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lunes, 23 de noviembre de 2015

EL OTRO TERRORISMO DE ESTADO

EL NACIONAL, Caracas, 23 de noviembre de 2015
El terror de los precios justos
Alberto Arteaga Sánchez

El Decreto-Ley de los Precios Justos vigente, reimpreso por error de copia en Gaceta Oficial del 12-11-2015, sin duda, puede ser calificado como un instrumento que reúne una suma alarmante de disparates jurídicos y múltiples violaciones de la Constitución, que culminarán en una fuente inagotable, cierta e ineludible de arbitrariedades administrativas y penales.
Según la Exposición de Motivos, este decreto es el remedio contra la especulación y la inflación, proveniente del sistema capitalista y de la “mano invisible del mercado” operados por los “gobiernos irresponsables y los empresarios apátridas”.
Este decreto, unido a otros instrumentos legales, será, en estos días, el arma que utilizará el gobierno para aterrorizar a los empresarios privados y a los comerciantes, formales e informales, metidos todos en el mismo saco y declarados enemigos de la patria y sujetos de máxima peligrosidad, que, por ello, selectivamente, terminarán en prisión bajo la imputación de hechos que caen en los tipos penales nuevos y en los repotenciados con más severas penas.
Por simples sospechas, por denuncias de informantes anónimos o por ánimo de venganza, con la invocación de fórmulas abiertas, indefinidas e imprecisas cabe estimar como especulación, usura, boicot, contrabando, reventa o “bachaqueo” el comportamiento de cualquier empresario o comerciante.
Son muchos los dispositivos que merecen la más severa crítica, desde el punto de vista jurídico, pero me limitaré a los aspectos penales de una normativa que contribuirá a sembrar el terror en la empresa privada, sin que ello implique que no deban condenarse los abusos y transgresiones que se cometan en ese sector de la economía y que deben ser controlados o sancionados.
El artículo 44 del nuevo decreto extiende la responsabilidad penal no solo a los socios, administradores o directivos de las personas jurídicas que hayan dado su aprobación a los hechos imputados, sino que ahora pretende responsabilizar no solo a los integrantes de la sociedad o empresa, sino a los medios de comunicación social, publicidad y páginas web por los delitos que se estiman “cometidos por las empresas”, en fórmula que parece suponer que basta tener alguna relación con la gestión empresarial para responder “personal y solidariamente” en el ámbito penal, lo cual resulta inadmisible por la vinculación objetiva y culpable que exigen los principios que rigen el derecho penal, no pudiendo afirmarse, además, que la persona jurídica tenga, en sentido propio, responsabilidad penal.
Entre las fórmulas abiertas, contrarias al principio de legalidad, basta hacer referencia a la obtención de una ventaja notoriamente desproporcionada en la usura (artículo 58), de absoluta imprecisión, unida al incremento de la pena que ahora es de 5 a 8 años y antes era de 4 a 6 años. Asimismo, el boicot de conducta igualmente imprecisa y extrema amplitud, ve incrementada su pena de 12 a 15, años cuando antes era de 10 a 12 años.
Algunos dispositivos nuevos o reformados son incomprensibles o absurdos y se prestarán a la más abusiva discrecionalidad. El artículo 62 sanciona con pena de 8 a 10 años a quien “aplicare o informare por cualquier medio un tipo de cambio distinto al fijado por el Ejecutivo para la estimación de precios de bienes o servicios”; y el artículo 55 sanciona con pena de 3 a 5 años  y multa de 200 a 10.000 unidades tributarias y comiso de las mercancías a “quien revenda productos de la cesta básica o regulados, con fines de lucro, a precios superiores a los establecidos por el Estado, por regulación directa o lineamientos para establecimiento de precios”, calificando a quienes se asocien con tal fin como responsable por el delito de crimen organizado según la ley especial. En el nuevo artículo, por lo demás, se incluye la referencia expresa a la reventa por medios electrónicos, publicitarios o de cualquier otra índole.
Finalmente, no puede escapar de la crítica pública la observación necesaria de que ante la impunidad reinante ante la comisión de delitos comunes, ahora se pretenda castigar el contrabando de extracción, que incluye de manera absurda cualquier desviación de un producto de su destino original, con una pena de 14 a 18 años, en tanto que el homicidio simple tiene la amenaza de prisión de 12 a 18 años y que, entre otras cosas, que ponen de manifiesto los disparates legales, incurra ahora en especulación no solo quien “enajena bienes, productos o servicios”, sino “quien compre” esos bienes o productos, según el texto del artículo 49.
En pocas palabras, en el plano de la política criminal, no cabe la menor duda de que ahora el enemigo público nº 1, junto a quien disiente políticamente, no es otro que el empresario privado o el comerciante, formal o informal, declarado peligroso para la estabilidad del régimen y ubicado en el “centro de un sistema perverso de acumulación del capital”, sin caer en cuenta de que estas medidas, lejos de corregir entuertos, que los hay, solo producen mayores males, escasez y actividades que escapan de todo control, con perjuicio evidente para toda la colectividad.

domingo, 30 de marzo de 2014

MORBORREPRESIVO

Estudiantado y morbo represivo
Luis Barragán


La nuestra es una larga y reconocida tradición de luchas estudiantiles que, por cierto, experimentó una fuerte transformación con las bonanzas petroleras, reflejando fielmente las del país.   Un mínimo esfuerzo historiográfico puede dar cuenta del fenómeno, incluida una destacada radiografía sociológica. Sin embargo, pocas veces se supo de lo que ahora ocurre.

