PONTÍFICES

El mito del precio justo
Luis Barragán

Los más variados especialistas coinciden no sólo sobre el nefasto modelo económico en curso, sino – específicamente – en el mecanismo de formación de los precios de bienes y servicios que lo agrava.  De un modo u otro, lo admiten hasta los partidarios de un gobierno al que procuran no desafiar a través de la más modesta declaración, cuidando el propio pellejo político.

Siendo tan marcada, masiva o generalizada la irresponsabilidad de los más altos funcionarios del Estado, en esta u otras materias, deseando pasar por inadvertidos, sólo les queda un pretendido recurso moral: sentenciar lo que es justo o injusto. Ocurre con la regulación obsesiva y extrema de los precios, como – por ejemplo -  el de la harina pre-cocida, cuya cifra está por debajo del costo de producción y distribución, facilitando una triple circunstancia: la de castigar y estigmatizar personal y políticamente al empresario, auspiciar la quiebra de la empresa y enmascarar el monumental fracaso del Estado en estas lides que lo desbordan, teniendo por único resultado la hambruna creciente de la población a la que urge domesticar.

De una reiterada y comprobada incompetencia, esos mismos funcionarios dictaminan cuál es y, en consecuencia, no es el precio justo. Quienes quebraron un país que, mal que bien, funcionaba al exhibir irrefutables y superiores niveles de vida más de un década y media atrás, ahora empobreciéndolo hasta lo indecible, incluyendo la ininvestigable putrefacción de los alimentos en los puertos venezolanos, hoy dictan cátedra en un asunto que, valga acotarlo, particularmente no los afecta al gozar de los privilegios del poder y permitir la consolidación de sendas mafias, porque el problema no se limita al impune desempeño de los llamados bachaqueros y colectivos armados que operan un negocio del que sospechamos frondosas complicidades.

¿Cómo determinar si es justo o injusto el precio de un producto o la prestación de un servicio, partiendo de un contexto doloso que lo llevó al espacio sideral, a pesar – por lo demás – de todas las advertencias que se hicieron? ¿Cuál es, en definitiva, el criterio económico aplicado para justipreciarlos, en medio de una prolongada emergencia que es muy propia del naufragio de un modelo, resistiéndose a aceptarlo  aún teniendo el agua al cuello? O, mejor, ¿por qué un gobierno tan injusto pontifica sobre lo que es justo o no, tratándose de la dieta diaria de alimentos y del tratamiento farmacológico de cada venezolano? Acaso, ¿no son necesidades vitales las de comer o medicarse oportunamente, accediendo a los productos indispensables?

Concluyamos, hemos pagado un injusto y altísimo precio por un régimen que no tiene parangón histórico alguno, porque las etapas de hambruna y desasistencia médica remiten al lejano país despoblado e incomunicado de las guerras y escaramuzas civiles del siglo XIX y, aceptemos, hubo de todo con el consabido Caracazo del XX, menos el desabastecimiento que nos acogota en el presente.   Mito endeble y pernicioso, fracasada la tozuda regulación, aspiran a otra tarifa: la del miedo.

29/12/2016

http://www.noticierodigital.com/2016/02/el-mito-del-precio-justo/

http://noticierodigital.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=19337

¿NOS TELETRANSPORTAREMOS?

Nada justo es el precio que hemos pagado por el gobierno de Maduro

“Desde ya se anuncia un aumento general de las tarifas del transporte público y  en el estado Aragua, como en todo el país,  el servicio ha empeorado dado el desabastecimiento de los respuestos más elementales, el deterioro del parque automotor, la inseguridad personal y vial, mientras que los privilegiados del poder cuentan con una costosa, segura y confortable flota de vehículos en la que ostentosamente se pasean a cuenta de todos los venezolanos”, señaló el diputado Luis Barragán, aspirante a la reelección en una asamblea de ciudadanos celebrada en Samán Tarazonero.

“Los más vistosos vehículos, cómodos y de reciente modelo,  que pagamos todos con nuestros impuestos,  surcan las calles del país, con o sin placas oficiales, transportando a los altos y medianos funcionarios del Estado y a sus familiares, mientras que la población es condenada a arriesgar – incluso – su vida en medios de condiciones muy precarias, proclives a accidentarse, asediada junto a los choferes por el hampa.  Por cierto, , como siempre, tampoco se conoce la tasa oficial de inflación en materia de transportes”.

