De la (sin) Razón de Estado (*)
Luis Barragán J.
INTRODUCCIÓN I.- RAZÓN DE ESTADO 1.- Acción política y saber técnico 2.- Impecablemente, implacables 3.- La Razón de Estado petrolera II.- LA SINRAZÓN DE ESTADO 1.- Más de excentricidad que de astucia 2.- Vicisitud del Estado Cuartel 3.- Mal que bien III.- LA OTRA RAZÓN DE ESTADO 1.- Razón de Estado permanente 2.- De una secreta razón 3.- Otro gobierno, nos gobierna NOTAS
REFERENCIAS ESENCIALES
INTRODUCCION
Existe confusión en torno a
nociones o términos, como Razón de Estado (RE). Incluso, en el medio
parlamentario, circunstancia que nos ha permitido dirimir lo que, en
definitiva, es un conflicto entre los saberes técnicos y políticos [1].
Es de suponer que
hay tareas, diligencias e informaciones del
Estado que tardan, a veces, demasiado, en conocerse públicamente. O quizá nunca
se sepa de ellas, por lo menos, en su versión original, pasando a ser de Estado. No obstante, en Venezuela, la
práctica ya es tan recurrente que datos tan primordiales para la vida social y
económica, no saben de la publicidad
oficial por muy obligadas que estén, constitucional y legalmente, las entidades
correspondientes.
Entonces, la data
en cuestión ingresa a la órbita estratégica de los actuales ocupantes del poder
y, así, cifras necesarísimas, están
vedadas o censuradas, en materia de inflación, desnutrición, delincuencia,
brotes epidémicos, paridad real de la
moneda, deserción estudiantil, etc., etc. La sola difusión y hasta insinuación
de cifras consideradas repentinamente como sensibles, no sólo acarrea riesgos y
sanciones para el funcionario, sino para el ciudadano común, añadido el
especialista que apenas las deduzca.
Nos aproximaremos
al fenómeno, ejemplificándolo con el ámbito petrolero y, más específicamente,
con el petroquímico, aunque – cierto - ya
el problema no radica en las estadísticas de producción o comercialización del
crudo, sino en la propia PDVSA de la que no se sabe si “ejecuta proyectos
sociales o si es un organismo de competencia social que se dedica a la
producción de petróleo” (MALAVÉ MATA, 2006: 177). Valga acotar que, frecuentemente, solemos
advertir que la situación misma en la que se encuentra la administración
pública, impide la búsqueda, organización, articulación u ordenación de los más
variados, sencillos o complejos datos de la realidad. Empero, más allá de la
incapacidad que ha ganado en los últimos
lustros, con un desempeño cada vez más improvisado, lo determinante es el deliberado
propósito de ocultamiento de las altas y medianas jerarquías burocráticas.
I.- RAZÓN
(ES) DE ESTADO
1.- Acción política y saber técnico
Se dirá, la
responsabilidad fundamental de todo Estado es la de (auto) preservarse ante
cualquier evento, disponiendo de los medios discrecionales, convenientes y
eficaces que sintetizan la noción de RE, susceptible de distintas valoraciones
(GUEVARA, 1997: 35 ss.). El problema estriba en la consagración de un
“superderecho”, por encima de todos los derechos y garantías que, incluso,
pueda constitucionalmente reconocer, tornándose en una patología (Ibidem: 101).
Apartando las
útiles e interesantes disquisiciones de GUEVARA respecto a la equivalencia de
RE y razón política en Maquiavelo, según el contexto al que respondió el
florentino, el de hoy nos remite a una
difícil y traumática relación entre la regla y la excepción. Ésta ha de ser la
naturaleza o característica esencial para alegar, legitimar y aplicar la RE en
determinadas coyunturas, garantizando la eficaz recuperación del normal
desenvolvimiento de la vida cotidiana que peligró severamente, pues, en caso
contrario, como práctica recurrente, nos lleva a la tiranía autorizada por la
transgresión – ya constante - no sólo
del ordenamiento jurídico positivo, sino de valores que identifican, inspiran,
conforman y confirman a una comunidad política, objeto también de protección,
imponiendo y realizando – casi inadvertidamente - otro conjunto de valores,
impuestos, no consentidos.
