DE LA INFLACIÓN DISCURSIVA

La moneda verdadera, la moneda falsa
Luis Barragán

Domingo, 26 de junio de 2011

El proyecto de Ley que nos ha presentado la bancada oficialista, se presta a equívocos o malentendidos. Ya hemos sido testigos, en la tarde de hoy, de una interpretación sesgada de la historia de Venezuela y de una versión heroica que no es suficientemente tal, respecto a hechos transcurridos en décadas pasadas. E, incluso, uno de los parlamentarios que nos precedió, nos señaló como “no compatriotas”, consecuencia directa e inequívoca de la aplicación de una Ley en los términos planteados por el ponente.

Proyecto que, es necesario decirlo, por una parte, esconde la responsabilidad de aquellos que equivocaron la decisión de ir a la insurrección armada en los años sesenta, que la historia ha demostrado fue errada. Y, por otra, también es necesario denunciarlo, si fuere aprobado en los términos planteados, mecanismo o dispositivo del que dispondrá el gobierno, que no tiene otra vocación que la del revanchismo político, la persecución de la pluralidad democrática, la de estigmatizar a todos los opositores, quienes lucharon en el pasado, luchamos en el presente y seguiremos luchando en el futuro por la democracia, la libertad, la justicia social y el desarrollo económico en Venezuela.

De conjugarse el proyecto, haciendo buena la intención del proponente, con las propuestas, principios y valores que ha alegado la bancada democrática de la oposición, lo recibiremos, lo perfeccionaremos, lo mejoraremos y profundizaremos su vocación humanista, aunque no aceptamos una interpretación subyacente y tergiversada de la historia que corre en paralelo. Lo que se ha presentado, es siembra de odio, de rencor, porque a la moneda verdadera de los excesos represivos de los años sesenta, se pondrá a circular la moneda falsa de la estigmatización gubernamental, la del chavezato contra todo aquél que ose discrepar del Presidente, por cierto, ausente.

Así como nos sentimos solidarios e identificados con el dolor de los familiares que injustamente perdieron a sus seres queridos décadas atrás, de igual manera debemos manifestar nuestra solidaridad e identificación con el dolor de los familiares que no 40 años atrás, sino ahora, en el siglo XXI, pierden a sus hijos en las cárceles venezolanas, representando a los sectores más empobrecidos de la población y sobre quienes este régimen pretende prolongarse más allá de 2012.

Debería esta normativa contemplar, en todo caso, algunas iniciativas e ideas que surjan de la riqueza del debate plural y democrático, respetuoso y tolerante. Por ejemplo, ¿por qué no desclasificar los documentos de la policía política de 1958 hasta el presente año?, para que nosotros tengamos también la ocasión u oportunidad de saber quién mató a Jesús Orlando Arellano en abril de 2012.

Señor Presidente y colegas parlamentarios:

Necesitamos de la reconciliación del país a través de instrumentos legales que puedan llevarnos a un estadio de paz, de concordia y confianza entre los venezolanos, y tal como este proyecto lo ha planteado, no vamos a lograr ese objetivo. Las galerías precisamente ilustran el rencor y el odio, el desprecio y la descalificación personal que, seguramente, partiendo de la moneda verdadera de los excesos represivos de los años sesenta, serán necesarios para hacer circular la moneda falsa del gobierno que trata de perseguir a los opositores, disidentes y quienes osen preguntar dónde duerme el Presidente de la República esta noche.

En todo caso, debemos enfatizar – para cerrar – con el ilustre poeta margariteño Efraín Subero, parafraseándolo: Ustedes están de regreso sin saber ido nunca, son evaporados sin haber sido agua y están siendo taladrados – 2012 por delante – sin haber nunca sido piedra.

(*) Intervención en la plenaria de la Asamblea Nacional (Caracas, 21/06/11), con motivo de la primera discusión del Proyecto de Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el Período 1958-1998.

