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lunes, 12 de diciembre de 2016

EL SOLDADO DESCONOCIDO

Padre Luis Ugalde: Sin apoyo militar no salimos de esta dictadura ni recuperamos la democracia

Enrique Meléndez / especial Noticiero Digital / 12 dic 2016.- El padre Luis Ugalde, s.j., presentó este sábado un escenario político que recordó lo ocurrido en Venezuela durante la transición hacia la democracia en 1958 y el rol que jugó la figura de Wolfgang Larrazábal, el vicealmirante que ocupó la presidencia de la República una vez derrocada la dictadura perezjimenizta, y que condujo al sistema político hacia una democracia.

La consideración la hizo en el foro que realizó la Fundación Espacio Abierto que dirige Luis Manuel Esculpi.

Anunció que se iba a referir a un escenario, de varios posibles, y que tituló Larrazábal II, pero comenzó precisando su evaluación del momento que vive Venezuela: “En el último mes el Ejecutivo ha acentuado su voluntad y carácter dictatorial. Para mí esto es indiscutible. Nuestra Constitución es democrática, y la voluntad y el carácter del gobierno es dictatorial. Eso no tiene mucha duda, y ha cerrado todas las puertas a una posible salida electoral, y al indispensable cambio económico-social y político para frenar la desesperante emergencia nacional actual y recuperar la democracia”.

Larrazábal II, dijo Ugalde, tomaría “la responsabilidad del Ejecutivo nacional y la Presidencia y proclamaría ante el país un gobierno de transición y de unidad nacional; obligado por la grave y creciente emergencia y dictadura; una dictadura cerrada a todo cambio; que la población considera absolutamente necesarios”.

Seguidamente, Ugalde improvisó lo que diría el mensaje de este Larrazábal II:

“Nosotros nos vemos obligados a tomar el poder Ejecutivo ante la gravísima situación de la población: falta de medicinas, comida, seguridad ciudadana, inflación, corrupción y la radical negación del gobierno dictatorial a poner soluciones. Somos un gobierno plural; de salvación nacional, para responder de inmediato a la tragedia humanitaria y recuperar la democracia plural, y establecer las bases y acuerdos sólidos con los empresarios, para impulsar una economía productiva, con compromiso social; con fuerte y sostenida inversión privada nacional e internacional, y unos programas sociales de emergencia inmediata”.

Dijo Ugalde que este Larrazábal II adoptaría las siguientes medidas:

1.- Preparar elecciones con nuevo CNE para fines de 2017.

2.- Libertad inmediata de 80 presos políticos y creación de una comisión mixta de derechos humanos, para abordar de inmediato, y decidir los casos de los demás presos políticos pendientes.

3.- Apertura inmediata y amplia a la ayuda humanitaria en salud, alimentación y gestión con los países y organismos internacionales. Agregó que, al mismo tiempo, se formarían organizaciones solidarias de la sociedad y empresas para la distribución suficiente, transparente y equitativa.

4- Creación de un equipo de trabajo con fuerte presencia de los sectores productivos privados para una rápida reactivación del aparato productivo .

5.- Reconocimiento pleno de la AN; elegida en diciembre de 2015, y apertura del diálogo y colaboración efectiva entre el Ejecutivo y el Legislativo en orden a la democratización del país y los cambios necesarios en los poderes judicial y electoral.

6.- Explicitación y activación de políticas sociales urgentes y duraderas.

7.- Inmediata negociación, para abrir el país a la solidaridad internacional. Apoyo de los gobiernos y de los multilaterales para refinanciación de la deuda y para préstamos por el orden de los 40 ó 50 mil millones de dólares.

8.- Unificación cambiaria. Revisión del gasto público y puesta inmediata en práctica de audaces políticas compensatorias, para los sectores más necesitados.

9.- Recuperación inmediata del sector educativo, con refuerzo de los educadores con criterios democráticos, plurales, sin imposiciones ideológicas dictatoriales.

10.- Seguridad ciudadana con recuperación del control de las armas por parte del gobierno, y una nueva y activa conciencia de reconciliación, defensa de la vida; con estímulos y sanciones coherentes.

Aquí se permitió un paréntesis, y le preguntó a la audiencia que cuánto duraría un Presidente proveniente de la sociedad civil, un Henrique Capriles, un Leopoldo López, una vez adoptadas este conjunto de decisiones sin el apoyo de las Fuerzas Armadas. Respondió que lo máximo que duraría sería unos tres meses y que en esto iba, precisamente, este escenario de Larrazábal II; puesto que no necesariamente éste era un militar; que podía ser un civil, sólo que si no estaban los militares no había nada que hacer.

De paso, hizo la salvedad de que él no era militarista; pero que en estas circunstancias de una dictadura militar, que es la que tenemos, si no hay resquebrajamiento en el mundo militar y voluntad decidida de restablecer la democracia, según su creencia, iba a ser muy difícil lograr una solución a los problemas del país, y que, por si quedaba alguna duda, el gobierno ha bloqueado todas las salidas democráticas.

Consideró muy importante preguntarse: ¿dónde está ese militar? Lo que lo llevó a remontarse al año de 1957 cuando entonces Wolfgang Larrazábal no estaba en ninguna parte ni tenía ningún mérito especial y, sin embargo, dirigió la transición democrática.

“Segundo, una cosa es que yo demócrata en 1957-58, negocie con el militar Pérez Jiménez, y otra cosa es que cuando aparece este otro militar que quiere un cambio democrático, yo AD, Copei, URD negocie con él. Porque se trata de un militar, empeñado en restablecer la democracia y necesita nuestra ayuda”,

Finalizó con lo que llamó dos notas:

1.- Necesidad de preparar no solo elecciones presidenciales sino regionales y locales. Este gobierno en la primera alocución tendría que decir que quedan convocadas las elecciones presidenciales y regionales bajo la preparación de un nuevo CNE.

2.- Necesidad de un pacto democrático entre las organizaciones, candidatos y partidos competidores para después de las elecciones, a la manera de la experiencia que se tuvo con el Pacto de Punto Fijo.

No se mostró muy optimista frente al futuro inmediato; pues a su juicio Venezuela necesita más de un año para recuperarse; que hace falta un gobierno democrático sustentado en un pacto y un programa de gobernabilidad, gane quien gane. Como también se mostró en desacuerdo con la realización de una Asamblea Constituyente; la cual, a su parecer, en las circunstancias actuales no pasaría de ser “un torneo de discursos a lo Escarrá”.

A ese respecto Ugalde manifestó que nuestro problema no tiene que ver con la Constitución; como sí con el Ejecutivo, a propósito de la forma de ejecutar las políticas; que la población no está por escuchar un torneo de discursos pletóricos, llenos de buena voluntad; sino que Larrazábal II, una vez posesionado de la presidencia de la República, abra las fronteras, para que comience a llegar la ayuda humanitaria y social: un cambio de posguerra psicológico y espiritual.

Para Ugalde en ese gobierno de unidad nacional tiene que haber gente del chavismo pues lo otro, esto es, la exclusión a su modo de ver sería contraproducente.

Fuente:
http://www.noticierodigital.com/2016/12/padre-luis-ugalde-sin-apoyo-militar-no-salimos-de-esta-dictadura-ni-recuperamos-la-democracia/

El soldado desconocido de Ugalde
Emilio Nouel V. 

Desde hace un tiempo, amigos de fuera de Venezuela me han hecho una pregunta que hoy pareciera que pretende responder el sacerdote Luis Ugalde.

En varias ocasiones, este año, me han solicitado una opinión escrita (artículo) sobre si no se avista en horizonte del país y en la institución armada una suerte de Wolfgang Larrazábal que propicie una salida de la tiranía militar-cívica que hoy desgobierna a Venezuela, e inicie un proceso de recuperación de la democracia.