En propiedad, la
RE, diferente a su conversión en una patología destinada a la misma destrucción
del Estado, procurando (auto) preservarse una dirección que, por definición, es
circunstancial, se ofrece como el excepcional y urgido desconocimiento de
ciertos principios y valores morales o de justicia reconocidos o dominantes que
“nos identifican, nos definen y nos hacen ser como somos”, inherentes a un orden político, asociado a
una concepción estratégica del obrar político que así lo justifica, como acción
y saber técnico (DEL ÁGUILA, 2000: 34, 93 ss.).
2.- Impecablemente, implacables
A pesar del muy
explícito reconocimiento constitucional de derechos y garantías ciudadanas, la
invocación y aplicación de la RE, por momentánea que fuese, los quebranta. Sin
embargo, independientemente de la duración de las medidas que la materialicen,
suscita reacciones variadas de rechazo y resistencia o de aceptación y
resignación. DEL ÁGUILA ha concebido lo que SAUQUILLO comprende como una
división con “pretensión terapéutica de la opinión pública” [2], entre las
actitudes políticas de los que tilda como implacables e impecables, habida
cuenta de las escisiones entre un eje justicia/bien común y un eje
comunidad/Estado que nos remite a la justificación de las transgresiones y la
lógica de la necesidad, como al problema del poder pastoral.
GUEVARA y DEL
ÁGUILA llaman la atención sobre el costo que acarrea vivir juntos y, en
consecuencia, grosso modo, tenemos
por implacables, a aquellos que parten de una rígida, dogmática y quizá
infalible concepción de un mundo que les debe todo, ciegos ante los conflictos
y tensiones, dándole prioridad absoluta a los imperativos de seguridad, bien
común, nación o pueblo soberano, con inclinaciones hacia el fascismo o el
comunismo; y, por impecables, a los autosuficientes que, ante todo, velan por
su autonomía personal, bastándoles el juicio moral para eludir los conflictos y tensiones, eximidos de
culpas, creyentes en la gratuidad de la vida en común, frecuentemente
victimizados y, al relegar toda escisión al juego del mercado, proclives a la
antipolítica. Obviamente, en el caso
venezolano, tendríamos que apelar a sendos estudios de opinión para identificar
ambas tendencias que, además, naturalmente, deben cruzarse. No obstante, con o sin el Estado de Excepción
que ha decretado e, constitucionalmente, renovado en varias oportunidades
Maduro Moros, tiene por trasfondo una RE mucho más “digerida” o “comprendida” por los implacables que, según
el ritmo alcanzado por la crisis humanitaria, se deslizan hacia la órbita de
los impecables, buscando una identidad política en medio de la desesperación.
No ha hecho falta
decretar el Estado de Excepción en
Venezuela, para sufrirlo y no sólo por las informaciones que niegan a la
ciudadanía, necesitándolas para prevenir los duros puntillazos de la inflación
o de los brotes epidémicos, sino por la definitiva orientación que ha tomado el
régimen que avala lo comentado por DEL ÁGUILA, pues, “la inseguridad produce
espanto y ese espanto moviliza hacia una forma de reflexión que, a la postre,
es bastante más espantosa que el espanto mismo” (DEL ÁGUILA, 2000: 168). Y, ello, puede dar ocasión al más descarado
fascismo, en proporción al castro-comunismo en marcha, por cierto, creído como
un anacronismo, o algo propio de la degeneración de la propuesta
dizque bolivariana, por lo que vale acotar: “Parece necesario aclarar que aquí
no se está afirmando que el horror de Stalin o de Pol Pot se deba a lamentables
‘desviaciones’ del ideal comunista. Se debe, creo, a su implacabilidad y a la
manera en la que los fundamentos mismos de su ideología, guiados por la
búsqueda de armonía, unidad y orden, dan luz a la desmesura y el exceso”
(Ibidem: 187).