Fuentes:
El Sol de Margarita, 26 de Junio de 2011
http://www.analitica.com/va/politica/opinion/5430419.asp
Ilustración: Ugo (El Nacional, Caracas, 27/03/11)

OBJECIONES INMEDIATAS

Sobre el viejo y nuevo terrorismo de Estado
Luis Barragán
27 Junio, 2011

En fecha 21 de los corrientes, la bancada oficialista planteó la primera discusión del Proyecto de Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y Otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el Período 1958-1998 (PL), cuyo ponente fue el diputado Fernando Soto Rojas. Familiares y relacionados de las víctimas, acudieron al hemiciclo, aunque no pudo escucharse a José Vicente Rangel, igualmente invitado, pues se retiró luego de la prolongada y justificada paralización de la sesión ocasionada por el arbitrario propósito de allanar la inmunidad parlamentaria de William Ojeda.

Hábito interesado, a última hora comparten la propuesta escrita definitiva, precedida por una campaña en los medios oficiales que la generaliza. Importa reconocerlo, hay una ambientación previa que acarrea un desafío adicional para el debate.

Por lo pronto, observamos:

1) El proyecto constituye un recurso extraordinario para la segregación, el revanchismo político y la estigmatización gubernamental de todo oponente o disidente. Exclusivamente destinado a proteger – según lo entiende – a los “militantes revolucionarias y revolucionarios” del período 1958-1998, protección especial; luchadores “anti-imperialistas, por la democracia popular y el socialismo en Venezuela”; atribuyendo al Ejecutivo Nacional el reconocimiento y la declaración de “marti (SIC) por la democracia popular, la liberación nacional y el socialismo” (PL: artículos 1, 4, 17, 20, 23). Y, aunque cabe la posibilidad de promulgar leyes especiales orientadas a la protección de las personas en circunstancias muy específicas, el proyecto de marras comporta una desuniversalización de la ley, institucionalizando – por lo demás – a determinadas expresiones de la sociedad civil, incluyendo a grupos paramilitares como los colectivos, en detrimento de entidades de meritoria trayectoria (por ejemplo, COFAVIC). Establece

una garantía de no repetición de los hechos denunciados, circunscritos al referido período, indicio de una inevitable vocación universalista que frenan los actuales intereses del poder establecido (PL: 17). Evidentemente, niega los excesos y las víctimas del propio proceso subversivo, el papel de las Fuerzas Armadas Nacionales y, añadimos, los alcances de la otrora Política de Pacificación, gracias a un instrumento legal en ciernes de radical parcialidad y sentido político e ideológico.



2) Invocado el artículo 29, importa hacerlo también con los artículos 30 y 31, todos constitucionales, habida cuenta de las denuncias interpuestas y decisiones adoptadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por estos años, demostrativo de un intención y utilidad política inmediata del proyecto. Por cierto, al referirse a las fuentes empleadas, el expositor de los motivos del proyecto no puede desactualizar los derechos humanos, reconociéndolos únicamente para el período que le interesa.



3) Consagrada el delito político para un sector de la población, novedosamente tipificado el de la postura – según lo entienden – anticomunista, pues establece un suerte de fuero para los que profesaron o profesan la “doctrina anticomunista de la contra-insurgencia” (PL: 4, 6). En última instancia, consagra al enemigo interno propio de las consabidas doctrinas continentales de seguridad nacional, a la que se apegan aunque paradójicamente la cuestionen, desconocido el principio de corresponsabilidad del Estado y la sociedad civil para definirla e implementarla de acuerdo al artículo 326 constitucional.



