EL MUNDO, Barcelona, 8 de agosto de 2018
TRIBUNA
Vieja y nueva política
Gabriel Tortella
El desarrollo del drama parlamentario que presenciamos a fines del pasado mayo me ha traído a la memoria insistentemente el título de la famosa conferencia de Ortega con que osadamente encabezo estas líneas. Aunque las circunstancias actuales son diferentes de las del tiempo en que Ortega pronunció su exposición (24 mayo 1914), existen, por desgracia, paralelos entre ambas épocas. El filósofo hablaba en nombre de la recién creada Liga de Educación Política Española, con objeto de darla a conocer y de iniciar su labor de curación de un sistema político y de un cuerpo social que en España estaban "enfermos". No podía saber el gran pensador cuán crucial era el momento escogido para su discurso: pocos meses más tarde estallaría la Primera Guerra Mundial, que marcaría una gran divisoria en la historia contemporánea y cuyas consecuencias de todo orden harían olvidar sus propósitos de educación política, aunque no ciertamente la conferencia en sí.
Reprochaba el filósofo al sistema político español que sus partidos se habían ido "anquilosando, petrificando, y consecuentemente, habían perdido toda intimidad con la nación". Se trataba de "partidos fantasmas, que defienden los fantasmas de unas ideas" (algo muy parecido diría Cambó ocho años más tarde en sus Memorias). Sólo salvaba Ortega de este anquilosamiento al "partido socialista y al movimiento sindical... las únicas potencias de modernidad que existen hoy en la vida pública española".
Acertaba plenamente nuestro filósofo: entonces. Las cosas han cambiado mucho en este siglo largo que ha transcurrido desde su famosa conferencia. Las ideas socialistas han triunfado en este intervalo y hoy socialismo y sindicalismo pertenecen plenamente a la vieja política, de pensamiento fantasmal y petrificado. Basta simplemente considerar las triquiñuelas de ilusionista a que recurre hoy el PSOE para hacerse con el poder cueste lo que cueste (si lo sabrá el sufrido contribuyente) y sin atreverse a consultar al electorado antes de embarcarse en una huida hacia delante con la esperanza de ganarse a los votantes con guiños y prebendas. El Partido Socialista está hoy firmemente incrustado en esa vieja política que, como denunciaba Ortega, no ofrece grandes ideas de reforma y mejora, sino simplemente envoltorios vacíos con colores pretendidamente atractivos (exhumación de Franco, aborto infantil y un largo etcétera). No es el único: pero es la formación que lideró esa turbia maniobra parlamentaria del pasado mes de mayo para impedir la manifestación de la voluntad popular. Para ello, el socialismo de Sánchez concitó a un abigarrado aquelarre de partidos hoy ya viejos (algunos catalanes se renuevan sólo en el nombre, como ciertas damas provectas se maquillan para quitarse años y pasados incómodos) a los que unía un solo objetivo: impedir que el pueblo votara para dar un giro a la política antigua, cobarde y suicida que el sistema español viene ofreciendo como solución al problema más grave que tiene planteado nuestro país desde hace ya muchos años: el separatismo. Y esa vieja solución se resume en tres palabras: ceder, conceder y subvencionar.
La vieja política de hoy conserva persistentes resabios del franquismo: es incapaz de librarse de la pesada herencia de aquel régimen que, con su machacona condena de "rojos y separatistas", confirió a estas opciones políticas una aureola totalmente injustificada. El cuerpo político español parece incapaz de desprenderse, de curarse del absurdo prejuicio de que si para Franco rojos y separatistas eran los enemigos, algo bueno habían de tener. Ello ha dado lugar a dos graves anomalías de la opinión política española: de un lado, lo que podríamos llamar la asimetría cainita; de otro, una suicida tolerancia del separatismo.
No hace mucho Teresa Giménez Barbat comentaba que en Alemania a nadie se le ocurriría relacionar a la CDU con el nazismo; sin embargo, en España no son infrecuentes las acusaciones de que el PP es heredero del franquismo. Y lo más curioso es que el PP, en lugar de emparentar al PSOE con las chekas o con Paracuellos, pongo por caso, ha aceptado con mansedumbre las acusaciones de sus detractores, esforzándose solamente en demostrar que ya está muy enmendado y regenerado. La insistencia de la izquierda en descalificar al centroderecha acusándole de ser "derecha extrema", como repetía el inefable Rodríguez Zapatero, tiene graves consecuencias; la peor de todas, el cainismo: si la derecha es tan impresentable, la colaboración con ella es imposible; por lo tanto, es preferible aliarse con los separatistas que con el Partido Popular
Esto lleva a la situación actual y concede a los separatistas una situación de privilegio político que explica que, con un 4,6% de los votos, tengan en jaque permanente a todo el sistema político español y lo desprestigien a los ojos de nuestros socios y aliados. Esto se ha visto ahora en los tribunales europeos, que han venido a decirnos: "¿Cómo quieren ustedes que definamos como reos de un delito de rebelión a unos políticos con los que ustedes pactan amigablemente a diario? No nos pidan que les resolvamos el problema que ustedes no se atreven a afrontar, que les saquemos del fuego sus propias castañas". Este humillante varapalo ha sido la consecuencia directa de este viejo cainismo que no sólo se remonta a Franco, sino que viene de muy atrás, desde el Trágala gaditano, si no desde antes. Ya decía Machado que las dos Españas nos helarían el corazón. Pues siguen haciéndolo. La asimetría cainita, esa vieja lacra de nuestra política, trae consigo una tolerancia irresponsable con los separatistas. Ejemplo perfecto de esta afirmación lo encarna el actual presidente del Gobierno.
¿Quién representa hoy la nueva política? Sin duda Ciudadanos que, con todos sus defectos e indefiniciones, ofrece la superación del viejo cainismo, con una posición de centro que conlleva una renuncia a la descalificación de los demás partidos constitucionalistas. Ciudadanos se ha mostrado dispuesto a aliarse tanto con el Partido Popular como con el PSOE, actitud que cierra la brecha creada por el cainismo. Por eso concita el odio sarraceno de los separatistas, que agreden y acosan a Rivera y Arrimadas con métodos reminiscentes de los primeros años del hitlerismo. Y por eso se unió contra Ciudadanos todo esa turbamulta de la vieja política que protagonizó la lamentable tragicomedia de la moción de censura del pasado mayo, incluida, y esto fue lo más tragicómico de todo, la víctima propiciatoria, el propio PP, demostrando hasta qué punto formaba parte del viejo bloque.
El Partido Popular, que humilló la cabeza y ofreció el pescuezo al verdugo antes que defenderse gallardamente y, si fuere necesario, convocar nuevas elecciones, demostró hasta qué punto tenía interiorizado el cainismo de que era víctima. En aquel episodio lamentable, la vieja política se retrató, coaligándose contra las elecciones, contra la democracia, con tal de cerrar el paso a la nueva política, es decir, a Ciudadanos, el único partido que se oponía claramente al separatismo y que creyó ingenuamente que su posición inequívoca sería una baza decisiva a su favor. Resultó ser una baza decisiva en su contra. Triunfó la vieja política, la de la cesión, concesión y subvención al separatismo.
