Los derechos humanos (1900-1947)
Jesús Sanoja Hernández
La defensa de los derechos humanos no contaba, en la muy larga era castro-gomecista, con organismos regionales, ni mucho menos mundiales, que la asumieran oficialmente, como tampoco con organizaciones no gubernamentales o de la sociedad civil. La prensa de 1909, primer año completo de la tiranía gomecista, se encargó de divulgar lo que en materia de muertes y torturas había sucedido durante los nueve años de ciprianato. Y los entusiastas del nuevo régimen, el de la Rehabilitación, no tardarían, y en no poco número, en sufrir la bárbara represión del "gendarme necesario".
Panfletos publicados en el destierro y sobre todo el documentado y testimonial libro de Pocaterra (Memorias de un venezolano de la decadencia) fueron divulgando, con lujo de detalles, la deplorable situación de los derechos humanos en nuestro país, por otro lado dibujado por gran parte de la prensa extranjera, fundamentalmente la de Estados Unidos, como gobernada por un progresista "hombre fuerte". Hubo excepciones notables como la que en México desarrollaron José Vasconcelos y los jóvenes Carlos Pellicer y José Juan Tablada, excepcional pareja de poetas que habían observado de cerca las atrocidades gomecistas, y en Colombia y Cuba personalidades afectas a la causa de los desterrados.
No existía la Sociedad Interamericana de Prensa, constituida cuando en Venezuela gobernaba Medina Angarita, y la reunión de editores que en Washington se celebró en 1926 (cito de memoria) no se trató tema, como el de los derechos humanos, que les era, al parecer, ajeno. En 1930 publicó Jugo Delgado en Nueva York un impresionante folleto (El peligro de la intervención extranjera en Venezuela), en el cual vinculaba su denuncia con el debate que en el Congreso de Estados Unidos habíase promovido a raíz del juicio entablado por el abogado A.L. King contra el gobierno de Gómez. Defendía King al ciudadano norteamericano James E. Welch, quien había pasado 45 días en la cárcel de Ciudad Bolívar.
Tal como asienta Ramón J. Velásquez en nota introductoria (Boletín del Archivo Histórico de Miraflores, número 101-106), "King logró que el Senador Joseph Randsdell, de Carolina del Norte, y Allard Gasque, representante ante el Congreso por el estado de Carolina del Sur, propusieran en el seno de las comisiones de Política Exterior de ambas cámaras, una investigación de las condiciones de Venezuela, con el objeto de determinar si la Constitución y las leyes publicadas se cumplen en aquel país, o son burladas por el poder de la dictadura". La documentación aportada por Jugo Delgado fue valiosísima, no sólo por los testimonios de los desterrados sino por una carta dirigida por "damas venezolanas", cuyas firmas permanecieron en reserva, al senador... (los puntos suspensivos deben tomarse como medida de precaución) y en la cual las madres, hijas, hermanas y prometidas de hombres venezolanos, "sin intención de invadir terrenos políticos que no debemos traspasar", acudían a aquél "para pedir su poderosa ayuda en la defensa de nuestro derecho elemental: el derecho de vida".
No fue mucho el caso que el gobierno de Estados Unidos le hizo a esta y otras solicitudes, aunque sí el asunto resultó debatido en el Congreso. Terminó así el largo mandato de Gómez, reelecto varias veces a tono con veleidosas constituciones, y vinieron los regímenes de López Contreras y Medina Angarita, el primero caracterizado por la disolución de las recién nacidas organizaciones de izquierda, estudiantiles y sindicales, por no pocos secuestros políticos y por las expulsión de los catalogados como comunistas, en marzo de 1937, aun sin serlo muchos de ellos, como Gonzalo Barrios y Jóvito Villalba; y el segundo por su tendencia democratizante, con ausencia casi absoluta de represión. Medina elogió el nacimiento de la Asociación Venezolana de Periodistas, legalizó a AD, eliminó el Inciso VI y dio paso, en las postrimerías de su administración, al Partido Comunista. Ninguno de los dos gobiernos fue, en realidad, sangriento, ni acudió a la tortura como fórmula de persuasión.
La Junta Revolucionaria de Gobierno surgida como consecuencia del golpe militar-civil de octubre de 1945, además de los aún discutidos juicios por peculado, apeló a encarcelamiento en momentos en que consideró perturbada su estabilidad por conatos de insurrección o alzamientos. En diciembre de 1946, apenas instalada la Asamblea Constituyente, un grupo de madres, esposas e hijas de políticos detenidos en El Trocadero (antiguo cabaret de Pierre René Delofre) denunció la aplicación de torturas, lo que provocó encendido debate en el cual Andrés Eloy Blanco reveló una vez más su probidad. Supo calibrar el peligro de un retroceso: "Yo condené en un tiempo -dijo como presidente de la Constituyente y como figura de AD- y sigo condenando, y condenaré siempre, hasta que me quede el último soplo de vida, todo lo que tienda a hacer regresar a Venezuela a las horas salvajes que su pueblo supo superar". Aquello fue, apenas, un interludio polémico. A poco vendría nueva tiranía.
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