en gobernabilidad (127).

¿ROJA O AMARILLA?

A propósito de Econoinvest y los Metropolitanos
Luis Barragán

Cuatro directivos de Econoinvest cumplen condena por un delito incierto, sin haber sido sentenciados. Dos años tienen en la sede de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), a la orden – obviamente – del Comandante-en-Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Supuestamente, la empresa incurrió en sendos ilícitos cambiarios con la aplicación de una reforma legal posterior, cuya tipificación está reñida con caros principios en materia penal como el de la retroactividad desfavorable.  En consecuencia, poco ha importado, convirtiéndola inmediatamente en política, la prisión que soportan, añadidas las consecuencias que trajo para la Fundación para la Cultura Urbana caracterizada por una extraordinaria labor editorial que, proporcionalmente, hizo más que Farruco Sesto, el faraón cultural del régimen ahora titulado como el transformador revolucionario de la ciudad capital.

Alguien que presidió nada más y nada menos que la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, mediante confesión notariada y apostillada por la cancillería costarricense, revela la gravísima orden que cumplió para arruinar la vida de los agentes de la Policía Metropolitana, tras barrotes desde hace añales. Refiere en el documento: "Es un deber inaplazable confesar ante ustedes, y ante todos, que he cometido el pecado de haber transmitido a los jueces que los juzgaron la orden de condenarles a 30 años de prisión a como diera lugar. Yo estaba cumpliendo instrucciones directas del presidente Hugo Chávez Frías, quien así me lo ordenó".

Miles de venezolanos pierden la vida en las calles y aún en las cárceles, donde se presume que el Estado tiene mayores posibilidades de garantizarla. La indolencia se suma a la incompetencia de un oficialismo que se rasga las vestiduras por una “dignificación” que ha abonado a la cultura de la muerte, condenada toda la burocracia media a guardar silencio, pues, un paso en falso, el más modesto reconocimiento de los errores y también deliberados propósitos, puede significarles lo peor en términos inicialmente personales.

Mucho se sabrá del caso de Econoinvest, los Metropolitanos y de las cárceles venezolanas, incluyendo las calles que adquieren tamaña condición, así de sencillo, cuando respiremos un poco más de libertad y de la efectiva fijación de responsabilidades. Por ello, valoramos altamente las declaraciones, confesiones y otros pronunciamientos de Eladio Aponte Aponte.

Se dirá de una exageración y hasta pretensión de reivindicarlo, pero hay circunstancias que atenúan las responsabilidades de quien – igualmente – tiene el coraje de rectificar y contribuir al esclarecimiento de la verdad.  Ciertamente delinquió, suscitando las muchas rabias de sus víctimas más directas, mas no debemos pretender que éste o los futuros Doble-Aponte, llevando nuestra venganza hasta las últimas consecuencias, muerdan polvo con sangre mientras que sepamos de los oportunistas que hasta hace no mucho aplaudían apasionadamente al Comandante-Presidente, hoy lo hacen con Capriles Randonski, como si hubiesen corrido una suerte semejante a la de Saulo en el camino de Damasco.

Recordamos una homilía de Castillo Lara con motivo de un aniversario del 11-A, en la que habló del perdón ante la indiferencia de la feligresía que, después, compitió para tomarse la consabida fotografía vía móvil celular con el prelado. Y, aclaró, no hay perdón sin justicia.

De modo que, siendo un mensaje para los activísimos y sacrificados navegadores antichavistas de la hora, heroicos hasta el hartazgo en las redes, vamos a disminuir la pólvora digital contra el o los Doble Aponte del presente y del futuro. Y generar la confianza necesaria para una sana y convincente administración de justicia tan inherente y legitimadora de la transición democrática en la que nos empeñamos: failitando y ayudando a una liberación del remordimiento de consciencia de quienes operaron la administración del terror por estos años, reconociendo los atenuantes que provoca la voluntaria, espontánea y sobria admisión de los hechos.

Concluyendo, protagonistas como los de Econoinvest, los Metropolitanos y el resto de los venezolanos que directamente sufren el régimen, seguramente lo comprenderán y perdonarán. Ya lo dijo el Cardenal Castillo Lara, perdonar haciendo justicia.

Fuente: http://www.noticierodigital.com/2012/09/a-proposito-de-econoin
Fotografía: LB, Caracas, 14/08/12.

comunalidad

EL NACIONAL - Domingo 06 de Febrero de 2011 Siete Días/4
entrevista
Jesús María Casal
"El Estado de Derecho no forma parte del ideario del proceso"
El director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCAB señala que el gran problema que presenta la propuesta del estado comunal socialista es que tiñe de un solo color todos los procesos de participación y, por tanto, niega el pluralismo.
"La participación no puede estar ceñida a una determinada ideología: no se puede generar un espacio de poder monocolor"
GLORIA M. BASTIDAS

Jesús María Casal Hernández forma parte de una minoría: la que logra graduarse summa cum laude. Egresó como abogado de la UCAB, en 1988, con un promedio de 19 puntos. En esa casa de estudios, se desempeñó como ayudante del padre Luis María Olaso. El sacerdote jesuita, un férreo defensor de la justicia, se cuenta entre sus grandes maestros. "Tuve el honor de trabajar con él, primero en la universidad y, luego, cuando fue director de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República". A Casal, entonces, le correspondió el cargo de subdirector, entre 1989 y 1991.