El tiro pudo haberles salido por la culata a los de la vieja política cuando el PP se rebeló contra ella y eligió por sorpresa a Pablo Casado, que representa algo muy distinto a la ambigüedad de Rajoy. Contra él se concitan, con el tema del máster, los que, sin estar libres de pecado, están dispuestos a lanzar la primera piedra y las que hagan falta para impedir la renovación política.
Decía Ortega de las Cortes de 1914 que "no pueden vivir, porque para un organismo de esta naturaleza vivir al día, en continuo susto, sin poder tomar una trayectoria un poco amplia, equivale a no poder vivir". Igualito que ahora. Ha pasado más de un siglo y la vieja política sigue con nosotros. ¿Hasta cuándo?
(*) Gabriel Tortella, economista e historiador, cuenta, entre sus publicaciones recientes con Cataluña en España. Historia y mito (con J.L. García Ruiz, C. E. Núñez y G. Quiroga) y "¿Es España una nación?", en Claves, mayo-junio 2018.
Ilustración: Raúl Arias.
Fotografía: José Ortega y Gasset: http://barricadaletrahispanic.blogspot.com/2012/02/jose-ortega-y-gasset.html
Fuente:
http://www.elmundo.es/opinion/2018/08/08/5b6973fae2704ea61e8b4610.html
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viernes, 31 de agosto de 2018
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viernes, 17 de agosto de 2018
OBSCURANTISMO
EL MUNDO, Barcelona, 16 de agosto de 2018TRIBUNA
Nihilismo en nombre del islam
Haizam Amirah Fernández
Nadie le ha hecho más daño al islam que algunos musulmanes. Los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils, de los que ahora se cumple un año, fueron un duro recordatorio de lo que son capaces de hacer quienes usan una religión para llevar a cabo acciones contrarias a sus enseñanzas más básicas. De nuevo, unos jóvenes procedentes de un país musulmán (Marruecos en este caso) pero criados en una sociedad europea se sumieron en un proceso de radicalización en un periodo corto de tiempo. Una vez más, los vínculos familiares y las relaciones de confianza actuaron como catalizador del radicalismo. Como ocurre casi siempre, un agente radicalizador (el imam de Ripoll) ejerció el papel de liderazgo y autoridad para hacer que el grupo pasara de las ideas extremistas a la acción letal.
Lo ocurrido en Barcelona y Cambrils forma parte de un fenómeno que se repite en países europeos desde hace cerca de 20 años, al que se ha denominado terrorismo yihadista autóctono (homegrown, en inglés). Ese fenómeno se ha acentuado en lo que va de década, sobre todo desde la aparición del Estado Islámico en 2014 a raíz del desbordamiento de los conflictos en Irak y Siria. El perfil de varios radicales violentos se repite con ligeras variaciones: suelen ser varones jóvenes, de segunda generación de inmigrantes o conversos locales, en ocasiones con un historial de delincuencia por tráfico de drogas y actos violentos, con algunas estancias en prisión, con una escasa o nula formación religiosa y que experimentan un proceso de conversión/radicalización acelerado dentro de un grupo de familiares o amigos, todo mediante el uso frecuente de internet.
Un rasgo que diferencia a la actual ola de terrorismo yihadista autóctono en comparación con etapas anteriores es el culto a la muerte. Los yihadistas que cometen atentados en Europa hoy no sólo están preparados para morir, sino que eligen la muerte de forma sistemática como parte de su propósito. Para ellos, su plan de huida es hacia la otra vida, con el paraíso como destino. Su ruptura con la vida terrenal se inicia incluso antes de detonar un artefacto explosivo o de enfrentarse a las fuerzas de seguridad. Ponen fin a su propia existencia mientras infligen un daño a quienes se quedan en este mundo que ellos detestan. Como bien indica el estudioso del yihadismo Olivier Roy, la paradoja es que esos jóvenes radicales dispuestos a entregar sus vidas no son unos soñadores utópicos, sino unos nihilistas.
La fascinación con la muerte, los atentados suicidas y la búsqueda intencionada del martirio son un fenómeno relativamente novedoso en el yihadismo contemporáneo. Ante todo, se trata de un movimiento juvenil, al menos entre los que optan por morir matando. Además de la ruptura con el mundo terrenal y con sus vidas anteriores a la radicalización, la mayoría buscan romper con la cultura de las generaciones anteriores, con las prácticas religiosas de sus padres y con las creencias en las que crecieron. Asumen que el mundo que les rodea es corrupto y aceptan que sus enemigos merecen y deben morir. Da igual que esos enemigos sean "infieles", "cruzados", judíos o musulmanes. De hecho, la preferencia de los yihadistas a nivel global es matar musulmanes, bien porque no sean de su agrado o por considerarlos "daños colaterales" de sus acciones.
Entrar en la órbita yihadista conlleva una elección autodestructiva. Eso no debería sorprender viendo las biografías de numerosos de esos individuos conocidos para las autoridades europeas: provienen de familias desestructuradas, muestran odio hacia una sociedad que sienten que les humilla y adquieren una apariencia o pautas de comportamiento dictadas por el puritanismo salafista. Con frecuencia, dicen querer dejar atrás una vida de excesos de drogas y alcohol, problemas con la justicia y recurrentes conflictos de identidad. La militancia en movimientos yihadistas tampoco ayuda al resto de musulmanes a los que los yihadistas dicen defender. Podrían elegir formas de mejorar la vida de sus correligionarios, como el activismo social o el voluntariado. Sin embargo, optan por la vía de la aniquilación. Sus acciones no ofrecen ningún horizonte más próspero a nadie, no construyen un proyecto político de futuro y dañan la imagen del islam.
La dimensión nihilista es clave para entender el yihadismo contemporáneo en Europa. La violencia empleada en los atentados terroristas parece ser un fin en sí mismo. El salvajismo se ha convertido en una especie de iconografía imprescindible para magnificar el impacto emocional de las acciones de los yihadistas que deciden romper con el mundo. Su voluntad también es romper el mundo en el que viven los demás. Se puede entender el actual terrorismo yihadista autóctono como una revuelta de individuos marginales (o automarginados), trastornados, vulnerables y en estado de huida existencial. Entre esas categorías no resulta difícil encontrar voluntarios para morir. Basta con que un reclutador carismático dé con ellos y que se adhieran a una narrativa convenientemente escogida para dar sentido a su transformación radical. Es habitual que esos grupos una vez constituidos actúen cual sectas milenaristas, plagadas de profecías y relatos fantasiosos.
