IGNAROS

¿Cuál ofensa a la Fuerza Armada?
Luis Barragán

En la sesión plenaria de la Asamblea Nacional de fecha 11 de los corrientes, consideramos la solicitud de un crédito adicional por el orden de Bs. F 200.000.000,oo, favorable al Ministerio del Poder Popular para la Defensa a objeto de transferirlo al Fondo de Inversiones Misión Negro Primero, S.A.  Participamos cuidadosa, fundada y lacónicamente en el debate, tratándose de una materia susceptible de la manipulación oficialista.

En efecto, tomamos nota de la amplitud del objeto de la empresa,  advertida después las visitas, inspecciones y revisiones de la  “infraestructura, dotación, mobiliario, entre otros” de las diferentes dependencias militares del país, de acuerdo a la justificación emanada de la Comisión Permanente de Finanzas. Apenas generalizada la programación de adquisiciones, dotaciones y reparaciones, hicimos caso de la observación técnica  que nos formuló la diputada Vestalia Sampedro respecto al código de partida global y los códigos no vinculantes sobre materiales, servicios y activos.

Reflexionamos en relación a la particular dimensión pretoriano-mercantil, así la calificamos, que está adquiriendo la institución armada, pues, en lugar de recurrir a las tradicionales dependencias del referido despacho ejecutivo para cumplir con la programación,  se ha creado una empresa regida por el Código de Comercio que, inevitable, llamó poderosamente nuestra  atención.  A la incursión militar en ámbitos tan específicos como la banca, la construcción y la radiotelevisión,  percibimos una tendencia asociada al extraño socialismo rentístico que también ejemplificamos con el crédito adicional concedido a finales de 2013, en beneficio del Complejo Editorial  Alfredo Maneiro, constituido como sociedad anónima, por cierto, para adquirir seis mil toneladas de papel periódico en un país ahora agobiado por su escasez.

Valga la doble coletilla, por una parte, comprendemos la existencia de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM), fundada en 1975,  como una figura excepcional que respondió al diseño y desarrollo de una política pública planteada con sobriedad y claridad. Y, por otra,  la aludida tendencia marca una preocupante diferenciación entre el acto administrativo y el acto de comercio, cuya distinción huelga comentar, ahorrándonos la natural inquietud generada por el control previo o posterior que incumbe a la Contraloría de la Fuerza Armada.

El vocero de la bancada oficialista no refutó las observaciones que planteamos, como siempre esperamos del ejercicio parlamentario, sino que las tipificó o dijo tipificarlas como una ofensa a la institución armada y, por si faltase poco, nos descalificó  personalmente por comprometer la opinión de toda la bancada democrática de la oposición,  aunque estuvo muy  atento de evitar la contrarréplica reglamentaria.  Circunstancia ésta que no nos preocupa, como si ocurre con el elenco de fundaciones y empresas mercantiles del Estado que tienden a su paradójica, curiosa  e inadvertida privatización, la cual parece darle alcance a la corporación castrense.

Por añadidura, el vocero gubernamental que desenfadadamente nos acusó de ignorantes,  olvida – si es que alguna vez lo supo – debates parlamentarios como el que libremente suscitó una declaración del ministro de la Defensa en 1969, general  de división Martín García Villasmil.  Por ejemplo, sin restricción alguna de tiempo, u otras cortapisas,  el entonces diputado Héctor Mujica señalaba: “El concepto científico de la defensa nacional, que es el que prevalece en todos los países altamente desarrollados, hace de la cuestión militar una cuestión integral en la cual tienen que ver no sólo los militares, no sólo los Altos Jefes Militares, no sólo el Presidente de la República o el Jefe del Estado, sino todos los poderes de la Nación, e inclusive cualquier ciudadano de la República (…) Para nosotros los comunistas, no hay un problema militar exclusivamente dedicado a los militares (…) Lo que define no es el uniforme. Lo que define es la actitud que se tenga con respecto a los problemas del país (…) Y por encima de cualquier otra obligación, nuestras Fuerzas Armadas tienen que defender la Constitución y las leyes de la República”.  Y esto, por no abultar con la intervención del diputado José Vicente Rangel, por aquello del “cada vez que abordamos el tema militar hacemos la consabida advertencia de que no estamos atacando la institución armada” (Cámara de Diputados / Diario de Debates, nr. 78 del 10/12/1969).

Fotografía:  A finales de 1969, el entonces ministro de la Defensa emitió unas declaraciones imprudentes que suscitó la atención de la prensa y  un libérrimo debate parlamentario, en el cual voces de los sectores de izquierda,  como las de Héctor Mujica y José Vicente Rangel, se hicieron sentir, hoy ignoradas por los supuestos herederos de la bancada del PSUV en la Asamblea Nacional. La gráfica, es una muestra parcial de la portada de la revista Semana, Caracas, nr. 92 del 04 al 11/12/69.

A finales de 1969, el entonces ministro de la Defensa emitió unas declaraciones imprudentes que suscitó la atención de la prensa y  un libérrimo debate parlamentario, en el cual voces de los sectores de izquierda,  como las de Héctor Mujica y José Vicente Rangel, se hicieron sentir, hoy ignoradas por los supuestos herederos de la bancada del PSUV en la Asamblea Nacional. La gráfica, es una muestra parcial de la portada de la revista Semana, Caracas, nr. 92 del 04 al 11/12/69.