El terrorismo de Estado ejercido por los llamados colectivos, frente a la muchachada que protesta tan decidida y corajudamente, tiene una adicional característica: el sadismo. Y es que a la brutal y directa represión, añadido un cierto perfomance satánico del bullicioso recorrido circular de las motocicletas, en medio de los disparos, se suma el desenfadado disfrute del dolor, la angustia y sufrimiento de los jóvenes reprimidos.

Tal conducta represiva es la que autoriza a la hipótesis sobre la procedencia de las fuerzas de opresión, pues, no parecen profesionales encargados de tamaña tarea, sino un personal de origen cubano o, lo que es peor, delincuentes comunes liberados o  licenciados del cumplimiento de la pena. Gozan de sus letales ventajas para humillar a los otros, como si tuviesen patentes de corso para – finalmente – despojarlos de sus pertenencias, añadidas las vestimentas, incurriendo – como si faltara poco -  en actos lascivos.

Se dice, las fotografías y videos que circulan en la red de redes constituyen un porcentaje muy reducido de lo que se ha hecho y que, algún día, completarán un expediente más cercano al Juicio de Nuremberg que al chiste que se pretende. Hay un inmenso miedo de publicar tan importantes testimonios, agregada la desconfianza hacia la Fiscalía y el temor a las inmediatas represalias debido a la denuncia, ocupando más a los psiquiatras que atienden a aquellos que ni siquiera desean volver a pisar la facultad de Arquitectura de la UCV, por ejemplo.

Fotografías y videos que generan rabia e indignación, aunque también morbo en algunos sectores de la oposición digital que, más que denunciar, remueven sus placeres al difundirlo. Y de esto  saben muy bien los psicólogos sociales y encuestólogos que seguramente asesoran al gobierno.

La propuesta inocente de Franz Fanon en torno al lumpemproletariado, como destacamento facilitador de los procesos revolucionarios, rompe en nefastas consecuencias. Y, calificada o no de baja intensidad, muestras las fauces de una particularísima guerra civil propiciada desde el Estado mismo.

Fuente: http://www.analitica.com/va/sociedad/articulos/3134871.asp

viernes, 10 de enero de 2014

EL OTRO TERRORISMO DE ESTADO

EL CARABOBEÑO, Valencia, 08 de enero de 2014
La mirada del cameraman
Milagros Socorro