Añadió el parlamentario: “Este socialismo parasitario ha reducido cada vez más las posibilidades de contar con un automóvil personal, pues el ciudadano común no puede costear la adquisición de un vehículo que hoy vale lo que hasta hace poco se pagaba por un apartamento y años atrás por un refresco, por no mencionar su difícil mantenimiento. El visitante extranjero que tome una fotografía de las colas de carros en carreteras, calles, avenidas y autopistas del país, rápidamente se percatará del fuerte retraso del parque automotor venezolano, porque casi imperceptiblemente está ocurriendo algo semejante a lo sucedido en Cuba, en la que demasiado pocos – salvo los grandes burócratas – pueden tener un vehículo y cuando tiene la fortuna de heredarlo,  éste data de los años cincuenta”.

Finalmente acotó: “Nada justo es el precio que hemos pagado por el gobierno de Maduro, siendo apenas un detalle el encarecimiento del transporte público. Sin embargo, el 6-D comenzará la otra etapa hacia la transición democrática. La venidera Asamblea Nacional debe ejercer el debido control de una política pública de transportación, comenzando porque el gobierno no debe - a su caprichoso y libre antojo -  fijar tarifas para todo, completa e irresponsablemente divorciado de las realidades económicas, pretendiendo que nos resignemos a la crisis que ha generado”.

Fuente:

http://www.lapatilla.com/site/2015/12/01/luis-barragan-nada-justo-es-el-precio-que-hemos-pagado-por-el-gobierno-de-maduro/ 

Nada justo es el precio que hemos pagado por el gobierno de Maduro

Candidato de Vente en Aragua participa en acto en Samán Tarazonero, Turmero

“Anuncian un nuevo aumento de los precios del pasaje, mientras que los privilegiados del poder cuentan con una costosa, segura y confortable flota de vehículos”, señala el parlamentario Barragán

(Turmero. 01/12/2015) Luis Barragán, diputado y candidato de Vente Venezuela a la reelección por el circuito 2 del estado Aragua, repudió este martes el aumento de las tarifas del transporte público, anunciado en horas recientes; puesto que “el; servicio ha empeorado dado el desabastecimiento de repuestos elementales, el deterioro del parque automotor y la inseguridad personal y vial”. Para él, “nada justo es el precio que hemos pagado por el régimen de Maduro”.

“Anuncian un nuevo aumento de los precios del pasaje, mientras que los privilegiados del poder cuentan con una costosa, segura y confortable flota de vehículos en la que ostentosamente se pasean a cuenta de todos los venezolanos”, señaló Barragán durante un acto efectuado en el sector Samán Tarazonero de Turmero.

“Los más vistosos vehículos, cómodos y de reciente modelo,  que pagamos todos con nuestros impuestos,  surcan las calles del país, con o sin placas oficiales, transportando a los altos y medianos funcionarios del Estado y a sus familiares, mientras que la población es condenada a arriesgar su vida en medios de condiciones muy precarias; proclives a accidentarse, asediada junto a los choferes por el hampa”, expuso el legislador.

Y añadió: “Este socialismo parasitario ha reducido cada vez más las posibilidades de contar con un automóvil personal, pues los ciudadanos no pueden costear la adquisición de un vehículo que hoy vale lo que hasta hace poco se pagaba por un apartamento y años atrás por un refresco, por no mencionar su difícil mantenimiento”.

Luis Barragán resaltó el “fuerte retraso” del parque automotor venezolano. Comparó la situación con la realidad cubana, “en la que demasiado pocos – salvo los grandes burócratas– pueden tener un vehículo y cuando tienen la fortuna de heredarlo,  este data de los años cincuenta”.

Sin embargo, para el asambleísta el encarecimiento del precio del transporte es tan solo un detalle. “El 6 de diciembre comenzará la otra etapa hacia la Transición democrática. La venidera Asamblea Nacional debe ejercer el debido control de una política pública de transportación, comenzando porque el gobierno no debe -a su caprichoso y libre antojo-  fijar tarifas para todo”, finalizó.

Fuente:

http://www.ventevenezuela.org/diputado-luis-barragan-nada-justo-es-el-precio-que-hemos-pagado-por-el-regimen-de-maduro/ 

Fotografías: LB, AN, 01/12/2015. Precario quorum para unpresupuesto pirata, como el que se aprobó.