La otra persona que ejerció gran influencia en su vida fue su padre, el constitucionalista Jesús María Casal Montbrun, cuya participación en la elaboración de la Constitución de 1961, en lo que corresponde a la protección de las garantías y, particularmente, a la figura del amparo, resultó clave. Casal Montbrun formó parte de la juventud adeca que emigró al MIR y purgó cárcel durante el gobierno de Rómulo Betancourt. No hay heridas visibles en el hijo. Casal Hernández es tan equilibrado como los astros que flotan en el universo.

--¿Es posible que en un estado comunal socialista, como el que se quiere establecer en el país, tenga cabida la libertad de expresión? --El problema principal del modelo que se quiere desarrollar es que va en la dirección de ideologizar casi todos los espacios de la vida sociopolítica. La ideología es el socialismo. Aquí surge el problema: la participación no puede estar ceñida a una determinada ideología. El pluralismo democrático presupone que puede haber una ideología socialista, y es muy legítimo que se defienda, como una propuesta comunista, socialcristiana, otra de centroderecha, otra liberal en términos económicos. Todas deben caber dentro de la Constitución en el contexto de una democracia. Pero el estado comunal socialista le da un solo color, tiñe con una sola ideología, todos los procesos de participación. El hombre nuevo necesariamente está casado con una ideología.

Como el estado comunal socialista pretende ideologizar todos los espacios, entonces hay una contradicción de fondo, una tensión constante con la libertad de expresión.

--Están en pugna... --La libertad de expresión se basa en la libertad de opinión.

Por eso es que los instrumentos internacionales establecen como pórtico, como principio esencial de la libertad de expresión, que nadie puede ser molestado a causa de sus opiniones. El trasfondo de la protección de este derecho es precisamente esa necesidad de garantizar la libertad de conciencia, el pluralismo político y también el pluralismo de concepciones filosóficas. Se protege la libertad de expresión porque se reconoce que parte de la dignidad del ser humano es su libertad para formarse sus propios juicios. Entonces allí hay una contradicción latente, porque por más que el Gobierno diga: "Nosotros no queremos cercenar la libertad de expresión", lo que está en desarrollo es un proyecto que va ligando cada vez más espacios sociales, económicos, a una determinada ideología. La situación es compleja con relación a la libertad de expresión porque ella está muy asociada al pluralismo. Las cosas pudieran desarrollarse en el país de otra manera.

--¿De qué manera? --Uno a veces se pregunta si detrás de todo esto no hay también un cálculo de tipo electoral en el sentido de que hay una apuesta desde hace algunos años para fracturar al país en dos polos. Pero esta polarización tal como se plantea, con ese elemento de radicalización ideológica y de exclusión, me parece nociva. El Presidente perfectamente pudiera desarrollar una agenda social de alto contenido de transformación sin necesidad de conducir a la nación por ese camino de pérdida del pluralismo, a menos que la apuesta ideológica de fondo sea efectivamente la de imponer la hegemonía de una sola visión del mundo; sin embargo, si no es así, sino que en el trasfondo hay una cierta apertura a la libertad de expresión, a opciones democráticas, entonces el país tendría que conducirse por esa alternativa en la cual se desarrolle un programa de alto contenido social, pero que se haga en el marco de una constitución, con Estado de Derecho.

--¿Se puede lograr eso? --Hay dentro de la Constitución esquemas que permiten adelantar un proceso de transformación social respetando la democracia constitucional.

En democracia podríamos decir que todo es negociable menos el pluralismo. Hay planteamientos que se han hecho, como el del desarrollo del estado comunal, que, en muchos de sus contenidos, van más allá de la Constitución de 1999. La tesis del estado comunal socialista es una que ya no se cree en la descentralización que hasta ahora se venía desarrollando en Venezuela y que está consagrada en la Constitución de 1999 como una descentralización política desarrollada a través de los estados y de los municipios, sino que responde a un esquema más bien de la comunidad: comunidad socialista básica.

--¿Y eso no supone más poder para el pueblo? --Si no hubiera ese elemento de casamiento con una sola ideología se pudiera desarrollar un debate democrático.

Y ese debate probablemente conduciría a que algunos de estos planteamientos son inconstitucionales y, si se quieren llevar adelante, tendría que hacerse a través de una Asamblea Nacional Constituyente.