Como sabemos los venezolanos de mayor edad, y lamentablemente lo desconocen millones de jóvenes hoy, Larrazábal fue la figura que encarnó públicamente, desde la institución militar, el derrocamiento del dictador Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958. A partir de entonces se inició el período de la democracia civil en nuestro país, la que en los últimos 3 lustros ha pretendido desmontar una banda mafiosa, ignorante y corrupta, revestida de una retórica supuestamente liberadora, pero que en esencia es la barbarie autoritaria fascista en acción.

Mi opinión, dentro de las limitaciones que tengo respecto de cómo se bate el cobre realmente entre los milicos, ha sido que tal personaje militar con liderazgo y mando suficiente no lo veo, aunque el repudio al gobierno a lo interno de esa institución, me atrevo a afirmarlo, debiera ser el mismo que vemos en el 80% y más de los venezolanos. Del desastre económico, las arbitrariedades y el latrocinio, sin mencionar otros delitos en que estén presuntamente incursos ciertos oficiales de alto rango, son también los militares y sus familias, víctimas.

Según Ugalde, esta nueva versión de “Larrazábal” debe estar en algún lado, y como la original, sería obviamente desconocida por los venezolanos de a pie, en la actualidad. En una institución militar que los entendidos dicen que está descoyuntada e ideologizada, con cadenas de mando poco claras, mediatizada por los cubanos, y en la que los tradicionales principios de mérito, conocimiento técnico y disciplina han sido sustituidos por la lealtad perruna a un grupo de poder político, valdría la pena preguntarse qué tipo de “Larrazábal” redivivo podría revertir y superar esa situación a lo interno de las fuerzas armadas y encabezar y/o propiciar un gobierno de transición como el que Ugalde propone. Tiene razón el jesuita cuando afirma que un gobierno distinto al que está destruyendo a Venezuela debe contar con el respaldo de la fuerza militar, y que uno sin este último duraría muy poco. Es atinado también Ugalde en el conjunto de medidas que estaría obligado a tomar un eventual gobierno de transición.

Quien escribe esta líneas lleva en su ADN un rechazo profundo a todo gobierno militar y con más razón, a uno militarista como el que padecemos. Soy muy escéptico al respecto, y desconfío de militares en funciones de gobierno. La Venezuela actual es prueba fehacientemente de la chapuza gubernamental más estruendosa de aquellos. No obstante, entiendo las realidades de la política y sus imperativos, más allá de las preferencias y reservas personales. Con todo y sus grandes defectos apuesto al liderazgo civil que nos hemos dado en esta lucha casi agónica e interminable. Estoy consciente de las fallas, algunas de bulto, que nuestros partidos políticos han tenido y tienen. No ha sido fácil trabajar unidos en el rescate de las libertades y la democracia.

Tengo mis dudas sobre si la pluralidad de opiniones e iniciativas libérrimas en el seno de la unidad de las fuerzas democráticas, sea una virtud a reivindicar bajo las circunstancias que vivimos. Sin Unidad de estrategia y de acción, sin férrea disciplina de sus dirigentes, sin un único discurso y sin poner de lado las ambiciones parciales, será muy difícil salir del hueco en el que estamos hundidos. Sólo aspiro a que aquellos fallos de la Unidad sean corregidos sobre la marcha, y a la brevedad. Ugalde ha reiterado un planteamiento que debe ser valorado, pues implicaría adoptar una clara política a largo plazo y coyuntural hacia un sector de nuestra sociedad con el que hay que contar, pero desde una visión de sociedad en la que la institución militar tiene un papel importante de seguridad que cumplir, que no es el de gobernar, toda vez que esta función corresponde en todo país civilizado y moderno, al poder democrático civil.

Fuente:
http://opinionynoticias.com/opinionpolitica/28500-emilio-nouel-

EL UNIVERSAL, Caracas, 27 de noviembre de 2016
Tregua de Navidad
José Toro Hardy

La “Tregua de Navidad’ es un episodio histórico: fue un alto al fuego ocurrido entre tropas alemanas y británicas en la I Guerra Mundial en 1914. La tregua no oficial ocurrió el 24 de diciembre de 1914 cuando los soldados alemanes celebraban la Navidad cantando Stille Nacht (Noche de Paz). Las tropas británicas respondieron con villancicos en inglés y todos salieron de sus trincheras y se abrazaron.

Deberíamos seguir el ejemplo. El 2016 ha sido devastador para nuestra economía y nuestra sociedad. El país está experimentando un desgarramiento del tejido social. El empobrecimiento avanza a pasos agigantados, mientras la inflación devora inmisericorde el poder adquisitivo de la población, sometida a privaciones extraordinarias y a unos niveles de escasez que nunca habíamos conocido los venezolanos.

Sí, necesitamos una tregua en esta guerra que el Gobierno (que solo piensa en términos bélicos) dice estar combatiendo, pero en la cual hay un solo bando guerreando y otro sufriendo. Es una guerra imaginaria inventada por el oficialismo para justificar sus fracasos.

Necesitamos dialogar para buscar la paz y el entendimiento, pero rechazamos el tipo de diálogo perverso al cual recurre el Gobierno para ganar tiempo. Aquel diálogo al que Lenin calificaba de “recurso avalador de la revolución” y al que en sus discursos al partido bolchevique se refería en los siguientes términos:

‘’Nosotros dialogamos con el enemigo que hemos jurado destruir, solamente cuando carecemos de la fuerza necesaria para abatirlos. Por medio del diálogo, alcanzamos aquellos objetivos a corto y mediano plazo para ganar tiempo. Y cuando efectivamente seamos más fuertes, entonces tomamos sin contemplaciones lo que queremos y sin que nos conmuevan las declaraciones y apelaciones de los enemigos venidos a menos’’.

Ese es un diálogo inicuo para satisfacer a un grupo que lejos de sentirse servidores de la sociedad pretenden perpetuarse en el poder como amos de la misma.

El oficialismo ha dado pruebas de sobra de que no está dispuesto a escuchar al pueblo y de que es capaz de valerse de cualquier marramucia. Considera que las elecciones, tal como el diálogo, son recursos válidos solamente cuando les favorecen. De lo contrario son pequeñeces burguesas que deben ser rechazadas.

Incluso el representante del Vaticano en el diálogo, monseñor Claudio María Celli, llegó a decir que se había producido un milagro porque creyó que el Gobierno respetaría los compromisos alcanzados. Milagro hubiera sido que el régimen los hubiese respetado; pero no, con el mayor cinismo el régimen no solo los desconoció, sino que además culpó de ello a la MUD.

Un ciclo se ha cerrado. Cayeron las máscaras y todo el mundo conoce ya las trapacerías a las cuales recurre el oficialismo. Su más cercano aliado, Ernesto Samper, va de salida y no cuenta ya el régimen con apoyo en Unasur (solo le quedan Ecuador y Bolivia) para reemplazarlo con otro igualmente servil. El Papa y su representante tienen ahora una visión más realista de lo que aquí ocurre. El Superior de los jesuitas, Arturo Sosa, dice que la democracia ha sido secuestrada y que el balance social es dramático. Con meridiana claridad está hablando la Conferencia Episcopal Venezolana y nuestros dos cardenales Jorge Urosa y Baltazar Porras.

Luis Ugalde, exrector de la UCAB y quien como pocos ha penetrado en la realidad política venezolana, advierte que cristianismo y despotismo son irreconciliables y citando a San Agustín agrega “lex injusta non est lex”, mientras, evocando a Larrazábal, lanza claras admoniciones incluso al mundo militar. “Con la Iglesia nos hemos topado” le hubiera dicho el ingenioso hidalgo a su escudero Sancho Panza en la genial obra de Cervantes Don Quijote de la Mancha.