3.- La Razón de Estado petrolera
Una constante
esencial de la preocupación, percepción y criterio que la industria y la
política petrolera ha suscitado en la tradición marxista venezolana, nos remite
a un claro carácter nacionalista, por cierto, deshonrado en el presente siglo. La constitucionalización de PDVSA, respondió
a la antigua prédica, por lo que, evidentemente, se hizo del negocio petrolero
una RE y, aunque no abundaremos en la materia que escapa al objetivo de las
presentes notas, un objetivo de la seguridad nacional [3], independientemente
de su particularísima naturaleza, condiciones e implicaciones.
Reconocido experto
en la materia, a quien podemos adscribir a la tendencia de los implacables,
MENDOZA POTELLÁ ha sostenido que la dinastía petrolera en general y su
camarilla gerencial, en nombre de la meritocracia, pugnó por la completa
privatización de la empresa estatal, deseando aportarla al libre mercado en un
mundo unipolar y proteccionista: vemos – aseveraba - “el bosque de la política petrolera venezolana
y no perdernos en el follaje de los megaproyectos”, (MENDOZA POTELLÁ, 2016: 50, 52, 56, 61). Consabido, desnaturalizada y quebrada la
empresa, cuestionada la misma RE, argüida o sobreentendida, sin que otra haya
sido la contribución novedosa de la escuela de pensamiento al tema, por lo
demás, está en pie la “paradoja de que la riqueza del Estado rentista – con
proclamación de atributos soberanos en los principios de sus actuaciones –
depende de la volatilidad del precio de la energía en los mercados
internacionales” MALAVÉ MATA, 2006: 154 s.).
Alegar una RE, faltando poco,
auto-destructiva, enfatizando que los vínculos del Estado con la explotación de
los hidrocarburos, son parecidos a los que tuvo antes con el capital
internacional; el período desnacionalizador de Caldera y Giusti, y la
diversificación de las fuentes de inversión; el paro y el golpe de 2002 y 2003,
con el reemplazo del poder petrolero, o sentenciar que “hay concepciones hoy de
moda en cuanto a la incapacidad del Estado para gerenciar actividades
productivas” (MENDOZA POTELLÁ, 2006: 186; 2016: 13), no resuelve la calamidad a
la que hemos llegado. Y es que, en
contraste con décadas más remotas, por más que se esgrimiera una RE, sus
intimidades no estaban veladas o completamente veladas para el estudio de los
especialistas, el debate de la opinión pública o la investigación parlamentaria
de rigor, sin que esto signifique dar una versión idílica del pasado.
II.- LA SINRAZÓN DE ESTADO
1.- Más de excentricidad que de astucia
El régimen prevaleciente hoy en
Venezuela, devastado el país, cuida muy
bien de las escisiones de clase, favoreciendo las que genéricamente puedan
reportarle dividendos políticos. Por ello, la empedernida polarización
electoral que se ha agotado como el mejor recurso estratégico, es sustituida
por las amenazas externas infringidas por el imperio, como su mejor estratagema.
A pesar de la sostenida campaña
de casi dos décadas, ““incentivando el militarismo como fórmula de creación de
identidades nacionales y de superación de las escisiones internas” (DEL ÁGUILA,
2000: 133 s.), ha fracasado Maduro Moros con la vieja bandera. Del esfuerzo, sólo
ha quedado la efectiva militarización de la sociedad, en la que toda escisión,
discordia, problema, trauma o diferencia, debe solventarla la Fuerza Armada,
desde la seguridad personal, pasando por el abastecimiento de los insumos
básicos hasta la imposición de una constituyente fraudulenta, añadida la
jurisdicción militar para atajar las oleadas de protesta.
El decreto y la renovación del Estado de Excepción, a espaldas de la
Constitución, pretextado el absurdo desacato de la Asamblea Nacional, demuestra
una ausencia de racionalidad, sensatez o explicación convincente de los
instrumentos empleados. Reducida y vapuleada la razón, sólo queda el Estado, la
fuerza y, por supuesto, el ejercicio militar, en la que hay más de excentricidad
que de astucia: “… Poder hedonista y ciego, que no se percata de la necesidad
de ajustarse a las reglas mínimas que aseguren su mantenimiento”, siendo una
“expresión desbordada, lujuriosa y fantástica de la acción política” (GUEVARA: 31 s.).
