Luis Barragán
Los más variados especialistas coinciden no sólo sobre el nefasto modelo económico en curso, sino – específicamente – en el mecanismo de formación de los precios de bienes y servicios que lo agrava. De un modo u otro, lo admiten hasta los partidarios de un gobierno al que procuran no desafiar a través de la más modesta declaración, cuidando el propio pellejo político.
Siendo tan marcada, masiva o generalizada la irresponsabilidad de los más altos funcionarios del Estado, en esta u otras materias, deseando pasar por inadvertidos, sólo les queda un pretendido recurso moral: sentenciar lo que es justo o injusto. Ocurre con la regulación obsesiva y extrema de los precios, como – por ejemplo - el de la harina pre-cocida, cuya cifra está por debajo del costo de producción y distribución, facilitando una triple circunstancia: la de castigar y estigmatizar personal y políticamente al empresario, auspiciar la quiebra de la empresa y enmascarar el monumental fracaso del Estado en estas lides que lo desbordan, teniendo por único resultado la hambruna creciente de la población a la que urge domesticar.
De una reiterada y comprobada incompetencia, esos mismos funcionarios dictaminan cuál es y, en consecuencia, no es el precio justo. Quienes quebraron un país que, mal que bien, funcionaba al exhibir irrefutables y superiores niveles de vida más de un década y media atrás, ahora empobreciéndolo hasta lo indecible, incluyendo la ininvestigable putrefacción de los alimentos en los puertos venezolanos, hoy dictan cátedra en un asunto que, valga acotarlo, particularmente no los afecta al gozar de los privilegios del poder y permitir la consolidación de sendas mafias, porque el problema no se limita al impune desempeño de los llamados bachaqueros y colectivos armados que operan un negocio del que sospechamos frondosas complicidades.
¿Cómo determinar si es justo o injusto el precio de un producto o la prestación de un servicio, partiendo de un contexto doloso que lo llevó al espacio sideral, a pesar – por lo demás – de todas las advertencias que se hicieron? ¿Cuál es, en definitiva, el criterio económico aplicado para justipreciarlos, en medio de una prolongada emergencia que es muy propia del naufragio de un modelo, resistiéndose a aceptarlo aún teniendo el agua al cuello? O, mejor, ¿por qué un gobierno tan injusto pontifica sobre lo que es justo o no, tratándose de la dieta diaria de alimentos y del tratamiento farmacológico de cada venezolano? Acaso, ¿no son necesidades vitales las de comer o medicarse oportunamente, accediendo a los productos indispensables?
Concluyamos, hemos pagado un injusto y altísimo precio por un régimen que no tiene parangón histórico alguno, porque las etapas de hambruna y desasistencia médica remiten al lejano país despoblado e incomunicado de las guerras y escaramuzas civiles del siglo XIX y, aceptemos, hubo de todo con el consabido Caracazo del XX, menos el desabastecimiento que nos acogota en el presente. Mito endeble y pernicioso, fracasada la tozuda regulación, aspiran a otra tarifa: la del miedo.
29/12/2016