EL OTRO TERRORISMO DE ESTADO

EL NACIONAL, Caracas, 23 de noviembre de 2015
El terror de los precios justos
Alberto Arteaga Sánchez

El Decreto-Ley de los Precios Justos vigente, reimpreso por error de copia en Gaceta Oficial del 12-11-2015, sin duda, puede ser calificado como un instrumento que reúne una suma alarmante de disparates jurídicos y múltiples violaciones de la Constitución, que culminarán en una fuente inagotable, cierta e ineludible de arbitrariedades administrativas y penales.
Según la Exposición de Motivos, este decreto es el remedio contra la especulación y la inflación, proveniente del sistema capitalista y de la “mano invisible del mercado” operados por los “gobiernos irresponsables y los empresarios apátridas”.
Este decreto, unido a otros instrumentos legales, será, en estos días, el arma que utilizará el gobierno para aterrorizar a los empresarios privados y a los comerciantes, formales e informales, metidos todos en el mismo saco y declarados enemigos de la patria y sujetos de máxima peligrosidad, que, por ello, selectivamente, terminarán en prisión bajo la imputación de hechos que caen en los tipos penales nuevos y en los repotenciados con más severas penas.
Por simples sospechas, por denuncias de informantes anónimos o por ánimo de venganza, con la invocación de fórmulas abiertas, indefinidas e imprecisas cabe estimar como especulación, usura, boicot, contrabando, reventa o “bachaqueo” el comportamiento de cualquier empresario o comerciante.
Son muchos los dispositivos que merecen la más severa crítica, desde el punto de vista jurídico, pero me limitaré a los aspectos penales de una normativa que contribuirá a sembrar el terror en la empresa privada, sin que ello implique que no deban condenarse los abusos y transgresiones que se cometan en ese sector de la economía y que deben ser controlados o sancionados.
El artículo 44 del nuevo decreto extiende la responsabilidad penal no solo a los socios, administradores o directivos de las personas jurídicas que hayan dado su aprobación a los hechos imputados, sino que ahora pretende responsabilizar no solo a los integrantes de la sociedad o empresa, sino a los medios de comunicación social, publicidad y páginas web por los delitos que se estiman “cometidos por las empresas”, en fórmula que parece suponer que basta tener alguna relación con la gestión empresarial para responder “personal y solidariamente” en el ámbito penal, lo cual resulta inadmisible por la vinculación objetiva y culpable que exigen los principios que rigen el derecho penal, no pudiendo afirmarse, además, que la persona jurídica tenga, en sentido propio, responsabilidad penal.
Entre las fórmulas abiertas, contrarias al principio de legalidad, basta hacer referencia a la obtención de una ventaja notoriamente desproporcionada en la usura (artículo 58), de absoluta imprecisión, unida al incremento de la pena que ahora es de 5 a 8 años y antes era de 4 a 6 años. Asimismo, el boicot de conducta igualmente imprecisa y extrema amplitud, ve incrementada su pena de 12 a 15, años cuando antes era de 10 a 12 años.
Algunos dispositivos nuevos o reformados son incomprensibles o absurdos y se prestarán a la más abusiva discrecionalidad. El artículo 62 sanciona con pena de 8 a 10 años a quien “aplicare o informare por cualquier medio un tipo de cambio distinto al fijado por el Ejecutivo para la estimación de precios de bienes o servicios”; y el artículo 55 sanciona con pena de 3 a 5 años  y multa de 200 a 10.000 unidades tributarias y comiso de las mercancías a “quien revenda productos de la cesta básica o regulados, con fines de lucro, a precios superiores a los establecidos por el Estado, por regulación directa o lineamientos para establecimiento de precios”, calificando a quienes se asocien con tal fin como responsable por el delito de crimen organizado según la ley especial. En el nuevo artículo, por lo demás, se incluye la referencia expresa a la reventa por medios electrónicos, publicitarios o de cualquier otra índole.
Finalmente, no puede escapar de la crítica pública la observación necesaria de que ante la impunidad reinante ante la comisión de delitos comunes, ahora se pretenda castigar el contrabando de extracción, que incluye de manera absurda cualquier desviación de un producto de su destino original, con una pena de 14 a 18 años, en tanto que el homicidio simple tiene la amenaza de prisión de 12 a 18 años y que, entre otras cosas, que ponen de manifiesto los disparates legales, incurra ahora en especulación no solo quien “enajena bienes, productos o servicios”, sino “quien compre” esos bienes o productos, según el texto del artículo 49.
En pocas palabras, en el plano de la política criminal, no cabe la menor duda de que ahora el enemigo público nº 1, junto a quien disiente políticamente, no es otro que el empresario privado o el comerciante, formal o informal, declarado peligroso para la estabilidad del régimen y ubicado en el “centro de un sistema perverso de acumulación del capital”, sin caer en cuenta de que estas medidas, lejos de corregir entuertos, que los hay, solo producen mayores males, escasez y actividades que escapan de todo control, con perjuicio evidente para toda la colectividad.