2.- Vicisitud del Estado Cuartel
Cada vez más restringida la RE,
derivando en una sinrazón, no encuentra
otra expresión que la extorsión, además del empleo de la fuerza bruta frente a
propios y extraños, ora para aplastar la protesta pacífica y ciudadana, ora
para detener repentinamente al ministro de Petróleo y al presidente de PDVSA de
sórdidas credenciales de las que se sabían [4]. Se ha
dicho que la RE es fuente creadora de medios, según la capacidad y habilidad
del tirano, mas no es el caso de Maduro Moros que, al tomar prestada una cita
oportuna, es sólo poder “individual, personal, absoluto y no institucionalizado”
(GUEVARA, 1997: 40).
Con anterioridad, acordándole una
salida elegante de la presidencia de PDVSA, Rafael Ramírez fue nombrado
embajador ante la ONU, pero – tratándose de una de las figuras estelares del
período chavista – fue inevitable la discrepancia y el choque, y ha denunciado al herodiano dictador, por
supuesto, como entreguista de la soberanía petrolera [5]. Traemos a colación el caso, porque una
genuina RE nunca aconsejó el relevo de Ramírez en la misión de Nueva York,
cuando estaba en trámite una decisión concerniente a nuestra reclamación del
Esequibo, como tuvimos ocasión de denunciar [6].
Al no tratarse
siquiera de la (auto) preservación del Estado, lo cual no supone necesariamente
el quebrantamiento de normativa vigente
alguna, como lo recomendó citado
esequibano, la RE va minimizándose y,
militarizada, nos lleva a la sinrazón que es, en última instancia, ésta vez, la
de (auto) preservar las camarillas del
poder, a cualquier precio. Vale decir, queda una entelequia de Estado, vicisitud del
Estado Cartel.
3.- Mal que bien
La RE sugiere su
descubrimiento o invención, y un necesario conocimiento, como el de los
instrumentos de los que se pueda valer para el ejercicio de un realismo
responsable, ante los momentos, circunstancias o coyunturas cruciales,
evidentemente excepcionales. Por la
difícil tensión entre el empleo de la sabiduría y de la fuerza, exige una importante
experiencia y madurez del decisor, añadido el dato histórico, que revele la
consistencia alcanzada en su indelegable oficio político.
Bien acota SAN
MIGUEL PÉREZ la importancia de la evaluación o apreciación de los críticos en
la materia, pues, al dictar los “imperativos de la propia subsistencia”, no
otra que la del Estado, el “príncipe tiene la obligación de poner toda su
inteligencia y su diligencia, su astucia y su prudencia en acción, al servicio
de ese propósito” [7]. Luce obvio que,
al incumplirlo, la crítica apunte no sólo al inútil sacrificio y alteración del
orden normativo, ético y jurídico, sino al desempeño mismo del decisor por su
torpeza o inhabilidad, descubriendo el
mal más allá de su indiferencia moral; o, a la inversa, descubriendo el bien,
por los resultados, justificando así los
medios empleados.
A SAUQUILLO le
inquieta la asociación de la RE con el mal, cuando – igualmente – puede
vincularse con el bien causado, como la seguridad y el bienestar de la
comunidad política. Solamente, circunscritos a los instantes de mayores e
ineludibles apremios, es posible una valoración, por siempre subjetiva, que es muy distinta a la del uso y abuso de la
RE, como un recurso recurrente e injustificado, permanente e ilegítimo.
III.- LA
OTRA RAZÓN DE ESTADO
1.- Razón de Estado permanente
Refiriéndose a una
concepción de la RE permanente, igualmente aplicada en tiempos ordinarios como
extraordinarios, presumiéndolas distintas de acuerdo al predominio o no de los
medios legales, morales y legítimos, GUEVARA acierta al observar, en el caso
venezolano, la insuficiente institucionalización o “blandura” del Estado que no
procesa siquiera las transgresiones y sus costos (GUAVARA, 1997: 44, nota 20).