Una consecuencia de los atentados terroristas indiscriminados en suelo europeo es el aumento del rechazo hacia el islam y los musulmanes entre las poblaciones occidentales. Eso en sí mismo es una victoria, buscada o no, para los nihilistas que actúan en nombre del islam para justificar sus proyectos destructivos. Los atentados producen miedo al otro y desconfianza de sus intenciones. Ese miedo, mezclado con el desconocimiento de ese otro y de su tradición religiosa, es lo que alimenta la islamofobia. También lo hace la manipulación interesada de los extremistas y oportunistas no musulmanes que intentan sacar rédito político. Para poder luchar mejor contra la lacra del terrorismo, conviene tener claro lo siguiente: confundir islam con terrorismo yihadista es el regalo póstumo que algunos hacen -sin querer- a los suicidas que buscan radicalizar y polarizar a las sociedades occidentales.
La relación entre el yihadismo y el salafismo es compleja, aunque existen vínculos evidentes. El salafismo, entendido como la corriente de interpretación del islam más ultraconservadora y puritana, ofrece una visión del mundo en blanco y negro. Esa corriente religiosa marca pautas estrictas de comportamiento a sus seguidores y suele tener un enfoque proselitista. Los salafistas no son, ni de lejos, mayoría entre los musulmanes. Sin embargo, su mensaje cuenta con grandes apoyos, directos o tácitos, desde los poderes políticos en numerosos países. Algunos lo utilizan como herramienta para extender su influencia político-religiosa, para lo cual han financiado el salafismo generosamente durante décadas, sobre todo con dinero del petróleo. Otros autócratas buscan el apoyo salafista para legitimar su poder y recibir el sello de buenos musulmanes, aunque de cara al exterior se presenten como "laicos".
El salafismo suele estar revestido de intolerancia y rechazo a la pluralidad. Sus principales objetivos son los otros musulmanes que no siguen su corriente, bien sea para convertirlos o para atacarlos. Evidentemente, no todos los salafistas son yihadistas, pero lo cierto es que todos los yihadistas pasan por una fase salafista en su proceso de radicalización. Tal como señala el periodista experto en yihadismo Ahmed Rashid, "el nuevo orden islámico para estos grupos yihadistas se reduce a [establecer] un código penal duro y represivo dirigido a sus ciudadanos, que despoje al islam de sus valores, humanismo y espiritualidad". Con tal proyecto en mente, resulta evidente que, tanto los salafistas como los yihadistas, pretenden adueñarse del islam para ser vistos como los "verdaderos" musulmanes. Para ello, necesitan restar visibilidad a los musulmanes moderados que están bien integrados en sociedades occidentales, que son muchos más.
El nihilismo aniquilador en nombre del islam es un peligro real. Su éxito sería romper la convivencia en las sociedades abiertas y erosionar sus instituciones democráticas. Los yihadistas maltratan al islam para justificar su odio al mundo. Por ese motivo, los musulmanes que no están en los extremos -y que son mayoría- deben ser los principales aliados de las sociedades democráticas en la lucha contra los maltratadores de su religión, bien sean fanáticos oscurantistas o tiranos totalitaristas.
(*) Haizam Amirah Fernández es investigador principal de Mediterráneo y Mundo Árabe en el Real Instituto Elcano y profesor de Relaciones Internacionales en el Instituto de Empresa.
Ilustración: Raúl Arias.
Fuente:
http://www.elmundo.es/opinion/2018/08/16/5b73fc26ca474150698b45f5.html.
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jueves, 28 de septiembre de 2017
NACIONALPOPULISMO
CARTAS A K.
Calor de ley
Arcadi Espada
Mi liberada:Como sabes, creo que el ocio, tan malsano según los viejos breviarios, es el principal sustento del apoyo en las calles a los planes del gobierno ilegal. El apoyo no pasa hasta ahora de simbólico. Una revolución necesita revolucionarios y estos días va a verse cuántas personas (personas y no grey mediática) hay dispuestas a perder una hora de trabajo por la estúpida independencia. Pero mi problema hoy es otro. Es el de saber cuántas personas hay en España dispuestas a perder una hora de trabajo (¡o de ocio!) en la defensa del Estado de Derecho. Sobre este asunto circula una teoría blanda y pasiva, que aspira con un punto de empalago a la irreprochabilidad. Los demócratas no tendrían necesidad de movilizarse, porque el Estado ya se moviliza por ellos. La teoría justifica muchas conductas. Por ejemplo, la de mi amiga y patriota L, que pasará el día de la infamia cabalgando. Y es la teoría predilecta de los partidos que no han cumplido con sus obligaciones. Durante décadas ni el Partido Socialista, que es el enfermo bipolar de la democracia española, ni el Partido Popular, cuyos complejos lo conducen con frecuencia al estado de coma, han trabajado por el desprestigio moral, político y cultural del nacionalismo, tarea a la que los obligaba sus elementales convicciones acerca de la igualdad y la libertad. Ni siquiera en este tiempo de fibrilación mediática la movilización se improvisa. Una de las tantas ridículas mentiras del nacionalismo es asegurar que sus movilizaciones son espontáneas. No lo son por ausencia de convocatoria, que la hay siempre y eficazmente replicada; pero, sobre todo, porque desde hace años la sociedad nacionalista está movilizada permanentemente, desde que se levanta para ir a la escuela hasta que se acuesta con el último informativo de la televisión pública. Sin embargo, y después de 40 años, el éxito de movilización ha sido relativo. El gran trauma silencioso del secesionismo es que solo ha logrado alistar a catalanes de origen, rompiendo definitivamente con su mantra falaz de la unidad civil de Cataluña. La relación entre el voto independentista y la lengua materna (y entre el voto secesionista y la frecuentación de la radiotelevisión pública, que ha analizado el estadístico Albert Satorra) es incuestionable y exhibe, no solo el fracaso del nacionalismo, sino la medida de la irresponsabilidad de un plan de ruptura que no alcanza ni de lejos la adhesión de la mayoría de ciudadanos. Al otro lado está la que llaman, con una punta de misterio, mayoría silenciosa. Pero como sucede con la movilización nacionalista no hay mayor misterio con ella. Ni la mayoría ruidosa ni la mayoría silenciosa actúan espontáneamente. Se trata de una población, algo más de la mitad de la población, que vive en campo contrario ajeno gracias a la insidiosa labor del nacionalismo pero también gracias a la pasividad de los dos partidos españoles, a los que ahora cabe añadir Ciudadanos, también y sorprendentemente desinteresado en impulsar la movilización de la sociedad civil favorable. La mayoría silenciosa no debe su adjetivo a ninguna especial condición biológica, sino al hecho, claro, puro y simple, de que nadie le ha pedido la palabra. Es evidente que el constitucionalismo, por su propia conducta no puede competir con el secesionismo en la frecuentación de la calle. Pero otra cosa muy distinta y desmoralizadora es que haya renunciado a trazar un vínculo caliente, emocional con los ciudadanos que en Cataluña están del lado de la democracia. A lo largo de esta semana el nacionalpopulismo ha mostrado su cara más siniestra, que ha incluido la actividad borroka de sus escuadrones. La