Pero es que además se están topando con la dura realidad de una economía a la cual han destrozado. Creyeron que podían jugar con ella como quien juega Monopolio y de golpe se encontraron con que crearon un caos monetario que sumado a la severa escasez, a la inflación más alta del mundo, a un déficit fiscal y un endeudamiento inmanejables, a la destrucción del aparato productivo y de una industria petrolera (de la cual hoy somos más dependientes que nunca pero que está reducida a cenizas), todo lo cual coloca al país al borde de una catástrofe política y social. “La economía peor administrada del mundo”, concluye The Economist.

Y aun en medio de tan delicada situación que luce insostenible, voceros del régimen no se les ocurre otra cosa que proferir amenazas de toda índole, “sorpresas”, que en palabras de ellos mismos habrán de ocurrir en fechas tan significativas como lo son la Navidad y el Año Nuevo.

¿Es que acaso no entienden que lo único que el pueblo añora en estos días es una tregua como la que tuvo lugar entre las tropas inglesas y las alemanas en la Navidad de 1914?

Fuente: http://www.eluniversal.com/noticias/opinion/tregua-navidad_632738

domingo, 12 de junio de 2016

AÑICOS

Del proceso deconstituyente
Luis Barragán


Ironía de la historia, con su elevación como órgano del Poder Público en 1999, el Consejo Nacional Electoral (CNE) resultó más dócil, dependiente y servil al Presidente de la República que el viejo Consejo Supremo Electoral (CSE), en el marco de la clásica tríada de poderes y que, además, aceptó su reconfiguración antes del citado año. Ocurre algo semejante al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República, cuyos titulares, como el de la Defensoría del Pueblo, acatan agradecida y fielmente las supremas directrices.

La Constitución es un pretexto propagandístico para el régimen que la viola, vaciándola de toda voluntad, inquietud y vicisitud constituyentista.  Lo ha probado y comprobado el CNE al pretender dar al traste con el referéndum revocatorio, incluso, mediante artilugios y subterfugios de mero carácter administrativo, dándole una sonora bofetada al asambleísta que se dijo fundador de la V República.

El constituyente de 1999 que ha tenido la fortuna de sobrevivir políticamente, comenzando por Nicolás Maduro, no ha tenido reparo alguno en desmentirse. Y el que naufragó, retirándose cautelosamente a sus quizá muy rentables intereses privados, poco ha hecho para defender – por lo menos – su buen nombre o el que dice tener: la historia está reivindicando a la minoría opositora de aquella Asamblea Nacional Constituyente que argumentó sus diferencias, calibró sus objeciones, profundizó en orientaciones que muy poco fueron aprovechadas por la mayoría que no cupo en sus arrogancias.

Diecisiete años más tarde, prosigue el proceso deconstituyente gracias a la tarea encomendada a la Sala Constitucional. Apenas es un detalle lo del CNE y el referéndum, o la pretensión de desconocer la inmunidad parlamentaria como institución y toda la Asamblea Nacional como expresión de las grandes mayorías del país.

Proceso correlativo a la deconstitucionalización misma de una República que se desliza a un Califato sobre lo poco que queda de la renta petrolera, promoviendo el hambre y  la violencia como una realidad inevitable, resignada y  legítima.  Califato en el que pocos serán los guardias y muchos los prisioneros, parodiando unos versos que no recordamos si pertenecen a Ferlinghetti o a Corso.


13/06/2016

sábado, 9 de agosto de 2014

¿NO SE DIJO A TIEMPO?

EL NACIONAL - DOMINGO 22 DE AGOSTO DE 1999
Domingo con ... Elio Gómez Grillo
El juez debe convertirse en la primera institución del país
La Comisión Evaluadora del Poder Judicial debe actuar en concordancia con la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional Constituyente que presido. La Ley de Sometimiento a Juicio, en 19 años, ha puesto en libertad a más de 200 mil detenidos. El Código Orgánico Procesal Penal ha sido aplicado y las leyes de Régimen Penitenciario no. Propuse a la Constituyente que declarara la emergencia penitenciaria, porque allí se multiplica la corrupción del país y se venden hasta los cargos de directores
Víctor Manuel Reinoso