Factor importante, pues, en el presente, si de garantizar y extremar la
seguridad de Estado tratásemos, el autor también recordó que “el Estado
soviético, al maximizar su seguridad sólo obtuvo la mayor inseguridad posible:
su destrucción”, añadiendo que, “mientras cantidades ingentes de recursos
humanos y materiales eran invertidos en la construcción de un gigantesco
aparato de seguridad,, la inseguridad se
fue implantando en lo más elemental: la capacidad de alimentar y proporcionar
un nivel satisfactorio de bienestar a la
población” (Ibidem: 101 s.).
Sobran los
ejemplos relacionados, en nuestro caso, con una creciente y también opaca
adquisición de materiales de guerra, como el del perfeccionamiento de todos los
servicios de (contra) inteligencia, persecución y represión que, por lo menos,
supone grandes inversiones y una comprobada eficacia para el férreo control
político de la población, en contraste con la crisis devenida catástrofe
humanitaria y la sostenida, como alta, inseguridad personal. No hay dispositivo
o mecanismo institucional alguno para – ni siquiera – indagar sobre las actuaciones
oficiales u oficiosas, decretado y renovado arbitrariamente el Estado de
Excepción, desconocida la Asamblea Nacional por el absurdo desacato invocado y
(auto) censurados los medios de comunicación social.
En el caso de la
empresa petrolera estatal y de sus dependencias petroquímicas, salvo sus
nefastos resultados, poco o muy poco se conoce, acobijadas por una RE que es el de las camarillas que las
controlan, incluyendo sus actividades financieras. No constituye casualidad alguna que, por
ausencia de una mínima y confiable interpelación pública de sus funcionarios, o
de la posibilidad que la prensa libre indague abiertamente en torno a la
verdadera situación que confrontan, agregadas las investigaciones imparciales
de los organismos contralores, la empresa pueda desaparecer en la práctica,
aunque tiempo atrás fue la tercera más importante y competitiva del mundo.
2.- De una secreta razón
Por más RE que se
esgrima, celosos de la noción tozudamente tradicional que se tenga,
modernamente expresa y sintetiza el
aprendizaje que las diferentes instituciones aportan, compartiendo la
responsabilidad y consecuencias de las decisiones adoptadas, frente a
las “eventuales subjetividades disfuncionales extremas que puedan darse en un gobernante” (GUEVARA, 1997: 40). Así, la “objetivación de la razón de Estado se
relaciona recíprocamente con el progresivo proceso de racionalización e institucionalización que ha sufrido el
Estado” (Ibidem: 39), por lo que, ya
fallido y forajido, desmanteladas sus instituciones, queda en pie una sinrazón
que es la del aferramiento y usufructo del poder de los que sólo tienen la
fuerza para ello.
Las reglas políticas de la
modernidad (publicidad, deliberación, transparencia, racionalidad, legalidad,
etc.), no tienen cabida respecto a la – ya particular – RE del régimen
venezolano que no acepta control alguno de la constitucionalidad o de la
legalidad de sus actos, que permita una apreciación prudencial de sus medidas
asociada a otros bienes y valores (necesidad, seguridad, secreto,
excepción). Prosiguiendo con DEL
ÁGUILA, por más que lo arguyan, es un
caso harto diferente al “mínimo
sentido común [que] nos obliga a reconocer que existen
momentos y circunstancias en los que la transparencia absoluta puede llegar a
ser dañina para la comunidad democrática” (DEL ÁGUILA, 2000: 313 s.).
De las actuaciones petroleras del
Estado venezolano, sobre todo por los acuerdos alcanzados con Cuba y China,
reina la desinformación y, si bien es cierto que hay una trama confidencial de
la RE, no menos es que la tendencia hacia la absolutización de los secretos de
Estado, por mucha competencia comercial que lo aconsejen sus empresas, es incompatible
con la modernidad; además, un ejemplo
frecuentemente citado, por lo menos, los llamados comités de inteligencia o de
los servicios armados del congreso estadounidense, suelen ser informados por el
gobierno de Washington, susceptibles de una valoración parlamentaria que no
pierde un milímetro de la reserva necesaria y,
acentuemos, compartida, incluso, para el control del gasto. El secreto, inherente a la estrategia de
Estado, permite preguntar sobre quién lo decide, por qué y hasta cuándo debe
mantenerse como tal (GUEVARA, 1997: 103 ss.); y, evitando su concentración, es
necesario establecer un “vínculo entre prudencia y pluralidad [que]
es esencial para el control del secreto en democracia y posee tanto una
profunda vinculación con ciertos valores democráticos claves, como sus propios
problemas y tensiones” (DEL ÁGUILA, 2000: 330).