complicidad insurreccional, al menos por pasiva, de los mandos de la policía catalana, sobre los que es difícil mantener una conjetura de lealtad constitucionalista y los graves errores del ministerio del Interior, que no previó un dispositivo de seguridad propio en la actuación de la Guardia Civil en el departamento de Economía y que envió a cuerpo gentil a la policía a la sede de la CUP, dieron lugar a escenas de humillación y peligro intolerables en un Estado de Derecho. A ellas se añadieron algunos sucesos relativamente menores como el de la bravuconería arrogante de los estibadores del puerto de Barcelona que vocearon su negativa a colaborar en la logística de los barcos que alojarán a la policía. O la ya habitual presión de la turba a los jueces, esta vez frente al edificio donde interrogaban a los imputados del departamento de Economía. Estos sucesos, que se enmarcan en una estrategia de intimidación del secesionismo, van recibiendo respuestas más o menos eficaces del Estado. La última, la coordinación bajo un mando único de todas las policías que operan en Cataluña. Pero la sociedad civil democrática sigue hablando en voz baja. Y aún es la hora de que los partidos que la representan hayan expresado un mínimo sentimiento de cordialidad hacia las policías, acosados e insultados por el matonismo nacionalista de la misma forma y por las mismas razones que los alcaldes democráticos han sido señalados, insultados y acosados. El Estado tiene el monopolio de la violencia, entre otros contundentes monopolios; pero la acción democrática la comparte con los ciudadanos. Hay una última y delicada responsabilidad que el ciudadano no puede delegar en el Estado. Alude a su propia dignidad política. Esa responsabilidad es un aliento imprescindible de la ley. Y promover y organizar su ejercicio, ¡ese calor de ley!, es una tarea que compete, principalmente, a los partidos, entre otras muchas razones porque son los que traducen en ley la voluntad de los ciudadanos. El encuentro público entre iguales no debe ser del dominio exclusivo de la demagogia populista. Si no defendida, la democracia debe ser celebrada en la calle. Y hasta este momento del Proceso en la calle catalana la democracia solo se pisotea. Es inaudito que a una semana del peligroso 1 de octubre los partidos no hayan convocado en Barcelona, en el centro del acoso nacionalpopulista, una manifestación de celebración democrática que reúna a los españoles libres e iguales de Cataluña y de fuera de Cataluña. Y cuya banda sonora sea Mediterráneo, este himno antixenófobo, que desde anoche suena en Cataluña cual sofisticada alternativa -lo admito, libe: ¡cómo nos hemos de ver!- a las rítmicas, guturales y oscuras cacerolas, ajenas a las armonías complejas.Y sigue ciega tu camino.A.
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Ilustración: Raúl Arias.
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sábado, 4 de febrero de 2017
DE LOS SOBERANISTAS
EL MUNDO, Barcelona, 2 de febrero de 2017
Golpe de Estado permanente
Jorge de Esteban
Adopto como título de este artículo el de la famosa obra del poliédrico François Mitterrand en su alegato contra el general De Gaulle, aunque naturalmente lo que digo aquí no tiene nada que ver con aquella controversia. Pero me parece que ese enunciado es enormemente expresivo de lo que viene ocurriendo en Cataluña desde hace ya muchos años.
Ahora bien, el concepto de golpe de Estado ha ido evolucionando desde sus primeras enunciaciones hasta llegar a esta nueva forma catalana de hacerse con el poder y, consecuentemente, de lograr la independencia. En efecto, el francés Gabriel Naudé, uno de los primeros autores que se ocuparon de este concepto en el siglo XVII, en su libro Consideraciones políticas sobre los golpes de Estado, lo define en plural, afirmando que "son acciones osadas y extraordinarias que los príncipes están obligados a realizar en los negocios difíciles, contra el derecho común, sin guardar siquiera ningún procedimiento ni formalidad de justicia, arriesgando el interés particular por el bien público". En tal caso, sería mejor definir esta modalidad como autogolpe, pues en definitiva es el mismo sujeto quien sigue ejerciendo el poder. Pero esta primera acepción cambiará en parte de sentido para pasar a definir la que es hoy habitual y que popularizó especialmente Curzio Malaparte en su famosa obra Técnicas de golpe de Estado. Sea como fuere, esta segunda versión del concepto de golpe de Estado se podría definir como una acción violenta y repentina por medio de la cual un grupo de personas, normalmente militares, se apodera del poder al margen de las reglas constitucionales. Semejante procedimiento es, curiosamente, el modo de cambio de la autoridad más frecuente tanto en la Historia como en el mundo moderno. En efecto, se pueden contabilizar más de 100 golpes de Estado en el siglo XX y en lo que llevamos de siglo XXI se señala que ya han se han producido más de 30 de este tipo. Podemos apuntar como elementos fijos de un golpe de Estado los cuatro siguientes: es un método violento, repentino en el sentido de que no se advierte su preparación, que se realiza violando las normas constitucionales y es protagonizado, en todo o en parte, por militares, sin que sea necesario que se cuente con el apoyo de una gran parte de la población, más bien al contrario.
Dicho lo cual, nos encontramos en la actualidad con una categoría nueva de golpe de Estado, dirigido a la secesión de una parte del territorio nacional de España, con la idea de crear un nuevo Estado dirigido por los nacionalistas catalanes. El objetivo es el mismo de todos los golpes de Estado, esto es, apoderarse del poder, pero las diferencias son sustanciales. En primer lugar, el poder lo seguirán ejerciendo los mismos que lo ejercen ahora, pero el marco de actuación ya no será el mismo, pues se pasaría de una comunidad autónoma a un auténtico Estado. En segundo lugar, el golpe no es repentino, sino que lleva gestándose muchos años de forma escalonada. En tercer lugar, el golpe no es violento ni está protagonizado por militares, sino que su fuerza se basa en los votos de una parte de la población catalana que, en cualquier caso, no supera el 50% .
Sea lo que sea, la cuestión consiste en saber por qué y en qué momento comenzó a labrarse el señalado golpe de Estado a la catalana. La razón de por qué surge es muy sencilla, puesto que nos la facilita la Historia. Creo que no admite discusión que por diversas razones, comenzando por la lengua, Cataluña -y, en menor medida, el País Vasco- posee una singularidad que la hace sobresalir de las demás regiones españolas, lo cual no significa que los catalanes deban tener más derechos que el resto de los españoles, pero sí que su autogobierno debe ser reconocido específicamente, pero dentro de un Estado unitario para toda España. Es más: algún historiador mantiene que "en inmensa medida, el modelo catalán, mediante la Casa de Aragón, conforma España" porque a través del pactismo adoptado por los Reyes Católicos se constituyó la unidad en la diversidad de España, puesto que cada territorio se administraba a sí mismo. Cuando se proclamó la II República en 1931, esos antecedentes históricos condicionaron el hecho de que la autonomía de Cataluña fuese una de las primeras medidas adoptadas en el nuevo Estado.