"El juez debe ser la primera institución del país. Por encima del juez está Dios. Como decía Bolívar, el juez es el que decide sobre la vida y los bienes de las personas. Por eso, insisto mucho en su formación ética. Y el juez, además de lo que le enseñen en la Escuela de la Judicatura, debe tener una formación ética de la justicia; debe haber una escuela de ética, y debemos hacer lo que se ha hecho en España, por ejemplo. Y en las escuelas de derecho debe diversificarse el último año para los que aspiren a la carrera judicial".
Así se expresó el criminólogo Elio Gómez Grillo, quien preside la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional Constituyente, al referirse al papel que deben jugar los jueces ahora que se ha decretado la emergencia y reorganización del Poder Judicial.
Gómez Grillo, quien se declara sin poder político, ahora designado presidente de esta comisión, dice que tratará de cumplir, siendo leal al Polo Patriótico, que lo postuló por Carabobo, pero sin perder su independencia.
"Confieso paladinamente que entre 76 candidatos yo rogaba aparecer entre los primeros 20, donde se elegían 7 constituyentes. Saqué la primera mayoría con 233 mil votos. Estoy orgulloso. Creo que podré cumplir, porque estoy con el proceso de cambio. Nadie me ha pedido que vote de una manera. A veces he votado contra la mayoría", expuso el criminólogo en entrevista con Nadia Pérez, subjefe de Información Política de El Nacional, y los reporteros Edgar López, Alexander Duarte y quien suscribe.
-La propuesta original de reorganización del Porder Judicial fue modificada por la comisión que usted preside, pero aún así muchos la consideraron muy moderada. Dijeron que evaluar a los magistrados y miembros del Consejo de la Judicatura no es suficiente para impulsar el cambio.
-Estamos de acuerdo. La culebra se mata por la cabeza. No soy político, pero por lo que he leído y entendido se busca no alarmar a organismos internacionales, y hasta oigo que las declaraciones de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia son un trapo rojo para que la Constituyente embista. Yo propuse evaluar el sistema judicial, pero reconozco que los que argumentaron la disolución de la Corte lo hecho con razones de bastante peso.
-¿Cómo van a trabajar la comisión encargada de evaluar el Poder Judicial y la que usted preside?
-La comisión evaluadora debe actuar en concordancia con la que presido.
-Los jueces que serán suspendidos serán sustituidos por suplentes que forman un Poder Judicial paralelo.
-Este tipo de cosas hay que revisarlas, independientemente de que los suspendidos tengan su derecho a la defensa, que es universal. Pero hablamos de una emergencia y es una excepción y eso involucra suspensión de derechos.
-¿Suspensión de garantías o de derechos?
-Suspensión del derecho a mantener el cargo o la estabilidad, por ejemplo. Pero debe haber varias opciones.
-¿Cómo trabajará la comisión para que se logren cambios a corto y largo plazo?
-La Comisión de Justicia aún no tiene techo y no hemos podido reflexionar en detalle sobre muchos puntos. Hay que pensar en la formación de los recursos humanos. En la emergencia, las leyes existentes, como la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura y la de Carrera Judicial, deben ser utilizadas.
Gómez Grillo, ante la posibilidad de que la Constituyente y el Gobierno quieran gerenciar por crisis, y caer en el populismo, como lo ha asomado Claudio Fermín, dijo que es posible que exista el riesgo, pero él no lo ha visto en la Constituyente. Aseguró que los constituyentes tienen conciencia del poco tiempo del que disponen.
"Yo quisiera que se tomaran medidas de fondo, como esa mencionada por el Presidente de salvar a los niños de la calle. Cada niño que salvemos es un delincuente menos", afirmó.
Aplicar las leyes Gómez Grillo habló detalladamente sobre el Código Orgánico Procesal Penal, al que le han querido atribuir el aumento de la delincuencia en menos de dos meses de vigencia.
"Antes, hubo una Ley de Sometimiento a Juicio y Suspensión Condicional de la Pena, en la que trabajamos en 1972, entró en vigencia en 1980 y ahora se llama Ley de Beneficios en el Proceso Penal. En 1976, en el Congreso Mundial de Defensa Social, que instaló el presidente Carlos Andrés Pérez, él sostuvo que debería diferenciarse al delincuente primario del reincidente. Le informamos que esa ley estaba redactada. Pero las diligencias no prosperaron, porque el candidato Luis Piñerúa era partidario de crear más Dorados. Y debió ser en 1979, en el gobierno de Luis Herrera, al morir 34 (reclusos) en la Cárcel Modelo, cuando se sancionó esta ley para descongestionar las prisiones. Tuvo muchos detractores. ¿Saben cuántos detenidos ha soltado esta ley en 19 años? 200 mil. Y sólo 3% ha reincidido", recordó.
-¿Y con la aplicación del Código Orgánico Procesal Penal?
-Si aquí se aplicasen las leyes como la de Régimen Penitenciario, que permite salir cuando se cumple un cuarto de la pena con régimen abierto; la mitad de la pena, con salida transitoria; las dos terceras partes de la pena con libertad condicional; las tres cuartas partes de la pena con confinamiento; la suspensión de la pena cuando no pase de ocho años; la reducción de la pena por trabajo y estudio. Si se aplicaran todas estas leyes, quedarían muchos presos libres. Lo que pasa es que el código procesal se ha aplicado y estas leyes no. Pero los jueces corruptos, los fiscales que no quieren trabajar y los policías que tenían su propio negocio, la estigmatizan. Y como en el inconsciente colectivo de Jung, la gran amenaza es la cárcel y el Código Orgánico Procesal Penal la coloca en segundo plano; la gente pide cárcel. -¿Y el linchamiento?
-Lo que propone el gobernador de Lara es la ley de Lynch o el Ku Klux Klan. El linchamiento crea el sicariato para eliminar enemigos.
-¿Debe salir la GN y el Ejército a la calle?
-La Guardia Nacional y el Ejército no van a acabar con la pobreza, el hambre, la falta de casa y educación y el desempleo ni que traigan a la OTAN. Lo más seguro es que agraven el problema.
Emergencia penitenciaria
Elio Gómez Grillo fue quien formuló en la Constituyente la propuesta de declaratoria de emergencia penitenciaria en el país "para su reestructuración integral con la finalidad de hacer de los establecimientos penitenciarios verdaderos institutos de tratamiento rehabilitador, bajo la dirección de profesionales universitarios".
Aseguró que "es posible que entonces se contraten los egresados que yo, que no tengo peso político, no he podido recomendar. Ellos están mejor formados que yo".
"Actualmente, el penitenciarismo es una mafia que hasta produce la venta de los cargos de directores y hay toda una red diabólica con implicaciones arriba y abajo, en los niveles de vigilancia, que es corrupta, ignorante y salvaje. Es como decía Sarmiento y Alberdi, la lucha de la barbarie contra la civilización. Las cárceles, por eso, nunca han tenido personal idóneo", manifestó el criminólogo.
-En cárceles de otros países, ¿hay tantas armas como en las de Venezuela?
-No. En Colombia, donde hay narcotráfico, sicariato y guerrillas, en 1997, entre los 45 mil presos hubo 74 homicidios; en Estados Unidos, con un millón y medio de presos, en 1997, hubo 67 homicidios. Venezuela, con 25 mil presos, hay un promedio de 400 a 500 homicidios al año. En Jaen, Andalucía, España, cuando pregunté por los homicidios entre presos no me entendían, porque ha habido 2 homicidios en 38 años.
-¿Y la proliferación de armas?
-Las cárceles tienden a exagerar los vicios de las sociedad. Y en un país corrupto, las cárceles son supercorruptas, y por eso en Venezuela se paga por ver el sol, por respirar, por el colchón, por el calabozo, por la protección, por ir al baño, por recibir visitas, por la comida que les llevan; por tener un celular se pagan sumas fabulosas. Y en el negocio entran civiles y militares. Por la comida de cada preso se destinan casi 1.000 bolívares diarios, pero la mayoría come lo que le llevan de fuera. El negocio es buenísimo. Por eso digo que este es el momento para solucionar el problema de las cárceles. En seis meses de la Constituyente se pueden echar las bases.
Gómez Grillo dice que en 1997 la Asociación de Jueces estuvo a punto de encarcelarlo por vilipendio, porque en un programa de televisión dijo que los problemas de las cárceles se acababan deteniendo a delincuentes ricos, que recusan a los jueces, acuden a organismos internacionales y, si hay insalubridad, alegan violación de derechos humanos. Pero, en su opinión, los presos son unos pobres diablos, y por eso murieron 27 calcinados en La Planta. "Si hubiera habido un delincuente de cuello blanco entre ellos, se tambalea el Gobierno", aseguró.
"Las cárceles, aun en personas doctas, se concibe como centro de represión, pero no de redención para no cometer otro delito. Una cárcel es buena cuando no huele a cárcel. Y falta la asistencia postpenitenciaria. Antes existía el Patronato de Presos y Liberados y Centros de Asistencia en Libertad y ahora no hay nada. Hay que instar al Ejecutivo a que lo haga y ayude a los ex presos a conseguir trabajo", agregó.
El criminólogo
Elio Gómez Grillo nació en Maracaibo el 17 de octubre de 1925, hace 73 años, y se crió en Maiquetía, "el lugar del mundo que más quiero". En Caracas, estudió bachillerato, se graduó de abogado y de profesor de Castellano, Literatura y Psicología en el Instituto Pedagógico de Caracas. Durante la dictadura de Pérez Jiménez se dedicó a dar clases. Después, trabajó en la Universidad Central de Venezuela como profesor de Criminología y Psicología, y en la Universidad Católica Andrés Bello impartió la materia de Derecho Penal.
Entró a la criminología cuando le dijo al profesor Rafael Mendoza Troconiz que quería trabajar en las causas del delito. El docente le regaló un libro escrito por un norteamericano, y se convirtió en su tutor. Su tesis, Introducción a la Criminilogía, con referencia a Venezuela, mereció la máxima calificación y el derecho a publicación. En 1967, ganó el Premio Municipal de Literatura de Caracas. Luis Beltrán Guerrero, Guillermo Morón y José Luis Salcedo Bastardo, lo consideraron muy bien escrito y hubo polémicas. El libro va por la cuarta edición. En la misma competición, Alfredo Boulton, con un libro de pintura, obtuvo el segundo lugar.
Gómez Grillo hizo postgrados en Criminología en la UCAB y en las universidades de París y Roma. En este último país, su tesis de grado fue La delincuencia en Caracas, publicada en italiano. En Venezuela, ganó los premios de la Asociación de Profesores de la UCV y de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Zulia.
Ha publicado ocho libros: Hora de audiencia, que recoge algunas de las columnas que publica en El Nacional desde hace 34 años; Diario de criminología; Los delitos y las penas en los países socialistas; Las penas y las cárceles; Los delincuentes que yo he conocido; La delincuencia en Venezuela; La historia fea de Caracas y otras historias criminológicas; y Monte Avila está por editar La delincuencia y la cárcel en la literatura venezolana, en el cual hay textos de Guillermo Meneses, Ramón Díaz Sánchez, Miguel Otero Silva, Rafael Pocaterra, Eduardo Blanco, entre otros.
Gómez Grillo ha sido director de cultura de la UCV durante ocho años y se ha dedicado a la fundación del Instituto Universitario Nacional de Estudios Penitenciarios, dependiente del Ministerio de Justicia, que funciona desde el 3 de febrero de 1992, un día antes de la intentona de golpe de Estado. Allí, se han formado unos 226 especialistas en Administración, Educación, y Seguridad Penitenciaria, y sólo 10% ha sido contratado. Entre algunos de los que han estudiado docencia en el instituto están Rafael Pizani, José Luis Vethencourt, Hernán Méndez Castellanos, Rafael Cadenas, etc.

domingo, 4 de agosto de 2013

CUADERNO DE BITÁCORA

Esta mañana,  pasando de canales, nos encontramos a Ignacio Walker, Presidente del PDC de Chile, ante un panel. Entre los distintos aspectos tratados, acentuaron algunos que tienen relación con la identidad del partido,  su debilidad y aparente naturaleza conservadora en el marco de la Concertación. Obviamente, nos quedamos, ya que - a la distancia - nos preocupa la candidatura de Bachelet.