3.- Otro gobierno, nos gobierna
La estrategia y
actividades petroleras del Estado, añadidas las propiamente comerciales, entran
con facilidad al campo del secreto de
Estado, más aún cuando se les confiere una elevada jerarquía en los términos de
seguridad y defensa de la nación. Ciertamente,
antes de 1999, la metáfora de la caja negra de PDVSA, resumió el
blindaje de la misma e impenetrable política petrolera y de los intereses
corporativos que se realizaba. No obstante,
el empleo de los mecanismos parlamentarios, de la libre prensa y grupos de interés o presión,
permitieron acceder a buena parte de la data que, incluso, autorizó a hablar de
una dinastía petrolera tras bastidores, para unos, o de una tecnocracia con
marcadas ambiciones políticas, para otros
De una tendencia
ideológica afín al actual régimen,
MENDOZA POTELLÁ, estimando que la “caja negra de PDVSA sigue siendo
oscura”, preservándose la “misma estructura del secreto”, estimó que, “por
esa política comunicacional restrictiva, todavía el público venezolano no
conoce a cabalidad las cuentas de los negocios de la llamada apertura petrolera
durante la última década del siglo pasado, y no existe una información
adecuada, detallada y actualizada sobre la materia”. Además de recordar el
impacto ambiental de las inversiones, la liquidación de la orimulsión, la
migración de los convenios operativos a empresas mixtas, propuso un Consejo de
Estado para la supervisión del negocio energético y petrolero que “ha quedado
en el limbo”, como el impulso de la contraloría social (MENDOZA, 2006: 203; 2016: 36 s.).
Por lo pronto, reivindicando su
preocupación, por bien intencionadas que
fuesen, sus propuestas no contribuían a una política comunicacional más amplia,
a una cabal rendición de cuentas, como tampoco a la obtención de una
información adecuada de las autoridades ni de la gerencia petrolera, porque era
y sigue siendo eficaz el control - típico de la democracia liberal - de las instituciones mismas del Estado, de
los medios y grupos de interés o presión, fueren éstos de un legítimo objetivo
comercial, académico o ideológico. Por
más que sobreviniese un Consejo de Estado de amplias facultades de supervisión,
o actuara la denominada contraloría social para un negocio de reconocidas
complejidades técnicas, lo conducente era y es que órganos especializados e
independientes del Poder Público, ejercieran plenamente sus competencias, como
la Asamblea Nacional o la Contraloría General de la República, con las
consecuencias políticas, jurídicas o hasta judiciales, que generan o deben
generar sus actuaciones.
Hubo un caso muy concreto, con la
tragedia acaecida en el Complejo de Refinación de Paraguaná, hacia finales de
2012, con un saldo lamentable de numerosos muertos y heridos, añadidos los del
área circunvecina. Luego de la gran explosión, en tres oportunidades, los
parlamentarios nos movilizamos a Amuay en búsqueda de la información necesaria
e, infructuosamente, propusimos una investigación en la Asamblea Nacional, y se
nos impidió el acceso al lugar y
cualesquiera noticias que permitieran establecer la verdad de los hechos,
impotentes ante la persecución de la dirigencia sindical que, naturalmente,
antes y después, la tragedia.
Jamás hubo ocasión para que el
gobierno respondiese a los señalamientos concretos, recogidos en un informe
parlamentario elaborado por especialistas que, entre otros, como el Ingº
Enrique Larrañaga, valientemente, dieron cuenta de un profundo diagnóstico
técnico de la situación que tendería a repetirse, como en efecto ocurrió,
aunque con menos intensidad, logrado un mayor
control de los medios de comunicación. Valga acotar, ni siquiera bajo una dictadura
militar, como la que regía en 1950, hubo
tamaño cerco, cuando ocurrió un accidente – proporcionalmente – de semejante
gravedad [8], por no mencionar que la dictadura del siglo XXI se
limitó a levantar un monumento alusivo,
versar sobre el complejo de Paraguaná como pretexto para propagandizar
sobre el paro petrolero de 2002-2003 [9], abandonando a su suerte a las
víctimas que aún padecen y desconociendo olímpicamente los fueros sindicales de
la dirigencia que se atrevió a advertir y denunciar la situación.