4) Reto en materia probatoria y, acaso, consagración de la presunción como elemento suficiente para castigar, establece un conjunto interesante de modalidades y tipos de terrorismo de Estado que sería, en el fondo, la finalidad legislativa. Partimos de la pérdida de posibilidades laborales y académicas, hasta la desaparición forzada, etc. (PL 6, 19), aunque lucen redundantes invocar el acceso a la justicia, la celeridad de las diligencias del Estado o el derecho a la verdad (PL: 8, 9, 13). Acá diferenciamos entre las manifestaciones clásicas del terrorismo de Estado, y las más novedosas o sofisticadas que escapan del ámbito temporal del proyecto. Sostenemos que, a una sociedad de una básica e irrebatible cultura democrática, le ha correspondido otra expresión de terrorismo de Estado, ejercido por delegación para no implicarlo o responsabilizarlo directamente, quizá de baja intensidad que reporta también un déficit de autoridad, pues, la población ha estado a la merced de organizaciones pro-gubermanentales o

para-gubernamentales que la acechan y agreden sistemáticamente, con la aquiescencia, indiferencia o negligencia interesada del Estado. Incluye la militarización de la sociedad, la reclusión de la disidencia política y de los protestatarios sociales con la delincuencia común. El sometimiento al escarnio público de la dirigencia opositora, la acusación de golpista o apátrida de todo disidente, las inhabilitaciones administrativas, el servicio forzado de los empleados públicos para labores de proselitismo, el desconocimiento de la inmunidad parlamentaria, la obstaculización del cabal ejercicio de los derechos políticos, por no citar los exilios arbitrarios, el hostigamiento, el perjuicio patrimonial, las amenazas de muerte, la extorsión, la impunidad derivada de indultos o amnistías selectivas que contempla el propio proyecto (PL: 1, 2).



5) Llama la atención que el Ejecutivo Nacional, considerado única manifestación del Poder Popular, monopolice la materia, pues la Comisión de la Verdad sorprendentemente está adscrita a un despacho ministerial, limitada temporalmente, sin precisión alguna de su naturaleza jurídica (PL: 4, 7, 10, 11, 17). Rompiendo con lo universalmente entendido e implementado respecto a las comisiones de la Verdad, añadimos una confusa relación institucional con el Ministerio Público o la Defensoría del Pueblo o el reconocimiento exclusivo que pueda dispensar a través del registro interesado de las personas y casos. Curiosamente, la instancia dependiente del Presidente de la República, está integrada por fiscales de hecho, quienes “podrán actuar por cuenta propia o por intermedio de un delegado plenamente facultado para tal efecto”, pudiendo imputar a aquellos que no le presten la colaboración solicitada (PL: 10, 15)



6) Interesante la consideración en torno al patrimonio documental público y privado que abrirá dicha Comisión del Ejecutivo (PL: 13, 14, 16). No obstante, actualiza la necesidad de actualizar la legislación sobre los archivos públicos, el papel del Archivo General de la Nación y la desclasificación de los documentos policiales, partidos, medios impresos y audiovisuales, agregando hasta militares capaces también de dar cuenta de los procesos disciplinarios hipotéticos relacionados con la materia.



7) Delicado “rescate de la memoria histórica” (PL: 1), que olvida otras incidencias como el golpismo recurrente de derecha o la denostación de Fidel Castro contra el PCV, en los sesenta. Hay una interesada interpretación histórica subyacente que evade la responsabilidad misma de la insurrección marxista, consabidamente errada, amén de dar al traste con toda la discusión política e ideológica que generó la derrota entre las décadas de los sesenta y setenta. Peligroso rescate, pues protege de antemano la versión oficial de acontecimientos concretos que parte de El Porteñazo hasta el 4-F y la posibilidad abierta de inculcarla acríticamente a través de los textos escolares (PL: 23). Valga reconocer el coraje de los denunciantes de entonces, recordando que José Vicente Rangel nunca perdió la inmunidad parlamentaria por ello. Sostenemos que el proyecto en cuestión, está orientado a una “cacería de brujas” que implicará a quienes no vivieron aquellas décadas, por las obvias razones de edad.

A modo de conclusión, la importancia, pertinencia y posibilidad es la de una Ley Contra el Terrorismo de Estado que actualice sus formas o modalidades, en la cual – universalizada, sin delimitación temporal – puedan también subsumirse los casos o eventos de las décadas pasadas. Sostenemos la urgencia de perdonar haciendo justicia, sin añadir otros artificios para una discordia que se nos antoja frecuentemente morbosa.