Una distinta dinámica explica a los líderes frente a la prensa, respondiendo por detalles políticos y hasta de la vida cotidiana, con tanta soltura como habilidad. De un modo u otro, si la memoria no falla, es lo que ocurría antes en Venezuela. Ahora, nuestro marcaje polarizador no admite mayores despliegues, y la política es - para unos - uso y abuso de los privilegios del poder, mientras que, para otros,  defensa constante ante ellos.

Walker abordó - compelido - del tema valórico, tildada la organización de conservadora o de derecha cuando él la insiste como una abanderada de la reforma y cambio social. Y, nos pareció acertado, regresando de los modelos (y modelos clásicos), prefiere hablar de las estrategias del desarrollo que tienen por fundamento la sensatez. Indicó varias de las importantes reformas sobre las que hace hincapié, como la económica, educativa, laboral, política y de pensiones.

Niega una pérsida de fuerza del PDC, pues es el primer partido de oposición luego de los resultados municipales y la composición del senado, al gobernar el 20% de la población. Hay un número significativo de gobiernos locales de signo democristiano.

Habló de la diversidad de los integrantes de la Concertación de inspiración de centro-izquierda, e - incluso - en el mismo seno del PDC. Por ejemplo, siendo Walker partidario sólo del matrimonio heterosexual, respeta la posición de Claudio Arriagada, quien - militante de un partido conservador, interrogó el periodista - se declaró homosexual.

Interrogado sobre la Asamblea Nacioal Constituyente, la dijo un planteamiento que él no lo ve viable. Y no pueden celebrarse iniciativas destinadas a hacerse una Constitución a la medida del caudillo, como - entre otros países - ocurrió en Venezuela. Y esto último, por cierto, se agradece porque ya hay una mejor y más comprometida percepción de la que había sobre nuestro país.

Fuímos a constatar si todavía preservamos el libro de Walker en nuestra estantería, intitulado "El futuro de la Democracia Cristiana", editado años atrás. Estuvimos tentados de sacarlo, releer algunas notas para afinar impresiones, pero otras y más urgentes lecturas ocupan nuestro día. Seguimos inquietos sobre la crisis democristiana en América Latina, y - específicamente - en este lado del mundo, donde ya sólo existen escombros. El agotamiento del mensaje se inscribe en el marco desideologizador de los nuevos autoritarismo, es cierto, y tanto como que ese agotamiento es también deliberado, interesado, acomodaticio. Sólo interesan las consignas amables y, a lo sumo, la añoranza por los viejos tiempos.

LB

domingo, 21 de abril de 2013

FALACEUTAS

El mito constituyente
Luis Barragán


Faltando argumentos, varias fueron las ocasiones, en la breve y reciente campaña electoral, en las que el oficialismo convirtió prácticamente en delincuentes a aquellos sectores que se opusieron a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente por 1999, y, aún integrándola, por mandato de la soberanía popular, disintieron del proyecto finalmente aprobado. Y, lo que es peor, transcurrida más de una década que ha permitido comprobar buena parte de las advertencias, busca y dice legitimar  una doble falacia y vulgar engañifa: la existencia de un inmodificable enemigo que, a pesar de clamar tercamente por la necesidad y el reconocimiento de unas mínimas reglas de convivencia y paz, apela a una Constitución con la que estuvo en desacuerdo; y  la ejemplar apertura de un debate constituyente que, por si faltase poco, no ha cesado.

Vale decir, pretende el gobierno que, al carecer la oposición de autoridad moral para exigir esas reglas mínimas, ella misma no ha de existir y la propia Constitución es dispensable, imponiendo su exclusiva interpretación. Y, por lo demás, creyendo inventar el agua tibia, desconoce que la actualización constitucional que se produjo, tuvo por importante referente  la discusión que institucionalizó la COPRE, por no hablar de los intentos de reforma que las circunstancias frustraron, ni la propuesta constituyente surgida de la derecha de sus antojos.

De falacia en falacia, el oficialismo ha construido un mito de la constituyente que, repetimos, le evita hablar sobre el desempleo, el desabastecimiento, la inseguridad personal,  la corrupción, o  el alto costo de la vida que, valga subrayar, dijeron solventar con la sola aprobación de otra Constitución. Por cierto, en su oportunidad, desmentido por amplios sectores de esa derecha de sus  caprichos.

De la lectura de las actas constituyentes, podemos constatar que la prioridad fue la de reforzar a Chávez Frías en el poder, pues, instalada el 03/08/99, la primera discusión del proyecto constitucional sobrevenido acarreó la celebración de 19 sesiones plenarias y la segunda discusión, apenas tres, entre el 19/10 y el 14/11/99.  El más distraído vistazo a los diarios de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, nos permite comprobar la rapidez de una polémica que dejó, finalmente, un articulado sin observaciones, o  – hechas – sin la debida refutación, a objeto de acelerar la aprobación. Por lo demás, agreguemos, nos legó una práctica que ahora desnaturaliza a la Asamblea Nacional, cuando la junta directiva decide por encima del cuerpo.

Los “electorólogos” advierten que el referéndum aprobatorio, celebrado el 15/12/99, comprometía a 10.860.789 personas inscritas, votando 4.819.786:  por el “sí”, 3.301.475 (71,78%); y, por el “no”, 1.298.105 (28,22%). Y, de considerar la abstención de 6.044.003 ciudadanos (55,62%), una sencilla operación aritmética revela que realmente el 32% del electorado favoreció al gobierno, sometido así al primero de sus plebiscitos.

Agreguemos que las fuerzas gubernamentales esgrimen el interés, más que la idea, de encontrarnos en un continuo proceso constituyente.  En otras palabras, evadiendo la responsabilidad de gobernar, encarando las realidades, los iluminados dicen encarnar e interpretar constantemente la soberanía popular, aunque nunca formalicen una consulta que, por lo demás, reiterada, luce desaconsejable cuando hay problemas graves y concretos a los que se debe responder. Empero, valga un ejemplo de la más absoluta y supuestamente legítima improvisación: el caraqueño edificio Los Andes fue objeto de interminables pugnas de invasores que alteraron el orden público, incluyendo un homicidio; el alcalde mayor, Juan Barreto, expropió e inutilizó el inmueble por varios años, diciéndolo sede del poder constituyente; y, simplemente, como  si bastaran los pendones que sirvieron de emblema al mudo edificio, no remedió uno solo de los acuciantes problemas de la ciudad capital.

miércoles, 2 de enero de 2013

CRITERIO

Crónica sobre el régimen constitucional en Venezuela con motivo de la ausencia del territorio nacional del Presidente de la República (re-electo), a partir del 9 de diciembre de 2012
Texto elaborado entre el 27 y el 28 de diciembre de 2012  para responder preguntas formuladas por Edgar López,  del diario El Nacional, Caracas, para una entrevista que quedó inédita.
(Actualizada al 31/12/2012)
Allan R. Brewer-Carías