De pronto, da la impresión de que la cámara se desliza con el ritmo de la piedad. Se detiene en unos pobres muchachos, que emplean un domingo de sus vidas en acudir a la Asamblea Nacional para gritar mientras hablen los diputados de oposición, esto es, para caracterizar la canalla.
En la primera sesión de 2014, la diputada María Corina Machado hace una intervención muy concisa, muy pertinente y de una valentía verdaderamente asombrosa, dado que allí, muy cerca, en los palcos y galerías se encuentra en gran número lo que el diputado Luis Barragán ha denominado “el relleno parlamentario”: una pobre gente “exclusivamente administrados y manipulados por el oficialismo”, como dice Barragán, que están allí para “gritar, amenazar y vituperar al diputado opositor con la venia y el regocijo de la dirección de debates”.
La grabación en video de este domingo 5 de enero lo muestra en todo detalle. La diputada Machado afirma: “Estamos constatando cómo se pretende aniquilar la democracia y demoler la república. Hemos visto cómo se está designando esta directiva y esta secretaría, que nos han negado el derecho de palabra, apagando la voz de un pueblo al que quieren callar”.
El lente capta los palcos y galerías. Los asistentes están tranquilos. Algunos lucen, incluso, absortos en la exposición de la parlamentaria, que exhibe una notable capacidad expresiva y pulcra dicción.
Machado testifica con voz firme y sin excesos histriónicos los atropellos de la secretaría de la Asamblea contra el derecho de expresión de los diputados democráticos y el derecho a la información de la sociedad, vulnerado por la prohibición de entrada de los medios al hemiciclo, así como el uso del canal de televisión de la AN “para atacar la dignidad humana de los diputados” de oposición.
La visita sigue callada, expectante. La cámara los recoge con lentitud para mostrarnos su humildad.
“Esta directiva completamente cómplice del gobierno más corrupto de la historia de Venezuela”, dice Machado. Y entonces empiezan los gritos. Es como si esa gente de tan precaria condición no soportara escuchar la más mínima mención al latrocinio que se produce ante sus ojos y con su venia.
“Cientos de planteamientos, cientos de denuncias hemos formulado”, sigue la diputada Machado sin alterarse, con el tono de quien está cumpliendo con su deber y no habrá morralla que le impida hacerlo. “Y ni uno solo ha sido investigado ni sancionado”.
La bulla aumenta. “La indolencia que hemos visto...”.
El cameraman se demora en unos muchachos de estampa proletaria que sobreactúan su diversión.
“...ante denuncias como la de la Refinería de Amuay. El horror de las fronteras, donde la guerrilla está asesinando a niños venezolanos y que aquí se han negado a investigar. El año pasado, cada 20 minutos asesinaron a un compatriota venezolano y aquí se han negado a atender los planteamientos que hemos hecho para discutir y corregir esta situación. Lo mismo con la humillación de la escasez y la inflación. Es una Asamblea absolutamente sumisa al poder, que ha entregado una Ley Habilitante...”.
En este punto, los militantes del alboroto se exacerban. Empiezan a gritar: “Chávez vive...” como si reconocieran que el muerto se prolonga en los crímenes que Machado señala. El cameraman se concentra en ellos, a quienes vemos mientras la diputada persiste en sus graves acusaciones. Los gritones son la ilustración viva de aquella frase de Bolívar: instrumento ciego de su propia destrucción.
Diosdado Cabello se suma a los chillidos y aplausos. El camarógrafo parece tener presente lo que dijera Hermann Escarrá en 2009: “... las acciones tumultuarias que permanentemente observamos y los atentados contra la libertad de expresión”.
O lo que pronosticara el mismo Escarrá en 2007, sobre la Reserva: “...al final su movilización será frente a la resistencia, frente a la disidencia ciudadana en Venezuela, frente a la oposición en Venezuela”.
La intervención de María Corina Machado, lección de responsabilidad y coraje, tuvo lugar menos de 48 horas antes del asesinato de Mónica Spear, que ha conmocionado al país. Y cuando aludió a las muertes por violencia, el relleno parlamentario, con Diosdado Cabello a la cabeza, intentó acallarla.
Cómo no mirarlos con lástima. Cómo no observarlos con la desolada dilación que les dedicó el anónimo cameraman.
http://www.analitica.com/va/politica/opinion/7200466.asp

TERRORISMO DE ESTADO

La otra lista
Luis Barragán


Ciertamente, no merece una adicional consideración que la ministro haya divulgado una lista de viajeros al exterior.  Se trata de un aporte al que no se atreverían aquellos que, con una convincente trayectoria política, a pesar de una semejante profesión de fe ideológica,  jamás incurrirían en un recurso tan burdo. Empero, luce necesario agregar un par de observaciones a las ya consignadas hasta por los propios afectados.

Por una parte,  la estúpida maniobra de tildar de apátridas a todos los que osen visarse y efectivamente incursionen en el extranjero, sin que pueda demostrárseles delito alguno para financiarlo. El cinismo jamás había llegado tan lejos cuando son los más y los menos destacados de la órbita oficialista, quienes disfrutan holgadamente de sus tránsitos y hasta inversiones intergalácticas: incluso, la diputada Dinorah Figuera denunció en una sesión plenaria, empuñando las imágenes no desmentidas, a las presidenciales hijas que compartían el carísimo concierto parisino con una conocida periodista de planta que suele rasgarse sus vestiduras parlamentarias.

Por otra, la obtención y manipulación de una información de Estado con evidentes fines político-partidistas. Probablemente, en u  futuro no muy lejano, inescrupulosamente apelen a otras que sirvan para estigmatizar a la oposición, así fuesen inciertas las denotaciones y connotaciones de una expresión tan maniquea como la “derecha”,  al igual que el ascenso que consagran configurando toda una jefatura.

Obligada coletilla, aunque tardan en hacerlo con las cifras económicas claves, más de las veces negándolas o inventándolas, Nicolás Maduro considera que su funcionaria ha cumplido con el  deber de informar. Y la victimaria se convierte en víctima de una campaña fascista, redondeando la faena con la otra lista.
http://www.analitica.com/va/politica/opinion/1417983.asp

lunes, 24 de junio de 2013

MODELISMO Y ANTIMODELISMO

Del modelismo estático
Luis Barragán


Muchas veces, ha sorprendido el amigo que es capaz de hablar de las viejas y novísimas manufacturas militares con prolijos detalles, a pesar de desempeñar un oficio o profesión harto distintos. Y, aunque puedan confesar el origen de sus conocimientos, se hizo necesario acudir al sitio donde frecuentemente los comparte para redondear  el asombro.