Creando una
perspectiva conspiratorial del problema, por llamarlo de alguna manera, esta
dictadura no permitió, ni ha permitido, la más ligera aproximación al caso y,
menos, su ventilación pública, organizados todos los servicios militares y
policiales para impedirlo. ¿Sobre cuál
RE se inspiró e inspira tamaña medida?, ¿por qué reducir al secreto una tragedia
tan demasiado evidente?, ¿acaso, también las de origen natural – como los
sismos – puede imputarse a una oposición conspiradora?
En los regímenes democráticos, la
RE es susceptible de una regulación [10], contrarrestando toda
tendencia a la tiranía, en la que suele distinguirse el secreto de gobierno y
el de Estado, por cierto, realmente
justificado (NJAIM, 1995). Empero, aceptemos, que “la característica
primordial del secreto no es su vínculo con el poder estatal, sino su vínculo
con el poder a secas”, por aquello de que “más de un gobierno, nos gobierna”
(DEL ÁGUILA, 2000: 303).
Careciendo de toda autoridad
moral, los prohombres del régimen socialista clamaban antes por la más amplia
discusión sobre las actividades, vicisitudes e intimidades petroleras, e,
incluso, ante la propuesta del otrora presidente de PDVSA, Luis Giusti, de
vender el 15% de las acciones de la empresa, el diputado Alí Rodríguez Araque,
en la sesión vespertina de la Cámara de Diputados del 29/05/1996, planteó un “amplio debate nacional” que diera
alcance a los medios universitarios, gremiales, sindicales, eclesiásticos,
militares y hasta vecinales, para dirimir la materia [11]. Nunca, en la presente centuria, han permitido
algo parecido, ni siquiera porque la estatal petrolera haya quebrado u ocurran
tan trágicos accidentes, como el de
Amuay, sobrando el comentario en torno a un parlamentario de la minoría que
habló en una libérrima sesión del denostado Congreso de la República.
NOTAS
[1] BARRAGÁN J., Luis (2017) “De la
construcción parlamentaria del sentido común”. Revista Electrónica de
Investigación y Asesoría Jurídica. Asamblea Nacional. Caracas, nr. 8;
disponible, en:
[2] En lugar de la división esgrimida por
SAUQUILLO, por la amplia reseña que hizo a DE ÁGUILA y el título que nos
orienta, nos inclinamos por un intento de tipificación tendencial de las
actitudes políticas predominantes en la España de entonces. Cfr. SAUQUILLO, Julián (2001) “El
retorno de la política”. Claves de Razón Práctica, Madrid, nr. 109 de enero-febrero.
[3] Bastará con revisar la documentación
oficial del presente siglo, para constatar la invariable convicción que suscita
el negocio petrolero como un aspecto fundamental e inherente a la propia
seguridad de la nación, añadidas las actas de la Asamblea Nacional
Constituyente, entre 1999 y 2000. A modo de ilustración, CHÁVEZ FRÍAS, al
exponer el Proyecto de Constitución en su alocución del 25/11/1999, expresaba
en torno a la constitucionalización de PDVSA: “!Ah!, porque es que aquí había
la intención de privatizar a Petróleos de Venezuela. Si nosotros no hubiéramos
ganado las elecciones, estoy seguro que ya hubieran vendido a Pdvsa. Esta es
una empresa estratégica para el futuro del país, no se puede vender. Ahora está
protegida en el ámbito constitucional. ¡Ah!, pero es que algunos querían
venderla, están en ese juego y por eso seguramente se oponen a esto. Esa es su
verdadera razón, la de algunos”. Vid. CHÁVEZ
FRÍAS, Hugo (2003) “Discursos fundamentales. Ideología y acción política”
[Coordinación general de la edición: Rafael Vargas Medina]. Foro Bolivariano de
Nuestra América, Caracas: I, 429.- Para una asunción del problema, desde la
perspectiva de las relaciones civiles-militares, cfr. BUTTÓ, Luis Alberto
(2015) “Civiles y militares. Manual indispensable”. Negro Sobre Blanco. Caracas.