I.  PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL
DEL INICIO DEL PERÍODO CONSTITUCIONAL DEL PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA EN ENERO DE 2013
(29/12/2012)
¿Cuál fue la intención del constituyente al fijar una fecha precisa? 
 La intención fue establecer cuándo comienza y cuándo termina el período
constitucional para el cual se elige a un Presidente. Este período es por un número preciso  de 6 años (art. 230), que se inicia el 10 de enero  del año siguiente a la elección, cuando  debe tomar posesión del cargo mediante juramentación ante la Asamblea Nacional (art. 231), y termina precisamente el día 10 de enero del año en el cual se completa el año sexto  del período; período que en ningún caso es "prorrogable." 
Es un período que tiene un término fijo, con una fecha precisa de comienzo y
terminación.   El Presidente puede ser reelecto, en cuyo caso, al terminar el 10 de enero su período  anterior (2007-2013), ese mismo día y no otro, comienza el nuevo período, que en la  coyuntura actual sería el de 2013-2019. Por eso es que debe juramentarse ese día y no otro,  ante la Asamblea o excepcionalmente ante el TSJ, en el lugar donde dichos órganos tienen  su asiento, que es la capital de la República (sede de los Poderes Públicos) (art.18).
En la situación actual, el 10 de enero de 2013 termina el período constitucional del
Presidente Chávez que se inició el 10 de enero de 2007; y en ese mismo día comenzará un  nuevo período constitucional para el cual fue electo en octubre, para lo cual deberá tomar  posesión mediante juramentación en la forma indicada.  2
¿Qué dice el Diario de Debates de la ANC?
 Nada distinto a lo anterior. En la ANC no hubo debate sobre el tema. Lo único que se  "debatió" en esta materia fue sobre la  duración del período constitucional y sobre la  reelección presidencial. Algunos consideramos (así lo propuse  yo) que el período  constitucional del Presidente debía ser de solo 4 años, precisamente en virtud de que se  estaba previendo la posibilidad de reelección inmediata. Al final, prevaleció el criterio de extender el período constitucional del Presidente a 6 años, con reelección inmediata por una sola vez, respecto de lo cual salvé mi voto.  
¿Qué ha dicho la Sala Constitucional sobre el comienzo y final del período
constitucional?

La Sala Constitucional al decidir una solicitud de interpretación constitucional que le  formuló el Presidente de la Asamblea Nacional el día 28 de febrero de 2001, mediante
sentencia de 16 de mayo de 2001 (Exp. No. 01-0401), en relación con los artículos 230 y  231 de la Constitución, decidió que los mismos “no requieren aclaración alguna, pues sus  textos son explícitos. La duración del mandato del Presidente de la República es de seis  años y la toma de posesión, mediante juramento ante la Asamblea Nacional, el 10 de enero  del primer año del período constitucional."
Por tanto, así como el TSJ dijo claramente en esa sentencia al referirse al primer
período constitucional del Presidente Chávez que se había iniciado el 10 de enero de 2001,  que "el período constitucional del Presidente Hugo  Chávez Frías concluye el 10.01.07,  término en el cual comienza el próximo período presidencial, conforme lo dispone el  artículo 231 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela," igualmente si el  TSJ fuera a decidir ahora, en las circunstancias actuales, el mismo TSJ no podría decir nada
distinto a que "el período constitucional del Presidente Hugo Chávez Frías concluye el 10  de enero de 2013, término en el cual comienza el próximo período presidencial, conforme  lo dispone el artículo 231 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela."
¿Por cuánto tiempo puede ausentarse el Presidente sin que su ausencia sea una
falta temporal?

Toda ausencia del Presidente de la República del territorio nacional constituye siempre una falta temporal, lo que significa que el Vicepresidente Ejecutivo, en esos casos, la suple  automáticamente, asumiendo el ejercicio de la Presidencia hasta por noventa días,  prorrogables por decisión de la Asamblea Nacional hasta por noventa días más (art. 234).
Por supuesto, si el Presidente se encuentra en el exterior en viaje oficial, en funciones de  Jefe de Estado (art. 236.4 por ejemplo), las mismas las cumple cabalmente, pero con el  Vicepresidente supliéndolo en el territorio nacional en las funciones de Jefe del Ejecutivo  Nacional (art. 226).   La falta temporal, es una situación de hecho, que se produce, entre otros acaecimientos,
precisamente por ausentarse del país. La falta temporal no se decreta ni se declara. Sucede,  de manera que toda ausencia del territorio nacional constituye siempre una falta temporal. 3 Siendo una situación de hecho, en particular cuando se trata de una ausencia del territorio  nacional que se produzca sin cumplir por ejemplo funciones oficiales, de acuerdo con la  Constitución, si la falta temporal se prolonga por  más de noventa días consecutivos, la  Asamblea Nacional decidirá por mayoría de sus integrantes si debe considerarse que hay
falta absoluta (art. 234).
Por otra parte, si la falta temporal del Presidente por viaje al exterior se prevé que será  por menos de 5 días, la decisión de ausentarse no requiere de la autorización de la
Asamblea Nacional. En cambio, esa autorización sí se requiere, conforme al artículo 231 de  la Constitución, en los casos de ausencia del territorio nacional por más de 5 días.  Pero en  estos casos, la autorización no es para que pueda tener lugar la falta temporal. Esta, que es  una situación de hecho, como se dijo, se produce siempre cuando hay ausencia del territorio nacional, independientemente del tiempo.
Por otra parte, y por supuesto, la falta temporal puede ocurrir también aún estando en  Presidente en el territorio nacional, en caso de hospitalización, por ejemplo.
 ¿El presidente de la Asamblea Nacional puede negarse a suplir al presidente
Chávez si éste no toma posesión el 10 de enero?