El Club de Modelismo Estático 2000, expuso el fin de semana próximo pasado en un área del hotel del CC Paseo Las Mercedes, introduciéndonos a un universo que, simplemente, no conocíamos. El ensamblaje de submarinos, vehículos terrestres, aviones comerciales y de guerra, como de otras innumerables figuras a escala, nos avisó de una afición cultivada desde la infancia y adolescencia por quienes, hoy, también abuelos, los convoca una actividad  personal que retrata toda una escuela alternativa de ciudadanía pacífica, paciente y creadora.

Diferentes edades, ocupaciones y estratos sociales, se dan cita para un intercambio amigable y autosustentado. No puede decirse de una afición de privilegiados cuando recibimos el testimonio específico de quien, ya experimentado y reconocido modelista estático, concurrió como parte del exigente jurado calificador, mas no pudo exponer algunas de sus piezas por la falta de materiales, por lo general importados, que especialmente contribuyen a los mínimos requisitos de una armadura o fabricación de la pieza.

La sana actividad podría desaparecer de continuar la consabida y palpable crisis que nos agobia, junto a esa escuela de civismo que ha facturado. Por supuesto, una empresa didáctica de tales dimensiones, al alimón con la investigación que inusitadamente va especializándose, no las puede conocer un gobierno tan regimentado que, sospechando de la libre iniciativa ciudadana, nos condena a la cuadratura insostenible de sus dogmas y supuestas realizaciones de endeble cartón.

De fácil adivinación, un muchacho de colegio público o escuela privada se dejaría atraer por un ejercicio de fabricación o ensamblaje de piezas que multiplicarían su imaginación hasta gozosa, trabajando con la mente y las manos. Sin embargo, absurda e inexplicablemente, el modelismo estático, como el ajedrez,  brilla por una masiva ausencia en hogares y planteles que ignoran la opción.

Hasta deslumbrados por objetos detalladamente examinados por el jurado calificador, nos retiramos en la tarde para rememorar luego la visita que, al igual que la mañanera tertulia de Rubén Monasterios en la librería Kalathos del Centro de Arte Los Galpones, hizo del sábado un día lo más cercanamente perfecto.  Y es que, con todos los problemas, reivindicamos nuestro derecho al optimismo.

De la universidad agredida

Los viejos encapuchados de nuestra militante anomia, son los que ahora gobiernan el país. Antaño, sus festivas rebeliones urbanas estaban pretextadas por la autonomía universitaria, la represión gubernamental y la bondad de las ideas que jamás debatían, tildándolas de utopías; hogaño, renegando de las posturas que decían autorizarlos moralmente, atentan contra la autonomía, violentan la universidad y -  reivindicando el hábito - nunca discuten, esculpiendo en  carne viva la antiutopía.

Poco les importa agredir a la población universitaria con un feriado de disparos y lacrimógenas, destruyendo una obra arquitectónica universalmente reconocida. Y, como si no tuviesen serias responsabilidades gubernamentales, quienes públicamente ejercen el poder, esquivan, evaden y ocultan la identidad de los grupos agresores que,  inevitable conclusión, cumplen labores del nuevo terrorismo de Estado.

Rechazamos y condenamos esta reciente agresión escenificada en el rectorado de la Universidad Central de Venezuela (UCV), pero también llamamos a la activa defensa de la autonomía por una comunidad hasta ahora apática y atemorizada. Y esto incluye, la defensa ante el empleo de los tribunales ordinarios para desconocer el legítimo derecho a la protesta y a la huelga, pues – judicializando el drama de el educación superior en Venezuela – se ha ordenado la reactivación de las actividades de la UPEL y de las distintas universidades públicas en conflicto.

Fotografías: LB, excepto UCV (tomada de la red).
http://opinionynoticias.com/opinionnacional/15667-del-modelismo-estatico

martes, 12 de febrero de 2013

TERRORISMO DE ESTADO

EL NACIONAL - Martes 12 de Febrero de 2013     Opinión/5
Amedrentar y perseguir para dominar
El terrorismo de Estado es ejercido por quienes tienen el control del Estado, es decir, por el mismo gobierno o Ejecutivo, generalmente constituido como tal de manera ilegítima e ilegal
VÍCTOR RODRÍGUEZ C.