ALGO MÁS QUE EMPAÑADO

Del precio injusto
Luis Barragán

Ironía calamitosa, los que tan injusta y deliberadamente nos trajeron al actual drama que nos aqueja, ejercen un inmoral arbitraje del precio de los bienes y servicios. La regulación caprichosa y políticamente al intencionada, distante de las realidades económicas,  goza de un eufemismo descarado: el “precio justo”.

Tamaño rótulo esconde tres circunstancias inmediatas: la evasión de toda responsabilidad en la debacle económica, también negándose sistemáticamente a revelar las altas tasas de inflación, por cierto, una formalidad más dada la vivencia y el sufrimiento cotidiano por el encarecido costo de la vida;  el castigo a los empresarios privados que quedan, condenándolos a cifras insinceras que los orienta a su literal desaparición; y el incontestable terrorismo psicológico ejercido sobre la población, procurando infructuosamente que vea al Estado como el único e irremediable defensor con el que cuenta. Empero, he acá la más poderosa pedagogía de la crisis, esa misma población que la presumen estúpida, frágil y resignada, intuye y sabe que el régimen es el exclusivo responsable de sus calamidades, que la regulación misma es garantía de la escasez, que la producción nacional está en el suelo a favor de los suculentos y privilegiados negocios de las importaciones de baja calidad y para las cuales ya no hay con qué recursos hacerlas.

Apenas, los operativos de mercadeo de alimentos se asoman tímidamente cuando desean promover a los candidatos oficialistas que, luce obvio, no se atreven a recorrer los sectores populares, pues, los atemoriza explicar lo inexplicable junto a sus guardaespaldas y empleados. Valga acotar, al arrancar la campaña electoral hace poco, esos candidatos pretendieron exhibirse en la principal plaza de Palo Negro, amparándose en la venta estatal de pequeñas bolsas de comida que recibió una modesta cola de los aragüeños que esperaraban por el paso de la caravana de la Unidad Democrática y, cuando ésta llegó, procedente de otros municipios, multitudinaria, pacífica y emotiva, los oficialistas recogieron sus macundales y huyeron, pues sus circunstanciales clientes corrieron a aplaudir a los candidatos de la oposición que transitaron un lugar que les estuvo vedado por muchos años.

Existe otra dimensión del precio injusto que los venezolanos pagamos, y muy lo ejemplifica el diario Ciudad Caracas.  Supuestamente gratuito, porque lo entregan a quien desee recibirlo sin costo alguno, lo cierto es que los caraqueños lo sufragan con sus impuestos de cada día: nada institucional, es un vocero descarado del madurato que ni siquiera se molesta en guardar las formas, reseñando y promoviendo grotescamente a los candidatos rojo-rojitos, a todo color, con la tinta y el papel que ha faltado a los medios independientes.

Peor todavía, a guisa de ilustración,  en la edición del 20/11/15, como suele ocurrir, se refiere a los abanderados gubernamentales de un circuito de Caracas que exclusivamente compartieron con diez comunas y 25 consejos comunales de inequívoca afiliación partidista, a favor de una campaña de reducción del consumo eléctrico, promoviendo la sustitución de bombillos casa por casa, en una actividad efectuada en la sede del INCES de Caricuao. Evidentemente, velan por un inconstitucional poder popular mientras puedan financiarlo, incurren en peculado de uso y pretenden injustamente legitimar el subconsumo eléctrico que compense el colapso de una industria que los tiene por responsables directos: así como un diputado de la capital dijo que los insumos básicos reaparecerán luego del 6-D, los aspiran a una curul hacia el oeste caraqueño ensayarán un chantaje con bombillo en mano.

Fuente:
http://opinionynoticias.com/opinionpolitica/24560-del-precio-injusto