No es, por tanto, extraño que Adolfo Suárez, respaldado por el Rey, llegase a la conclusión, apenas tres meses después de las primeras elecciones democráticas del 15 de junio de 1977, de que era necesario restablecer la Generalitat a cuyo frente estaba el presidente Tarradellas. En consecuencia, el 5 de octubre de 1977 se restituye el autogobierno provisional de Cataluña mediante un Real Decreto-Ley en el que se dice que "hasta que se promulgue la Constitución, no será posible el establecimiento estatutario de las autonomías". En ese momento lo único seguro es que Cataluña podrá disponer de autonomía, pero sin más detalles. El propio Tarradellas, que fue presidente de la Generalitat en el exilio durante 26 años, opinaba lo siguiente: "Si no me he cansado de repetir mi convicción de que la autonomía política de los catalanes no tiene nada que ver con las aspiraciones autonómicas de otros pueblos de España es porque no tengo conocimiento de que su historia los determine interiormente a la autonomía con la intensidad y las característica a que estamos acostumbrados los catalanes. Los catalanes no renunciaremos nunca a nuestros derechos, a nuestras instituciones y libertades. Y no renunciaremos a ellos dentro de España".
Pues bien, como es sabido, Tarradellas cesa en 1980 como presidente de la Generalitat y su sucesor es Jordi Pujol. A partir de ese momento, Pujol, que venía precedido por el escándalo de Banca Catalana, irá construyendo un régimen que permitiría ir dando pasos para instalar el golpe de Estado permanente, con el objetivo de lograr algún día la independencia de Cataluña, y que además le sirvió presuntamente para levantar una inmensa fortuna familiar. Algo intuyó Tarradellas porque antes de morir llegó a sentenciar que Pujol había instaurado en Cataluña una "dictadura blanca", ya que nada se movía en el Principado sin que él lo supiese. Pero, como digo, el deseo más ferviente de Pujol, aunque lo disimulase, era seguramente separarse del resto de autonomías para acabar algún día construyendo un Estado propio. Es sintomático a este respecto el comentario que Pujol formuló a Ardanza, del que estaba celoso por sus mejores datos teóricos para una posible independencia: "Es que los vascos tenéis derechos históricos, concierto económico y ETA". Sin comentarios.
Así las cosas, la autonomía se fue transformando paulatinamente en soberanía, apareciendo los llamados soberanistas, eufemismo que recoge a los separatistas que irán incrementándose entre los jóvenes gracias a la enseñanza y al control de los medios. Los avances en el golpe de Estado permanente parecía que se iban a congelar con la llegada de un nuevo presidente de la Generalitat, el socialista Pascual Maragall, al que le sucedería también otro socialista, José Montilla. Pero, paradójicamente, iba a ocurrir lo contrario, pues se elaboró un nuevo Estatuto que, sin ser necesario, desbordó ampliamente el marco constitucional y aceleró las etapas hacia la reivindicación de la independencia por parte de los soberanistas, apoyados por menos de la mitad de la población catalana. A Montilla le sucede Artur Mas, que insiste en que se reconozca el "derecho de autodeterminación", bajo el disfraz del inexistente "derecho a decidir". Así llegamos al 9-N, fecha en que se celebra un referéndum ilegal y prohibido expresamente por el Estado, pero que, sin embargo, el Gobierno de Rajoy lo permite mirando hacia otro lado. Todo lo que ocurre a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut y de las manifestaciones de la Diada de 2012 no es más que un descaro inconstitucional para ir creando las estructuras del nuevo Estado catalán que la autoridad de Madrid parecía desconocer o, lo que es peor, permitir de forma suicida. Un colega mío, ex vicepresidente del TC, Carles Viver, es el cerebro que tiene todo planificado ante la pasividad del Gobierno de Rajoy y el pánico de los catalanes que no son independentistas y que se encuentran indefensos.
Las declaraciones que hizo un insensato ex juez hace unos meses nos reiteran muy claro que el golpe de Estado permanente ya se acerca a su fin porque el referéndum ilegal que piensan organizar, si se les deja, previsto para septiembre, se quiere adelantar ahora a antes del verano a causa del eco de la verborrea del juez constituyente que ha destapado el pastel. Según este jurista de pacotilla, para conseguir ese objetivo no hay más camino que no cumplir las leyes y la Constitución, algo que el Gobierno de Madrid ha tratado de impedir hasta ahora con pellizcos de monja. Ahora bien, los gobernantes catalanes siguen hablando de realizar el referéndum, pero lo curioso es que como no lo pueden hacer con la legalidad vigente, se inventarán unas normas hechas a su medida, siguiendo aquel lema de los almacenes modernos que decía: "Sírvase Ud. mismo".
Hemos llegado a la hora de la verdad y el Gobierno del PP, junto con los demás partidos que defienden la Constitución, tienen que sopesar qué medidas tomar, entre las varias que hay, para desarmar un mecano que se ha venido construyendo desde hace años y que si se mantiene el futuro de España será muy problemático.
(*) Jorge de Esteban es catedrático de Derecho Constitucional y presidente del Consejo Editorial de EL MUNDO.
Fuente:http://www.elmundo.es/opinion/2017/02/02/58922631468aeb08208b45bc.html
Ilustración: Raúl Arias.
Golpe de Estado permanente
Jorge de Esteban
Adopto como título de este artículo el de la famosa obra del poliédrico François Mitterrand en su alegato contra el general De Gaulle, aunque naturalmente lo que digo aquí no tiene nada que ver con aquella controversia. Pero me parece que ese enunciado es enormemente expresivo de lo que viene ocurriendo en Cataluña desde hace ya muchos años.
Ahora bien, el concepto de golpe de Estado ha ido evolucionando desde sus primeras enunciaciones hasta llegar a esta nueva forma catalana de hacerse con el poder y, consecuentemente, de lograr la independencia. En efecto, el francés Gabriel Naudé, uno de los primeros autores que se ocuparon de este concepto en el siglo XVII, en su libro Consideraciones políticas sobre los golpes de Estado, lo define en plural, afirmando que "son acciones osadas y extraordinarias que los príncipes están obligados a realizar en los negocios difíciles, contra el derecho común, sin guardar siquiera ningún procedimiento ni formalidad de justicia, arriesgando el interés particular por el bien público". En tal caso, sería mejor definir esta modalidad como autogolpe, pues en definitiva es el mismo sujeto quien sigue ejerciendo el poder. Pero esta primera acepción cambiará en parte de sentido para pasar a definir la que es hoy habitual y que popularizó especialmente Curzio Malaparte en su famosa obra Técnicas de golpe de Estado. Sea como fuere, esta segunda versión del concepto de golpe de Estado se podría definir como una acción violenta y repentina por medio de la cual un grupo de personas, normalmente militares, se apodera del poder al margen de las reglas constitucionales. Semejante procedimiento es, curiosamente, el modo de cambio de la autoridad más frecuente tanto en la Historia como en el mundo moderno. En efecto, se pueden contabilizar más de 100 golpes de Estado en el siglo XX y en lo que llevamos de siglo XXI se señala que ya han se han producido más de 30 de este tipo. Podemos apuntar como elementos fijos de un golpe de Estado los cuatro siguientes: es un método violento, repentino en el sentido de que no se advierte su preparación, que se realiza violando las normas constitucionales y es protagonizado, en todo o en parte, por militares, sin que sea necesario que se cuente con el apoyo de una gran parte de la población, más bien al contrario.