El terrorismo es un término complejo, difícil de definir, aunque sus elementos resultan claros: crear terror por la violencia o la amenaza de la violencia con fines y objetivos precisos, por lo general, realizados por grupo irregulares que atacan al Estado como institución, para imponer una estructura distinta, en absoluta contradicción con los principios y valores democráticos.
El objetivo del terrorismo es perseguir, amedrentar, castigar a una parte de la población civil con el único fin de dominar por el terror y mantenerse en el poder. Una definición muy próxima a otros crímenes graves, como el genocidio, que son castigados por el Derecho internacional penal.
El terrorismo es en todos los casos condenable. Nada puede justificar la realización de actos terroristas, provengan de entidades distintas de los Estados o de estos mismos.
La comunidad internacional ha condenado reiteradamente el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, independientemente de quién lo cometa y de dónde y con qué propósitos, puesto que constituye una de las amenazas más graves para la paz y la seguridad internacionales.
El terrorismo tiene varias formas y una de ellas es el de Estado, es decir, el que se ejerce desde el poder, para crear zozobra, acorralar a un grupo e imponerse.
Una primera manifestación del terrorismo aparece con Robespierre a finales del siglo XVIII, cuando impuso el régimen del terror al encarcelar y ejecutar a sus opositores, no muy distinto de lo que hizo Fidel Castro en el año 1959 cuando impuso en Cuba lo que hoy un grupo de aventureros quiere imponer en Venezuela.
El terrorismo de Estado es ejercido por quienes tienen el control del Estado, es decir, por el mismo gobierno o Ejecutivo, generalmente constituido como tal de manera ilegítima e ilegal: pero también, por las otras instituciones del Estado sometidas por el Ejecutivo, el partido político único que penetra la sociedad y otros grupos afines, incluidos paramilitares.
Las actuaciones del régimen chavista podrían reflejar actos propios de terrorismo de Estado.
Son alarmantes los ataques realizados por el Ejecutivo representado por un vicepresidente, Nicolás Maduro, cuya legitimidad ha sido justificadamente cuestionada; por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, quien actúa en nombre de la institución más representativa de la soberanía popular, como si el 48% de los venezolanos le hubiesen dado con su voto una "autorización" para agredir al otro 52% de los venezolanos; y por los distintos dirigentes segundones y sumisos que repiten al unísono el discurso concebido en La Habana, depósito de las instituciones del Estado venezolano: ministros, miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela ­ Partido Socialista Unido de Venezuela­ y un grupo de indignos secuaces que utilizan los medios para sembrar odio y terror.
Enumerar los actos en contra de los representantes de la oposición en la Asamblea Nacional, de los gobernadores y alcaldes democráticos elegidos, requeriría mucho más espacio del que se ofrece a los columnistas y analistas en un diario.
Acusaciones, ofensas, calumnias respaldadas por las instituciones del Estado sumisas al Ejecutivo, que solamente abre averiguaciones en contra de la disidencia, son comunes y frecuentes desde el poder.
Reabrir expedientes de violaciones de derechos humanos en forma discriminada y crear comisiones de la verdad, que no son tales, constituyen actos que sólo pueden ser calificados de terrorismo de Estado. La violencia en la calle, que deja miles de muertos a lo largo y ancho del país, es consecuencia de esas nefastas y bien elaboradas políticas de terror que los venezolanos debemos rechazar con firmeza, aunque se corra el riesgo de ser calificado de "radical", término que sólo puede ser adjudicado a quienes hoy ejercen el poder en este país.

miércoles, 28 de marzo de 2012

TRAGADURA


Del otro terrorismo de Estado
Luis Barragán

Martes, 27 de Marzo de 2012 17:36

Nuevamente, la Universidad Central confronta una difícil situación. Amanecimos con la noticia de la infiltración de una veintena de encapuchados que nada tienen que ver con los Carmelitas Descalzos, suerte de teloneros para una estridente manifestación del reducido grupo autodenominado M-28.

E, independientemente de sus actuales e inmediatas implicaciones políticas, tan parecidas a un elaborado juego de laboratorio, nos embarga una profunda tristeza. Luego de escuchar por televisión las declaraciones del líder de tan alborotada como reducida manifestación, abonando escasamente a las viejas luchas universitarias, ratificamos nuestra convicción sobre la calculada degeneración criminal del debate político, la decrepitud de las banderas que los protagonistas del suceso presumen de ideológicas y el revanchismo crónico que no se resigna a las derrotas electorales que llevan a cuestas.

Y no se le ocurre otra cosa al declarante que acusar a la derecha de los actos vandálicos que ha consternado a la comunidad universitaria, incluso, llevándose por delante una insigne obra como es la ciudadela reconocida por la UNESCO como patrimonio cultural de la humanidad, objeto de los afanes dizque revolucionarios. Gratuita referencia a una derecha indefinida, deseándola brutalmente fascista de acuerdo a los intereses del régimen, vista en todo adversario u oponente, no repara en el cínico ejercicio de una violencia que nos llevan a una clarísima y aleccionadora sentencia de José Barbeito: "El hombre está ontológicamente incapacitado para destruir a los otros sin destruirse, no puede degradar sin haberse degradado primero".

La drástica renuncia a todo debate, optando por simularlo a través de las irrupciones violentas que carecen de la espectacularidad heroica tan deseada para llamar la atención de los altos jerarcas del régimen, al parecer, conformes con la caricatura que les hace – apenas – gracia, tiene sus interlocutores en el extremo más opuesto. Hace un buen rato, trabajando en un informe en casa, nos dejamos tentar en una red social donde se pasean jóvenes defensores del perezjimenismo y, siendo el saldo tan lamentable, constatamos otra vez la falta de argumentos y la pasmosa simplicidad de una postura política que se hace inadecuadamente en un grupo dedicado a la historia: los extremos se juntan, en un mismo culto militarista.