[8] Al respecto, puede verse:
AA. VV. (2012) “Los ya varios
Amuay”, 26/08, en:
--------------------- “Amuay
inconcluso”, 04/09, en:
AA.VV. (2013) “Amuay”, 29/08, en:
--------------------
Parlamentarios exigen respuesta a la
Fiscalía. El Universal, Caracas, y Notitarde, Valencia, 05/09, en:
BARRAGÁN, Luis (2012) “Apenas, una mirada”, 27/08:
----------------------- (2012)
“De uno a otro caso”, 03/09, en:
----------------------- (2012) “Enlatamiento
de humo”, 27/08, en:
----------------------- (2014)
“Dizque el mal menor”, 24/08, en:
[9] Vid. DE LA ROSA, Alicia (2012) “Levantarán
monumento de heroísmo al pueblo y la Guardia Nacional en Amuay”, El
Universal, Caracas, 29/08, en:
[10] Al respecto, luce pertinente la observación
de CINESNEROS: “La posibilidad de
instrumentar la razón de Estado con fines partidistas ha hecho emerger
en los modernos estados democráticos la exigencia de someter a una precisa
reglamentación, tanto con normas constitucionales como ordinarias, las posibles
situaciones en las que el Estado se encuentra ante graves peligros para su
seguridad interna y el orden público. Las soluciones que se han dado al
problema de la razón de Estado, como las legislaciones sobre el estado de sitio
o cualquier otra legislación de emergencia,
deben ser también
analizadas. Los sistemas
democráticos buscan proporcionar al Estado instrumentos que le permitan,
en situaciones de grave peligro para su seguridad interna, enfrentarlos y superarlos sin salirse de la
legalidad, a través de leyes obligadamente de excepción, válidas
solo para determinada
situación. Por consiguiente, debería anularse cualquier
justificación para el uso de la razón de Estado, que abra inevitablemente la
posibilidad de instrumentación”. Vid. CISNEROS, Isidro H. (2014) “Norberto
Bobbio: De la razón de Estado al
gobierno democrático”. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana,
México: 210; disponible, en:
[11] REPÚBLICA DE VENEZUELA (1996) “A
dónde vamos 1: Debate relativo a la propuesta del Presidente de Petróleos de
Venezuela, doctor Luis E. Giusti, sobre la venta del 15% de las acciones de esa
empresa”. Ediciones de la Cámara de Diputados. Caracas: 139.
REFERENCIAS ESENCIALES
DEL ÁGUILA, Rafael (2000) “La
senda del mal: Política y razón de Estado”, Taurus, Madrid.
GUEVARA, Pedro (1997) “Estado
vs. Democracia”, Universidad Central de Venezuela, Caracas.
MALAVÉ MATA, Héctor (2006) “La
trama estéril del petróleo. Petróleo y economía en el septenio perdido de Hugo
Chávez”, Rayuela Taller de Ediciones, Caracas.
MENDOZA POTELLÁ, Carlos (2006) “Vigencia
del nacionalismo petrolero”, Revista Venezolana de Economía y Ciencias
Sociales, Universidad Central de Venezuela, Caracas, nr. 1/2006 de enero-abril.
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del nacionalismo petrolero. Dos ensayos”, Fundación El Perro y la Rana,
Caracas.
NJAÍM, Humberto (1995) “La
lógica del secreto político”. El Diario de Caracas, 13/06, en:
(*) Papel de
trabajo para el debate sobre Razón y Política de Estado, promovido por el Prof.
Jonathan Benavides entre sus alumnos de los dos últimos semestres de la Escuela de Estudios Políticos, Facultad
de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad Central de Venezuela. Caracas,
10 de mayo de 2018.
Fotografía: Tomada de la red (Caracas, 2017), no precisa autor.
14/05/2018:
http://www.opinionynoticias.com/opinionpolitica/32592-barragan-