Fuente:
http://www.noticierodigital.com/2011/06/sobre-el-viejo-y-nuevo-terrorismo-de-estado/

ALCANZAR OTROS CAMINOS

De la muerte del betancurismo
Luis Barragán

Escasa o nulamente defendido, el betancurismo ya no tiene defensores. Queda el estudio de un pensamiento y una ejecutoria de aires predominantemente académicos.

El betancurismo ha muerto, consolidándose la betacueriedad. La discusión del Proyecto de Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y Otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el Período 1958-1998 (PL), lo ha protocolizado.

El proyecto en cuestión, versa sobre los acontecimientos escenificados - fundamentalmente – en la década de los sesenta, convertido en un pase de factura políticamente extemporánea. Al reconocer y alegar las clásicas prácticas del terrorismo de Estado, desconoce las actuales y sofisticadas expresiones que ha alcanzado. Sin embargo, deseamos referirnos a la primera discusión del proyecto.
La sesión fue difícil y prolongada, añadido el intento de desconocer la inmunidad de un parlamentario que ejercicio cabalmente sus funciones en el consabido drama carcelario. Las gradas o galerías estuvieron pobladas de los familiares y relacionados con las víctimas de las persecuciones políticas de antaño, garantizando una ambientación que sirvió a los intereses del oficialismo.

Precisamente, el oficialismo que trae a la mesa sendos argumentos humanitarios que desea convertir en ley, pero que emplea toda suerte de difamaciones, insultos, descalificaciones y hasta las acostumbradas y huecas consignas, frente a quienes osen cuestionar el proyecto, e, incluso, callen. Rozando la histeria, la bancada gubernamental se hace acreedora de la verdad histórica y no teme emplear a fondo el cinismo para atacar de entreguistas, vende-patria y toda la ralea lingüística que hace de la dialéctica un burdo afán escatológico.

Bastará comparar el diario de debates de junio de 1961, por ejemplo, con el actual. Seguramente, sobre todo por lo que respeta a los adecos, 50 años atrás fueron exponentes de un betancurismo ciego y estremecedor, y – ahora – ni siquiera defendieron la hazaña del guatireño al concluir un mandato constitucional (irrepetido), en medio del golpismo de derecha y la insurrección de izquierda.
Más que el miedo o la táctica de entreverarse en la rutina política, sospechamos que hay desconocimiento o ignorancia de las etapas, incluso, vividas. Ha faltado vuelo histórico para cuestionar al chavezato, por lo que lamentamos profundamente que insurja como el único tribunal e intérprete del pasado que reescribe.

El debate es histórico, más que político, cierto, pero es necesario afrontarlo ante las distorsiones interesadas del régimen. Defender el esfuerzo que se hizo para liberarnos de más de 150 años de guerras y escaramuzas civiles, y – además – denunciar la evasión de toda responsabilidad sobre un guerrillerismo que la propia historia desautorizó, no es un esfuerzo inútil.

Un parlamentario del gobierno, con quien coincidimos alrededor de un café circunstancial, en medio de la sesión, con justicia reclamaba esa distracción de la oposición. Aprovechamos de preguntarle su opinión sobre el suicidio o ajusticiamiento de Fabricio Ojeda, tratando de convencernos de la naturaleza sátrapa de los agentes policiales, dada nuestras dudas en torno a una decisión de ejecutar a alguien que traería impredecibles y duraderas consecuencias políticas, históricas y simbólicas.

Escasa o nulamente defendido, el betancurismo ya no tiene defensores. Queda el estudio de un pensamiento y una ejecutoria de aires predominantemente académicos, quizá como siempre lo aspiró, sin sospechar del definitivo abandono de aquellos que exiben apenas su retrato en las oficinas: la betancuriedad.