Hubo sobradas razones para combatir por la autonomía universitaria en las décadas anteriores, aunque – siendo epicentro de un movimiento insurreccional – también medidas que aplicar frecuentemente respaldadas por una determinación judicial. Este marxismo panfletario que es hoy gobierno en Venezuela, mancha buena parte de los propósitos que aupó un rector emblemático como lo fue Jesús María Bianco, atentando precisamente contra la autonomía, propulsando un consejo estudiantil que no sólo atenta – por su único planteamiento – contra la voluntad electoral del estudiantado, sino que promete convertirse en un artefacto de arrodillamiento, sojuzgamiento, humillación, control, propio del totalitarismo.

A quien ahorcan en la Plaza del Rectorado es al mismo rector Bianco, si lo vemos bien. Y, ahora, con una sofisticación insólita, porque la sospecha se ha convertido en convicción: nada pasa cuando se emplean armas, artefactos lacrimógenos y bombas incendiarias en el seno de la universidad, saboteando su normal desenvolvimiento, excepto que sirva exclusivamente para acusar a esa derecha imaginaria, calzada sobre el ficticio paredón que la arrogancia gubernamental ha recreado.

El Estado no asume la responsabilidad ante la violencia desatada, demostrando una negligencia inaudita, haciendo gala de sus acostumbradas omisiones, cuando se le requiere. La autonomía es el pretexto, porque – flotando en los acontecimientos – se le puede manipular para arrinconar a las autoridades universitarias, en ese juego perverso que ha caracterizado a Chávez Frías.

Coinciden las exitosas diligencias judiciales realizadas por los dirigentes del oficialismo para esquivar sus fracasos electorales, las jurisprudencias dictadas que aventajan al gobierno nacional, el impedimento de las puertas para la insegurísima UCV que deja intactas las de la UBV o las de Miraflores, con estas recurrentes hazañas que obligan al aplauso de las emisoras del Estado. ¿No somos víctimas del otro terrorismo, más elaborado y eficaz, que – tarde o temprano – se tragará a sus animadores?

Fuente: http://opinionynoticias.com/opinionpolitica/11356-del-otro-terrorismo-de-estado
Fotografía: El Juez de Instrucción, Francisco José Villarte llegó a la UCV a practicar el allanamiento y requisa a propósito de los cuadros robados del Museo de Bellas Artes. En presencia del rector, Francisco de Venanzi, lo llenaron de improperios y lo secuestraron por varias horas. Elite, Caracas, nr. 1948 del 26/01/63.

lunes, 27 de junio de 2011

OBJECIONES INMEDIATAS


Sobre el viejo y nuevo terrorismo de Estado
Luis Barragán

27 Junio, 2011

En fecha 21 de los corrientes, la bancada oficialista planteó la primera discusión del Proyecto de Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y Otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el Período 1958-1998 (PL), cuyo ponente fue el diputado Fernando Soto Rojas. Familiares y relacionados de las víctimas, acudieron al hemiciclo, aunque no pudo escucharse a José Vicente Rangel, igualmente invitado, pues se retiró luego de la prolongada y justificada paralización de la sesión ocasionada por el arbitrario propósito de allanar la inmunidad parlamentaria de William Ojeda.

Hábito interesado, a última hora comparten la propuesta escrita definitiva, precedida por una campaña en los medios oficiales que la generaliza. Importa reconocerlo, hay una ambientación previa que acarrea un desafío adicional para el debate.

Por lo pronto, observamos:

1) El proyecto constituye un recurso extraordinario para la segregación, el revanchismo político y la estigmatización gubernamental de todo oponente o disidente. Exclusivamente destinado a proteger – según lo entiende – a los “militantes revolucionarias y revolucionarios” del período 1958-1998, protección especial; luchadores “anti-imperialistas, por la democracia popular y el socialismo en Venezuela”; atribuyendo al Ejecutivo Nacional el reconocimiento y la declaración de “marti (SIC) por la democracia popular, la liberación nacional y el socialismo” (PL: artículos 1, 4, 17, 20, 23). Y, aunque cabe la posibilidad de promulgar leyes especiales orientadas a la protección de las personas en circunstancias muy específicas, el proyecto de marras comporta una desuniversalización de la ley, institucionalizando – por lo demás – a determinadas expresiones de la sociedad civil, incluyendo a grupos paramilitares como los colectivos, en detrimento de entidades de meritoria trayectoria (por ejemplo, COFAVIC). Establece

una garantía de no repetición de los hechos denunciados, circunscritos al referido período, indicio de una inevitable vocación universalista que frenan los actuales intereses del poder establecido (PL: 17). Evidentemente, niega los excesos y las víctimas del propio proceso subversivo, el papel de las Fuerzas Armadas Nacionales y, añadimos, los alcances de la otrora Política de Pacificación, gracias a un instrumento legal en ciernes de radical parcialidad y sentido político e ideológico.