Dicho lo cual, nos encontramos en la actualidad con una categoría nueva de golpe de Estado, dirigido a la secesión de una parte del territorio nacional de España, con la idea de crear un nuevo Estado dirigido por los nacionalistas catalanes. El objetivo es el mismo de todos los golpes de Estado, esto es, apoderarse del poder, pero las diferencias son sustanciales. En primer lugar, el poder lo seguirán ejerciendo los mismos que lo ejercen ahora, pero el marco de actuación ya no será el mismo, pues se pasaría de una comunidad autónoma a un auténtico Estado. En segundo lugar, el golpe no es repentino, sino que lleva gestándose muchos años de forma escalonada. En tercer lugar, el golpe no es violento ni está protagonizado por militares, sino que su fuerza se basa en los votos de una parte de la población catalana que, en cualquier caso, no supera el 50% .
Sea lo que sea, la cuestión consiste en saber por qué y en qué momento comenzó a labrarse el señalado golpe de Estado a la catalana. La razón de por qué surge es muy sencilla, puesto que nos la facilita la Historia. Creo que no admite discusión que por diversas razones, comenzando por la lengua, Cataluña -y, en menor medida, el País Vasco- posee una singularidad que la hace sobresalir de las demás regiones españolas, lo cual no significa que los catalanes deban tener más derechos que el resto de los españoles, pero sí que su autogobierno debe ser reconocido específicamente, pero dentro de un Estado unitario para toda España. Es más: algún historiador mantiene que "en inmensa medida, el modelo catalán, mediante la Casa de Aragón, conforma España" porque a través del pactismo adoptado por los Reyes Católicos se constituyó la unidad en la diversidad de España, puesto que cada territorio se administraba a sí mismo. Cuando se proclamó la II República en 1931, esos antecedentes históricos condicionaron el hecho de que la autonomía de Cataluña fuese una de las primeras medidas adoptadas en el nuevo Estado.
No es, por tanto, extraño que Adolfo Suárez, respaldado por el Rey, llegase a la conclusión, apenas tres meses después de las primeras elecciones democráticas del 15 de junio de 1977, de que era necesario restablecer la Generalitat a cuyo frente estaba el presidente Tarradellas. En consecuencia, el 5 de octubre de 1977 se restituye el autogobierno provisional de Cataluña mediante un Real Decreto-Ley en el que se dice que "hasta que se promulgue la Constitución, no será posible el establecimiento estatutario de las autonomías". En ese momento lo único seguro es que Cataluña podrá disponer de autonomía, pero sin más detalles. El propio Tarradellas, que fue presidente de la Generalitat en el exilio durante 26 años, opinaba lo siguiente: "Si no me he cansado de repetir mi convicción de que la autonomía política de los catalanes no tiene nada que ver con las aspiraciones autonómicas de otros pueblos de España es porque no tengo conocimiento de que su historia los determine interiormente a la autonomía con la intensidad y las característica a que estamos acostumbrados los catalanes. Los catalanes no renunciaremos nunca a nuestros derechos, a nuestras instituciones y libertades. Y no renunciaremos a ellos dentro de España".
Pues bien, como es sabido, Tarradellas cesa en 1980 como presidente de la Generalitat y su sucesor es Jordi Pujol. A partir de ese momento, Pujol, que venía precedido por el escándalo de Banca Catalana, irá construyendo un régimen que permitiría ir dando pasos para instalar el golpe de Estado permanente, con el objetivo de lograr algún día la independencia de Cataluña, y que además le sirvió presuntamente para levantar una inmensa fortuna familiar. Algo intuyó Tarradellas porque antes de morir llegó a sentenciar que Pujol había instaurado en Cataluña una "dictadura blanca", ya que nada se movía en el Principado sin que él lo supiese. Pero, como digo, el deseo más ferviente de Pujol, aunque lo disimulase, era seguramente separarse del resto de autonomías para acabar algún día construyendo un Estado propio. Es sintomático a este respecto el comentario que Pujol formuló a Ardanza, del que estaba celoso por sus mejores datos teóricos para una posible independencia: "Es que los vascos tenéis derechos históricos, concierto económico y ETA". Sin comentarios.
Así las cosas, la autonomía se fue transformando paulatinamente en soberanía, apareciendo los llamados soberanistas, eufemismo que recoge a los separatistas que irán incrementándose entre los jóvenes gracias a la enseñanza y al control de los medios. Los avances en el golpe de Estado permanente parecía que se iban a congelar con la llegada de un nuevo presidente de la Generalitat, el socialista Pascual Maragall, al que le sucedería también otro socialista, José Montilla. Pero, paradójicamente, iba a ocurrir lo contrario, pues se elaboró un nuevo Estatuto que, sin ser necesario, desbordó ampliamente el marco constitucional y aceleró las etapas hacia la reivindicación de la independencia por parte de los soberanistas, apoyados por menos de la mitad de la población catalana. A Montilla le sucede Artur Mas, que insiste en que se reconozca el "derecho de autodeterminación", bajo el disfraz del inexistente "derecho a decidir". Así llegamos al 9-N, fecha en que se celebra un referéndum ilegal y prohibido expresamente por el Estado, pero que, sin embargo, el Gobierno de Rajoy lo permite mirando hacia otro lado. Todo lo que ocurre a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut y de las manifestaciones de la Diada de 2012 no es más que un descaro inconstitucional para ir creando las estructuras del nuevo Estado catalán que la autoridad de Madrid parecía desconocer o, lo que es peor, permitir de forma suicida. Un colega mío, ex vicepresidente del TC, Carles Viver, es el cerebro que tiene todo planificado ante la pasividad del Gobierno de Rajoy y el pánico de los catalanes que no son independentistas y que se encuentran indefensos.
Las declaraciones que hizo un insensato ex juez hace unos meses nos reiteran muy claro que el golpe de Estado permanente ya se acerca a su fin porque el referéndum ilegal que piensan organizar, si se les deja, previsto para septiembre, se quiere adelantar ahora a antes del verano a causa del eco de la verborrea del juez constituyente que ha destapado el pastel. Según este jurista de pacotilla, para conseguir ese objetivo no hay más camino que no cumplir las leyes y la Constitución, algo que el Gobierno de Madrid ha tratado de impedir hasta ahora con pellizcos de monja. Ahora bien, los gobernantes catalanes siguen hablando de realizar el referéndum, pero lo curioso es que como no lo pueden hacer con la legalidad vigente, se inventarán unas normas hechas a su medida, siguiendo aquel lema de los almacenes modernos que decía: "Sírvase Ud. mismo".
Hemos llegado a la hora de la verdad y el Gobierno del PP, junto con los demás partidos que defienden la Constitución, tienen que sopesar qué medidas tomar, entre las varias que hay, para desarmar un mecano que se ha venido construyendo desde hace años y que si se mantiene el futuro de España será muy problemático.
(*) Jorge de Esteban es catedrático de Derecho Constitucional y presidente del Consejo Editorial de EL MUNDO.
Fuente:http://www.elmundo.es/opinion/2017/02/02/58922631468aeb08208b45bc.html
Ilustración: Raúl Arias.