En la situación actual, el próximo 10 de enero  de 2013 termina el período
constitucional que se inició el 10 de enero de 2007, y comenzará uno nuevo. En esa  fecha, Hugo Chávez Presidente, cesa como Presidente por el período 2007-2013, que en  ningún caso puede prorrogarse; y debe comenzar el nuevo período para el cual fue electo  (2013-2019) para lo cual juramentarse ante la Asamblea Nacional o excepcionalmente ante  el TSJ. Si tal juramento no se produce, el Presidente electo no puede iniciar el ejercicio del  cargo.
La Constitución, en relación con el Presidente  electo, sólo regula expresamente el
supuesto de que se produzca su “falta absoluta antes de tomar posesión” del cargo, en cuyo  caso, mientras se elige y toma posesión un nuevo Presidente que debe ser electo dentro de los 30 días consecutivos siguientes al 10 de enero, se debe encargar de la Presidencia el  Presidente de la Asamblea Nacional. De acuerdo con la Constitución, la falta absoluta que  por ejemplo en la situación actual se podría producir antes de la toma de posesión el  próximo 10 de enero, es por muerte, renuncia, o incapacidad física o mental permanente  certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con
aprobación de la Asamblea Nacional (art. 233). En esos casos, el Presidente de la Asamblea Nacional estaría obligado  constitucionalmente a encargarse el 10 de enero de la Presidencia de la República, y no  puede negarse a ello.
Situación distinta es que antes de la toma de posesión no se haya producido falta
absoluta del Presidente electo, pero el 10 de enero éste, por cualquier circunstancia no se  presente a juramentarse para  tomar posesión del cargo y a comenzar a ejercer como  Presidente. La Constitución no regula esta situación que se pueda producir cuando un  Presidente electo, que no haya incurrido en una causal de falta absoluta, no tome posesión  de su cargo el día 10 de enero del año de inicio del período constitucional, que es el mismo  día en el cual termina el período anterior. En estos casos no podría hablarse estrictamente 4
de “falta temporal” pues como el Presidente electo no ha tomado posesión del cargo, no  podría haber falta temporal alguna en el ejercicio de un cargo que no ejerce.   En este supuesto, es necesaria una interpretación constitucional, y lo cierto, de ella, es  que en ningún caso podría concluirse que el Presidente anterior quien termina el 10 de  enero o su Vicepresidente en ejercicio temporal de la Presidencia quien también termina su  cargo el mismo día 10 de enero de 2013, pueda continuar ejerciendo el cargo después de  terminado el periodo constitucional.   Por ello, en esa excepcional situación, la interpretación más acorde con la Constitución  en nuestro criterio, es la que deriva de apreciar el texto fundamental en su integralidad,  conforme a la intención del Constituyente, teniendo en cuenta la regulación relativa a la  situación de falta absoluta del “Presidente” electo, y a la “falta temporal” del Presidente. De  estas regulaciones, la conclusión debe ser que quien suple la “falta temporal” del Presidente
electo que no se presenta a tomar posesión de su cargo, es el Presidente de la Asamblea  Nacional, mientras se resuelve la situación del Presidente electo cuando éste no se ha  presentado a juramentarse. Esa situación se tiene que resolver en dos formas: primero, con  la toma de posesión del Presidente electo de su cargo en la forma prescrita en la  Constitución con posterioridad al 10 de enero, mediante su juramentación ante la Asamblea  Nacional, o excepcionalmente ante el TSJ, lo que en ningún caso puede ocurrir después de  transcurridos 90 días contados a partir del 10 de enero, cuando debe procederse a convocar
una nueva elección; o segundo, mediante la declaración formal (en principio por la
Asamblea Nacional) de que después del 10 de enero lo que se ha producido es una falta  absoluta del Presidente electo, lo que podría ocurrir si después de esa fecha muere;  renuncia; es destituido por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia; es declarado incapaz  permanente, física o mental, certificado por una junta médica designada por el Tribunal  Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional; o ha abandonado el cargo,  declarado tal abandono por la Asamblea Nacional (art. 233 de la Constitución).  En este caso, declarada la ausencia absoluta, mientras se elige y toma posesión un  nuevo Presidente que debe ser electo dentro de los  30 días consecutivos siguientes a tal  declaratoria, se debe encargar de la Presidencia el Presidente de la Asamblea Nacional.
En todos los casos en los cuales el Presidente de la Asamblea está llamado a encargarse  de la Presidencia de la República, se trata de una obligación constitucional que no puede  eludir ni negarse a cumplir. 
¿Qué pasa si la Asamblea Nacional persiste en negarse a declarar la falta
temporal del Presidente? 

La Asamblea Nacional, en ningún caso tiene competencia para “declarar” que hay falta  temporal del Presidente.  Como se dijo, la falta temporal es una situación de hecho, que se produce entre otros  factores por la ausencia del Presidente del territorio nacional.  En la situación actual desde  el 9 diciembre, cuando el Presidente salió para Cuba con autorización de la Asamblea, se  produjo una falta temporal que se suple automáticamente por el Vicepresidente sin que  nadie la tenga que “declarar”. Estando el Presidente fuera del país, el que ejerce la
Presidencia en Venezuela por mandato constitucional es el Vicepresidente. No tiene ningún  sentido ni fundamento constitucional el tardíamente anunciado Decreto presidencial del 9 5 (SIC)  de diciembre de 2012, de delegación de funciones al Vicepresidente. Este ejerce de pleno  derecho las funciones del Presidente cuando suple su falta temporal, por lo que delegarle
además funciones es innecesario y redundante.
¿La juramentación y toma de posesión del presidente puede diferirse
indefinidamente? 

No puede diferirse indefinidamente. Si el Presidente electo no se juramenta el 10 de  enero, el Presidente de la Asamblea Nacional debe asumir temporalmente el ejercicio de la  Presidencia hasta determinar la situación del Presidente electo que no ha acudido a  juramentarse, sea que este acuda a juramentarse posteriormente, o se declare por la  Asamblea su ausencia absoluta, en cuyo caso debe convocarse nueva elección.
¿En qué circunstancias procede la juramentación del Presidente ante el TSJ?
La juramentación ante el TSJ para la toma de posesión del cargo por el Presidente es  una medida excepcional, que sólo puede aplicarse cuando por alguna causa justificada y  justificable, la juramentación no se pueda hacer ante la Asamblea Nacional, por ejemplo, si  ésta no se ha podido instalar o no puede sesionar.  Pero en todo caso, tal juramentación  excepcional tiene que realizarse en el territorio nacional, específicamente en el asiento de los  Poderes nacionales que es la ciudad de Caracas (art. 18).
¿Es válido el planteamiento de la presidenta del TSJ en cuanto a que la reelección
presidencial equivale a la continuación de un mismo mandato?

Esa afirmación no tiene sentido alguno en el régimen constitucional venezolano. La  reelección no es continuación de mandato alguno. El mandato anterior cesa el 10 de enero  DEL 2013, y ese día se inicia un nuevo mandato, y nada cambia esa situación  constitucional el hecho de que sea la misma persona quien cesa en un mandato y debe  iniciar otro.
¿Un dictamen del TSJ podría aclarar todas las dudas?
El TSJ no emite “dictámenes.” El TSJ dicta sentencias, y sin duda, tiene competencia constitucional para interpretar la Constitución en  caso de duda, ambigüedad o laguna, lo  que por supuesto debe hacer con independencia e imparcialidad, como supremo intérprete y  garante de la Constitución y no como actor político.
¿Qué características debe tener la junta médica que podría declarar la falta
absoluta por incapacidad física y mental del Presidente? ¿Su dictamen es definitivo? 

Las características de la junta médica prevista en el artículo 233 de la Constitución son  las fijadas por el TSJ que es el órgano competente para nombrarla. La Constitución dispone 6 que esa Junta médica es la que debe certificar la incapacidad física o mental permanente del  Presidente, certificación que además debe ser aprobada por la Asamblea Nacional.
¿Cuándo la falta temporal del Presidente se convierte en falta absoluta?
De acuerdo con el artículo 234 de la Constitución, las faltas temporales del Presidente  de la República serán suplidas por el Vicepresidente Ejecutivo hasta por noventa días,  prorrogables por decisión de la Asamblea Nacional hasta por noventa días más. En todo  caso, si una falta temporal se prolonga por más de noventa días consecutivos, la Asamblea  Nacional debe decidir por mayoría de sus integrantes si debe considerarse que hay falta
absoluta.
¿Es jurídicamente válido que Chávez haya decidido que el vicepresidente Nicolás Maduro lo suceda en el cargo, aún en el caso que  el Presidente no pueda tomar  posesión el 10 de enero de 2013?
Lo que el Presidente expresó fue una voluntad política, su voluntad de que en una
elección presidencial que se produjera por su falta absoluta, el candidato de su partido fuera  el Sr. Maduro. El Presidente no decidió, en forma alguna que en caso de que él no pudiera  tomar posesión de su cargo el 10 de enero de 2013, Maduro “lo sucediera” en su cargo. Ello  habría sido inconstitucional, pues el 10 de enero,  el cesa como Presidente e igualmente  Maduro y el gabinete entero cesan en sus cargos..
¿En 30 días se pueden organizar nuevas elecciones presidenciales?
Las nuevas elecciones deben organizarse en el lapso fijado constitucionalmente. Su  organización está en manos del CNE, órgano que seguramente si puede organizarlas.