2) Invocado el artículo 29, importa hacerlo también con los artículos 30 y 31, todos constitucionales, habida cuenta de las denuncias interpuestas y decisiones adoptadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por estos años, demostrativo de un intención y utilidad política inmediata del proyecto. Por cierto, al referirse a las fuentes empleadas, el expositor de los motivos del proyecto no puede desactualizar los derechos humanos, reconociéndolos únicamente para el período que le interesa.



3) Consagrada el delito político para un sector de la población, novedosamente tipificado el de la postura – según lo entienden – anticomunista, pues establece un suerte de fuero para los que profesaron o profesan la “doctrina anticomunista de la contra-insurgencia” (PL: 4, 6). En última instancia, consagra al enemigo interno propio de las consabidas doctrinas continentales de seguridad nacional, a la que se apegan aunque paradójicamente la cuestionen, desconocido el principio de corresponsabilidad del Estado y la sociedad civil para definirla e implementarla de acuerdo al artículo 326 constitucional.



4) Reto en materia probatoria y, acaso, consagración de la presunción como elemento suficiente para castigar, establece un conjunto interesante de modalidades y tipos de terrorismo de Estado que sería, en el fondo, la finalidad legislativa. Partimos de la pérdida de posibilidades laborales y académicas, hasta la desaparición forzada, etc. (PL 6, 19), aunque lucen redundantes invocar el acceso a la justicia, la celeridad de las diligencias del Estado o el derecho a la verdad (PL: 8, 9, 13). Acá diferenciamos entre las manifestaciones clásicas del terrorismo de Estado, y las más novedosas o sofisticadas que escapan del ámbito temporal del proyecto. Sostenemos que, a una sociedad de una básica e irrebatible cultura democrática, le ha correspondido otra expresión de terrorismo de Estado, ejercido por delegación para no implicarlo o responsabilizarlo directamente, quizá de baja intensidad que reporta también un déficit de autoridad, pues, la población ha estado a la merced de organizaciones pro-gubermanentales o

para-gubernamentales que la acechan y agreden sistemáticamente, con la aquiescencia, indiferencia o negligencia interesada del Estado. Incluye la militarización de la sociedad, la reclusión de la disidencia política y de los protestatarios sociales con la delincuencia común. El sometimiento al escarnio público de la dirigencia opositora, la acusación de golpista o apátrida de todo disidente, las inhabilitaciones administrativas, el servicio forzado de los empleados públicos para labores de proselitismo, el desconocimiento de la inmunidad parlamentaria, la obstaculización del cabal ejercicio de los derechos políticos, por no citar los exilios arbitrarios, el hostigamiento, el perjuicio patrimonial, las amenazas de muerte, la extorsión, la impunidad derivada de indultos o amnistías selectivas que contempla el propio proyecto (PL: 1, 2).



5) Llama la atención que el Ejecutivo Nacional, considerado única manifestación del Poder Popular, monopolice la materia, pues la Comisión de la Verdad sorprendentemente está adscrita a un despacho ministerial, limitada temporalmente, sin precisión alguna de su naturaleza jurídica (PL: 4, 7, 10, 11, 17). Rompiendo con lo universalmente entendido e implementado respecto a las comisiones de la Verdad, añadimos una confusa relación institucional con el Ministerio Público o la Defensoría del Pueblo o el reconocimiento exclusivo que pueda dispensar a través del registro interesado de las personas y casos. Curiosamente, la instancia dependiente del Presidente de la República, está integrada por fiscales de hecho, quienes “podrán actuar por cuenta propia o por intermedio de un delegado plenamente facultado para tal efecto”, pudiendo imputar a aquellos que no le presten la colaboración solicitada (PL: 10, 15)



6) Interesante la consideración en torno al patrimonio documental público y privado que abrirá dicha Comisión del Ejecutivo (PL: 13, 14, 16). No obstante, actualiza la necesidad de actualizar la legislación sobre los archivos públicos, el papel del Archivo General de la Nación y la desclasificación de los documentos policiales, partidos, medios impresos y audiovisuales, agregando hasta militares capaces también de dar cuenta de los procesos disciplinarios hipotéticos relacionados con la materia.



7) Delicado “rescate de la memoria histórica” (PL: 1), que olvida otras incidencias como el golpismo recurrente de derecha o la denostación de Fidel Castro contra el PCV, en los sesenta. Hay una interesada interpretación histórica subyacente que evade la responsabilidad misma de la insurrección marxista, consabidamente errada, amén de dar al traste con toda la discusión política e ideológica que generó la derrota entre las décadas de los sesenta y setenta. Peligroso rescate, pues protege de antemano la versión oficial de acontecimientos concretos que parte de El Porteñazo hasta el 4-F y la posibilidad abierta de inculcarla acríticamente a través de los textos escolares (PL: 23). Valga reconocer el coraje de los denunciantes de entonces, recordando que José Vicente Rangel nunca perdió la inmunidad parlamentaria por ello. Sostenemos que el proyecto en cuestión, está orientado a una “cacería de brujas” que implicará a quienes no vivieron aquellas décadas, por las obvias razones de edad.