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miércoles, 28 de diciembre de 2016
REHACER LO DESHECHO
EL MUNDO, Barcelona, 27 de diciembre de 2016
TRIBUNA
¿Hacer política? ¿Qué política?
Raúl Arias
En el omnipresente debate con el nacionalismo catalán -no con Cataluña-, se habla muy a menudo de la necesidad de hacer política. Y si me lo permiten, desde mi modesta experiencia personal, no puedo estar más de acuerdo. Entre otras cosas, porque siempre hay que hacer política en un sistema democrático y abierto.
Y hacer política democrática es, fundamentalmente, pedagogía. Es dar argumentos, plantear debates y sostenerlos, transmitir mensajes y posiciones a la sociedad, contraponer ideas y posiciones a las de los adversarios, y, por consiguiente, disputar espacio social y político, como paso imprescindible para ganar, legítimamente, espacio electoral.
Y me parece poco discutible que, desde el Gobierno de España, y desde el partido que lo sustenta, no ha habido suficiente política. Es verdad, a su vez, que, de esta ausencia, o insuficiencia, han adolecido también gobiernos anteriores. Y que la principal crítica a la última etapa es que la respuesta política al desafío independentista se ha limitado a la respuesta jurídica. Condición necesaria, pero, sin duda, no suficiente. Porque no basta, evidentemente, con hacer cumplir la ley. Hace falta llegar a las mentes y a los sentimientos. Y no sólo a los que están enfrente, difíciles de convencer. Sobre todo, a los que se han sentido poco arropados -por decirlo de manera suave- por los sucesivos gobiernos de España, y, siento decirlo, también por el último.
Y ahí es donde hay que hacer política. El nacionalismo catalán lleva décadas en un proceso de "construcción nacional" que, ahora, cree que ha llegado a un suficiente grado de maduración como para plantear seriamente la independencia. Y para ello ha utilizado tres palancas, sobre las cuales ha "hecho política". La primera es el sistema educativo. Y, en mi opinión, el principal error ha sido centrar el debate en la lengua y no en los contenidos educativos, sobre todo en Historia y Geografía. La segunda es la política de medios de comunicación, dejando que los medios públicos y privados subvencionados hayan contribuido, en contra de su obligación de reflejar la pluralidad de la sociedad catalana, a ese proceso de "construcción nacional", que se basa en el enaltecimiento de lo propio en contraposición a lo que se considera ajeno, es decir, la idea de España. Y tercero, la progresiva aceptación, implícita pero real, del "oscurecimiento" del Estado en Cataluña, de manera que, en muchas zonas de su territorio, viven ya como si fueran independientes, puesto que la presencia de los símbolos estatales y/o nacionales españoles es inexistente.
Y en los tres ámbitos, el nacionalismo catalán no ha dejado de hacer política. Con notable éxito, a la vista de su determinación de culminar el procès con un referéndum unilateral de independencia. Y de plantearlo desde las instituciones de autogobierno y no sólo desde las posiciones -legítimas en democracia- de determinadas fuerzas políticas. Y todo ello, aunque sea con el altísimo coste de desgarrar a la propia sociedad catalana y de situar a las instituciones al margen de la defensa del interés general y ponerlas al servicio de un proyecto político de sólo una parte.
Y ese posicionamiento ha sido posible porque ha habido un repliegue, en la práctica, de los planteamientos contrarios. Las batallas que no se dan, siempre se pierden. Y muchas veces, por incómodo que sea, eso implica luchar en el terreno en el que te ha situado el adversario, a la espera de hacerlo en terreno más propicio. Ha habido ausencia de política. Y en los tres ámbitos mencionados, hay mucho que hacer.
Y, ahí, el largo y, además, estéril y profundamente destructivo debate sobre el nuevo Estatuto, es un buen ejemplo de profundísimos errores. El más importante fue el del PSOE y el de su Gobierno. Pensar que, para "arrinconar" al PP, era posible transformar la arquitectura institucional de España sin su concurso (el Pacto del Tinell y la famosa declaración de Zapatero sobre su aceptación acrítica de lo que viniera del Parlament). En definitiva, romper con el consenso constitucional que, por primera vez en nuestra historia, habíamos conseguido con el concurso de todos.
Pero también fue un error que, por parte del PP, no se contrarrestara adecuadamente, más allá de la respuesta, lógica pero insuficiente, de negarse a un planteamiento anticonstitucional y, sobre todo, rupturista del espíritu que hizo posible la Constitución del 78. Faltó política. Es decir, explicarse suficientemente y evitar que cuajara la idea de que se iba contra la voluntad del pueblo de Cataluña -incrementado por una petición confusa de un referéndum que se interpretó, en Cataluña y en el resto de España, como un rechazo a la voluntad del pueblo catalán- y no contra algo que cuestionaba gravemente los consensos básicos sobre nuestra convivencia. Y esa ausencia de política así entendida, está en la base de algunos de los argumentos de los independentistas, sobre todo después de la sentencia -jurídicamente impecable, por cierto- del TC, posterior a la aprobación -muy minoritaria sobre el censo- por parte del pueblo catalán en referéndum. Otro gravísimo error que proviene de la derogación del recurso previo de inconstitucionalidad.
Y ha habido muchos más. Pero ya no tiene mucho sentido darle más vueltas. Volvamos a la política democrática. Es decir, quitarles argumentos a los adversarios. Y, por ello, por primera vez en mucho tiempo, apostar por el diálogo. Obviamente, con líneas rojas. La básica es que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español y que el futuro de España, que incluye a Cataluña, nos corresponde a todos, catalanes incluidos por supuesto, pero a todos los demás también, porque estamos hablando de algo que nos incumbe profundamente a todos y no sólo a una parte.
Por ello, hay que ganar la batalla del diálogo. E invertir la carga de la prueba. Y trabajar con cosas concretas y absolutamente lógicas, porque van en beneficio de todos. ¿O es que alguien duda de que cambiar el sistema de financiación es absolutamente imprescindible para todas las CCAA? ¿O de la necesidad del corredor mediterráneo para toda España? ¿O de que no tiene ningún sentido que no exista una red de alta velocidad entre Barcelona y Valencia?
Hay muchas cosas que debatir. Pero lo más importante, a mi parecer, es hacer política de presencia de los símbolos y del sentimiento de España en Cataluña. Y que los catalanes que se sienten españoles, que aún son mayoritarios, no se sientan desamparados y faltos de arrope. Hacer política, y diálogo, pues, no es ceder a las posiciones de los adversarios, cuando pretenden romper con lo básico. Es quitarles razones y argumentos, arropar a los que lo necesitan y lo esperan, y atender a lo razonable, que puede ser mucho. Ojalá sea esa la política del Gobierno. Sobre todo, si concita el consenso con más de dos tercios del Parlamento, y con una parte sustancial de la sociedad catalana. Volvamos al espíritu de la Transición.
(*) Josep Piqué es empresario y ex ministro en diferentes carteras de los Gobiernos de José María Aznar.