Fuente: http://www.opinionynoticias.com/opinionpolitica/8645-de-la-muerte-del-betancurismo
Ilustración: Patricia Van Dalen

ANACRÓNICAMENTE, LOS '60

La tozudez de un imaginario
Luis Barragán

La primera discusión del Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y Otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el Período 1958-1998, según la nomenclatura del ponente, está poblada de significaciones acaso inadvertidas. Dando muerte al betancurismo, ciertamente indefendido en la sesión de la Asamblea Nacional del 21 de los corrientes, contrastante con los debates de cincuenta años atrás, ahora sólo consagrando la betancuriedad, el oficialismo insistió en el ya viejo imaginario social (“triunfante” a destiempo), creyéndose automáticamente relevado de toda responsabilidad por la derrota de la lucha armada que la historia demostró errada, además de burlar la polémica política e ideológica que ella, inevitable y naturalmente suscitó.

Gisela Kosak Rovero, por ejemplo, ha estudiado convincentemente aquél imaginario en pugna por la década de los sesenta, a través de distintas novelas, que hoy cuenta con un núcleo irreductible e impermeable de creencias aventajadas por el empleo profundo de los recursos simbólicos del Estado, como nos ayuda a colegir Elisa Casado. Soportamos una interesada transmisión televisiva desde la Asamblea Nacional, en el escenario dispuesto para los familiares y relacionados con las víctimas de los remotos excesos represivos que, como moneda verdadera, autoriza la circulación de la moneda falsa de los infundios, descalificaciones, infamias y las acostumbradas consignas huecas contra la oposición, sin reparar en la ausencia del mandatario al que le rinden un vergonzoso culto, o la muerte masiva de los procesados y sentenciados comunes al que el Estado no les garantiza la vida, por no citar o anunciar que corre otra centuria.

Refería Cornelius Castoriadis que “estas significaciones (imaginarias sociales) son presentificadas (SIC) y figuradas en y por la efectividad de los individuos, de actos y de objetos que ellas ‘informan’”, por lo que la junta directiva que a veces suplanta al parlamento mismo, dispuso de un espectáculo que, sobre el dolor de los familiares y relacionados aludidos, tiene por objeto desarrollar una política de revanchismo y estigmatización de la oposición y de la disidencia actuales. Para ello, reporta una mínima y calculada racionalidad en el proyecto de ley que, por cierto, a juzgar por las intervenciones de la bancada oficialista que también roza la histeria, evidentemente no sabe de la radiografía que intentó Luis Cipriano Rodríguez sobre el anticomunismo, regodeándose en un común, preocupante y hasta cobarde desconocimiento de la historia.

El proyecto en cuestión, versa sobre el clásico terrorismo de Estado, instituyendo una Comisión de la Verdad absolutamente dependiente del Presidente de la República para reconocer o desconocer a las víctimas de la represión política de los exactamente cuarenta años del puntofijismo, tipificando – por cierto – el delito de no compartir, discrepar o combatir el socialismo y comunismo en los términos – suponemos – de las FALN, porque disgutará mucho a los proponentes aquella distanciación del PCV con Fidel Castro, acentuada hacia 1967. Sin embargo, para sintetizar nuestra postura, sostenemos que urge una ley contra todo terrorismo de Estado, ajena a esa suerte de estado de excepción que favorece a unos venezolanos frente a otros, en la que se puede subsumir la buena intención que haya sobre el proyecto comentado, ampliada no sólo en términos temporales, sino en las nuevas modalidades en curso, tan afines al socialismo campamental.

Escombros de un imaginario, queda atrás la discusión de Teodoro Petkoff, Moisés Moleiro y Radamés Larrazábal en los setenta, otro ejemplo, sobre el modelo de militancia revolucionaria. El foquismo actual de poder, inimaginable para Maurice Duverger, emplea a fondo la jerga ultraizquierdista que alimenta esa inflación del discurso político tan perniciosa como la económica.

Fuente: http://www.medios24.com/p36282.html
Ilustración: Narciso-Debourg,Argenronoir,1982