A modo de conclusión, la importancia, pertinencia y posibilidad es la de una Ley Contra el Terrorismo de Estado que actualice sus formas o modalidades, en la cual – universalizada, sin delimitación temporal – puedan también subsumirse los casos o eventos de las décadas pasadas. Sostenemos la urgencia de perdonar haciendo justicia, sin añadir otros artificios para una discordia que se nos antoja frecuentemente morbosa.

Fuente:
http://www.noticierodigital.com/2011/06/sobre-el-viejo-y-nuevo-terrorismo-de-estado/

ANACRÓNICAMENTE, LOS '60


La tozudez de un imaginario
Luis Barragán


La primera discusión del Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y Otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el Período 1958-1998, según la nomenclatura del ponente, está poblada de significaciones acaso inadvertidas. Dando muerte al betancurismo, ciertamente indefendido en la sesión de la Asamblea Nacional del 21 de los corrientes, contrastante con los debates de cincuenta años atrás, ahora sólo consagrando la betancuriedad, el oficialismo insistió en el ya viejo imaginario social (“triunfante” a destiempo), creyéndose automáticamente relevado de toda responsabilidad por la derrota de la lucha armada que la historia demostró errada, además de burlar la polémica política e ideológica que ella, inevitable y naturalmente suscitó.

Gisela Kosak Rovero, por ejemplo, ha estudiado convincentemente aquél imaginario en pugna por la década de los sesenta, a través de distintas novelas, que hoy cuenta con un núcleo irreductible e impermeable de creencias aventajadas por el empleo profundo de los recursos simbólicos del Estado, como nos ayuda a colegir Elisa Casado. Soportamos una interesada transmisión televisiva desde la Asamblea Nacional, en el escenario dispuesto para los familiares y relacionados con las víctimas de los remotos excesos represivos que, como moneda verdadera, autoriza la circulación de la moneda falsa de los infundios, descalificaciones, infamias y las acostumbradas consignas huecas contra la oposición, sin reparar en la ausencia del mandatario al que le rinden un vergonzoso culto, o la muerte masiva de los procesados y sentenciados comunes al que el Estado no les garantiza la vida, por no citar o anunciar que corre otra centuria.

Refería Cornelius Castoriadis que “estas significaciones (imaginarias sociales) son presentificadas (SIC) y figuradas en y por la efectividad de los individuos, de actos y de objetos que ellas ‘informan’”, por lo que la junta directiva que a veces suplanta al parlamento mismo, dispuso de un espectáculo que, sobre el dolor de los familiares y relacionados aludidos, tiene por objeto desarrollar una política de revanchismo y estigmatización de la oposición y de la disidencia actuales. Para ello, reporta una mínima y calculada racionalidad en el proyecto de ley que, por cierto, a juzgar por las intervenciones de la bancada oficialista que también roza la histeria, evidentemente no sabe de la radiografía que intentó Luis Cipriano Rodríguez sobre el anticomunismo, regodeándose en un común, preocupante y hasta cobarde desconocimiento de la historia.

El proyecto en cuestión, versa sobre el clásico terrorismo de Estado, instituyendo una Comisión de la Verdad absolutamente dependiente del Presidente de la República para reconocer o desconocer a las víctimas de la represión política de los exactamente cuarenta años del puntofijismo, tipificando – por cierto – el delito de no compartir, discrepar o combatir el socialismo y comunismo en los términos – suponemos – de las FALN, porque disgutará mucho a los proponentes aquella distanciación del PCV con Fidel Castro, acentuada hacia 1967. Sin embargo, para sintetizar nuestra postura, sostenemos que urge una ley contra todo terrorismo de Estado, ajena a esa suerte de estado de excepción que favorece a unos venezolanos frente a otros, en la que se puede subsumir la buena intención que haya sobre el proyecto comentado, ampliada no sólo en términos temporales, sino en las nuevas modalidades en curso, tan afines al socialismo campamental.

Escombros de un imaginario, queda atrás la discusión de Teodoro Petkoff, Moisés Moleiro y Radamés Larrazábal en los setenta, otro ejemplo, sobre el modelo de militancia revolucionaria. El foquismo actual de poder, inimaginable para Maurice Duverger, emplea a fondo la jerga ultraizquierdista que alimenta esa inflación del discurso político tan perniciosa como la económica.

Fuente: http://www.medios24.com/p36282.html
Ilustración: Narciso-Debourg,Argenronoir,1982