Fuente:
http://www.elmundo.es/opinion/2016/12/27/586170e946163f896d8b45b7.html
TRIBUNA
¿Hacer política? ¿Qué política?
Raúl Arias
En el omnipresente debate con el nacionalismo catalán -no con Cataluña-, se habla muy a menudo de la necesidad de hacer política. Y si me lo permiten, desde mi modesta experiencia personal, no puedo estar más de acuerdo. Entre otras cosas, porque siempre hay que hacer política en un sistema democrático y abierto.
Y hacer política democrática es, fundamentalmente, pedagogía. Es dar argumentos, plantear debates y sostenerlos, transmitir mensajes y posiciones a la sociedad, contraponer ideas y posiciones a las de los adversarios, y, por consiguiente, disputar espacio social y político, como paso imprescindible para ganar, legítimamente, espacio electoral.
Y me parece poco discutible que, desde el Gobierno de España, y desde el partido que lo sustenta, no ha habido suficiente política. Es verdad, a su vez, que, de esta ausencia, o insuficiencia, han adolecido también gobiernos anteriores. Y que la principal crítica a la última etapa es que la respuesta política al desafío independentista se ha limitado a la respuesta jurídica. Condición necesaria, pero, sin duda, no suficiente. Porque no basta, evidentemente, con hacer cumplir la ley. Hace falta llegar a las mentes y a los sentimientos. Y no sólo a los que están enfrente, difíciles de convencer. Sobre todo, a los que se han sentido poco arropados -por decirlo de manera suave- por los sucesivos gobiernos de España, y, siento decirlo, también por el último.
Y ahí es donde hay que hacer política. El nacionalismo catalán lleva décadas en un proceso de "construcción nacional" que, ahora, cree que ha llegado a un suficiente grado de maduración como para plantear seriamente la independencia. Y para ello ha utilizado tres palancas, sobre las cuales ha "hecho política". La primera es el sistema educativo. Y, en mi opinión, el principal error ha sido centrar el debate en la lengua y no en los contenidos educativos, sobre todo en Historia y Geografía. La segunda es la política de medios de comunicación, dejando que los medios públicos y privados subvencionados hayan contribuido, en contra de su obligación de reflejar la pluralidad de la sociedad catalana, a ese proceso de "construcción nacional", que se basa en el enaltecimiento de lo propio en contraposición a lo que se considera ajeno, es decir, la idea de España. Y tercero, la progresiva aceptación, implícita pero real, del "oscurecimiento" del Estado en Cataluña, de manera que, en muchas zonas de su territorio, viven ya como si fueran independientes, puesto que la presencia de los símbolos estatales y/o nacionales españoles es inexistente.
Y en los tres ámbitos, el nacionalismo catalán no ha dejado de hacer política. Con notable éxito, a la vista de su determinación de culminar el procès con un referéndum unilateral de independencia. Y de plantearlo desde las instituciones de autogobierno y no sólo desde las posiciones -legítimas en democracia- de determinadas fuerzas políticas. Y todo ello, aunque sea con el altísimo coste de desgarrar a la propia sociedad catalana y de situar a las instituciones al margen de la defensa del interés general y ponerlas al servicio de un proyecto político de sólo una parte.
Y ese posicionamiento ha sido posible porque ha habido un repliegue, en la práctica, de los planteamientos contrarios. Las batallas que no se dan, siempre se pierden. Y muchas veces, por incómodo que sea, eso implica luchar en el terreno en el que te ha situado el adversario, a la espera de hacerlo en terreno más propicio. Ha habido ausencia de política. Y en los tres ámbitos mencionados, hay mucho que hacer.
Y, ahí, el largo y, además, estéril y profundamente destructivo debate sobre el nuevo Estatuto, es un buen ejemplo de profundísimos errores. El más importante fue el del PSOE y el de su Gobierno. Pensar que, para "arrinconar" al PP, era posible transformar la arquitectura institucional de España sin su concurso (el Pacto del Tinell y la famosa declaración de Zapatero sobre su aceptación acrítica de lo que viniera del Parlament). En definitiva, romper con el consenso constitucional que, por primera vez en nuestra historia, habíamos conseguido con el concurso de todos.
Pero también fue un error que, por parte del PP, no se contrarrestara adecuadamente, más allá de la respuesta, lógica pero insuficiente, de negarse a un planteamiento anticonstitucional y, sobre todo, rupturista del espíritu que hizo posible la Constitución del 78. Faltó política. Es decir, explicarse suficientemente y evitar que cuajara la idea de que se iba contra la voluntad del pueblo de Cataluña -incrementado por una petición confusa de un referéndum que se interpretó, en Cataluña y en el resto de España, como un rechazo a la voluntad del pueblo catalán- y no contra algo que cuestionaba gravemente los consensos básicos sobre nuestra convivencia. Y esa ausencia de política así entendida, está en la base de algunos de los argumentos de los independentistas, sobre todo después de la sentencia -jurídicamente impecable, por cierto- del TC, posterior a la aprobación -muy minoritaria sobre el censo- por parte del pueblo catalán en referéndum. Otro gravísimo error que proviene de la derogación del recurso previo de inconstitucionalidad.
Y ha habido muchos más. Pero ya no tiene mucho sentido darle más vueltas. Volvamos a la política democrática. Es decir, quitarles argumentos a los adversarios. Y, por ello, por primera vez en mucho tiempo, apostar por el diálogo. Obviamente, con líneas rojas. La básica es que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español y que el futuro de España, que incluye a Cataluña, nos corresponde a todos, catalanes incluidos por supuesto, pero a todos los demás también, porque estamos hablando de algo que nos incumbe profundamente a todos y no sólo a una parte.
Por ello, hay que ganar la batalla del diálogo. E invertir la carga de la prueba. Y trabajar con cosas concretas y absolutamente lógicas, porque van en beneficio de todos. ¿O es que alguien duda de que cambiar el sistema de financiación es absolutamente imprescindible para todas las CCAA? ¿O de la necesidad del corredor mediterráneo para toda España? ¿O de que no tiene ningún sentido que no exista una red de alta velocidad entre Barcelona y Valencia?
Hay muchas cosas que debatir. Pero lo más importante, a mi parecer, es hacer política de presencia de los símbolos y del sentimiento de España en Cataluña. Y que los catalanes que se sienten españoles, que aún son mayoritarios, no se sientan desamparados y faltos de arrope. Hacer política, y diálogo, pues, no es ceder a las posiciones de los adversarios, cuando pretenden romper con lo básico. Es quitarles razones y argumentos, arropar a los que lo necesitan y lo esperan, y atender a lo razonable, que puede ser mucho. Ojalá sea esa la política del Gobierno. Sobre todo, si concita el consenso con más de dos tercios del Parlamento, y con una parte sustancial de la sociedad catalana. Volvamos al espíritu de la Transición.
(*) Josep Piqué es empresario y ex ministro en diferentes carteras de los Gobiernos de José María Aznar.
Fuente:
http://www.elmundo.es/opinion/2016/12/27/586170e946163f896d8b45b7.html
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