La tesis del poder popular estaba planteada en la reforma de 2007 y allí expresamente se decía que ése es un poder que no nace de elecciones. La propuesta de poder popular va en la línea de sostener que esa legitimación no surge del sistema clásico de elecciones sino de la concurrencia de los ciudadanos a las asambleas de ciudadanos. El gran problema inicial de todo esto es el tema de la asociación con una determinada ideología porque tú no puedes generar un espacio de poder monocolor.

--¿Es decir que el poder comunal no se puede instaurar sin que medie una Asamblea Nacional Constituyente? --Hasta el extremo que lo están llevando sobrepasa la Constitución de 1999. Porque los consejos comunales pudieran perfectamente existir en el marco de la Constitución de 1999, pero tendría que ser respetándola y eso implica, en primer lugar, pluralismo; en segundo lugar, respetar la organización político territorial, con lo cual los consejos comunales desde el comienzo han debido estar vinculados a los municipios. Lo que ocurre es que los estados, los municipios, los gobernadores y los alcaldes están siendo dejados en paralelo para establecer las bases de una dimensión alternativa de poder a través de los consejos comunales, de las comunas, de todas las instancias del poder popular que van a rivalizar con esas instituciones constitucionales en muchos aspectos.

--La dimensión alternativa de poder, ¿no afecta el principio del voto directo y secreto? --La propuesta del estado comunal tiene una serie de déficit democráticos. El primero, claro, el problema de la falta de pluralismo en el planteamiento en sí mismo. Y luego el de la elección a través de un voto en segundo grado, no de un voto directo. Éstas, además, son instancias que se presentan como instancias de empoderamiento popular pero que, incluso en las últimas leyes, siguen vinculadas al Ejecutivo, al ministerio competente en la materia. Hay unas facultades de registro, coordinación, articulación, que se le atribuyen al Ejecutivo, con lo cual la fórmula tampoco es coherente consigo misma porque existe esa conexión con el poder centralizado.

--Los venezolanos rechazaron esta propuesta de reforma el 2D, ¿cómo se ha podido llevar adelante? --Desde 2007 hemos vivido un proceso de desconstitucionalización. Ante ese rechazo popular a la reforma, el camino que se ha seguido es el de abrir una brecha paralela para poder desarrollar ese proyecto. Uno ve con preocupación cuando se dice que se quiere desarrollar la idea del pueblo legislador y eso se propone en el contexto de una reforma al Reglamento de Interior y de Debates, aprobada en las postrimerías del anterior período legislativo, que limita en exceso las intervenciones de los diputados y reduce las reuniones. Ello planteado en paralelo a la idea del pueblo legislador. El mensaje que se da allí es que están en desarrollo iniciativas que van desplazando la dinámica real del poder hacia otros espacios que no son los que vemos escritos en la Constitución. Y ésa es una señal muy preocupante.

--Una de las consignas que levantan quienes reivindican el proceso es que hay que liquidar las instituciones del estado burgués... --La propuesta del estado comunal responde a otra lógica. Es otra visión del Estado.

Y cuando tú lo que quieres es plantear otra visión que no coincide con la de la Constitución, tú no lo puedes hacer porque, si lo haces, la estás violando. La única forma es a través de una Asamblea Nacional Constituyente, si se limpiara la propuesta, repito, de los elementos antidemocráticos. Una Asamblea Nacional Constituyente es, por definición, democrática. Nunca pudiera decir que todos deben creer en el socialismo. La oferta del estado comunal socialista pretende tener gran calado.

No se trata de un remozamiento o de una matización: supone una visión muy diferente de la organización del Estado y de los procesos de poder.

--Si el presidente Chávez plantea un proyecto cuya premisa básica es precisamente el estado comunal socialista, ¿por qué todavía juega a ser demócrata? --El Estado de Derecho no ha formado parte del ideario de este proceso, que todavía se afirma, o pretende ser, democrático, aunque parte de una definición incompleta de la democracia. Porque democracia no es sólo ganar elecciones. Democracia es muchas otras cosas. Pero por lo menos el proceso trata de mantenerse dentro de los límites de un ejercicio de poder que sale de elecciones. Ciertamente hay una dualidad y ojalá significara que hay todavía alguna esperanza de que la institucionalidad de la democracia pluralista y la institucionalidad de la Constitución pudieran recuperarse. Ojalá eso significara que no hay una llave que ya está lanzada al mar en el sentido de que hay una decisión ya irreversible de dejar atrás esos elementos de democracia pluralista y de respeto a la Constitución. Ojalá eso pudiera significar que hay todavía margen de acción, que todavía hay posibilidades de que se reconduzca el proceso político al cauce constitucional.

Fotografía: Sandra Bracho