II.  NOTA SOBRE LA FALTA DE GOBIERNO, A PARTIR DEL  28 DE
DICIEMBRE DE 2012, POR LA AUSENCIA DEL TERRITORIO NACIONAL
(FALTA TEMPORAL), AL MISMO TIEMPO, DEL PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA Y DEL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO, QUIEN DEBÍA
SUPLIRLO
(31/12/2012)
El texto de las anteriores respuestas fue escrito entre el 28 y el 29 de diciembre de
2013, cuando en el país ya ocurría una situación inédita y extraordinaria de carencia o falta  de gobierno, por la falta temporal, por estar ausentes del territorio nacional, a la vez, tanto del Presidente Chávez como del Vicepresidente Maduro.
En efecto, con motivo de la ausencia del Presidente de la República del territorio
nacional a partir del 9 de diciembre de 2013, se produjo su falta temporal la cual comenzó a ser suplida por el Vicepresidente Ejecutivo, en quien, además, el Presidente delegó un 7 conjunto de atribuciones mediante Decreto No. 9315 de la misma fecha, publicado semanas  después, y luego republicado en Gaceta Oficial No. 40.076 del 26 de diciembre de 2013.  La consecuencia de la falta temporal del Presidente por estar ausente del territorio  nacional fue la puesta en funcionamiento del artículo 234 de la Constitución, conforme al  cual el Vicepresidente Ejecutivo suple al Presidente en sus funciones. Es decir, estando el  Presidente hospitalizado por grave enfermedad en La Habana, en una actividad
evidentemente de carácter no oficial, en Venezuela, el Vicepresidente y solo el
Vicepresidente Nicolás Maduro suplía las funciones  del Presidente, tanto como Jefe de  Estado y como Jefe del Ejecutivo Nacional, dirigiendo la acción de gobierno.  Sin embargo, el Vicepresidente Maduro salió del país el día 28 de diciembre de 2013,  rumbo a La Habana, anunciando que el Ministro de Energía Eléctrica, Héctor Navarro,  sería “encargado” de la Vicepresidencia “por el tiempo que estemos visitando a nuestro  comandante Chávez”(http://www.el-nacional.com/politica/Designacion-Navarrovicepresidente-genero-dudas_0_108591083.html).   Esa ausencia, sin embargo y a pesar de lo indefinido de su término anunciado,  presumimos que debió haber sido prevista por un lapso de menos de 5 días, pues de lo  contrario el Vicepresidente encargado de la Presidencia hubiera tenido que solicitar  autorización de la Asamblea Nacional, en los mismos términos en los cuales la hubiera  debido solicitar el Presidente en esos casos (art. 235).   Pero en cuanto a la posibilidad misma de la ausencia temporal del Vicepresidente por  ausentarse del país, lo cierto es que la Constitución no prevé en forma alguna tal posibilidad  de que el Vicepresidente Ejecutivo, cuando esté supliendo las funciones del Presidente por  su falta temporal, pueda ausentarse del país y provocar la actual situación de falta total de
Presidente. Tampoco prevé la Constitución que el Vicepresidente, supliendo al Presidente  por su ausencia temporal, nombre a otra persona como Vicepresidente “encargado.”   El “nombramiento” de un Ministro, como el anunciado respecto del Ministro de  Energía como “encargado” de la Vicepresidencia, por tanto, no tiene validez constitucional  alguna, pues con ello en definitiva dicho Ministro  estaría supliendo las funciones del  Presidente, quién, sin embargo, no lo ha nombrado Vicepresidente Ejecutivo. Sólo el  Presidente de la República puede nombrar un Vicepresidente Ejecutivo (art. 236.3), y el
Vicepresidente Ejecutivo no puede, a su vez, nombrar otro Vicepresidente (ni siquiera  “encargado”), salvo en caso de que se produzca una falta absoluta del Presidente, en cuyo  caso el Vicepresidente al asumir en pleno la Presidencia (cuando le corresponda) podría  entonces designar un Vicepresidente.
Por todo ello, y quizás por la inconstitucionalidad esencial de la bizarra situación
creada por el Vicepresidente Ejecutivo al abandonar el país y nombrar un “encargado” de la  Vicepresidencia, el texto del “decreto” de designación de tal “encargado” de la  Vicepresidencia, a la fecha de hoy (31-12-2013), no se conoce, ni ha sido publicado en la  Gaceta Oficial.
Por tanto, al 31 de diciembre de 2012, Venezuela simplemente carecía de gobierno, sin  que nadie en el territorio nacional cumpliera las funciones de Jefe de de Estado ni de Jefe  del Ejecutivo Nacional. 

Breve nota LB: Agradecemos a Juan José Monsant la remisión del texto.

miércoles, 25 de abril de 2012

NOTICIERO RETROSPECTIVO



- Humberto Njaim. "Constituyente perpetua, elección perpetua". El Mundo, Caracas, 11/12/00.
- Scarlet Martínez: Ricardo Sucre Heredia y la Constituyente. Economía Hoy, Caracas, 11/01/99.
- Jesús Sanoja Hernández. "Constituciones castro-gomecistas". Economía Hoy, 03/12/99.
. Allan R. Brewer-Carías. "La nueva Constitución refuerza elementos que provocaron la crisis". Economía Hoy, 19/11/99.
- Juan Carlos Rey. "Secreto de Estado y libertad de información". Resumen, Caracas, nr. 404 del 02/08/81.

Ilustración:  Alusiva a la nota de Benjamín Alcalá sobre el trueque de petróleo por azúcar, entre la URSS y Cuba, enfatizando que se trata de crudo no procesado. Elite, Caracas, nr. 1813 del 25/06/60.

lunes, 16 de enero de 2012

COLETILLA


De la emboscada simbólica
Luis Barragán


Lunes, 16 de enero de 2012


Maximizado el proceso político, parece (SIC) lógico que, cualesquiera de las dos opciones concurrentes, convertiertan los comicios presidenciales en una suerte de plebiscito a favor de una asamblea constituyente. La corrección de la Carta de 1999, necesaria en muchos aspectos, conducirá a un replanteamiento extremo que pretenderá un signo definitivo, independientemente del porcentaje que obtenga la fórmula ganadora.

Tal replanteamiento, en una sociedad también artificialmente polarizada, promete la generación de conflictos de consecuencias impredecibles. Sobre todo, cuando tarde o temprano descubramos la falsificación de las propuestas en boga.

Por ejemplo, el llamado Poder Popular para la construcción de un Estado Comunal. Poco importa que sea harto evidente el carácter antidemocrático del circuito comunalista que el oficialismo promueve, o la propulsión del clientelismo prebendario que impondrá la interesada distribución de los recursos públicos, reivindicando a las juntas parroquiales reemplazadas e integradas por aquellos que fueron elegidos a través de la votación directa, universal y secreta de la ciudadanía, por no citar la perversión de los mecanismos que sustituyeron al FIDES.

La maquinaria propagandística y publicitaria del Estado secuestrado, tiende a convertir a las juntas comunales (y los efectos que traerá en el reordenamiento territorial), en una demanda ciertamente incomprensible de constitucionalización, por más que contradiga los supuestos democráticos y participativos que dijo defender un día el constituyente. Tamaña legitimidad, forzada por la manipulación polarizadora, es una demostración adicional de la profunda violencia simbólica que padecemos los venezolanos, exhibiendo como sana y eficaz una alternativa que es la de un malintencionado retroceso de las instituciones republicanas.

El régimen está prefabricando la otra ilusión que jamás resistirá la prueba de las realidades, aunque probablemente se hará tarde para el arrepentimiento de sus propios y sectarios seguidores. Tratamos de una emboscada política más que dará alcance a justos y pecadores, porque todos – absolutamente todos – sufriremos las consecuencias.

Coletilla: No fue rendición de cuentas la de Chávez Frías, ni debate las distintas intervenciones de los parlamentarios. Una cosa y la otra siguen pendientes, obviando el espectáculo en el que se afana el oficialismo.

Fuente: http://www.analitica.com/va/politica/opinion/7868716.asp

Ilustración: Banksy